POLITICA
El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para suspender la Ley de Financiamiento Universitario

En horas de la madrugada, la Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
Si bien la norma fue ratificada dos veces en el Congreso (tanto por la sanción como por el posterior volteo del veto que realizó el presidente Javier Milei), en el Gobierno marcan que “el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento”.
Cuando se agoten todas las instancias judiciales -el Gobierno no cree que la Corte Suprema logre tomar el caso-, el Poder Ejecutivo se verá obligado a transferir a las Universidades Nacionales un total de $ 2,5 billones. “Una ley no es una expresión de deseo de que queremos que haya más dinero en las universidades, sino de que tiene que haber una formulación responsable”, aluden.
“En ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron. Frente a esta situación y al agotamiento de los plazos, estamos presentando el recurso hasta que se pueda definir la forma de financiamiento”, concluyeron.

La sanción de la Ley de Financiamiento Universitario fue el resultado de una coalición parlamentaria opositora que, en 2025, logró rechazar el veto presidencial e instalar el reclamo judicial. El oficialismo había bloqueado una propuesta similar en 2024, pero perdió margen de maniobra ante el avance de sectores dialoguistas y opositores. La legislación obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en septiembre de 2025. El fallo también exige la recomposición de todas las becas estudiantiles.
Si el Ejecutivo no apelaba frente a la Corte Suprema, debía empezar a hacer frente con los pagos más inmediatos que supone la ley sancionada el año pasado. El dilema es qué pasará en el ínterin entre que el Ejecutivo pidió la suspensión de la normativa hasta que la Corte Suprema responda el reclamo.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que no existen muchos antecedentes de fallos de la Corte Suprema que respalden la suspensión de este tipo de medidas cautelares, aunque mencionaron tres casos previos —“César Arias”, “Brigadier Estanislao López” y “AEDBA”— en los que se admitió el efecto suspensivo.
Dentro del Ejecutivo persiste el debate técnico sobre cómo instrumentar el pago. Un alto funcionario aclaró a Infobae: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan.” De acuerdo con la normativa vigente, la apelación extraordinaria no suspende la obligación de pago salvo que lo disponga expresamente el tribunal. Si no se suspende, la administración pública está obligada a efectuar la transferencia presupuestaria según los artículos 5 y 6 de la ley.
Actores del sistema universitario plantearon la urgencia de convocar a paritarias para ajustar los salarios según la inflación y sugirieron que el primer rubro a recomponer sea el de las becas estudiantiles. Según informaron abogados de universidades relevantes a Infobae, existen divergencias de opinión sobre la mecánica procesal, pero prima la interpretación de que la obligación de pago comienza en cuanto el fallo de la Corte es notificado.

El Gobierno enfrenta un desafío financiero inmediato: saben que es muy probable que la Corte no quiera tratar el tema por ser una medida cautelar y no un asunto de fondo. Por eso, ya se preparan para lo que será una transferencia de $2,5 billones a las universidades.
La administración de Javier Milei anticipa que esta obligación implicará el retorno del déficit fiscal y reconoce que, al día de hoy, no dispone de los fondos necesarios para cumplir con el fallo.
“Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel [Adorni, que por ser jefe de Gabinete es el responsable de redistribuir fondos presupuestarios] con eso para ver cómo se consigue la plata. Pero hoy en día no la tenemos”, indicó a Infobae una fuente inobjetable.
La magnitud del ajuste se observa en una cifra publicada recientemente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): las transferencias a las universidades nacionales experimentaron una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, de acuerdo con un comunicado difundido semanas atrás por la organización que agrupa a los rectores del país. Según el mismo informe citado por Infobae, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios en ese período supera el 32 %, mientras que la inflación acumulada asciende al 280 % frente a un incremento salarial del 158 %.
educación
POLITICA
Misa en Luján y una muestra de artistas: la Iglesia y la CGT homenajean al papa Francisco a un año de su muerte

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y la CGT serán dos de los sectores que la semana próxima rendirán homenaje al papa Francisco al cumplirse un año de su muerte, que tuvo lugar el 21 de abril de 2025.
La Conferencia Episcopal llevará a cabo el mismo martes 21 un acto en la ciudad de Luján, donde a las 17 se celebrará una misa a la que fueron invitados el presidente Javier Milei; la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem, además de gobernadores y autoridades municipales, entre otros.
“A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado”, expresó el Episcopado argentino en la invitación.
La cita hace referencia a la celebración de Pascua del 20 de abril del año pasado, que fue la última actividad oficial en la que se vio a Jorge Bergoglio con vida. Visiblemente desmejorado, el fallecido Papa recorrió en aquella oportunidad las calles internas del Vaticano a bordo de una silla de ruedas para saludar a los feligreses.
La misa de Luján estará oficiada por el presidente de la CEA, Marcelo Colombo, según informó Vatican News.
No serán los únicos: este mismo sábado 18, a las 20, el Padre Guilherme brindará un show gratuito de música electrónica en Plaza de Mayo para rendir homenaje al fallecido Papa.
El show del sacerdote portugués será puesto en marcha por Miserando, una organización social sin fines de lucro.
En tanto, el lunes 20, la CGT montará en la histórica sede de Azopardo 802 una muestra de artistas titulada ‘Francisco como bandera’.
“Inauguramos esta muestra en homenaje al líder argentino de la Iglesia Católica que supo acompañar a los más humildes, honrando el trabajo digno y la justicia social”, expresó la CGT desde sus redes sociales sobre la actividad que llevará adelante desde las 16.
Antes y durante su pontificado, Bergoglio fue cercano a las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, a punto tal de haber recibido en el Vaticano a numerosos dirigentes durante el primer debate de la reforma laboral incluida en la ley Bases.
Por su parte, la organización Argentina Humana, que se referencia en el diputado Juan Grabois, llevará adelante el mismo martes 21 a las 18 una carava de antorchas desde la Catedral de Buenos Aires hasta Plaza Constitución.
Por otro lado, el sábado 25 se llevará a cabo una misa de los Hogares de Cristo en el partido de La Matanza, y el domingo siguiente, cuando se celebra la Jornada del Buen Pastor, el Episcopado argentino convocó a todas las diócesis del país a “recordar la vida y el ministerio del Papa Francisco”.
brindará un show gratuito de música electrónica en Plaza de Mayo para rendir homenaje al fallecido Papa,Papa Francisco,CGT,Luján,Conforme a,,Escalada. La contundente respuesta del Vaticano a Trump tras una acusación falsa sobre el Papa y las armas nucleares,,Música: Homenaje histórico al papa Francisco, el padre DJ convoca a Plaza de Mayo,,El papa denuncia el uso de la IA para fomentar «los conflictos, los miedos y la violencia»,Papa Francisco,,El legado de Francisco. Con una misa y una caravana comienzan este sábado los homenajes a un año de su muerte,,Provocador. Maurizio Cattelan escucha confesiones por teléfono mientras vende suvenires de Juan Pablo II impactado por un meteorito,,Elegidos por Francisco. Los dos arquitectos argentinos que convocó antes de morir para levantar escuelas en el Amazonas
POLITICA
Los empleados bancarios recibirán otro aumento en marzo: la cifra récord que alcanzará el sueldo inicial

La Asociación Bancaria firmó con las cámaras empresariales su nuevo aumento salarial para marzo en sintonía con la inflación: se trata de un 3,4%, lo que llevará el salario inicial de la actividad a $2.259.305,03.
Además, el gremio que encabeza Sergio Palazzo pactó que el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $2.014.092,28, que se corregirá en futuras actualizaciones de los salarios.
El incremento del 3,4% será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los tres primeros meses del año un 9,4% sobre los salarios de diciembre 2025.

Las partes acordaron además, continuar durante abril y mayo con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo se comprometieron a continuar con la negociación paritaria en la segunda quincena de junio.
En las últimas semanas, otros sindicatos importantes llegaron a acuerdos salariales, en su mayoría alineados con la pauta del Gobierno. Uno de ellos fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que firmó un aumento del 7,7% acumulativo para el trimestre marzo-mayo 2026, más la actualización de los bonos no remunerativos que se pagarán cada uno de los meses que rige el acuerdo.
De esta forma, el líder del sindicato, Gerardo Martínez, firmó con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) un incremento que nuevamente está en sintonía con la política del Ministerio de Economía de pactar paritarias por debajo de la inflación.

De todas formas, la UOCRA consiguió que el bono que se pagará en mayo sea absorbido por los salarios de ese mes, por lo que pasa a ser remunerativo un tercio del importe que corresponde a cada categoría.
Además, se acordó crear una comisión especial que revisará los aportes empresariales y cuotas solidarias sindicales de la actividad, aunque se fijó en ambos casos que tendrán una vigencia de 2 meses.
Según se informó, el aumento regirá hasta el 31 de mayo próximo y ambas partes se comprometieron a reunirse el 20 de abril para definir una mejora desde junio.

Hace casi tres semanas, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmó con las cámaras un acuerdo para el trimestre abril-junio de 2026 que contempla una suba escalonada del 5% y el pago de un bono extraordinario de $120.000, también en sintonía con la pauta salarial del Gobierno.
Este acuerdo, firmado por Armando Cavalieri, titular de la FAECYS, y las cámaras empresariales del sector, establece un aumento del 2% para abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Además, fija un sistema de revisión permanente para ajustar los ingresos frente a variaciones de precios y preservar el poder adquisitivo en el primer semestre del año, según informó el sindicato.
La aplicación de la pauta oficial ya se replicó, por ejemplo, en el Sindicato de Camioneros, dirigido por Hugo Moyano, que cerró un acuerdo semestral que establece un incremento acumulado del 10,1% entre marzo y agosto, dividido en 6 aumentos mensuales de 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5%, más una suma no remunerativa de $53.000 en marzo. Se fijó, además, un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad para la rama de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas y una suba en la contribución empresarial para la obra social, que pasó de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.

Dentro de las negociaciones salariales que superaron la inflación, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), liderado por Sergio Escalante, obtuvo un aumento desde abril equivalente al 9,67% sobre los sueldos de diciembre de 2025 y un pago único no remunerativo de $100.000 para la categoría inicial, con topes de $150.000 en categorías superiores. Esta paritaria, vigente por 4 meses, implicó un incremento mensual del 2,4% y encendió señales de alerta ante la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo de la Nación no homologue el entendimiento por exceder los márgenes impuestos por Economía.
Mientras, el Gobierno validó, de forma excepcional, un aumento del 9,9% a los empleados estatales por el período enero-mayo de 2026, desagregado en incrementos sucesivos de 2,5%, 2,2%, 2%, 1,7% y 1,5%, más un bono no remunerativo de $40.000 en mayo. Este incremento, rubricado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, fue justificado por el atraso acumulado respecto a la inflación, pero fue rechazado por el otro gremio del sector público, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), dirigida por Carlos Bonjour, también enfrenta el riesgo de no homologación de su paritaria del 9,5% a pagarse en tres tramos entre febrero y abril.

El sector sanitario, por su parte, consiguió un acuerdo ajustado al límite: la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) de Héctor Daer obtuvo un incremento del 5,1% para el trimestre febrero-abril, repartido en tramos de 1,8%, 1,7% y 1,6%, más sumas no remunerativas de $80 mil, $85 mil y $90 mil.
La respuesta sindical frente a la política salarial del Gobierno es dispar. Algunos gremios aceptan una renegociación de las cifras para adaptarse a los límites y garantizar la homologación; otros, con menor margen de maniobra, insisten en superar la pauta oficial e insisten para que las empresas abonen las mejoras aunque no se convaliden formalmente, generando incertidumbre en sectores con alta presencia de pymes.
El dato que suma presión de los sindicatos para lograr mejores aumentos fue que la inflación mayorista se aceleró a 3,4% en marzo y acumuló un 27,9% en los últimos 12 meses. El índice experimentó un salto de 2,4 puntos porcentuales respecto a febrero y se ubicó en el mismo nivel del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
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POLITICA
Citan a indagatoria a la exministra Vizzotti y al empresario Sigman por las vacunas contra el Covid

El juez federal Ariel Lijo citó a declarar en indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti, al empresario Hugo Sigman, al infectólogo Pedro Cahn y a otros ejecutivos acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid a los Estados Unidos, hace seis años, supuestamente para favorecer los negocios locales en la fabricación de las dosis.
Lijo ordenó estas indagatorias a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que había presentado un requerimiento de instrucción que, según el fiscal, desnudó una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia de Covid-19.
Sigman fue citado para el 19 de mayo próximo; Cahn, para el 26 de mayo, y Vizziotti, para el 2 de junio. Junto a ellos fueron citadas otras doce personas.
En su dictamen, de 30 carillas, el fiscal entendió que los exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, encabezados por la exministra de Salud Vizzotti, y un grupo de empresarios y asesores son sospechosos de privilegiar los negocios privados sobre la salud pública.
La tesis central de la fiscalía es que el Estado habría demorado de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.
Según el dictamen, “habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.
Stornelli subrayó que en agosto de 2020, cuando comenzaba la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis.
De ese total, las primeras 3.000.000 de vacunas iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento donde el país necesitaba vacunar a la población de riesgo.
Sin embargo, el Gobierno decidió dar la espalda a esa propuesta y avanzar con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
El dictamen señala que las demoras con Pfizer “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
Pfizer −dice el fiscal− advirtió al propio gobierno que la dilación en firmar los contratos hizo que se perdiera el cupo global que el país tenía reservado.
Para justificar esta demora, los funcionarios del Ministerio de Salud argumentaron supuestos escollos legales relacionados con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad inéditas, según el fiscal.
“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, señaló el fiscal.
Stornelli entendió que este accionar por parte de los funcionarios públicos “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”
“Habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, dice el texto.
Además, resaltó las consecuencias fatales y perjudiciales de esta decisión estatal, pues “no se trata de cuestiones fútiles o inocuas ya que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, en un contexto de emergencia sanitaria, derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
La investigación de Stornelli afirma, en su hipótesis, que fue una maniobra dilatoria. Un dictamen jurídico externo posterior concluyó que la ley “no constituye impedimento alguno para la inclusión de una cláusula de indemnidad”.
De hecho, los expedientes de Pfizer fueron ocultados y manejados “de forma desordenada” en el sistema electrónico GEDO, quedando frenados en los despachos oficiales durante meses sin justificación técnica alguna, dice la fiscalía.
El dictamen analiza las relaciones interpersonales y comerciales que unían a los funcionarios públicos encargados de comprar las vacunas con los laboratorios beneficiados.
Stornelli señaló que estos actores se encontraban “coloquialmente hablando ‘situados a ambos lados del escritorio’ −sea como representantes del Estado o bien representando intereses de los particulares−”.
El denominador común de esta red, según la fiscalía, es el empresario farmacéutico Hugo Sigman.
La fiscalía dio por probado, por ejemplo, que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, había sido la Directora General de la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, entre 2008 y 2013.
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