Según un informe presentado por la Fundación Libertad y Progreso, los números que quedaron del gobierno anterior se redujeron notablemente

19/04/2026 – 19:00hs

Un reciente informe elaborado por la Fundación Libertad y Progreso, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, reveló una mejora sustancial en los indicadores sociales de la Argentina. Según el relevamiento de la entidad dirigida por Agustín Etchebarne, Manuel Solanet y Aldo Abram, la pobreza entre los menores de 14 años experimentó un descenso de 24,8 puntos porcentuales en un periodo de dieciocho meses. Tras haber alcanzado un pico crítico del 66,1% en junio de 2024, la cifra mostró una tendencia a la baja sostenida hasta cerrar en un 41,3% en diciembre de 2025.

Este retroceso de la pobreza infantil es visto por los especialistas como un dato clave para la estabilización de los hogares más vulnerables. El informe destaca que la reducción es todavía más pronunciada en el segmento de la primera infancia: entre los menores de 5 años, la pobreza descendió hasta el 19,4%. Para la fundación, este dato resulta especialmente alentador, ya que garantiza que un mayor porcentaje de niños acceda a una nutrición adecuada y cuidados de salud en una etapa donde la plasticidad cerebral permite un desarrollo cognitivo y emocional decisivo para el futuro.

Mejorar las condiciones de vida en los primeros años de vida no solo tiene un impacto en el alivio de la urgencia presente, sino que sienta las bases para una trayectoria educativa exitosa. El análisis subraya que estas mejoras fortalecen la movilidad social ascendente y son herramientas fundamentales para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, permitiendo que cada niño pueda desplegar su potencial sin las limitaciones estructurales que condicionaron a las generaciones previas.

El rol de la asistencia y el capital humano

A pesar de la notable mejoría en las estadísticas, el informe advierte que el desafío estructural persiste. Actualmente, aproximadamente 4,1 millones de niños y adolescentes continúan recibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que demuestra que una parte significativa de los hogares argentinos aún depende de prestaciones estatales y de la Tarjeta Alimentar para cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, la fundación resalta que la asistencia económica es un piso mínimo de protección, pero no la solución definitiva.

Para quebrar definitivamente el ciclo de la pobreza, el organismo enfatiza la importancia de las condicionalidades vinculadas a los programas sociales. La escolarización obligatoria, los controles de salud preventivos y la formación laboral de los adultos responsables son los pilares que permiten la acumulación de capital humano. Según Libertad y Progreso, estas herramientas son indispensables para ampliar las oportunidades laborales futuras y generar la autonomía necesaria para que las familias dejen de depender del auxilio estatal de manera permanente.

Finalmente, el documento exhorta a mantener la inversión en capital humano durante los años formativos como una política de Estado prioritaria. La conclusión del informe es clara: no basta con atender las necesidades inmediatas de alimentación y vivienda; es imperativo generar las condiciones macroeconómicas y sociales que aseguren que cada niño, independientemente de su origen, cuente con las mismas oportunidades de desarrollo. Con estos números sobre la mesa, el debate se traslada ahora a cómo sostener esta tendencia decreciente en el largo plazo para erradicar la pobreza estructural en el país.

Caracas, 19 abr (.).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este domingo a los líderes de Estados Unidos y de Europa el cese total de las sanciones, en el inicio de la peregrinación nacional que convocó para exigir el fin de estas medidas contra el país.

«Le hablo al pueblo de los Estados Unidos, le hablo a los pueblos de Europa, le hablo a sus Gobiernos, a sus autoridades, ya basta de sanciones para el noble pueblo venezolano», dijo tras cruzar sobre un vehículo el emblemático Puente del Lago de Maracaibo en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de Estados Unidos, expresó que su país no está pidiendo limosnas, sino «reclamando sus derechos».

«Y un derecho fundamental es que Venezuela esté libre de sanciones para que pueda desarrollarse con el mundo de manera libre, para que pueda desarrollarse sin intervención alguna, sin restricción, sin limitación», aseguró en la actividad, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La peregrinación, que tiene tres rutas, se extenderá hasta el 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento «responsable» del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial de hoy.

Además de Zulia, la movilización comenzó en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), con la presencia del ministro de Interior, Diosdado Cabello, y en la región de Amazonas (sur, limítrofe con el país andino y Brasil), donde estuvo el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez.

EE.UU., la Unión Europea (UE), que impuso sanciones en noviembre de 2017, Canadá (2017), Suiza (2018) y el Reino Unido —que adoptó su propio régimen de sanciones tras concretar su salida de la UE en 2020— han sido los principales impulsores de medidas económicas y financieras contra el aparato estatal venezolano y altos cargos del chavismo en los últimos años.

Las sanciones han restringido la principal fuente de divisas, el crudo, y mantuvieron a Venezuela aislada del sistema financiero internacional, afectando el comercio, las inversiones y la capacidad de pago del Estado.

Pese al alivio, persisten restricciones estructurales al petróleo y a la financiación plena del Estado venezolano, continúan congelados o bajo control fondos y bienes del país en el exterior y se mantienen sanciones individuales contra parte de la élite chavista.

Rodríguez tiene previsto compartir un mensaje con «todas las familias» venezolanas a las 19:00 hora local (23:00 GMT) de este domingo.

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En una nueva aplicación de la política de “tolerancia cero” la Prefectura Naval Argentina (PNA) detectó un buque “en presunta tarea de pesca ilegal” dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina

“Argentina detecta, sanciona y cobra a buques pesqueros extranjeros en infracción. En la madrugada de hoy, la Autoridad Marítima Nacional identificó a un arrastrero de bandera de Portugal”, señaló en un comunicado la fuerza a cargo del control del Mar Argentino. Y agrega: “En el marco de la política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el Estado Nacional continúa fortaleciendo la vigilancia. En ese contexto, la Prefectura Naval Argentina detectó hoy a un buque extranjero en presunta tarea de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

El buque detectado esta vez es el arrastrero (pesca con red de arrastre) “Coimbra”, de bandera de Portugal.

“Gracias al empleo del Sistema Guardacostas —una plataforma tecnológica desarrollada por profesionales de la Fuerza que integra distintos sistemas de posicionamiento— se analizó la información dinámica del buque, lo que permitió inferir que sus registros de velocidad y movimientos, previos y durante su ingreso, presentan patrones compatibles con una operación de pesca por arrastre”, manifestó Prefectura.

La determinación de la fuerza de seguridad fue que el buque portugués “navegó dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina a una velocidad promedio de 4,9 nudos, lo que configura una presunta infracción a la Ley N° 24.922 (Régimen Federal de Pesca), conforme a los lineamientos establecidos en la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca”.

El buque portugués hizo un ingreso dentro de la ZEEA o Mar Argentino, había zarpado de Uruguay el 25 de febrero y estaba en zona de pesca desde el 28 de febrero, al través de Cabo Dos Bahías, Chubut.

En la actual temporada se han producido numerosas detecciones de buques extranjeros haciendo pesca ilegal, producto de la aplicación de nuevas normas en cuanto a la validez de aplicación de los medios de detección satelitales y digitales y la fijación de criterios en base a los cuales se presume pesca ilegal, como velocidad y tipo de navegación (contrarios a la presunción de “paso inocente”) e inexistencia de autorización o motivos razonables de ingreso a la Zona Económica Exclusiva.

El 10 de enero, se detectó al pesquero Bao Feng, de propiedad china pero con bandera de Vanuatu, operando de manera ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. La embarcación realizaba maniobras compatibles con pesca por arrastre en aguas jurisdiccionales nacionales. El caso derivó en un sumario y se encuentra en trámite internacional de cobro de multa.

El 1 de febrero, la Prefectura identificó al arrastrero Playa Da Cativa, de bandera española, realizando actividades consideradas pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. El buque navegó durante 45 minutos a menos de cuatro nudos, comportamiento característico de pesca por arrastre, lo que encendió las alertas de las autoridades.

Luego, a principios de este mes, la PNA volvió a detectar al Bao Feng y otros dos buques “abanderados” con el pabellón de Vanuatu pero de propiedad china, a los que aplicó multas, con un récord de $1.262 millones en el caso del Bao Feng. Luego, las autoridades marítimas de Vanuatu inhabilitaron a esos tres buques a seguir llevando la bandera de Vanuatu, por lo cual “re-embanderaron” con el pabellón de Tanzania.

Todas las detecciones se apoyaron en el Sistema Guardacostas, que integra monitoreo satelital, radares y datos de tráfico marítimo para identificar maniobras sospechosas de buques extranjeros en aguas argentinas. La nueva normativa nacional, vigente desde febrero de 2026, endurece los controles y permite sancionar a partir de pruebas electrónicas y satelitales de conductas compatibles con pesca ilegal, sin necesidad de abordaje directo.

Cabe consignar además que en la semana organizaciones de la sociedad civil le pidieron al Consejo Federal Pesquero un Registro Público y Abierto de Embarcaciones y Permisos Pesqueros. En un comunicado, subrayaron: “Argentina es el único país de la región que no publica esos datos. Se busca fortalecer la transparencia, la sostenibilidad del sector y combatir la pesca ilegal”. Y agregaron: “Pese a que la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca recopila estos datos tal como exige la Ley Federal de Pesca, hoy no existe un registro público, abierto y en línea. Esta ausencia limita el control del Estado, bloquea el escrutinio ciudadano y debilita la transparencia institucional y la rendición de cuentas, elementos esenciales para un sector exportador”, afirmó Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales”.