POLITICA
La crisis del PAMI multiplica los gastos de las provincias y pone en guardia a los gobernadores
CÓRDOBA.- Las deudas que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) acumula con la mayoría de las administraciones provinciales es un punto más de fricción entre los gobernadores y la Casa Rosada. Dos son los mandatarios que reclamaron abiertamente en los últimos días, el tucumano Osvaldo Jaldo y el cordobés Martín Llaryora; se sumaron a los que había realizado Neuquén el año pasado y que, según confirmaron desde la administración de Rolando Figueroa, sigue sin resolverse.
Los planteos se relacionan con el hecho de que los jubilados nacionales que no reciben atención en el PAMI terminan siendo atendidos en los sistemas públicos provinciales, que empiezan a saturarse. La misma situación se da con los municipios.
“Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga”, dijo el lunes pasado Jaldo, y recordó que la mayor obra social de la Argentina (5,4 millones de afiliados, incluyendo los veteranos de Malvinas) le debe a la provincia $50.000 millones. “No se escondan más, pongan la cara y los recursos”, planteó Llaryora.
En el caso de Córdoba, fuentes oficiales provinciales estiman en $9000 millones la deuda acumulada con municipios en medicamentos de alto costo. La provincia calcula que PAMI le debe entre $1700 millones y $1800 millones mensuales desde octubre.
Desde el PAMI, sin dar detalles, indicaron a este diario que ya “se empezaron a normalizar los pagos” y que los “primeros impactos ya se ven. La decisión es regularizar en el corto plazo y garantizar previsibilidad en el sistema”. No dieron cifras de cuánto dinero les había habilitado el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque se barajó que fueron $150.000 millones, lo que cubre apenas una parte de las necesidades
El escenario se repite en distintas provincias. Por ejemplo, en Santa Fe, Virginia Coudannes, vocera del gobierno de Maximiliano Pullaro, señaló que “el sistema público santafesino está absorbiendo una demanda cada vez mayor. Los afiliados al PAMI representan el 25% de los pacientes con cobertura que se atienden en hospitales y centros de salud de la provincia”.
En Misiones se visualiza un traslado masivo de pacientes del PAMI al sector público de salud que supera el 30%. En Neuquén es más grave aún: dos de cada tres beneficiarios de PAMI en la provincia se atienden en el sistema público. De aproximadamente 69.000 afiliados que PAMI tiene en la región, 43.473 son usuarios activos del sistema público, según estadísticas oficiales.
“Nosotros estamos sosteniendo al PAMI en San Juan”, dijo el ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez. A su vez, detalló que “el 80% de las cirugías de cadera en el Hospital Rawson corresponden a afiliados de PAMI” y advirtió que esta situación está saturando los hospitales públicos.
En Mendoza se atiborra el sistema público por la falta de turnos en las clínicas que atienden PAMI. “Lo ideal sería que quienes tienen la cápita de PAMI den respuestas”, señalan desde Salud de la provincia, remarcando que el Estado provincial está financiando y atendiendo una responsabilidad que corresponde a la obra social nacional, tensionando al máximo los recursos humanos y materiales de los hospitales públicos.
Marcelo Manera –
En Tucumán se reitera el mismo problema. De acuerdo a lo informado por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, todos los días los hospitales provinciales absorben más de un centenar de internaciones correspondientes al PAMI. El funcionario detalló que la deuda también contempla estudios, cirugías y atención ambulatoria. Tucumán está reclamando $35.000 millones a la Nación.
En el PAMI insisten que la situación no es tan grave. “No creo que tengamos un momento de crisis. Llevo 20 años en la institución y ha habido situaciones mucho más difíciles que la que podemos tener ahora”, afirmó Esteban Leguízamo, director ejecutivo de la obra social. “Quiero llevar tranquilidad a todos nuestros afiliados de que no hay corte de servicios y que la prestación sigue en forma normal”, afirmó.
En el Congreso hay varios pedidos de informes sobre la situación del PAMI, tema que solicitan que se integre al informe de gestión que el 29 de este mes debe realizar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En las últimas semanas, la obra social quedó en el centro de las noticias por los reclamos de los gobernadores, los prestadores (sostienen que la deuda acumulada es de $500.000 millones) y un paro de 72 horas de los médicos de cabecera en rechazo a un recorte de sus ingresos, quienes fueron apoyados por los jubilados que se reunieron frente a algunas delegaciones provinciales.
Cuando la tensión empezó a crecer, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se despegó del conflicto. A través de sus redes sociales, aclaró “competencias institucionales, Discapacidad y PAMI dependen del Ministerio de Salud“. En paralelo, el titular de esa cartera, Mario Lugones, negociaba con Luis Caputo fondos para calmar los ánimos.
Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación sobre la variación real interanual del gasto público en el primer trimestre muestran que los fondos para las prestaciones del PAMI se contrajeron 41,3%. El instituto tiene asignado este año $10,17 billones. “Si bien cuenta con el doble de recursos por afiliado que otras obras sociales, el gasto es cuatro veces más” por la característica de los adultos mayores, explica a el economista Jorge Colina, de Idesa, quien resalta que hoy el instituto equivale a 1% del PBI.
Este año, por afiliado cuenta con unos $160.000 mensuales. La distribución del gasto es alrededor de 40% para prestadores, 38% para medicamentos, 5% para insumos médicos, 2% para discapacidad, 4% para geriatría, 1% para asistencia social, 3% para prestadores propios y 7% para administración.
“Hay un desfinanciamiento estructural, lo que sumado a las fallas de gestión genera un combo muy complicado. El problema se irá profundizando por el envejecimiento poblacional”, agrega Colina.
Precisa que, en los países con obras sociales −como Alemania u Holanda− el jubilado se queda en la misma entidad que lo cubría cuando estaba en actividad, que ya lo tiene proyectado actuarialmente a ese mayor gasto. “En la Argentina el sistema es perverso porque a los 65 años, las obras sociales se desentienden”, define.
Como el 28% de la recaudación del impuesto PAIS iba al PAMI, su desaparición el 23 de diciembre de 2024 (tras cinco años de vigencia) golpeó directamente el financiamiento. “El Tesoro debe girar ese dinero −dice Graciela Ocaña, quien fuera directora del PAMI entre 2004 y 2007−. En 2025 lo cubrió con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no se distribuyeron entre las provincias. En 2026 hay un recorte y, además, en una economía donde se pierde empleo en blanco, estamos en el peor de los mundos. Luis Caputo decidió poner en las espaldas de las personas mayores el recorte”.
Para el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, una crisis “de esta dimensión es un proceso que veníamos advirtiendo hace meses. Se lo avisé a las autoridades del PAMI. Íbamos viendo flaquear las prestaciones en el interior, donde abundan copagos, se caen clínicas porque no tienen espaldas financieras, se atrasan internaciones y en los geriátricos la lista de espera es interminable. Está afectadas todas las prestaciones”.
Coincide con Colina y Ocaña en que la obra social ha sido, históricamente, “una caja de la política” y apunta que de los problemas “no se sale con poca plata sino con estrategia. Los jubilados pasan por todo, la larguísima crisis entre 1995 y el 2001, después fue el hackeo de agosto del 2023 del que (hasta el día de hoy) no sabemos nada. Es muy doloroso, la gente sufre, no le alcanza ni para pagar medicamentos con descuentos”.
Los jubilados reclaman por esperas de meses para lograr estudios médicos o atención de especialistas y se quejan de los “cupos” que hay en la actualidad, tanto a nivel individual como de los prestadores. Desde el PAMI insisten en que hay “un endurecimiento de los controles porque se detectaron irregularidades y sobreprestaciones”.
Indican que ahora los centros solo pueden dar turnos en función de su capacidad prestacional declarada y que, desde febrero, existen centros de referencia para el primer y segundo nivel de atención (prácticas de cardiología, traumatología, oftalmología, diagnóstico por imágenes, estudios avanzados, consultas con especialistas).
Ocaña no duda de que existen irregularidades pero sostiene que lo mejor sería adoptar a una modalidad de pago que no sea por prestación, sino un sistema híbrido como el que se aplicó en su gestión. “Combinar la cápita con un incentivo al prestador −precisa−. Pero para el capitado hay que tomar las tasas de uso reales de las personas mayores y a valores normales de mercado y que el Tesoro ponga lo que debe poner”. Plantea que al aplicarse cupos en las prestaciones “se las convierte en una suerte de cápita. Ese cupo se va reduciendo y entonces empeora todo. Hay que controlar los fraudes pero no puede ser que paguen el costo los jubilados”.
En el caso de los médicos de cabera que cobran por cápita, el PAMI resolvió aumentarla de $900 a $2100 pero eliminarle los adicionales con los que llegaban a unos $5500. “Les asignan entre 800 y 1000 jubilados a cada profesional, una cantidad que no pueden atender. No deberían tener más de 300, pero entonces el instituto debería gastar más. Como no dispone de recursos, les da más pacientes. Una cifra imposible”, afirma Semino.
Y agrega: “Cuando no tenemos médico de cabecera no tenemos entrada al sistema, porque son ellos los que deben derivar. Para los médicos es una changa; en muchos casos los jubilados conocen más a la secretaria que al médico porque son las que se encargan de las recetas. Tampoco se hace prevención, el gran negocio es la enfermedad, no la salud”.
quedó en el centro de las noticias,el hackeo de agosto del 2023,Gabriela Origlia,Daniel Santa Cruz,PAMI,Luis Caputo,Conforme a,PAMI,,Análisis. Una batalla de fondo entre poder y lobby,,“Hoy, el PAMI está pagando”. La defensa del Gobierno ante el paro de médicos de cabecera de la obra social de jubilados,,La crisis del PAMI. Deuda millonaria, cortocircuitos en el Gobierno y un conflicto gremial que podría extenderse
POLITICA
Alerta en la Justicia Electoral por la posibilidad de que PBA y CABA voten el mismo día con distintos sistemas
La posibilidad de que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) realicen sus elecciones locales el mismo día que las presidenciales de 2027 encendió las alarmas en la Justicia Electoral Nacional. La preocupación se concentra en las dificultades de podría representar organizar comicios concurrentes en los dos distritos que, en conjunto, reúnen casi la mitad del padrón argentino y obligarían a millones de ciudadanos a usar dos sistemas distintos para elegir autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Según pudo saber Infobae, en la Justicia Electoral Nacional consideran que una eventual concurrencia supondría un desafío operativo de una magnitud muy superior a las experiencias conocidas hasta ahora. Las dificultades abarcarían los mecanismos de votación, la distribución y custodia del material electoral, la cantidad de urnas, la seguridad de los establecimientos, la capacitación de las autoridades y los procedimientos de escrutinio.
El peso electoral de ambas jurisdicciones explica la inquietud. En las elecciones nacionales de octubre de 2025, la provincia de Buenos Aires tenía 13.353.974 ciudadanos habilitados para votar, el 37,1% del padrón argentino. La Capital registraba otros 2.520.249 electores, cerca del 7%. En conjunto, reunían 15.874.223 votantes, el 44,1% de los 35.987.634 ciudadanos habilitados en todo el país.
Pero el universo que deberían administrar las autoridades electorales sería aún mayor, ya que los padrones locales incluyen a extranjeros residentes. Ellos pueden elegir autoridades provinciales, municipales o porteñas, aunque no participan de las elecciones presidenciales ni legislativas nacionales.
En las elecciones bonaerenses de septiembre de 2025, el padrón provincial llegó a 14.376.592 electores, entre ellos 1.015.233 extranjeros. En la Ciudad, los comicios locales de mayo tuvieron 3.040.316 personas habilitadas, de las cuales 524.040 eran extranjeras. Las diferencias menores entre los registros de argentinos de cada jurisdicción y los padrones nacionales se explican porque fueron confeccionados para elecciones celebradas en fechas distintas.
La concurrencia en PBA y CABA obligaría a administrar dos sistemas de votación
La principal inquietud de los jueces electorales nacionales es que semejante cantidad de votantes deba atravesar dos procedimientos electorales diferentes en una misma jornada. Para elegir presidente, vicepresidente, diputados y, en los distritos que corresponda, senadores nacionales, se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), estrenada en las legislativas de 2025.
En Buenos Aires, si no cambia la legislación vigente, gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares serán elegidos mediante el sistema tradicional de boletas partidarias. En la Ciudad, para jefe y vicejefe de Gobierno, legisladores y miembros de las juntas comunales, se utilizaría la Boleta Única Electrónica si se mantiene el mecanismo de los últimos comicios locales.
Dos sistemas de emisión del sufragio, procedimientos distintos y urnas separadas. La eventual concurrencia también exigiría espacios diferenciados de votación, una resolución sobre la circulación de los electores y la coordinación de las tareas de autoridades nacionales y locales.
El operativo podría requerir cerca de 96.000 urnas entre Buenos Aires y la Ciudad
La preocupación tiene una dimensión material que los responsables de la organización electoral consideran especialmente sensible. En los comicios nacionales de octubre de 2025, Buenos Aires tuvo 38.760 mesas distribuidas en 6.487 establecimientos. En las elecciones provinciales de septiembre se habilitaron 41.189 mesas, incluidas 2.401 para extranjeros, en 6.934 establecimientos.
Si ambas estructuras se tomaran como referencia y se mantuviera una urna por mesa para cada jurisdicción, el operativo bonaerense podría involucrar un despliegue cercano a las 80.000 urnas. No es una previsión oficial para 2027: la cifra definitiva dependerá de la distribución de las mesas y de la organización de los circuitos de votación.
En la Capital, las elecciones nacionales de octubre de 2025 requirieron 7.284 mesas, mientras que las locales de mayo habían utilizado 8.825, incluidas las destinadas a extranjeros. La suma de ambas estructuras permite proyectar una referencia de aproximadamente 16.000 urnas.
Hay una particularidad relevante: en la Ciudad, las máquinas electrónicas no reemplazan a las urnas. Los ciudadanos usan los dispositivos para emitir e imprimir sus boletas y luego las depositan físicamente en una urna. En mayo de 2025 se dispusieron alrededor de 14.000 dispositivos electrónicos, además de las mesas receptoras.
La combinación de las estructuras utilizadas en Buenos Aires y CABA durante 2025 permite dimensionar un operativo potencial de cerca de 96.000 urnas, aunque ese número es solo una referencia logística y no una estimación definitiva de los materiales necesarios.
Para la Justicia Electoral Nacional, el problema también alcanza a la seguridad. Habría que coordinar el traslado, la custodia y la distribución de materiales de distintas jurisdicciones, con documentación electoral diferenciada y procedimientos propios para el cierre de mesas y el escrutinio.
En la provincia, el despliegue abarcaría los 135 municipios y miles de establecimientos. En la Ciudad se sumaría la instalación y el funcionamiento de las máquinas electrónicas, con soporte técnico y procedimientos específicos de control.
La organización requeriría coordinación entre la Justicia Electoral Nacional, las autoridades locales, la Dirección Nacional Electoral, el Correo Argentino y las fuerzas que integran el Comando General Electoral. El eventual aumento de urnas y materiales también tendría consecuencias sobre los espacios disponibles, los traslados y las tareas posteriores al cierre de la votación.
En la Justicia Electoral consideran que la duplicación de procedimientos podría extender los tiempos de votación y multiplicar las exigencias operativas, en especial si las mismas autoridades deben administrar dos sistemas diferentes.
Kicillof y Jorge Macri deben definir sus calendarios y la definición de las PASO
La advertencia judicial se produce mientras los gobiernos bonaerense y porteño todavía evalúan sus respectivos calendarios.
Infobae reveló el jueves que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, analiza realizar las elecciones provinciales en la misma fecha que las nacionales si el gobierno de Javier Milei no consigue suspender las PASO. La alternativa está ligada a las negociaciones internas del peronismo y a la posibilidad de utilizar las primarias para resolver las candidaturas presidenciales y la sucesión del gobernador.
Kicillof decidió desdoblar las elecciones legislativas de 2025, una medida que provocó tensiones con el kirchnerismo. Para 2027, sin embargo, enfrenta una condición legal relevante: el artículo 2 de la Ley bonaerense 14.086 establece que, cuando el Gobierno nacional convoque a elecciones primarias, las PASO provinciales deberán realizarse el mismo día.
Esa obligación alcanza a las primarias, no a las elecciones generales. La fecha de los comicios provinciales definitivos es una facultad del gobernador, dentro del marco legal vigente. Si se mantienen las PASO nacionales, las bonaerenses deberán coincidir, salvo una modificación legislativa. Si las nacionales se suspenden, las primarias provinciales no desaparecen de manera automática y Buenos Aires deberá resolver su situación a través de su propia legislación.
En la Ciudad, fuentes del gobierno del jefe de Gobierno, Jorge Macri, tampoco descartaron en diálogo con Infobae la posibilidad de realizar las elecciones porteñas el mismo día que las presidenciales. Según explicaron fuentes cercanas al oficialismo, la definición política sobre el calendario se adoptaría entre febrero y marzo de 2027.
Para entonces también debería estar más claro si el PRO y La Libertad Avanza alcanzan un acuerdo electoral o compiten por la conducción de la Capital. El partido fundado por Mauricio Macri gobierna la Ciudad desde diciembre de 2007 y el año próximo cumplirá dos décadas consecutivas al frente del distrito.
La decisión sobre la fecha corresponde al jefe de Gobierno, aunque la legislación porteña exige convocar formalmente a las elecciones generales con una anticipación mínima de 185 días.
La posibilidad de realizar elecciones concurrentes en la Capital tiene un antecedente que todavía está presente en la Justicia Electoral.
En las PASO del 13 de agosto de 2023, los porteños votaron en los mismos establecimientos y el mismo domingo para cargos nacionales, con boletas partidarias tradicionales, y locales, con máquinas de votación electrónica. Las fallas de los dispositivos, las demoras y las extensas filas generaron fuertes cuestionamientos de la jueza federal María Romilda Servini y motivaron la intervención de la Cámara Nacional Electoral.
En las generales del 22 de octubre de ese año también coincidieron las elecciones nacionales y porteñas, pero se modificó el procedimiento: se abandonó el sistema electrónico y se usaron boletas partidarias de papel para ambas jurisdicciones, depositadas en una misma urna.
Si Jorge Macri decide convocar a elecciones concurrentes en 2027 y mantiene el voto electrónico local, volverían a coexistir dos mecanismos diferentes, aunque esta vez la elección nacional se realizaría con Boleta Única de Papel.
Otro antecedente se registró en Santiago del Estero, donde en octubre de 2025 se eligieron cargos nacionales con BUP y autoridades provinciales mediante boletas partidarias. Para administrar la concurrencia se amplió de manera considerable la infraestructura electoral, con más establecimientos, mesas y urnas, además de un refuerzo de las tareas de organización.
La experiencia permitió completar los comicios, pero en la Justicia Electoral Nacional entienden que su aplicación a Buenos Aires y CABA implicaría un desafío muy diferente, por la cantidad de electores y la magnitud del operativo requerido.
Mientras Buenos Aires y la Capital mantienen abiertas sus definiciones, la mayoría de las provincias se orienta hacia un calendario separado de las elecciones presidenciales.
Tucumán y Santa Fe son los dos distritos que ya tienen fechas anunciadas para sus comicios locales. El gobernador Osvaldo Jaldo fijó el 9 de mayo de 2027 para las elecciones tucumanas. Maximiliano Pullaro anticipó que las PASO santafesinas se realizarán el 18 de abril y las generales el 13 de junio, aunque aún resta formalizar la convocatoria.
Otros gobernadores también comunicaron decisiones o intenciones de separar las elecciones. Gustavo Sáenz, en Salta, trabaja sobre una votación en mayo; Hugo Passalacqua, en Misiones, prevé convocar durante el primer semestre; e Ignacio Torres, en Chubut, anticipó que los comicios provinciales se realizarán en una fecha distinta de la nacional, aunque todavía no precisó el día.
En Corrientes, Juan Pablo Valdés se inclina por separar las elecciones legislativas provinciales. Alberto Weretilneck, en Río Negro, también anticipó ese camino, mientras que Rolando Figueroa, en Neuquén, contempla mantener un calendario propio. Alfredo Cornejo, en Mendoza, trabaja con las fechas establecidas por el régimen provincial.
Chaco y Tierra del Fuego presentan condicionamientos legales que llevan sus elecciones locales a fechas diferentes de la presidencial. Jujuy también se encamina hacia un desdoblamiento, mientras que Entre Ríos, Córdoba y San Juan continúan evaluando sus alternativas.
Las situaciones no son idénticas: algunas provincias anunciaron decisiones políticas, otras tienen fechas previstas y unas pocas formalizaron sus convocatorias. Pero la tendencia predominante es separar las disputas provinciales de las nacionales.
Catamarca constituye, hasta ahora, la excepción más clara. El gobernador Raúl Jalil confirmó que las elecciones provinciales de 2027 coincidirán con las nacionales del 24 de octubre y comunicó su decisión al Gobierno nacional.
La preocupación por las elecciones concurrentes coincide con otra definición pendiente que también condiciona la organización de los comicios presidenciales: la eliminación o suspensión de las PASO nacionales.
El gobierno de Javier Milei mantiene ese objetivo entre sus prioridades legislativas, pero todavía no consiguió garantizar los votos necesarios en el Congreso. Las negociaciones con gobernadores y bloques aliados continúan abiertas, mientras distintos sectores de la oposición defienden la continuidad de las primarias.
La Cámara Nacional Electoral ya advirtió sobre la necesidad de aprobar las modificaciones al régimen electoral con suficiente anticipación. En la Justicia Electoral Nacional consideran que la definición debería producirse antes del 31 de diciembre de este año, para poder organizar el cronograma de 2027 con reglas claras.
La posición responde a las exigencias de planificación de una elección presidencial: padrones, contratación de servicios, adquisición de materiales, capacitación, distribución de establecimientos, autoridades de mesa y procedimientos de escrutinio.
En el Gobierno, sin embargo, existe una interpretación distinta. La Casa Rosada considera que, si finalmente se suspenden las PASO, una aprobación durante las sesiones extraordinarias de febrero no debería afectar de manera sustancial los tiempos disponibles para organizar la elección general.
El argumento oficial es que, al eliminarse un turno electoral, podrían desplazarse aproximadamente tres meses los principales plazos del calendario. Desde esa perspectiva, aprobar la suspensión en diciembre o febrero permitiría conservar un margen operativo similar para preparar los comicios de octubre.
La Justicia Electoral observa el asunto desde otra perspectiva. Para los responsables de administrar las elecciones, la previsibilidad del marco legal es indispensable, sobre todo si se incorporan de manera simultánea nuevos desafíos de organización en los distritos de mayor peso electoral.
El escenario reúne, por lo tanto, decisiones aún abiertas: el Congreso deberá resolver qué ocurrirá con las PASO; Kicillof tendrá que definir el calendario bonaerense, condicionado por la legislación provincial; y Jorge Macri deberá decidir si convoca a las elecciones porteñas junto con las presidenciales.
La preocupación central de la Justicia Electoral Nacional es que esa combinación de definiciones políticas traslade una complejidad extraordinaria a la organización de los comicios. Dos distritos que concentran el 44% del electorado, sistemas diferentes, decenas de miles de urnas, dispositivos electrónicos y un operativo de seguridad y logística de enorme magnitud: ese es el escenario que comenzó a encender las alarmas cuando todavía falta un año para elegir al próximo presidente.
POLITICA
La UCR y el Frente Renovador condenaron los ataques de Milei a periodistas: “Pasó todos los límites”
La Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Renovador se sumaron al repudio por los dichos de Javier Milei contra periodistas. “Pasó todos los límites”, denunció el radicalismo. “Se trata de hechos de enorme gravedad institucional. Los agravios presidenciales se volvieron cotidianos y nunca pueden naturalizarse”, advirtió el partido. El espacio presidido por Diego Giuliano, en tanto, advirtió: “La hoguera no es una metáfora inocente. Es uno de los símbolos más brutales de la persecución religiosa, política e ideológica”.
Los textos difundidos este domingo aludieron a los insultos y agravios que el mandatario dirigió en las últimas horas contra periodistas que cubrieron el caso $LIBRA y legisladores que integraron la comisión investigadora. Durante un discurso en la Fundación Faro (dirigida por el intelectual y militante Agustín Laje), Milei afirmó que quienes consideraba responsables de difundir información falsa “se tienen que quemar en la hoguera” y los calificó de “hijos de puta”.
“Lejos de retractarse, el sábado [un día después de esas primeras declaraciones], el Presidente amplificó sus agresiones en Radio Mitre y en sus redes sociales, donde llegó a comparar a esos mismos periodistas con materia fecal”, prosiguió el comunicado de la UCR. “Los ataques a la libertad de expresión mutaron hacia la violencia política e incluso cruzaron la frontera de la política interna”, advirtieron.
“Así como lo hicimos en los años 90 frente al menemismo y sus ataques al periodismo que denunciaba la corrupción, y durante el kirchnerismo frente a las campañas que promovían romper diarios en la Casa Rosada, la UCR exige al presidente de la Nación que cese de inmediato con sus ataques contra la libertad de expresión”, reclamó el partido.
Por último, convocó a los sectores políticos, sociales, empresariales, sindicales, estudiantiles y religiosos a sumarse al reclamo, con una cita de Mariano Moreno: “Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila”.
El Frente Renovador también repudió las declaraciones del presidente Milei. El partido remarcó que “las palabras del jefe de Estado implican una responsabilidad institucional que no puede desconocerse y que no deben interpretarse solamente como un exceso verbal”.
En el documento, el Frente Renovador manifestó su solidaridad con Natalia Volosin, Hugo Alconada Mon, Paulino Rodrigues, Carlos Pagni y Luis Novaresio, quienes, según señaló, fueron mencionados públicamente por el Presidente. “La Argentina recuperó la democracia para dejar atrás la persecución, la violencia política y la intolerancia”, señaló el comunicado, y concluyó: “La hoguera pertenece a la historia de la intolerancia. La libertad de expresión pertenece al presente y al futuro de nuestra democracia”.
La Academia Nacional de Periodismo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), intelectuales y dirigentes de todo el arco opositor ya habían condenado previamente los dichos que el presidente Milei pronunció.
Adepa rechazó la reacción del presidente ante el sobreseimiento dictado en la causa $LIBRA. En un tuit habló de una “escalada” de este tipo de agravios. “La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica”, agregó.
La Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado en el que da cuenta de las repetidas veces en las que Milei insulta a periodistas, “además de las recientes amenazas de muerte”. El texto remarca que la “violencia institucional afecta a la democracia”.
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POLITICA
El Gobierno cambia de estrategia y buscará revertir en Diputados los cambios que introdujo el Senado a la reforma del BCRA
El Gobierno cambió de estrategia y buscará revertir en Diputados las modificaciones que introdujo el Senado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La Casa Rosada dejó de lado la decisión inicial de aceptar los cambios para garantizar la sanción de la ley y ahora apuesta a reunir los dos tercios necesarios para recuperar el mecanismo original de remoción del presidente y del directorio de la entidad.
“Vamos a intentar imponernos con dos tercios para que la remoción del presidente y del directorio tenga que pasar también por Diputados”, aseguran en la primera línea del Ejecutivo. En Balcarce 50 sostienen que la evaluación cambió por las nuevas proyecciones de votos que maneja el oficialismo. “Antes nos inclinábamos por ratificar los cambios, pero creemos que tenemos los votos para rechazarlos e imponer la versión original”, agregaron.
La principal diferencia está en el artículo tercero de la reforma. El texto que Diputados aprobó el 26 de agosto establecía que la remoción del presidente, vicepresidente y directores del Banco Central debía contar con el respaldo de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso. El Senado modificó ese procedimiento y dispuso que la decisión quedara exclusivamente en manos de la Cámara alta, por mayoría absoluta de sus miembros.
La modificación fue aprobada en el Senado por 66 votos a favor y dos en contra, con el acompañamiento del peronismo, pese a que ese bloque rechazó el proyecto en general. Esa mayoría agravada obliga ahora a Diputados a alcanzar también los dos tercios de los presentes para insistir con su propia redacción, según establece el artículo 81 de la Constitución Nacional.
La diferencia de mayorías resulta determinante para el resultado de la negociación. Diputados puede aceptar los cambios del Senado con una votación de mayoría simple, pero necesita los dos tercios para recuperar el mecanismo original en los artículos modificados con esa proporción de votos. Además, no puede incorporar una tercera redacción durante esta instancia del trámite legislativo. Por eso, el oficialismo concentra las conversaciones en reunir los respaldos suficientes para insistir con el texto aprobado en agosto.
La decisión responde a una prioridad expresa de Javier Milei: establecer un procedimiento más exigente para desplazar a las autoridades monetarias. En el entorno presidencial sostienen que el objetivo es reducir la posibilidad de que un futuro gobierno remueva rápidamente al directorio ante un cambio de orientación económica. La Casa Rosada considera que la estabilidad institucional del organismo es uno de los aspectos centrales de la reforma.
El cambio representa un giro respecto de la posición que predominaba en el Ejecutivo a fines de septiembre. En ese momento, el Gobierno evaluaba aceptar las modificaciones del Senado porque consideraba difícil alcanzar la mayoría necesaria para revertirlas. La prioridad era evitar nuevas demoras en la sanción de la ley. Ahora, funcionarios involucrados en la negociación aseguran que existen condiciones para intentar recuperar el texto original.
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