POLITICA
Citan a indagatoria a la exministra Vizzotti y al empresario Sigman por las vacunas contra el Covid
El juez federal Ariel Lijo citó a declarar en indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti, al empresario Hugo Sigman, al infectólogo Pedro Cahn y a otros ejecutivos acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid a los Estados Unidos, hace seis años, supuestamente para favorecer los negocios locales en la fabricación de las dosis.
Lijo ordenó estas indagatorias a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que había presentado un requerimiento de instrucción que, según el fiscal, desnudó una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia de Covid-19.
Sigman fue citado para el 19 de mayo próximo; Cahn, para el 26 de mayo, y Vizziotti, para el 2 de junio. Junto a ellos fueron citadas otras doce personas.
En su dictamen, de 30 carillas, el fiscal entendió que los exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, encabezados por la exministra de Salud Vizzotti, y un grupo de empresarios y asesores son sospechosos de privilegiar los negocios privados sobre la salud pública.
La tesis central de la fiscalía es que el Estado habría demorado de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.
Según el dictamen, “habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.
Stornelli subrayó que en agosto de 2020, cuando comenzaba la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis.
De ese total, las primeras 3.000.000 de vacunas iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento donde el país necesitaba vacunar a la población de riesgo.
Sin embargo, el Gobierno decidió dar la espalda a esa propuesta y avanzar con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
El dictamen señala que las demoras con Pfizer “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
Pfizer −dice el fiscal− advirtió al propio gobierno que la dilación en firmar los contratos hizo que se perdiera el cupo global que el país tenía reservado.
Para justificar esta demora, los funcionarios del Ministerio de Salud argumentaron supuestos escollos legales relacionados con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad inéditas, según el fiscal.
“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, señaló el fiscal.
Stornelli entendió que este accionar por parte de los funcionarios públicos “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”
“Habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, dice el texto.
Además, resaltó las consecuencias fatales y perjudiciales de esta decisión estatal, pues “no se trata de cuestiones fútiles o inocuas ya que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, en un contexto de emergencia sanitaria, derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
La investigación de Stornelli afirma, en su hipótesis, que fue una maniobra dilatoria. Un dictamen jurídico externo posterior concluyó que la ley “no constituye impedimento alguno para la inclusión de una cláusula de indemnidad”.
De hecho, los expedientes de Pfizer fueron ocultados y manejados “de forma desordenada” en el sistema electrónico GEDO, quedando frenados en los despachos oficiales durante meses sin justificación técnica alguna, dice la fiscalía.
El dictamen analiza las relaciones interpersonales y comerciales que unían a los funcionarios públicos encargados de comprar las vacunas con los laboratorios beneficiados.
Stornelli señaló que estos actores se encontraban “coloquialmente hablando ‘situados a ambos lados del escritorio’ −sea como representantes del Estado o bien representando intereses de los particulares−”.
El denominador común de esta red, según la fiscalía, es el empresario farmacéutico Hugo Sigman.
La fiscalía dio por probado, por ejemplo, que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, había sido la Directora General de la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, entre 2008 y 2013.
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POLITICA
La reacción de la política al amplio acuerdo que permitió dar media sanción al proyecto de Discapacidad
Este jueves por la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Discapacidad. Tras una maratónica sesión, la iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, producto de los cambios que La Libertad Avanza (LLA) incorporó por pedido de la oposición.
La propuesta, impulsada por el oficialismo, busca reemplazar el esquema transitorio de la emergencia por un régimen permanente. El dictamen aprobado conservó los beneficios previstos en la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos la compatibilidad de la pensión no contributiva con el empleo formal, bajo determinadas condiciones, y previsiones para prestaciones y coberturas de salud.
Luego de que el texto obtuviera un apoyo mayoritario, los diputados de diversos bloques celebraron el consenso logrado. Uno de los primeros fue el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien celebró la media sanción y sostuvo que la ley brindará “una respuesta clara y permanente” a las personas con discapacidad y sus familias, sin depender de “emergencias ni leyes temporales”.
Aunque el diputado cordobés resaltó que hubo un “consenso amplio” entre bloques, cuestionó a los legisladores vinculados al gobernador Martín Llaryora. “No aportaron. No acercaron propuestas. Y votaron en contra de la nueva ley en un intento de hacer política barata con el tema”, apuntó.
Tras celebrar la aprobación de la ley, la diputada Patricia Vásquez (LLA) destacó que “cuando se dejan de lado ideologías y se logran los consensos que la gente necesita”. Y concluyó: ”No más emergencias, ahora tenemos certezas”.
En la misma línea, Gerardo Huesen (LLA) exigió: “Basta de usar la discapacidad como herramienta de manipulación política”. Asimismo, aseguró que las personas necesitan “respuestas concretas y derechos permanentes”.
Por su parte, la también libertaria Karen Reichardt definió al proyecto como un régimen estable de protección. “Pensiones, prestaciones y controles transparentes para dar previsibilidad a quienes lo necesitan y a sus familias”, señaló en su publicación.
Desde Unión por la Patria (UP), la diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo que la oposición logró modificar un dictamen que, a su criterio, “estaba incompleto y dejaba afuera derechos fundamentales”.
Según detalló, las modificaciones incluyeron garantías de cobertura de salud para ambas pensiones, protección de asignaciones familiares, requisitos para acceder a las pensiones y la compatibilidad con el trabajo formal. También mencionó cambios vinculados al financiamiento, la participación provincial, mecanismos ante bajas de prestaciones y pagos a prestadores.
“Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha, la negociación y el compromiso de quienes defendemos los derechos de las personas con discapacidad”, publicó Tolosa Paz. Además, advirtió que continuará el reclamo por recursos: “Los derechos no se garantizan solamente con una ley: se garantizan con presupuesto y con la decisión política de cumplirla”.
Frente a esto, el ex ministro de Defensa y diputado de UP Jorge Taiana atribuyó el resultado a la movilización del sector. “La lucha inclaudicable del colectivo de personas con discapacidad logró que el oficialismo incorporara al dictamen de mayoría buena parte de los reclamos de las organizaciones”, valoró. Y reclamó: “Milei cumplí la Ley”.
Del mismo modo, Cecilia Moreau (UP) vinculó la media sanción de la Ley de Discapacidad con otros reclamos sanitarios y aseguró que su bloque insistirá en “la plena garantía del derecho a la salud de los más chiquitos” ante el vencimiento de la emergencia pediátrica.
También reclamó la restitución del programa Remediar y la aplicación efectiva de la norma sobre discapacidad, al tiempo que cuestionó que el Gobierno “siga jugando cruelmente con la salud de millones de argentinos y argentinas”.
Mientras que la diputada Karina Banfi, de la Unión Cívica Radical (UCR), se limitó a destacar que la Cámara Baja dio media sanción “con mayoría absoluta”, el jefe de bloque de Provincias Unidas, Pablo Juliano, sostuvo que se aprobó “una mejor ley para ayudar a las personas con discapacidad”.
En este sentido, Juliano afirmó que el oficialismo debió retroceder respecto del proyecto de Presupuesto 2027, que —según señaló— contemplaba recortes de fondos para el área. “Gracias a la movilización de la sociedad, desde la oposición logramos que LLA aceptara dejar de lado el plan de Milei y Caputo”, indicó al anticipar que su espacio seguirá de cerca el cumplimiento de la futura norma.
Sin embargo, la diputada cordobesa Alejandra Torres, también de Provincias Unidas, cuestionó la decisión de no extender la emergencia. Tras reunirse con organizaciones de la Iglesia que trabajan con personas con discapacidad, afirmó que el texto aprobado “no fue consultado con el sector y genera incertidumbre”.
“No podemos avanzar con una ley que no preserve todos los resguardos que merecen las personas con discapacidad”, sostuvo Torres. A su vez, el diputado de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, también puso el foco en el reclamo de las familias y las organizaciones al señalar que “esta ley es una conquista de todos ellos. Ahora vamos a exigir que se cumpla”.
Pese al acuerdo mayoritario, el proyecto deberá ser analizado por el Senado antes de convertirse en ley. Hasta entonces, las disposiciones aprobadas por Diputados no entrarán en vigencia.
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POLITICA
Elisa Carrió cargó contra el Gobierno: “La recesión es enorme y algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado”
La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió publicó un mensaje críptico en el que apuntó contra el gobierno de Javier Milei, cuestionó la situación internacional y deslizó que algunos funcionarios, incluido el Presidente y el ministro de Economía, están “escondiendo algo”.
“Es claro que está escondiendo algo el Gobierno Nacional. Puede ser el retiro de fondos de capitales o problemas para el financiamiento de la deuda de corto plazo”, escribió este miércoles por la mañana en su cuenta de la red social X.
La dirigente política consideró que “la situación internacional es crítica” y apuntó directamente contra los funcionarios de las más altas esferas políticas. “Pero la falta de calma de [Luis] Caputo y el Presidente no ayudan. La recesión es enorme y algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado”, cuestionó.
Denuncia contra Milei
Carrió venía de denunciar a principios de octubre al presidente Milei por presunto abuso de autoridad en contexto de violencia de género, digital, mediática e institucional por los insultos del mandatario a la periodista Maru Duffard, a quien había calificado de “zurda inmunda” y “basura corrupta”.
En la presentación judicial, Carrió expresó que Milei cometió un claro abuso de autoridad, además de ejercer “violencia de género, mediática, digital e institucional” en perjuicio de Duffard a través de diversas publicaciones en X.
Los posteos a los que Carrió hace alusión fueron publicados el miércoles por Milei. En el primero, el Presidente había reaccionado al fragmento de un video difundido por una cuenta afín al oficialismo llamada “Contrarelato”. El posteo adjuntaba un fragmento de la participación de la periodista en la emisora Radio con Vos, donde hablaba sobre la intención de la expresidenta Cristina Kirchner de presentarse como candidata en las próximas elecciones presidenciales.
Milei lo compartió y escribió: “Me parece que a veces no puteamos lo suficiente a los periodistas… decirles que son basuras corruptas es poco…”.
Sin embargo, no quedó allí. “Para LA BASURA INMUNDA DUFFARD, si es alguien que comulga con sus nefastas ideas de izquierda, robar está bien. Pasaron cerca de 2.000 años y aún hoy existen SORETES que piden por Barrabás. ZURDA INMUNDA DE DOBLE MORAL. CIAO!”, manifestó, al citar un tuit del funcionario Santiago Oría que también contenía críticas a la periodista.
Con un tercer mensaje en la misma red social, el mandatario volvió a dirigirse a Duffard: “BASURA CORRUPTA INMUNDA. Periodista la basura tenía que ser… CIAO!”.
Carrió afirmó en su denuncia que Milei promovió “un ataque misógino” que tuvo miles de reproducciones con “un vocabulario soez, cosificante y agresivo que no debe ser utilizado por un jefe de Estado, quien con esa conducta ha traspasado todo límite moral, constitucional y psicológico”.
Además, observó que, en el caso de Milei, al ser Presidente, no puede escindir su figura en los ámbitos de la vida en que se desarrolla, por lo que solo queda reservado para sí “apenas un ámbito privado muy acotado en el que su conducta no tenga repercusión en lo público”.
“Lo que claramente no sucede en el caso, en el cual aprovechando de su influencia y su jerarquía, decidió emprender violencia de género institucional, mediática y digital en contra de Duffard”, sostuvo.
La exdiputada también solicitó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que determine las eventuales responsabilidades penales del accionar del mandatario.
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POLITICA
La Justicia volvió a habilitar los aumentos de luz en la provincia de Buenos Aires tras una apelación de Kicillof
Los aumentos en las tarifas de electricidad volvieron a quedar habilitados en la provincia de Buenos Aires luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hiciera lugar a un planteo del gobierno de Axel Kicillof. El tribunal otorgó efecto suspensivo a la apelación de la Provincia contra la medida cautelar que había frenado las subas y ordenado restablecer el cuadro tarifario anterior.
La resolución, firmada el 15 de octubre, alcanza a los usuarios de las distribuidoras EDELAP, EDEN, EDEA y EDES, que podrán aplicar los valores establecidos en la Resolución 682/2026. La decisión deja sin efecto, de manera provisoria, la medida judicial que había suspendido los componentes provinciales de los aumentos.
Sin embargo, la Cámara todavía debe resolver la apelación sobre el fondo del conflicto. El nuevo pronunciamiento no determina si los incrementos son legales, sino que establece que el recurso de la Provincia se tramite con efecto suspensivo mientras continúa el proceso.
La disputa comenzó con una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense contra el Estado provincial y las cuatro distribuidoras eléctricas. El 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había concedido una medida cautelar que suspendió los efectos de la Resolución 585/2026 y dispuso volver al cuadro tarifario anterior para los componentes provinciales.
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