La economía llega a la mitad del 2026 con señales que apuntan en distintas direcciones. La inflación retomó la tendencia a la baja después del sacudón electoral del segundo semestre de 2025, la actividad muestra signos de recuperación en algunos sectores y el Gobierno avanza con reformas estructurales cuyo impacto todavía es difícil de medir.

Así, el segundo semestre llega cargado de expectativas moderadas y de una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva: ¿alcanza el crecimiento de los sectores ganadores para arrastrar al resto de la economía?

Economistas consultados coinciden en que el período que se inicia en julio presenta mejores condiciones que los primeros meses del año, pero advierten que la recuperación será gradual, desigual y dependiente de variables que no están del todo bajo control.

El dato que más condiciona el resto de las variables es el de los precios. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA, los analistas proyectan una tasa de inflación de 2,1% para julio, que descenderá a 1,8% en agosto, subirá levemente a 1,9% en septiembre y volverá a 1,8% en octubre, aunque no alcanzará el dígito mensual para fin de año que el Gobierno había anticipado.

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, estimó que el rebote inflacionario de los últimos meses tuvo una causa precisa: “Se atravesó un período de rebrote inflacionario que fue disparado por la incertidumbre electoral de septiembre-octubre del año pasado. Esa incertidumbre hizo que el dólar avance y se generó un traspaso a precios que afectó al salario real que en los últimos meses se ha estancado e incluso se observa una pequeña tendencia a la baja”.

Con la presión electoral disipada, Cachanosky proyecta para abril una inflación del 2,4% y una continuidad de la desinflación en los meses siguientes.

Martín Kalos, de EPyCA Consultores, dijo a Infobae: “La política del gobierno es claramente que no haya una mejora del salario real. En todo caso, que se estabilice en estos niveles”.

Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea, anticipa “una suave recuperación de los salarios para el segundo semestre, a ritmo similar a la moderación en la tasa de inflación”, lo que llevaría el poder adquisitivo por encima del nivel de noviembre de 2023. Sin embargo, el economista advierte que eso no resuelve el problema de fondo: “los salarios formales se ubican actualmente en promedio 20% por debajo del nivel de hace una década, como consecuencia de un largo ciclo de deterioro productivo”.

José Vargas, director de la consultora Evaluecon, coincide en que la mejora de los salarios será moderada y desigual, y la condiciona a la evolución del tipo de cambio. Si la inflación se mantiene en torno al 3% mensual promedio, advierte, solo los sectores dolarizados -como minería, energía y petróleo- podrán mostrar mejoras reales. Para el resto de los trabajadores, la recuperación dependerá de que la desinflación sea más pronunciada de lo que hoy proyecta el REM.

Kalos se manifestó más crítico respecto a los trabajadores del sector público: “Sí implican mantenerse en una derrota de poder adquisitivo importante, mientras que los del sector privado registrado apenas empatan con los niveles del final del gobierno anterior, sin recuperar lo perdido en estos dos años y medio de gestión”.

El REM del BCRA proyecta un crecimiento del PBI del 0,9% para el tercer trimestre respecto al anterior, y un avance del 2,8% para el total del año 2026, pero que los economistas enmarcan en un contexto de recuperación desigual.

Osvaldo Giordano destaca que la producción está estancada desde febrero de 2025 según el EMAE y que el segundo semestre podría ser el momento en que esa tendencia se quiebre, aunque subraya que para ello es clave “generar las condiciones para dinamizar el crédito y sostener el proceso de reformas estructurales”.

Martín Kalos describe el escenario como “Un crecimiento con cara de pocos amigos, no se siente en la calle, que no genera empleo de calidad de forma masiva y que depende de sectores muy capital-intensivos pero poco intensivos en mano de obra”.

En su análisis, mantener a la industria, la construcción y el comercio en crisis durante un período prolongado puede llevar a decisiones empresariales -achicarse, convertirse en importadores- que resulten difíciles de revertir.

Iván Cachanosky, estimó: “Con la presión electoral detrás y la inflación cediendo, el Gobierno tendrá margen para bajar las tasas de interés y reducir los niveles de encaje bancario en la segunda mitad del año, lo que facilitaría el acceso al crédito de las empresas. El cambio no será totalmente abrupto, pero sí menos asfixiante”.

José Vargas coincide en el diagnóstico de la economía de dos velocidades. Entre los sectores más optimistas ubica a la minería, el agroexportador, los servicios financieros y la energía; entre los más complicados, a la industria, el comercio minorista y la construcción. Y señala al consumo como una variable a seguir de cerca, dado que “viene bastante condicionado y es un factor determinante para la actividad económica”.

Hay un consenso llamativo entre los cuatro economistas consultados por Infobae: los sectores con mejores perspectivas para el segundo semestre son energía, minería y agroindustria. Y hay una advertencia igualmente compartida: son sectores intensivos en capital, no en mano de obra, lo que limita su capacidad de derrame sobre el empleo y el consumo masivo.

Cachanosky destaca el rol del RIGI –Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones– como el principal motor de ese dinamismo. Con 13 megaproyectos ya aprobados y más de USD 27.000 millones en inversiones comprometidas en ocho provincias, el esquema está comenzando a pasar de la etapa de anuncio a la de ejecución. “Varios de estos proyectos están entrando en fase de construcción o ejecución temprana, lo que genera derrame en sectores conexos: logística, proveedores industriales, servicios de ingeniería”, precisa el economista de Libertad y Progreso.

Vargas suma a esa lista los servicios financieros y la economía del conocimiento, y señala que todos estos sectores dependerán, en distintas proporciones, de la baja de la inflación, el avance del RIGI, las inversiones en Vaca Muerta y la demanda global vinculada a la transición energética.

Giordano sostiene que si se dan las condiciones de expansión del crédito y continuidad de las reformas estructurales, otros sectores podrían sumarse al crecimiento. Además, destaca que estos sectores adicionales, al ser más intensivos en mano de obra, tendrían mayor capacidad de capitalizar las mejoras que busca generar la ley de modernización laboral.

El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reglamentado mediante el Decreto 315/2026, ofrece alícuotas reducidas de entre el 2% y el 3% en contribuciones patronales durante cuatro años, con el objetivo de incorporar trabajadores no registrados. Los economistas lo evalúan con prudencia: reconocen su potencial, pero advierten que no alcanza por sí solo para mover el empleo agregado.

Cachanosky considera a la construcción como el sector con más para ganar, dado que históricamente ronda entre el 50% y el 60% de empleo informal y es intensiva en mano de obra. “El abaratamiento de la registración tiene un impacto relativo mayor que en sectores más capital-intensivos”, más aún en un contexto impulsado por el crédito hipotecario UVA y la obra privada, agrega el economista.

Vargas resume: “Es más probable que el RIFL tenga más impacto en reducir costos laborales y formalizar trabajo ya existente que en generar empleo genuinamente nuevo. Su alcance va a depender del nivel de actividad económica y su evolución”.

El REM del BCRA respalda esa mirada escéptica con números concretos: la tasa desocupación se mantendría en 7,3% de la población económicamente activa en el tercer trimestre y subiría levemente a 7,4% en el cuarto.

En el plano internacional, Iván Cachanosky apunta a la guerra comercial entre Estados Unidos y China como el principal factor de incertidumbre. Una desaceleración de la demanda china -que concentra dos tercios de las importaciones globales de soja- o una caída en los precios del litio y el cobre afectaría directamente el ingreso de divisas y pondría presión sobre el programa económico.

José Vargas agrega el conflicto en Medio Oriente como otro vector de riesgo, por su impacto potencial en el precio del petróleo, las tasas de interés internacionales y el acceso al crédito externo.

En el plano doméstico, el riesgo político aparece con fuerza en el análisis de casi todos los consultados.

Osvaldo Giordano dijo a Infobae: “Es de decisiva importancia que los esfuerzos políticos no se dispersen y se concentren en sostener el proceso de reforma y que se reduzca el nivel de incertidumbre”.

Iván Cachanosky lo complementa con la experiencia reciente: el segundo semestre de 2025 mostró con claridad cómo la incertidumbre política se traslada al tipo de cambio y de ahí a los precios.

José Vargas añadió el concepto de “riesgo social, si no se recuperan el consumo, el poder de compra y el empleo”.

Martín Kalos consideró: “Para que el escenario mejore de forma estructural se necesitaría una política económica que empiece a mirar no solo la inflación -que es la prioridad absoluta del Gobierno y donde han tenido éxitos nominales- sino también la sostenibilidad social y productiva de este modelo en el mediano plazo”.

Hay noticias alrededor de Vaca Muerta todos los días. Un nuevo pico de producción, un número récord de superávit comercial energético, un anuncio de inversión. Las perspectivas para la “joya argentina” son buenas y mejoran con las dudas que crecen en el mundo sobre el negocio y la provisión de petróleo y gas a partir de un contexto bélico que se extiende.

En medio del subibaja de los precios internacionales y de anuncios y perspectivas auspiciosas, el sector energético vive momentos de cambios en Argentina, con algunas empresas que se fueron y otras, en general locales, que ingresan o vuelven al sector. Un verdadero nuevo mapa del ecosistema energético local.

Así, a la tradicional guardia de petroleros argentinos, con YPF, la familia Bulgheroni (PAE), los Mindlin (Pampa Energía), el holding que comanda Eduardo Eurnekian (CGC) y Paolo Rocca (Tecpetrol-Techint) a la cabeza, se fueron sumando otros, ya con recorrido y éxitos en sus negocios. Por caso, Miguel Galuccio (Vista Energy), Jorge Brito (Genneia y Camuzzi) y José Luis Manzano (Edenor, Phoenix y Metrogas). También nóveles del sector, como los hermanos Juan y Francisco Neuss, que junto a Rubén Cherñajovsky, Luis Galli y los ex Citibank de Inverlat formaron Edison Energía, y los estancieros Uribelarrea, al frente de MSU Energy, entre otros.

Tampoco falta la categoría de “las que llegan”, un grupo del que el gobierno de Javier Milei espera mucho más aún. Luego de la salida de gigantes como Exxon y Petronas, desde Casa Rosada celebraron el desembarco de Continental Resources, una petrolera independiente de Texas, cuyo dueño, Harold Hamm, conocido como “el rey del fracking”, es muy amigo de Donald Trump. Semanas atrás se lo pudo ver a Hamm muy sonriente en el Consulado Argentino en Nueva York, en la Argentina Week.

Lo cierto es que, de la mano de la producción de Vaca Muerta, el sector se dio vuelta y pasó de rojo a verde. En los primeros tres meses del año, sumó un saldo positivo de USD 2.405 millones, el mayor resultado histórico para un período de enero a marzo, según el Indec.

La balanza del año pasado fue “verde” en USD 7.815 millones, la cifra más alta desde que hay registros, con exportaciones de combustibles y energía por USD 11.086 millones (+12,8%, también máximo histórico) e importaciones por USD 3.271 millones (-18%). Todo de parabienes.

“Argentina va a terminar exportando un millón de barriles de petróleo diarios en unos años”. La frase la dijo Horacio Marín, CEO de YPF, la locomotora del boom, días atrás en el Auditorio Ticmas de la Feria del Libro. Marín, un ex Techint que fue jugador de tenis y llegó al cargo sin conocer a Milei, ganó notoriedad en estos dos años gracias al rumbo que impuso a la petrolera de bandera, empresa que el Presidente había asegurado en la campaña de 2023 que privatizaría, aunque se desdijo rápido.

El plan “4×4” con el que asumió Marín propone cuadruplicar el valor de YPF en cuatro años (2024-2027). Pone foco en Vaca Muerta y GNL, en vender activos convencionales, sumar eficiencia y la meta de que el país exporte más de USD 30.000 millones para 2030. Por el momento tiene éxito, y se nota. Tanto que Mauricio Macri lo recomendó públicamente a Milei para reemplazar como jefe de Gabinete a Guillermo Francos. Finalmente, fue elegido Manuel Adorni.

Con el 32% de crudo y el 27% de gas, YPF es el principal productor de hidrocarburos no convencionales (shale) del país y uno de los principales del mundo fuera de EEUU, con unos 200.000 barriles diarios. Es una empresa integrada que opera el 50% del parque de refinación del país y tiene el 55% del mercado de combustibles con casi 1.700 estaciones de servicios.

La otra petrolera integrada del mercado local –con capital 100% privado– es Pan American Energy (PAE), la empresa de los Bulgheroni. Nació en 1997 luego de la fusión de Bridas, la histórica empresa de la familia, con Amoco, luego BP. Produce más de 240.000 barriles equivalentes de petróleo por día e invierte alrededor de USD 2.000 millones anuales. En upstream, tiene producción convencional de hidrocarburos a través de Cerro Dragón, uno de los yacimientos emblemáticos del país donde también avanza con un plan piloto de USD 250 millones para evaluar el potencial no convencional de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Presidida por Alejandro Bulgheroni, y con su sobrino Marcos Bulgheroni como CEO –hijo de Carlos, quien co-lideró la compañía hasta su fallecimiento, en 2016–, la empresa también opera siete áreas en Vaca Muerta con foco en gas no convencional. En downstream, a través de Axion Energy, opera la refinería Campana y tiene una red de más de 600 estaciones de servicio que le compró a Esso en 2020. Participa del oleoducto VMOS y lidera el consorcio Southern Energy (SESA), el joint venture que promete posicionar a la Argentina como un nuevo proveedor en el mercado mundial de gas natural licuado a partir de 2027, con inversiones comprometidas por más de USD 15.000 millones en 20 años.

Entre las compañías más nuevas de la cuenca neuquina, aunque con un recorrido ya de 8 años, está Vista Energy, la empresa que fundó y preside Miguel Galuccio. Es la principal productora independiente de petróleo y el máximo exportador de crudo del país.

Desde que opera, invirtió más de 6.500 millones de dólares y la empresa hoy vale USD 7.000 millones. Produce 135.000 barriles de petróleo equivalente por día (boe/d). “Entre 2026 y 2028 vamos a invertir más de 4.500 millones de dólares. Nuestro objetivo es alcanzar una producción de 180.000 boe/d para 2028 y tenemos una visión de superar 200.000 boe/d para 2030”, aseguran. Galuccio, referente del sector, comenzó en YPF, alcanzó altos puestos globales en Schlumberger, y regresó al país para presidir la petrolera de bandera en 2012. En 2017 creó Vista bajo el lema “Energy for tomorrow”.

Otra multirubro muy activa en los últimos años es Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin que el año pasado cumplió dos décadas de existencia. Es uno de los mayores productores privados de gas y en Vaca Muerta opera varios bloques. En uno de ellos, Rincón de Aranda está invirtiendo más de USD 1.500 millones y solicitó el RIGI para ampliar esa inversión a USD 4.500 millones. Participa en transporte de gas a través de Transportadora de Gas del Sur (TGS), está dentro de los dos grandes proyectos de exportación, VMOS y Southern Energy, y tiene la mitad de Transener, la mayor transportadora de electricidad. Generación es su otro negocio.

Otras dos con fuerte presencia en el sector están dentro de grupos comandados por otros grandes empresarios argentinos, Eduardo Eurnekian y Paolo Rocca. Compañía General de Combustibles (CGC), la petrolera de Corporación América, tiene presencia en Neuquén pero, además, apunta su estrategia a la “otra” Vaca Muerta. Se trata de Palermo Aike, un yacimiento shale en Santa Cruz que está en estudio y promete mucho. Además, es socia en TGN con Techint, el holding de Rocca, cuya petrolera es Tecpetrol.

Tecpetrol, de Techint, por su parte, opera en las cuencas Neuquina y Noroeste. En 2023 superó los 24 MM M3/D de producción de gas en Fortín de Piedra, lo que se traduce en el 15% del total del país. En ese yacimiento lleva invertidos más de USD 1.300 millones en facilites y USD 3.000 millones en perforación. Perforó más de 192 pozos. Actualmente avanza en Los Toldos II Este, un desarrollo de shale oil ubicado en el hub norte de Vaca Muerta. El proyecto presenta un esquema de inversión escalonado, con una primera y segunda etapa hasta fines de 2028 y una inversión de USD 2.400 millones.

Las proyecciones de la industria indican que el país podría alcanzar exportaciones superiores a USD 41.000 millones anuales para 2035, si se cumplen una serie de condiciones vinculadas al aumento de inversiones, la estabilidad regulatoria y la competitividad internacional. Así lo detalló un informe reciente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que sostuvo que el repunte productivo experimentado tras años de déficit “podría consolidar a Argentina como un proveedor de energía a escala global, siempre y cuando se logre sostener una estrategia coordinada entre empresas, Estado y sindicatos”.

A la fecha, Argentina dispone de recursos petroleros suficientes para abastecer su demanda interna durante más de un siglo, y de reservas de gas natural capaces de cubrir el consumo local por más de dos. No obstante, la condición para explotar ese potencial y transformarse en un gran exportador reside en acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, expandir la infraestructura de licuefacción de gas natural licuado (GNL), aumentar la eficiencia operativa y atraer inversiones a gran escala.

“Hay un dato que resume bastante bien el momento del sector: en los últimos tres años la energía volvió a aportar dólares por los dos lados del balance cambiario del BCRA. No sólo por el lado comercial, con más exportaciones y menos importaciones, sino también por el lado financiero, con ingreso de capitales y financiamiento asociado a Vaca Muerta. De hecho, en 2025 el aporte neto total del sector llegó a USD 9.214 millones, el mayor valor de toda la serie, y en el primer trimestre de 2026 ya acumuló otros USD 2.674 millones”, resumió Santiago Capdevila, de la consultora Empiria.

Entre las otras “grandes” de Vaca Muerta se destacan Pluspetrol, la local que compró hace dos años los activos de la emigrada ExxonMobil. Su foco es el shale con los activos La Calera y Bajo del Choique–La Invernada. “En abril solicitamos adhesión al RIGI por una inversión de USD 12.000 millones para llegar a nuestra meta de los 100.000 barriles diarios en este activo, hito que se logrará mediante la construcción de cuatro plantas de procesamiento, infraestructura de transporte y la perforación de más de 600 pozos en un plazo de 25 años”, dicen en la empresa.

También Phoenix. Con foco en shale oil y un RIGI presentado, pertenece a Mercuria Energy Group –tiene a José Luis Manzano como accionista minoritario–, lleva invertidos unos USD 1.000 millones y planea otros USD 6.000 millones hasta 2038.

Completan la lista de las principales la recién llegada Continental Resources, del magnate americano Hamm; el gigante Chevron, pionero en Vaca Muerta, del que el Gobierno adelantó en las últimas horas que pedirá un RIGI de USD 10.000 millones; la francesa TotalEnergies que concentró activos, ya es el la principal productora privada de gas y tiene además activos renovables; y la angloholandesa Shell, que produce unos 55.000 barriles por día y opera los bloques Sierras Blancas, Cruz de Lorena, Coirón Amargo Sur Oeste y Bajada de Añelo.

“El mercado energético es uno de los sectores dinámicos de la economía argentina. Está en amplio crecimiento y eso es igual a entrada y salidas de actores“, destacó destacó en diálogo con este medio Daniel Montamat, actual consultor y ex presidente de YPF y ex secretario de Energía.

“YPF, a través del plan Andes, decidió concentrarse en lo estratégico, Vaca Muerta, y desprenderse de áreas en declino, pero aún con algo de potencial, que fueron licitadas nuevamente. Ahí aparecieron una serie de empresas medianas, muchas del área de servicios petroleros, que se constituyeron como nuevas operadoras. Van a invertir en tecnología y personal. Es importante el retorno de empresas que estuvieron vinculadas al capital nacional en materia petrolera. El convencional vuelve a tener desarrollo y es muy interesante”, destacó el experto.

El proyecto Andes parte del plan “4×4” de Marín e incluyó la salida de la empresa de lo que se consideran campos maduros de hidrocarburos convencionales. Eso dio paso a un proceso de venta de activos en diferentes provincias.

Una de las que se quedó con esas áreas es Pecom, la histórica empresa de los Pérez Companc, que volvió a ser operadora en Chubut y, además, hizo un acuerdo con Pluspetrol por otras áreas en las cuencas Neuquina y Cuyana.

También se puede contar a Crown Point, de Pablo Peralta, presidente del holding financiero Grupo ST, quien se quedó con activos de YPF en Chubut; Bentia, cuya cabeza es el ex ministro de Energía de Macri, Javier Iguacel, e Ingeniería Sima (Diego Manfio), en Neuquén; Petroleros Sudamericanos (Pablo Alberto Miedvietzky), que invirtió en áreas en Neuquén y Mendoza; Quintana Energía (Carlos Gilardone) y TSB (Claudio Urcera), en Neuquén, Río Negro y Mendoza; y Roch (Ricardo Chacra), Clear (Cristóbal López) y Patagonia Resources, de Grupo Neuss, que se quedaron con áreas de la petrolera de bandera en Santa Cruz.

Varias de las nombradas también participan en los millonarios proyectos para evacuar los hidrocarburos de Vaca Muerta.

Son el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un consorcio con casi todas las empresas del mercado, con YPF a la cabeza, para exportar petróleo; y Southern Energy (SESA), comandado por PAE, que será la punta de lanza para vender GNL al mundo. En ambos, que estarán listos entre fines de este año y el próximo, y en los ductos que vengan, estará la clave del potencial exportador de Vaca Muerta.

SESA, con más de USD 15.000 millones, es el RIGI más alto que aprobó el Ministerio de Economía hasta hoy. De los 23 proyectos con visto bueno, por un total de casi 28.000 millones, cinco son energéticos.

En el segmento eléctrico es donde mayores movimientos hubo en los últimos meses, con nuevas licitaciones y compañías que debutan en el mercado.

Entre ellas se destaca Edison Energía, que en poco tiempo se quedó con varias empresas de distribución y transmisión en Tucumán, Jujuy y el Litoral y meses atrás con dos de las hidroeléctricas del Comahue que se volvieron a licitar: Cerros Colorados y Alicurá.

Es un conglomerado del que participan los hermanos Juan y Patricio Neuss; a título personal el dueño de Newsan, Rubén Cherñajovsky y también el CEO de la empresa, Luis Galli; e Inverlat, el diversificado grupo inversor (dueño de Havanna y otros negocios) que integran los ex Citibank Guillermo Stanley, Carlos Giovanelli, Damián Pozolli y Federico Salvai, ex funcionario de Cambiemos y yerno de Stanley. Los Neuss entraron al negocio eléctrico en 2011, cuando le compraron a Inverlat su participación en Edersa, la empresa de energía de Río Negro. El año pasado buscaron a Inverlat para volver a hacer negocios, esta vez como socios, y crecer con las distribuidoras del interior –que había sido de un fondo perteneciente a la familia Frávega– y un plan para sumar más negocios.

En Edison aseguran que crecieron rápido porque invirtieron mucho (unos USD 600 millones en total hasta el momento) y pagaron más en las licitaciones. Creen que si bien hay más gas disponible para generar energía eléctrica, el sector tiene un cuello de botella grande en transporte. Calculan que son necesarios unos USD 10.000 millones de inversión sólo en ese rubro y miran la licitación de tres nuevas líneas de transporte –por un total que supera los USD 2.000 millones– y la reprivatización de hidroeléctricas provinciales. No ocultan su alineamiento con el modelo que encarna el gobierno de Milei y están atentos a lo que pase en octubre del año que viene para tomar nuevas decisiones.

Además, Edison acaba de ganar la privatización de la mitad de Transener que estaba en manos del Estado. Lo hizo en asociación con Genneia, la empresa líder en energías renovables cuyo titular es Jorge Brito, presidente de Banco Macro y ex presidente de River Plate. Brito, también accionista de Camuzzi, es uno de los grandes empresarios de “otro rubro”, el financiero, que empezaron a pisar fuerte en energía en la última década. Los nuevos socios pagaron unos USD 356 millones por la mitad de la principal transportadora de energía eléctrica del país y se convirtieron en socios de Mindlin, histórico operador de Transener.

Mindlin comanda Pampa Energía, que, además de los negocios ya mencionados, es otro de los grandes generadores del país, con nueve centrales térmicas, cinco parques eólicos, tres hidroeléctricas y 5.472 MW de capacidad instalada. También es un jugador clave en midstream, transporte de gas, con TGS, que opera el gasoducto Perito Moreno (ex GPNK), tiene más de 9.200 kilómetros de ductos que atraviesan siete provincias y acaba de anunciar una inversión de USD 3.000 millones para un proyecto de procesamiento de líquidos del gas natural.

El otro gran jugador en transporte de gas es TGN, que controlan Techint y CGC, la petrolera de Corporación América, cuyo CEO es Hugo Eurnekian, sobrino del presidente del holding, Eduardo Eurnekian.

Siguiendo con las generadoras eléctricas, otra de las nuevas es MSU Energy, que tiene como cabeza a Manuel Santos Uribelarrea, integrante de una familia del agro (alguna vez se lo mencionó como “el príncipe de la soja”, en comparación con Gustavo Grobocopatel) que ahora controla tres centrales térmicas y acaba de quedarse con la operación de la hidroeléctrica El Chocón.

Se destacan en el rubro también Central Puerto, cuyos dueños son los Miguens-Bemberg y Eduardo Escasany, accionista de Grupo Financiero Galicia, la estadounidense AES, con presencia local desde 1993 y una capacidad instalada de más de 3 GW; Grupo Albanesi, la empresa que comanda Armando “Tate” Loson, que por medio de Generación Mediterránea controla 10 centrales termoeléctricas; e YPF Luz, el brazo generador de la petrolera que ya produce el 10 % de la energía eléctrica del país.

Entre las empresas que distribuyen energía están Edenor, de Daniel Vila, Manzano y Mauricio Filiberti, con 3,4 millones de clientes en el AMBA, y el otro grande de la zona, Edesur, controlada por la italiana Enel, que en un momento amagó con salir del país, decisión que luego descartó. Si bien siempre hay rumores sobre venta, en el sector, y por lo bajo, destacan la mejora en los indicadores de gestión que alcanzó Edesur en los últimos meses.

Otro peso pesado del segmento es Grupo Desa, de Rogelio Pagano, que controla distribuidoras en Buenos Aires (La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata y norte de la provincia) y Salta.

En distribución de gas se destacan Camuzzi, de Alejandro Macfarlane, Fabrizzio Garillo y Brito; la española Naturgy y Metrogas. El sector está pendiente con el futuro de la empresa que opera en AMBA y es la más grande del rubro. YPF venderá el 70% de las acciones que tiene de Metrogas y hay varios interesados, entre ellos Manzano, que ya es accionista minoritario de la compañía.

Por estas horas, Manzano –que como se dijo es accionista en Phoenix, Edenor y Metrogas– es uno de los mencionados para quedarse también, por medio de Integra Capitals y con su socio suizo Mercuria Energy, con las estaciones de servicio Shell y la refinería de Dock Sud (activos separados de las inversiones de Shell en Vaca Muerta). Se trata de un negocio en manos de Raizen, un consorcio entre la petrolera holandesa y la brasileña Cosán, cuyo valor de mercado ronda los USD 1.200 millones.

La venta de combustibles es un negocio que domina YPF, con el 60% del mercado, y donde también se destaca Axion Energy, de PAE. El otro surtidor entre los principales del segmento es Puma, de Trafigura.

Según Capdevila, de Empiria, fue una buena señal del Gobierno extender el RIGI a proyectos de petróleo y gas. “Pero para que eso no sea sólo una buena foto de coyuntura, también es importante no repetir errores del pasado. Si Argentina quiere que el petróleo y el gas sean una fuente sostenida de divisas, el precio interno tiene que estar razonablemente alineado con el export parity. Cada vez que se desacopla artificialmente para pisar precios en el corto plazo, se distorsionan los incentivos para invertir, producir y exportar. Y el costo después suele aparecer en menos producción, más importaciones o menor ingreso de dólares”, dijo el economista especializado en energía.

Los capitanes de la industria petrolera vernácula hacen cálculos y ven como los números ya demuestran que la promesa es una realidad para el sector, pero tienen un ojo y medio puesto en la coyuntura. Si bien están al frente de proyectos de muy largo plazo, como repiten a coro, que están sustentados por las reservas hidrocarburíferas y lo que prometen Vaca Muerta y otros yacimientos, lo que pasa en la Casa Rosada también pesa, aunque sean rencillas de vuelo corto.

Miran la macro y los incentivos para invertir que este Gobierno inauguró, amplió y ahora promete extender a otros sectores, con el anunciado súper RIGI. Exigen reglas claras y estabilidad, pero miran a la política muy atentos y no son ajenos al ruido que genera. La continuidad del rumbo es, hoy por hoy, el foco de las conversaciones entre los dueños de la energía argentina. De los “viejos”, los nuevos y los que vendrán.

La Ciudad de Buenos Aires dio la nota esta semana al colocar un bono a diez años en el mercado internacional por USD 500 millones. a una tasa de 7,37% anual, la más baja de su historia. Además, recibió propuestas por más de USD 3.000 millones, de los cuales el 80% correspondió a inversores internacionales y solo 20% a inversores argentinos.

Tras la exitosa emisión, el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo, contó detalles de las reuniones previas a la colocación en Nueva York: “Vimos en total a 46 fondos de inversión distintos. Prácticamente recibimos la misma inquietud de todos, que pasa por las dudas sobre el rumbo que tomará Argentina luego de las elecciones del 2027. Nadie quiere que tengamos de vuelta una marcha atrás”.

La agenda electoral pasó a un primer plano, pero no tiene que ver solo con un tema de ansiedad de los inversores. La caída de los Índices de Confianza en el Gobierno, la caída del poder de compra y escándalos como el que hace ya dos meses jaquea a Manuel Adorni, están impactando en la fortaleza del Presidente y su proyección electoral.

Este escenario de incertidumbre provoca que el mercado tome sus recaudos. Uno de los más visibles pasa por un riesgo país que se resiste a bajar de los 500 puntos básicos. Los más de USD 7.000 millones comprados por el Central en lo que va de 2026 o el financiamiento que ahora está consiguiendo el Tesoro a través de la emisión de Bonares en dólares no parece ser suficiente para convencer a los inversores. Aún a pesar de que el año pasado se pedía de manera insistente que el Central empiece a comprar.

La calificadora Fitch, que elevó la nota de la deuda argentina a B- esta semana, calculó que las reservas brutas del Central pegarán un salto desde los casi USD 46.000 millones actuales a poco más de USD 52.000 millones para fin de año. Tampoco parece ser un dato suficiente para convencer a los inversores a apostar por la deuda argentina, pese a que gradualmente mejora la capacidad de pago del Gobierno.

La diferencia de rendimientos entre el Bonar 2027 y el Bonar 2028 es un claro ejemplo de las dudas que surgen en relación al proceso electoral que atravesará la Argentina el año próximo. Mientras que el rendimiento del primero es de solo 5,1% anual en dólares, solo un año después salta al 8,7% anual. La diferencia pasa por las elecciones y la posibilidad de un recambio de signo político.

El vicepresidente de Moodys para América Latina y encargado de la calificación argentina, Jaime Reusche, pasó esta semana por Buenos Aires y dejó una definición sugestiva: ”Este gobierno hizo un ajuste mucho más importante que el de Mauricio Macri. Sin embargo, la nota hoy está dos escalones por debajo que aquella vez porque nosotros también somos más cautelosos y no nos queremos apurar”.

No obstante, también dejó trascender que en dos semanas comenzará formalmente el proceso de revisión de la nota y que habrá una definición “antes de julio”. Lo más probable es que la decisión sea a un mejora que siga los mismos pasos de Fitch.

Luis “Toto” Caputo también se refirió a la reticencia de los mercados por redoblar la apuesta en Argentina: “Sigue pesando el riesgo kuka. Para mí se equivocan, porque no hay ninguna posibilidad de que vuelvan”, aseguró en referencia al kirchnerismo.

En la oposición, sin embargo, empiezan a moverse de cara al 2027. En ese marco hay que entender la presentación de Axel Kicillof en la Feria del Libro tras el viaje por Europa. No parece una casualidad que su flamante libro “De Smith a Keynes” tenga en su título nada menos que Adam Smith, el padre de la libertad de mercado pero al mismo tiempo también las políticas keynesianas, que aluden a una mayor presencia del Estado para reactivar la economía.

El gobernador bonaerense tendrá un arduo recorrido para llegar a las elecciones. Primero, necesita llegar como candidato de unidad del peronismo y kirchnerismo. Pero luego tiene un desafío enorme: convencer a los mercados que no se repetirá la fallida experiencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en 2019.

La victoria de aquella fórmula presidencial provocó una caída récord de la Bolsa y de los bonos. A los pocos meses el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya avanzaba con una nueva renegociación de la deuda en dólares.

Kicillof, si quiere asegurar gobernabilidad en caso de una victoria presidencial, deberá convencer a Wall Street que está convencido de mantener el superávit fiscal y que la deuda debe ser honrada. El dilema es cómo hacer campaña para asegurarse al electorado pero al mismo tiempo no espantar a los inversores. Le juega en contra la historia de cepos, default, cierre de la economía y brecha cambiaria que acompañó a las distintas gestiones kirchneristas.

Claro que todavía queda mucho por andar hasta llegar a las elecciones del año que viene. Los tiempos se aceleran, sin embargo, porque el Gobierno no tendría los votos para eliminar las PASO. Por lo tanto, el calendario electoral está mucho más cerca de lo que parece.

La marcha de la economía será fundamental para que se detenga el deterioro de los últimos meses que sufrió la imagen de Milei.

El jueves se conocerá el dato de inflación de abril, que arrojará una disminución por primera vez en diez meses. Este descenso continuaría en los próximos meses y según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) se perforaría el 2% en agosto. El descenso de la inflación es clave para que empiece a repuntar el poder adquisitivo, luego de muchos meses de deterioro.

La liquidación de la cosecha gruesa traerá una lluvia de dólares en la próxima semana, lo que le permitirá al Central acelerar la compra de divisas y acumular reservas. La gran pregunta es hasta qué punto habrá un efecto derrame por ejemplo en los grandes centros urbanos.

La industria y la construcción arrojaron un interesante rebote luego de la caída de febrero. Pero por ahora no parece una tendencia firme. Los datos adelantados de abril sugieren que no logró mantenerse el envión y que se trata de sectores más bien amesetados.

Otra variable que juega a favor es la baja de la tasa de interés, sobre todo para el financiamiento de capital de trabajo de las PYMES. Hoy el descuento de cheques ya se está haciendo a tasas del 27% anual, muy lejos del 70% y hasta 80% del año pasado. Esto debería servir como efecto dinamizador para las empresas.

La economía de los próximos meses proyecta más crecimiento pero que seguirá concentrado en sectores que no generan mucha mano de obra, como el agro o la energía. Además, el dólar se mantendrá tranquilo aunque podría empezar a subir en el segundo semestre, mientras que la inflación se proyecta en baja en forma gradual.

Todavía la incertidumbre se proyecta en la situación de los grandes centros urbanos, especialmente el Conurbano, más afectado por el cierre de fábricas e ingresos deprimidos. Se trata de un amplio segmento de la población que eventualmente puede definir el resultado de las elecciones del año próximo.