Republican Utah Gov. Spencer Cox and top state lawmakers ordered an independent investigation Friday into a state Supreme Court justice over allegations she had an unethical relationship with an attorney who worked on a high-stakes redistricting case.

Justice Diana Hagen, who was appointed by Cox, stands accused by her ex-husband of sending what he described as «inappropriate» text messages to an attorney who helped challenge a Republican-friendly map that maintained four red congressional seats in Utah. Hagen joined a unanimous decision to toss out Republicans’ redistricting plan in July 2024, a ruling that led to one of the seats flipping blue in time for the 2026 midterms.

The revelation of a possible relationship between Hagen and the attorney, David Reymann, who worked on behalf of progressive voting rights groups in the case, stemmed from a complaint that a lawyer for Hagen’s husband submitted to Chief Justice Matthew Durrant and the Judicial Conduct Commission, according to local outlet KSL.

Hagen and Reymann have both denied the allegations. Fox News Digital reached out to a Utah Supreme Court representative and Reymann for comment.

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The Judicial Conduct Commission, described on its website as an independent body comprising several state lawmakers, judges and members of the public, conducted a preliminary investigation based on the complaint and chose not to pursue the matter further, the outlet reported. Fox News Digital reached out to the Judicial Conduct Commission for comment.

The Utah Supreme Court issued a public statement on behalf of Hagen Friday afternoon in which she said she never had a conflict of interest.

Justice Diana Hagen in her official Utah Supreme Court headshot.  (Utah State Courts)

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«My last involvement in the redistricting case was October 2024,» Hagen said. «I voluntarily recused myself from all cases involving Mr. Reymann in May 2025, and my recusal was reflected in the Court’s September 15, 2025 opinion in League of Women Voters. I took prompt, prudent, and transparent steps in response to the allegations made by my ex-husband, including reporting them myself to the Judicial Conduct Commission and submitting a sworn statement. The Judicial Conduct Commission recently reviewed the matter, dismissed the complaint, and closed the case. I remain committed to upholding the highest standards of judicial ethics, integrity, and impartiality.»

The complaint and interviews conducted by the Judicial Conduct Commission found that Hagen and her husband began discussing divorce in September 2024, had interacted together with Reymann toward the end of that year and that Hagen did not meet one-on-one with Reymann until 2025, according to KSL.

Salt Lake City, Utah, The Scott M. Matheson Courthouse, which houses the Utah Supreme Court and various lower courts.  (Jim West/UCG/Universal Images Group via Getty Images)

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Cox, along with Senate President Stuart Adams and House Speaker Mike Schultz, who joined the governor in launching the new investigation, said in a joint statement that more «transparency» was needed on the matter, signaling that the public’s trust in the state’s highest court was at stake, especially after a polarizing decision in a redistricting case set to affect the midterms.

«An initial review by the Judicial Conduct Commission and the court left important questions unresolved,» they said. «Allegations of this nature, especially involving public officials, must be examined with transparency and accountability to establish the facts and to maintain public confidence.»

El Papa León XIV visitó este viernes un hospital católico en Douala, Camerún. Foto: EFE

«Vivimos dentro de burbujas»

La captura de una de las personas más buscadas por el Ministerio Público marcó el inicio de una serie de operativos recientes contra delitos patrimoniales y corrupción en Panamá, en medio de investigaciones que apuntan tanto al sector privado como a entidades públicas.

Se trata de una mujer panameña vinculada a casos de hurto agravado, quien figuraba dentro del listado de las 10 personas más buscadas del país, y cuya aprehensión se concretó en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con las autoridades, la detenida era requerida por delitos cometidos entre 2022 y 2023, en perjuicio de empresas constructoras ubicadas en el corregimiento de Bella Vista.

La investigación, liderada por la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, reveló que la mujer aprovechaba su posición como asistente contable para ejecutar un esquema que le permitió desviar fondos mediante la emisión irregular de cheques.

El modus operandi consistía en girar cheques a nombre de colaboradores de las empresas, quienes posteriormente los hacían efectivos en entidades bancarias y entregaban el dinero en efectivo a la imputada.

Este mecanismo permitió la sustracción de recursos de forma sistemática, aprovechando la confianza interna dentro de las compañías afectadas, lo que agrava la naturaleza del delito investigado por las autoridades.

La captura se produjo en horas de la mañana durante diligencias coordinadas entre la Fiscalía Metropolitana y unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, luego de que se mantuviera vigente una orden de aprehensión en su contra.

Además, el Ministerio Público confirmó que la mujer mantiene otros requerimientos judiciales por casos adicionales, lo que amplía el alcance de las investigaciones en curso.

En paralelo, las autoridades también ejecutaron acciones en casos vinculados a delitos contra la administración pública, destacando la aprehensión de una comerciante de origen asiático en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Esta persona era requerida por su presunta vinculación en un caso de peculado agravado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), con una afectación económica estimada en $145,266.80.

Según la investigación, este caso está relacionado con la malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas del programa PASE-U, los cuales eran endosados a nombre de comerciantes para su posterior cobro.

Las autoridades indicaron que los fondos provenían de programas de becas y asistencia social educativa, lo que eleva la gravedad del delito al tratarse de recursos destinados a estudiantes. En este expediente, ya se reportan tres personas imputadas, entre ellas un exdirector regional del IFARHU en Panamá Este.

Las acciones contra el peculado también incluyeron operativos simultáneos en la provincia de Colón y en varios corregimientos del distrito de Panamá, como parte de las operaciones “Mecánica” y “Célérité”, lideradas por la Fiscalía Anticorrupción.

Durante estas diligencias, se realizaron allanamientos en viviendas y una empresa vinculada a contratistas del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), donde se recabaron indicios clave para las investigaciones.

En el desarrollo de estos operativos, las autoridades lograron además la captura de un agente de la Policía Nacional, presuntamente vinculado a la sustracción de un vehículo oficial asignado a la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP).

Este hecho, ocurrido en 2026, forma parte de una línea de investigación que busca determinar responsabilidades dentro de instituciones públicas, en un contexto donde se intensifican los controles internos.

El Ministerio Público reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir delitos que afectan el patrimonio económico y los recursos del Estado, subrayando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la persecución penal de los responsables. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en curso, con el objetivo de llevar ante los tribunales a todos los involucrados en estos casos.