El sistema de riesgos del trabajo inició 2026 con una dinámica de litigiosidad en alza que no se desaceleró tras la sanción de la nueva Ley de Modernización Laboral. A poco más de un mes de su aprobación, los datos del primer trimestre confirmaron que el volumen de demandas continuó en aumento y consolidó una tendencia que proyecta un nuevo récord para el año.

Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante marzo se notificaron 13.260 juicios contra las ART, el registro mensual más alto en lo que va del año. El dato elevó el total acumulado a 26.700 en los primeros tres meses de 2026. Esta marca superó los niveles del mismo período de 2025 y representó un salto respecto de febrero, a pesar del impacto estacional por la feria judicial de enero.

En la comparación interanual, marzo registró un incremento del 13% frente al mismo mes del año pasado. El comportamiento del primer trimestre sostuvo una tendencia creciente que ya se observaba en los meses previos y que se mantuvo sin cambios tras la entrada en vigencia del nuevo marco normativo, que reforzó algunos de los ejes que ya estaban en la reforma del sistema del 2017 (Ley 27.348) y sumó nuevas disposiciones.

La magnitud del fenómeno quedó aún más expuesta al ampliar el análisis al último año móvil: ingresaron 135.000 juicios, con un promedio superior a 11 mil demandas mensuales. Este ritmo permite proyectar un cierre para el 2026 en torno a los 138.000 litigios, por encima del récord de 134.000 causas registrado el año anterior.

Este aumento se sostiene sobre un flujo constante de demandas y en la persistencia de factores estructurales que impulsaron la judicialización.

La UART advirtió sobre el impacto del fenómeno para el sistema. Su presidenta, Mara Bettiol, dijo en diálogo con Infobae: “Los valores objetivos son lapidarios. Son muy mala noticia. Es otro aumento sobre un valor que ya había sido pico”.

El crecimiento reciente también fue subrayado por Bettiol: “Ahora este año, en el primer trimestre, los juicios crecieron 3,4% respecto del mismo período del año pasado”.

El crecimiento no resultó homogéneo, aunque se concentró en las jurisdicciones con mayor volumen de actividad. Aunque la suba no fue homogénea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lideró el incremento entre los distritos con mayor volumen. Fue allí donde se verificó una suba del 26,2% respecto de febrero y del 27,5% comparado con marzo de 2025, cifras que Bettiol calificó de “graves”.

En la provincia de Buenos Aires, el nivel de litigios mostró una baja en marzo frente a los picos de febrero, pero mantuvo un aumento cercano al 10% interanual. En tanto, Santa Fe sostuvo su trayectoria ascendente, con un incremento del 16% respecto del mismo período del año anterior.

En contraste, Mendoza y Córdoba presentaron una dinámica descendente en la comparación interanual, en un contexto de medidas orientadas a ordenar el funcionamiento del sistema en esas jurisdicciones.

El comportamiento del primer trimestre se dio en paralelo con la sanción de la nueva Ley de Modernización Laboral, aprobada a comienzos de marzo con el objetivo de introducir cambios estructurales en el sistema y reducir la litigiosidad. Sin embargo, en este primer tramo de aplicación, los datos no reflejaron una desaceleración en el ingreso de demandas. Es más, aumentó, lo cual fue analizado por el sector como una situación habitual cuando está al salir una nueva regulación.

La norma incorporó una serie de herramientas orientadas a mejorar la previsibilidad y ordenar aspectos clave del proceso judicial. Uno de los cambios centrales se vinculó con los honorarios periciales. A partir de la reforma, los peritos deben dejar de cobrar un porcentaje de la indemnización que ellos mismos determinan y pasan a un esquema de montos fijados por el juez según la tarea efectivamente realizada.

El objetivo de esa modificación es reducir los incentivos a la sobreestimación de incapacidades y limitar la generación de diferencias entre los dictámenes administrativos y judiciales. En la misma línea, la ley estableció la obligación de los jueces laborales de acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema, con la posibilidad de considerar su incumplimiento como causal de mal desempeño.

La reforma también incluyó la transferencia del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de ordenar la estructura judicial en esa jurisdicción, y la incorporación de parámetros técnicos vinculados a los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para reducir la discrecionalidad en las pericias.

En este último punto, la implementación plena de los CMF se mantuvo como uno de los principales desafíos. La falta de designación o funcionamiento efectivo en varias provincias generó incertidumbre en la evaluación de incapacidades y sostuvo un esquema con criterios dispares.

Mara Bettiol vinculó directamente ese aspecto con el crecimiento de la litigiosidad. “A efectos de atacar la judicialización, es clave que no haya brecha entre lo que dice el perito judicial y el porcentaje de la comisión médica. Mientras esa brecha exista, habrá un incentivo a litigar”, explicó.

La dirigente sostuvo que esa diferencia operó como motor de las demandas: “Si siempre el perito pone un plus, todos van a ir por más. Se están llevando puesto un sistema gracias a esos adicionales”. En ese sentido, planteó que el rol de la Justicia debería ser acotado: “Si no hubiera brecha, para qué vas a ir si sabés que el perito va a dictaminar lo mismo. La revisión judicial debería ser la excepción. No está la justicia para que todos los casos acudan ahí”.

El diagnóstico también incorporó una mirada de largo plazo sobre la evolución del sistema. Según detalló Bettiol, en 2003 se registraron alrededor de 3 mil juicios por año. A partir de 2004, la cantidad creció de manera sostenida hasta alcanzar un pico en 2017, lo que motivó la sanción de la Ley 27.348.

Tras la implementación de esa norma, el volumen de litigios descendió, pero la tendencia volvió a crecer a partir de 2019, en un contexto de incumplimiento de algunos de sus ejes centrales. Desde entonces, el número de demandas avanzó de forma sostenida hasta alcanzar los niveles actuales.

El impacto del aumento de juicios también se reflejó en los costos del sistema. La alícuota vigente se ubica en torno al 2,8/2,9% de la nómina salarial, un nivel que consideró insuficiente frente al volumen de litigiosidad. “La alícuota debería ser el doble de la actual. Pero no lo podés cobrar”, afirmó la presidente de la UART.

La información del sistema también mostró una fuerte concentración geográfica. En 2025, el 73% de los juicios se registró en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, un patrón que se mantuvo como rasgo estructural del esquema de litigiosidad.

Los indicadores de seguridad laboral siguieron una trayectoria diferente. Según datos del sector, los accidentes laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos descendieron un 80% desde la implementación del sistema, mientras que la judicialización avanzó en sentido contrario.

La comparación internacional también evidenció diferencias significativas. Mientras países como Chile y España registraron niveles considerablemente más bajos de juicios por cada 10 mil trabajadores, el índice local alcanzó 132,8, lo que ubicó a la Argentina muy por encima de esos parámetros.

En paralelo a las reformas legales, el sistema incorporó algunas iniciativas en distintas jurisdicciones para ordenar el proceso. En Santa Fe, la Corte Suprema provincial tomó juramento a peritos médicos forenses especializados y la Legislatura avanzó con una reforma procesal que estableció su intervención obligatoria. En Mendoza, en tanto, se anunció la ampliación del número de peritos dependientes del Poder Judicial.

También se registraron avances en la provincia de Buenos Aires con el fallo “Galarza” de la Suprema Corte, que buscó unificar criterios y limitar la generación de montos considerados desproporcionados. A nivel nacional, el Congreso aprobó el convenio para el traspaso de la Justicia del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y avanzó el proceso de selección de nuevos jueces laborales.

“Ante un 2026 que proyecta cifras récord de demandas, la aprobación de la Ley de Modernización Laboral en febrero podría surgir como un pilar adicional para contener la industria del juicio. Este nuevo marco normativo, sumado al compromiso asumido por algunos gobiernos provinciales, sienta las bases para recuperar la seguridad jurídica perdida”, remarcó un informe de la UART.

La directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto, estimó que el índice de inflación correspondiente a abril podría ubicarse «más cerca del 2% que del 3%». En ese sentido, señaló que este resultado implicaría un cambio respecto de los meses previos, caracterizados por una tendencia alcista, y representaría una moderación en el ritmo de aumento de los precios.

Durante su participación en la AM990, Dal Poggetto explicó los factores que inciden en esta desaceleración y destacó la necesidad de observar la continuidad de la tendencia. «El dato de abril viene con una carga menor de arrastre y una estabilidad más marcada en alimentos«, indicó al fundamentar su proyección.

Según su análisis, este escenario podría reflejar una moderación transitoria en la dinámica de precios. No obstante, planteó que el principal desafío es sostener una trayectoria descendente de la inflación en el tiempo, sin depender exclusivamente del comportamiento del tipo de cambio.

Cómo impacta el dólar en el costo de vida argentino

En relación con la política cambiaria, la economista se refirió al uso del dólar como herramienta de referencia. «La inflación baja pero el costo de vida en dólares sube», afirmó, al señalar efectos vinculados a la competitividad de distintos sectores.

Asimismo, consideró que el desempeño del programa económico dependerá de la capacidad de avanzar hacia un esquema con mayores niveles de apertura, manteniendo estabilidad en los precios regulados durante el proceso de transición.

Dal Poggetto analizó el impacto del consumo y la actividad económica en la evolución inflacionaria. Indicó que la retracción en las ventas actúa como un factor que limita los aumentos de precios, aunque planteó interrogantes sobre la duración de ese efecto en el contexto actual.

Con la publicación del dato de abril próxima, la economista sostuvo que, más allá del resultado puntual, la continuidad de la tendencia requerirá la implementación de medidas estructurales orientadas a generar previsibilidad en materia de deuda y crecimiento económico.

El FMI anticipó que la inflación puede bajar en los próximos meses

«Estamos proyectando que se producirá un proceso de desinflación en los próximos meses. Los indicadores de alta frecuencia de abril sugieren que así es», afirmó el economista durante una conferencia de prensa brindada este viernes. Según explicó, esta tendencia estaría respaldada por un conjunto de políticas económicas que el organismo considera consistentes con ese objetivo.

En ese sentido, destacó la implementación de «un ancla fiscal muy fuerte cuya credibilidad se ha mejorado», y también remarcó «mejoras en el marco de política monetaria que ayudarán a apuntalar un proceso de re-monetización de la economía». Estas definiciones se alinean con la visión del organismo y del Gobierno argentino, que sostiene que el fenómeno inflacionario tiene un origen principalmente monetario, lo que implica mantener una política restrictiva para consolidar la baja de precios.

Al analizar el dato más reciente, Cubeddu se refirió al 3,4% registrado en marzo y lo vinculó a factores puntuales. Entre ellos mencionó el encarecimiento global de la energía, los ajustes estacionales —como los vinculados a la educación— y las actualizaciones de precios regulados. En este último punto, subrayó que responden a la decisión oficial de «abordar algunos de los desajustes de precios relativos que existen en la economía».

De cara a los próximos meses, el funcionario del FMI señaló que las expectativas juegan un rol clave en la dinámica inflacionaria. «Las expectativas de inflación a doce meses vistas siguen estando relativamente bien ancladas y se sitúan en torno al 25%», indicó, un nivel que coincide con las proyecciones del organismo para este año.

En paralelo, Cubeddu también se refirió a la estrategia de financiamiento que está llevando adelante el país. Según detalló, «las autoridades están siguiendo una estrategia multifacética, y esa estrategia multifacética tiene diferentes componentes». Entre ellos enumeró la búsqueda de financiamiento en dólares dentro del mercado local, la venta de activos estatales, el uso de instrumentos como los repos del Banco Central y el acceso a créditos otorgados por bancos comerciales con respaldo de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Huelva, 18 abr (EFE). – El presidente de la Asociación Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha denunciado este sábado, cuando se cumplen tres meses del accidente ferroviario en el que murieron 46 personas, el «abandono institucional» que sufren, y ha subrayado la «indignación» de las víctimas ante la falta de avances en la investigación y en la asunción de responsabilidades.

En declaraciones a EFE, Samper ha calificado de «insuficiente» el apoyo recibido por parte de las administraciones y ha arremetido contra Adif y el Ministerio de Transportes, acusándoles de «ningunear» a las víctimas y de obstaculizar el proceso.

Samper ha denunciado la presunta «manipulación de documentación» y la «retirada de material de la vía que es objeto de investigación», al tiempo que ha criticado a la Junta de Andalucía, que «se ha negado a informar a la comisión de investigación sobre la intervención de los servicios de emergencia, teniendo que ser un juez quien exija dichos datos», algo que ha calificado de «increíble».

Asimismo, ha afeado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que el pasado martes, coincidiendo con la manifestación convocada por la asociación a las puertas del Congreso, manifestara su interés por reunirse en ese momento con las víctimas cuando «en Huelva -provincia en la que residían 26 de los 46 fallecidos- llevamos tres meses esperando que venga. Nos prometió venir a Huelva hace más de un mes y seguimos esperando. No ha cumplido ni uno solo de los puntos que le requerimos».

También ha denunciado que las oficinas de atención creadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía no están cumpliendo su función de manera proactiva: «No es de recibo que tenga que ser la asociación la que localice a las víctimas por redes sociales, estas oficinas están muy bien de cara a las elecciones, pero no son prácticas ante las víctimas».

La única nota de esperanza para el colectivo proviene de Europa después de que, tras reunirse con la Comisión Europea el pasado día 8, Samper confirmó que el organismo supervisará la investigación española para garantizar su transparencia.

«Esperamos que se asuman responsabilidades de inmediato y que el juicio no se demore años, hay 46 personas bajo tierra y los responsables actúan como si nada hubiera pasado», ha concluido.

1010282

/jmj