La motosierra es una pieza del museo de la revolución libertaria. Representa la épica del ajuste que aportó orden en medio de la destrucción de un régimen económico decadente. Javier Milei se aferra a ese símbolo como a un talismán que lo devuelve a los tiempos en que su prédica contracultural y los resultados marchaban al mismo paso.

Cuando clama en un discurso “la motosierra no para” expresa una forma de nostalgia. Los instrumentos que le sirvieron en la fase de ruptura se revelan insuficientes para el desafío que ahora enfrenta el Gobierno: cómo pasar de la estabilización al crecimiento. Responder, en definitiva, qué viene después del dolor.

Milei experimenta la ansiedad de una transformación. El índice de precios de marzo, con una suba del 3,4%, lo puso frente a un dato que le pareció “repugnante” y que puertas adentro de la Casa Rosada se interpretó como un momento de quiebre. El ansiado “exterminio de la inflación” no ocurrirá en los plazos que imaginó el Presidente.

El Indec también registró un período de seis meses de deterioro de los salarios, que le da contexto a las cifras de actividad económica. Se mantiene el vigor de la energía, el agro y la minería, mientras persiste la caída de sectores intensivos en mano de obra como la industria, la construcción y el comercio.

En ese panorama el dogmatismo es un lujo. La lógica del recorte cueste lo que cueste amplifica el riesgo político en semanas en las que casi todas las consultoras de opinión pública registran un descontento social en ascenso.

Dentro del Gobierno sostienen que de a poco Milei y su equipo económico se ubican en una misma sintonía. En línea con lo que alguien podría llamar “gradualismo” si esa palabra no estuviera prohibida en el diccionario libertario. “Lo importante es el sendero de reducción de la inflación, no tanto la velocidad”, señala un funcionario del alto mando oficialista.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recalculó el pronóstico de inflación anual al 30,4%, casi el doble de su previsión original. El presupuesto 2026 la establecía en 10,1%, casi lo mismo que se acumuló en el primer trimestre. Los argentinos conviven desde hace años con esos niveles de desequilibrio. Recurrieron a Milei cuando el descalabro de la gestión Alberto Fernández-Cristina Kirchner-Sergio Massa colocó el índice de precios arriba del 100%. El reto del actual gobierno es evitar que la tasa siga escalando y, al mismo tiempo, sortear una recesión. Eso tampoco lo perdonan las mayorías que definirán el año que viene al próximo presidente.

La tasa de abril se estima que será mejor, en el orden del 2,5%. A juicio del FMI y de buena parte de los analistas, será un nuevo techo desde el que bajará muy de a poco si no hay accidentes. En el Gobierno prevén que en el segundo trimestre los salarios empiecen a recuperar lo perdido. El Banco Central sigue tomando medidas para incentivar el crédito, aunque todavía el sistema financiero tiene que digerir la morosidad que arrastra.

Se necesitan pesos en la calle, sin que eso agite la inflación. El dólar quieto ayuda a anclar los precios, aunque la apreciación cambiaria puede ser un inconveniente en el segundo semestre del año.

Milei sobreactúa dogmatismo para que no se interprete un ligero giro heterodoxo como una claudicación. El martes se describió como un héroe de la mitología griega asediado por fuerzas del mal que lo tientan a traicionar sus principios. No va a devaluar ni a emitir, juró. Magnificó la más mínima objeción como si fuera la prueba de una conjura para derrocarlo. Rogó otra vez “paciencia” como el predicador de una fe edificada en teorías económicas que proclama infalibles.

Luis Caputo lo secundó con su anuncio de que vienen “los 18 mejores meses de las últimas décadas”. Él insiste siempre que puede con la idea de que lo importante es el rumbo de desinflación y no los plazos. Hay esbozos de una nueva narrativa del esfuerzo y la perseverancia antes que la urgencia del milagro.

La promesa grandilocuente sonó a un consuelo para su jefe, que tuvo que decirle adiós a la ilusión de la tasa de inflación que iba a empezar con 0 en agosto. Milei, en realidad, no suele hacer duelo por pronósticos incumplidos.

Su inquietud de estos días responde al test que soportan sus convicciones. Los manuales en los que cree ciegamente parecen quemarse delante de sus ojos.

Abundan los ejemplos. El mes pasado dictaminó que la inflación minorista estaba destinada a desplomarse: “Inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%. Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas”, escribió en redes cuando ese indicador dio 1,7% en febrero. Esta semana hizo silencio cuando el dato de marzo pegó un salto al 3,4%. Si se siguiera su lógica, la inflación estaría “viajando” a casi el 50% anual. Por suerte para él, su tesis parece no corroborarse.

La obsesión por tener razón lo expuso a otro momento incómodo cuando el jueves elogió un comentario periodístico que a su juicio probaba que la inflación es en todo momento un fenómeno monetario. Lo hacía sobre la base de un estudio académico que analizó más de 100 casos de planes de estabilización en el mundo. “Aquí se nota la diferencia entre los que trabajan seriamente, buscando datos y material riguroso y los brutos que opinan sin fundamento alguno”, escribió Milei. Le respondió poco después Fernando Morra, economista y exviceministro de Martín Guzmán: “Estimado Presidente. Como autor del paper, la evidencia muestra algo más complejo que ‘solo monetario’: desinflaciones exitosas combinaron tipo de cambio alto inicial, dinámica externa, políticas de ingresos con aumento de salarios y crecimiento. Quizás valga la pena leerlo”.

El alarde de superioridad técnica ha sido un arma que le resultó eficiente para dominar el debate público, pero empieza a tocar sus límites. El acierto de que con el recorte de gastos se iba a conseguir estabilidad le dio un prestigio que fortaleció un gobierno minoritario durante los primeros dos años. Con la repetición de vaticinios errados se arriesga a desperdiciar ese capital y tentarse con el vicio que más desprecia: la charlatanería. La ciencia del “o sea, digamos”.

El año previo a la batalla por la reelección le plantea la necesidad de salir de la emergencia que heredó en 2023. Se enfrenta a una operación política compleja que, además de estabilizar las variables económicas, demanda arbitrar entre intereses diversos y negociar consensos.

Los niveles de confianza que despierta su programa tienen en gran medida una raíz política. Milei ha gestado acuerdos frágiles, específicos, en los que rige el toma y daca circunstancial. La experiencia en el poder no le cura el recelo en los actores del sistema político. Se ofusca cuando el riesgo-país no baja de los 500 puntos y se niega a convalidar esa tasa para volver a los mercados de deuda internacionales. Pero no valida a los ministros, con Caputo a la cabeza, que le piden tejer alianzas duraderas que transmitan la expectativa de un futuro sin cambios drásticos de rumbo.

Para Milei suena a claudicación. Se ha cansado de decir que el “consenso es un crimen” como para terminar al frente de un gobierno de espíritu larretista. El Presidente se reconoce en la rebeldía del outsider. Así como no suelta la motosierra aunque el presente recomiende una pala, se afirma en el relato del hombre común que lucha contra los privilegios.

La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni puso en cortocircuito ese otro pilar de la revolución libertaria. El jefe de Gabinete desistió de explicar cómo hizo para comprarse una camioneta y dos nuevas propiedades desde que es funcionario público ni cómo costeó sus vacaciones premium al exterior con un salario que estuvo dos años congelado en 3,5 millones de pesos.

El blindaje a Adorni no tiene fisuras. Karina Milei no tolera un solo cuestionamiento a su funcionario. Estaba enojadísima con Guillermo Francos por haberlo criticado en televisión, refieren en su cercanía. Anotó también en la lista negra al biógrafo presidencial, Nicolás Márquez, que destrató a Adorni y le exigió renunciar.

Adorni volvió de a poco al terreno de la altanería, donde se mueve con naturalidad. Probó el agua en las redes sociales al responder con ironías a simpatizantes libertarios que minimizaban las denuncias sobre sus bienes. Pero se topó con una avalancha de comentarios insultantes.

Ahora tiene por delante una semana y media para preparar la sesión informativa en la Cámara de Diputados, donde la oposición lo espera con hambre de venganza. Su intención es contraatacar. Ya hay gente en el Gobierno estudiando el patrimonio de los principales voceros del antimileísmo parlamentario. La lógica del “y vos más” nunca falla. ¿O sí?

Las peripecias de Adorni paralizaron la gestión libertaria. Milei está concentrado en encontrar la salida al laberinto de una macroeconomía insumisa a sus convicciones. A su hermana Karina la obsesiona el armado de una hegemonía política que requiere edificar poder permanente, desde candidaturas en todas las provincias a su nuevo hobby: la designación de jueces.

Los dos Milei comparten la inclinación conspirativa. Imaginan traiciones desde el desayuno. Pero ella tiene una fijación que él no comparte: la sospecha de que el asesor Santiago Caputo opera en su contra (y por ende contra los intereses del Gobierno) por ambición de poder.

Sobre ese campo fértil estalló a cielo abierto la interna libertaria cuando Daniel Parisini, alias Gordo Dan, puso su streaming Carajo al servicio de un ataque coordinado al diputado Sebastián Pareja, delegado karinista en la provincia de Buenos Aires. Parisini es íntimo amigo –e instrumento de comunicación- de Santiago Caputo.

La reacción respondió a la noticia de una citación judicial a tuiteros libertarios a raíz de una denuncia de Pareja, presentada durante la campaña bonaerense del año pasado. Los acusa de publicar en redes sociales su número de teléfono, en una acción que interpreta como amenazante. Al mismo tiempo se estaba ejecutando la orden de Karina de remover a Agustín Romo, compinche de Parisini y Caputo, de la jefatura del bloque oficialista en la provincia.

La máquina libertaria no está formateada para el disenso. En uno de los programas de Carajo llegaron a pasar un mensaje denigrante contra Karina Milei, en el habitual tono misógino y soez que caracteriza al canal. A los conductores los embargó el pánico al oírlo.

Lilia Lemoine encaró en redes sociales a Parisini y el duelo pareció salirse de proporciones. Milei se pronunció con un retuit a la diputada. Algunos usuarios de las redes lo compararon irónicamente con el día en que Perón echó a los montoneros de la Plaza de Mayo.

Dos fuentes de La Libertad Avanza (LLA) anticipan que al ministro Caputo ya le transmitieron la sugerencia de no asistir más a Carajo, el lugar que elige para comunicar las peripecias del plan económico entre aplausos, risas y adulaciones.

Esas guerras estridentes pero sin sustancia iluminan el problema en que se enreda Milei en un momento bisagra de su trayectoria: su desafío en 2026 no es ideológico sino de gestión. Necesita aliados y desconfía de casi todos. Precisa cohesión interna y tolera el caos si lo provocan los fanáticos. Se abraza al recuerdo de la motosierra cuando se requieren herramientas para crecer.

Atraviesa su propia transición. De soñarse el líder de una revolución al ejercicio árido de construir un orden liberal que no termine en la próxima frustración argentina.

El funcionario que sabe de trampas suele salir impune. El que no sabe que no sabe, va preso. Y el que sabe que no sabe, acude a los “facilitadores profesionales”. Contadores, abogados, financistas, empresarios, escribanos y otros expertos en el opaco arte de ocultar el origen y los movimientos de fondos ilícitos. Son los “sherpas” de la corrupción, la evasión y el lavado de activos.

Algunos de esos “facilitadores profesionales” son conocidos e, incluso, han confesado sus crímenes. Como el financista Ernesto Clarens, clave para entender el trasiego de fortunas en efectivo durante el kirchnerismo. O el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares. O el otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Enrique Wagner, que incluso articuló la cartelización del sector y el pago de sobornos. O el español Manuel Vázquez, quien le explicó a su socio en un correo electrónico que debían coordinar toda la operatoria paralela, de principio a fin, para beneficio del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y de ellos: “Antes que nada quiero que tengas presente algo que creo que te he repetido en diferentes ocasiones: nuestro mandante y su séquito cercano son pueblerinos”, le aclaró, “y aunque no parezca creíble: no saben cómo hacer esto”.

En sentido estricto, “facilitadores profesionales” son aquellos que “ayudan a diseñar el andamiaje de las estructuras fiscales y financieras utilizadas para evadir impuestos y cometer otros delitos financieros”, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sea con estructuras offshore, fideicomisos y testaferros o circuitos informales de transferencia de valor. Pero en sentido amplio, también abarca, por ejemplo, a los “cueveros” que ayudan a mover fortunas por el circuito negro.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene, incluso, tipologías específicas sobre este fenómeno —que denomina “professional money laundering”— y en sus evaluaciones mutuas más recientes ha señalado a la Argentina por la debilidad en la persecución de estos actores, pese a que la normativa local los alcanza: la Resolución UIF 156/2018 y sus actualizaciones imponen a contadores, escribanos y abogados la obligación de reportar operaciones sospechosas como “sujetos obligados”.

La Justicia investiga ahora, por ejemplo, si Orlando Rodolfo Mellino es un ejemplo de este tipo singular de “sherpas” o es solo un “pasamanos”. Jubilado de 75 años, recibió más de US$ 1 millón en activos digitales de Hayden Davis el 30 de enero de 2025, apenas 42 minutos después de que el presidente Javier Milei publicara en X que el estadounidense lo estaba “asesorando” en temas de blockchain junto a una “selfie” juntos. Y Mellino los transfirió a otras cuentas aún no identificadas.

Miguel Ángel Calvete es otro ejemplo, con otro perfil. Dentro y alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se movió con dos sombreros simultáneos, según dictaminó el fiscal federal Franco Picardi. Actuó “como articulador de las adjudicaciones y beneficiario directo de los retornos derivados de las contrataciones” y se encargó de explicarles a los funcionarios cómo era el circuito ilegal, además de entregarles sumas de dinero, como al entonces titular de la agencia –y abogado particular de Milei–, Diego Spagnuolo.

La mayoría de los “sherpas”, sin embargo, niega un malhacer. Remarcan que se limitan a proveer servicios y que si alguien cometió un delito, fueron sus clientes, no ellos. Lo argumentó Adriana Nechevenko, la escribana del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que antes prestó servicios para clientes que terminaron condenados por narcotráfico. Y lo mismo argumentó otro escribano, Juan Bautista Derrasaga, cuya firma aparece en la creación de sociedades “pantalla” vinculadas al Polo Obrero, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, IOMA y los Panamá Papers, con analfabetos y desocupados como parte de la maniobra, según distintas investigaciones judiciales y periodísticas.

Ciertas empresas o bancos también prestan esa asistencia profesional. Como la filial en la Argentina del banco BNP Paribas, que montó una “cueva” en Alem y Córdoba para fugar del país dinero de sus clientes, según reconstruyó el juez Osvaldo Rappa. O HSBC, como expuso el filtrador o ”whistleblower” Hervé Falciani. O el gigante brasileño Odebrecht, que compró la filial en Antigua y Barbuda del banco Meinl Bank para sus tropelías y las de los sobornados. O el JP Morgan, según reveló el otrora ejecutivo de ese banco, Hernán Arbizu.

Otro “facilitador profesional” argentino que terminó contra las cuerdas en Estados Unidos fue el exCEO de Torneos, Alejandro Burzaco. “Participé en el pago de coimas desde que arranqué como accionista de Torneos, accionista directo en 2005 hasta 2014. El propósito de nuestro diálogo era arreglar; discutir los mecanismos bajo los cuales la coima iba a ser pagada; confirmar, en otros casos, que la coima hubiera sido correctamente recibida. Pedir sus acciones o su influencia, incluso que la coima fuera pagada para ciertos contratos; firmar; extender; proteger; no rescindir, como en cada caso y en cada momento de mi vida en este negocio. Creo que esto es un buen resumen”, resumió ante una Corte federal de Nueva York, a fines de 2017.

Algunos profesionales tienen recorridos más turbulentos. La escribana Ana Cristina Palesa, por ejemplo, figura en la trama de Lázaro Báez y su familia, y antes apareció en otras causas criminales. Por ejemplo, “en la conformación y gestión de sociedades vinculadas con Carlos Alberto Salvatore”, según detalló un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en alusión a un condenado en la megacausa “Carbón Blanco”, una de las mayores investigaciones por narcotráfico del país.

El juez federal Sebastián Casanello es uno de los magistrados que más ha intentado avanzar sobre estos “sherpas”, con suerte dispar. Además de procesar al otrora máximo contralor por el Estado de las concesiones viales durante el kirchnerismo, Gustavo Gentili, uno de sus dos hijos y uno de sus presuntos testaferros por el lavado de cerca de US$ 1,5 millón a través de Uruguay, avanzó contra dos operadores financieros uruguayos, Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, y los argentinos Eduardo Roca y Horacio Díaz Sieiro.

Sin embargo, tanto en el caso de Palesa, como con Pérez Montero, Ribeiro Ricci, Roca y Díaz Sieiro, la Cámara Federal revocó los procesamientos. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah sostuvieron que el trabajo que realizaron “no constituye por sí solo un involucramiento directo en los pormenores de las actividades cuestionadas”. En otras palabras, impusieron un estándar complejo: para condenar a un facilitador no bastaría con probar que estructuró una operación ilícita, sino que conocía el destino criminal de los fondos y actuó con dolo directo. Ese nudo gordiano -demostrar que sabían exactamente lo que hacían- es, en la práctica, el mayor escudo de los “sherpas”.

Ese fue el planteo exculpatorio del abogado de Derrasaga cuando lo consultó . “Derrasaga se dedica a armar esqueletos societarios de acuerdo al marco jurídico establecido por la ley para que las empresas puedan funcionar”, afirmó el letrado Adrián Rodríguez Díaz. Su cliente, remarcó, actuó “a requerimiento de personas que cuentan con el capital [para conformar una sociedad] y en base los requisitos legales para hacerlo”. Por ese motivo, adujo, el escribano pudo “perfectamente no saber quiénes son las personas que van a usar esas empresas y cómo van a usarlas”.

Ese argumento es habitual entre los “facilitadores profesionales” cuando sus nombres salen a la superficie. “Nosotros vendemos sociedades vírgenes, sin movimientos, como los fabricantes de autos. Después, qué hace cada uno con el auto, si matan a alguien o salen campeones de una carrera, no es responsabilidad nuestra”, argumentó otro contador uruguayo, Fernando Castagno Schickendantz, ante la consulta de , en 2012, en plena investigación del “caso Ciccone”.

La prestación de estos servicios, cabe aclarar, atraviesa distintos gobiernos y signos políticos. Puede atestiguarlo el estudio contable uruguayo de la familia Macri, Lussich Torrendel y Asociados, que junto al buffet panameño Mossack Fonseca participó en la creación y gestión de la sociedad offshore BF Corporation, que derivó en un reporte de operación sospechosa (ROS) emitido por el UBS Deutschland y analizado por la Fiscalía de Hamburgo. ¿Por qué? Porque requirieron el traspaso de fondos que no habrían sido debidamente justificados al banco suizo J Safra Sarasin y proceder “a destruir toda la documentación” vinculada a esa cuenta.

Sin embargo, no todos los “sherpas” profesionales salen indemnes. Por ejemplo, hubo dos ejecutivos del banco suizo Lombard Odier, Juan Alberto de Rasis y Martín Eraso, que terminaron condenados en la Argentina a 4 años y medio y 3 años de prisión, respectivamente, por su participación en “la conformación de la estructura societaria y bancaria en el extranjero y la expatriación del dinero a través de las financieras”, que le permitió a Báez y su familia blanquear al menos US$ 60 millones.

En ese gris legal -entre la prestación de un servicio y la participación en un delito- es donde los “facilitadores profesionales” encuentran, muchas veces, su mejor refugio. Y el camino opaco que ayudan a recorrer a sus clientes es, en definitiva, el que garantiza su propia impunidad.