POLITICA
Universidades: el oficialismo reflota una reforma de la ley de financiamiento tras el revés que sufrió en la Justicia
En simultáneo a la decisión de llevar a la Corte Suprema su reclamo para no cumplir con la ley de financiamiento universitario, el oficialismo buscará reactivar un proyecto del Gobierno para evitar que el Estado deba desembolsar $2,5 billones a las casas de altos estudios tal como ya le ordenaron dos fallos judiciales.
La iniciativa no es nueva: se presentó en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero pasado, cuando los libertarios gozaban de un amplio dominio del recinto junto a sus aliados. Sin embargo, el bloque oficialista no la puso en tratamiento con el argumento de que los esfuerzos estaban focalizados, por entonces, en la aprobación de la reforma laboral, prioridad absoluta para el Gobierno.
Ahora, apremiado por la Justicia para que cumpla con la ley 27.795 que el Congreso sancionó el año pasado −puntualmente con la actualización de los salarios docentes y los programas de becas−, el oficialismo busca reflotar la iniciativa, la cual no deroga la ley pero sí la modifica para amortiguar su impacto fiscal.
Todavía no hay fecha de convocatoria a comisiones, pero será pronto, confirmaron a fuentes en el bloque libertario.
Los reproches por no haber impulsado el proyecto a tiempo se amplifican en medio de la feroz interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. El asesor presidencial, que durante el verano venía llevando adelante negociaciones discretas con algunos rectores para promover el proyecto, confiaba en que obtendría de ellos un guiño para desactivar en el Congreso el frente judicial, que ya se asomaba complicado con el fallo en primera instancia del juez Martín Cormick que le ordenaba al Poder Ejecutivo el inmediato cumplimiento de las actualizaciones salariales que disponía la ley.
El Gobierno argumenta que el cumplimiento de la norma, motorizada por la oposición, resulta un golpe letal al equilibrio fiscal. Por eso apeló el fallo de primera instancia pero, por las dudas, activó en paralelo la vía parlamentaria y presentó en febrero una reforma de la ley cuyo impacto fiscal es bastante menor a la que aprobó el Congreso.
El oficialismo en la Cámara de Diputados decidió, sin embargo, no apurar su tratamiento hasta asegurar los apoyos, que no estaban firmes. En el círculo que rodea a Caputo le achacan a Martín Menem, presidente del cuerpo y lugarteniente de Karina Milei, que la demora en tratarlo le puede costar ahora al Estado $2,5 billones, ya que hace dos semanas la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a las universidades en su amparo.
“Antes del fallo de segunda instancia había posibilidades de negociar una reforma de la ley de financiamiento: obviamente al Gobierno le convenía y a las universidades también porque, por entonces, no había certezas de que la Justicia fallara a su favor. Ahora ya es tarde”, se lamentan cerca de Caputo.
En el entorno de Menem evitan entrar en polémica. “Está todo bien, lo único que tenemos para decir es que no estaban los votos”, afirman.
Lo cierto es que el proyecto del Poder Ejecutivo nunca llegó a tener siquiera un guiño del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pese a las tratativas llevadas adelante por Caputo. La cuestión es que ahora, tras el fallo en segunda instancia a su favor, difícilmente los rectores acepten negociar una reforma.
Detalles del proyecto
El proyecto que ahora el oficialismo quiere reactivar recoge, aunque parcialmente, algunos de los puntos de la ley cuya aplicación está suspendida por el Gobierno. Uno de los más sensibles es el referido a los salarios de los docentes y no docentes universitarios.
La norma actual obliga al Poder Ejecutivo a reconocer la pérdida que éstos tuvieron por efecto de la inflación desde el 1° de diciembre de 2023; el proyecto del Gobierno, sin embargo, solo propone reconocer la pérdida salarial de 2025. Nada dice de 2024.
Esta recomposición salarial del año pasado se efectuaría en tres tramos con subas del 4,1% a pagarse en marzo, julio y setiembre de este año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses aunque, a diferencia de lo que marca la ley vigente, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.
La propuesta del Gobierno también difiere de la norma actual en lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades. En efecto, la ley 27.795 obliga al Poder Ejecutivo a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos el de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica. En cambio, la iniciativa del Gobierno nada dice de 2024 y 2025 y, respecto de este año, establece que si la inflación anual supera el 14,5% (que es la reconocida en el presupuesto), el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.
Además, el oficialismo propone una recomposición presupuestaria de poco más de $80.000 millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no está contemplado en la ley actual.
decisión de llevar a la Corte Suprema,le dio la razón a las universidades,Laura Serra,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,“A la guerra”. Incómodos por el avance de la causa, los libertarios ya evalúan un plan para blindar a Adorni en Diputados,,»Quedará para después». El Gobierno demora la adhesión al tratado sobre patentes e incumple un compromiso con Estados Unidos,,Diputados. Mientras el Gobierno afronta denuncias de corrupción, la oposición no kirchnerista reflota la ficha limpia
POLITICA
Francisco Hauque, uno de los investigados en el caso de las SIRA y de las casas de cambio: «Alberto Fernández estaba al tanto de todo»
El señalado como exsocio de Elías Picirillo, Francisco Hauque, negó tener ningún tipo de relación comercial con él. “Solo le presté dinero”, afirmó en el programa ¿La Ves? de TN, luego de informar que la suma que le dio fue de cerca de US$3.000.000.
“Alberto Fernández lo sabía”, denunció sobre las maniobras por las que se lo investiga a Picirillo. “También sabía (Matías) Tombolini”, indicó el financista en referencia al exsecretario de Comercio.
No obstante, evitó relacionar con la investigación al exministro de Economía Sergio Massa y los funcionarios relacionados a su gestión en el gobierno de Fernández.
“Estar en tu programa es una póliza de seguro de vida”, manifestó Hauque, a la vez que aseguró que se demostró que “Piccirillo junto a otros sectores oscuros del poder” le “metieron la droga”. “Estoy amenazado y tengo custodia policial”, sumó.
En cuanto fue consultado sobre el trasfondo de la investigación actual, el denunciante de Piccirillo sostuvo que ambos “son perejiles”. “En varias ocasiones estuve sentado en mesas donde compartí mucho con Elías, y en esas reuniones pude presenciar muchas situaciones que parecen de ciencia ficción”, señaló.
En su testimonio, Hauque dijo que fue Valeria Fernández, la auditora externa del Banco Central que ahora está imputada en la causa SIRA, quien le acercó el “modelo de negocio” a Juan Pablo Biondi, secretario de Comunicación y Prensa entre 2019 y 2021. Este expediente investiga una supuesta red de cobro de coimas para agilizar permisos de importación y acceso a dólares oficiales.
“Biondi se lo lleva a Miguel Ángel Pesce, que estaba al tanto de todo”, sostuvo sobre el expresidente del Banco Central. Además, también apuntó contra el exmandatario Alberto Fernández: “Él participaba como en todos los negocios”.
Hauque se desligó de las acusaciones sobre que él participaba de las maniobras ilícitas a través de casas de cambio, aunque reconoció que tuvo una agencia en 2019, que tiempo después cerró. “Yo de la operatoria en sí no tengo los conocimientos de cómo funcionaba esa trama”, se defendió.
Noticia que está siendo actualizada.-
Elías Piccirillo, Corrupción, investigacion
POLITICA
Llaman a declarar a los expolicías acusados de liberar la zona en la masacre de San Patricio
Cuatro ex efectivos de la comisaría 37 de la Policía Federal fueron llamados a indagatoria por la masacre de San Patricio, ocurrida en 1976, como se conoce al asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas durante la última dictadura.
La medida fue dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3.
La medida alcanza al oficial ayudante Miguel Ángel Romano (hoy de 72 años), al sargento Atilio Edgardo Juárez (81), al agente Serafín Losada (76) y al oficial principal Héctor Roberto Olivetto (82).
La Justicia sospecha que fueron los responsables de liberar la zona para que los autores materiales pudieran perpetrar el crimen de los sacerdotes y los seminaristas palotinos en esa parroquia del barrio de Belgrano.
Las indagatorias, programadas para realizarse entre el 23 y el 30 de junio, apuntan a la responsabilidad de esos efectivos en la liberación de la zona para que se pudieran perpetrar los asesinatos, así como en el encubrimiento posterior de la masacre, ya que esa seccional policial tuvo a su cargo las primeras actuaciones del sumario.
La madrugada del 4 de julio de 1976, un grupo de tareas irrumpió en la casa parroquial de San Patricio –ubicada en Estomba y Echeverría– y acribilló a los sacerdotes Alfredo Leaden (delegado provincial de la congregación), Alfredo Kelly (por entonces párroco de San Patricio) y Pedro Duffau, y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Los cuerpos fueron hallados por el organista Rolando Savino, alineados sobre una alfombra roja con inscripciones que los acusaban de ser “adoctrinadores de mentes vírgenes”.
El hecho se produjo dos días después del atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, y la masacre de los palotinos se enmarcó en una serie de represalias cometidas por las fuerzas represivas.
Durante años, la investigación estuvo plagada de irregularidades, como la falta de preservación de la escena del crimen y la demora de siete meses en entregar la evidencia balística al juzgado.
Según consta en el expediente, cerca de las dos de la madrugada del 4 de julio, se observaron dos automóviles Peugeot 504 (uno rojo y otro claro) estacionados frente a la parroquia con varias personas en su interior.
Ante la denuncia de un vecino por estos movimientos sospechosos, la seccional 37ª envió un móvil policial integrado por Romano, Juárez y Losada. Según la investigación, Romano identificó a los ocupantes de los vehículos, quienes se presentaron como miembros de una fuerza de seguridad que realizaría un operativo “antisubversivo”.
En lugar de actuar para evitarlo, el personal policial aseguró las condiciones para el operativo bajo el procedimiento de “zona liberada”. Incluso, advirtieron a un custodio de un domicilio cercano que no saliera si escuchaba disparos porque iban a “reventar la casa de unos zurdos”. Poco después, testigos vieron a personas armadas ingresar a la casa parroquial.
A su vez, ni el comisario Rafael Fensore ni el Jefe de Servicio Olivetto dejaron constancia en las actas de la denuncia del vecino, ni de la identificación de los vehículos y personas realizada esa noche.
El llamado a indagatoria de Rafecas se produce en la antesala de una fecha de gran peso simbólico: el próximo 4 de julio se cumplirán 50 años de la masacre.
Hasta hace poco, la causa se tramitaba en el marco de la megacausa ESMA, pero el testimonio de un arrepentido, Víctor Luchina, permitió dar un giro hacia la responsabilidad de la estructura de Coordinación Federal y la Comisaría 37ª, lo que derivó la investigación al juzgado de Rafecas.
Para los familiares y la comunidad religiosa, esta decisión judicial representa un avance fundamental tras décadas de impunidad. Ramiro Varela, referente de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, destacó la importancia del momento: “Este movimiento que ha tenido la causa en las últimas horas es el más importante en los últimos 40 años porque previo a esto el movimiento más significativo habían sido los procesamientos dictados en 1986”.
Varela explicó que la responsabilidad de la Comisaría 37ª es clara en tres aspectos: “la liberación de la zona, la autoría material y finalmente el encubrimiento posterior”.
Por su parte, el abogado querellante Pablo Llonto se refirió a la demora de la Justicia durante una intervención en la Cámara de Diputados: “Cuatro policías van a ser llamados a indagatoria por un crimen que va a cumplir 50 años el 4 de julio. Nunca hubo un llamado a indagatoria por un crimen que le dolió a la Argentina y que le dolió a nuestra Iglesia. Esa es la lentitud de nuestros jueces”.
Búsqueda de justicia
En diciembre de 2024 y por decisión de la Legislatura porteña, la parroquia de San Patricio fue declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. La comunidad palotina impulsa que esa declaración de sitio de interés histórico, cultural y educativo se convierta en el puntapié de un objetivo mayor: que el predio sea declarado monumento histórico nacional.
“Nuestra labor no se circunscribe únicamente a la construcción de la memoria, sino que comprende también la permanente búsqueda de la verdad y el reclamo de justicia en relación con este crimen de lesa humanidad que constituye el mayor ataque contra la Iglesia Católica en nuestro país”, subrayó Varela.
Paz García Pastormerlo,Conforme a
En una entrevista en Infobae al Regreso, Eduardo Valdés, diputado nacional por Unión por la Patria, expuso la estrategia opositora ante la continuidad de Manuel Adorni y defendió la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner tras la confirmación de su condena.
Durante la conversación, Valdés planteó que “hay varios proyectos ya ahora, en estas horas, de pedido de moción de censura de Adorni, pero se lo ganó”, en referencia a las contradicciones en las declaraciones patrimoniales del jefe de Gabinete.
Valdés apuntó contra Adorni y el oficialismo por las contradicciones patrimoniales
El legislador peronista sostuvo que Manuel Adorni “se ganó” la moción de censura por haber dado versiones opuestas sobre su patrimonio en el Congreso y en recientes declaraciones mediáticas. “Lo que ha dicho ayer o antes de ayer es inversamente a lo que él dijo hace 20 días en la Cámara de Diputados cuando fue a hacer el informe, donde manifestó que todos sus bienes están declarados”, argumentó Valdés, y subrayó la gravedad institucional de la situación: “La violación de las instituciones no son a un partido o al otro partido”.
Valdés explicó que la solicitud de censura “no es que es el bloque de Unión por la Patria solamente”, y destacó: “Hoy me sorprendió que estaba Schiaretti entre los firmantes”. Consultado sobre si llegarían a los 129 votos necesarios, reconoció: “Eso te lo cuento el día ese, porque nosotros trabajamos, pero bueno, hay otros que operan”.
El diputado también diferenció la posición del PRO, señalando que aunque “el PRO lo apoya”, la conducción del bloque—presidida por Ritondo—maneja sus propios tiempos: “A veces yo veo comunicados del PRO, mirá, te soy sincero, hace una semana hubo un comunicado del PRO, y Jorge Macri estaba en vivo en un canal de televisión, y dijo: ‘Cuando venía para acá me enteré de ese comunicado, pero me enteré por la radio del remis’”.
Debate sobre la ley de inocencia fiscal y el blanqueo: diferencias y riesgos
El panel abordó la discusión sobre la Ley de Inocencia Fiscal y los sucesivos blanqueos de capitales en la Argentina. Valdés sostuvo: “No me gusta la Ley de Inocencia Fiscal, pero no me parece que debe ser usada por personas políticamente expuestas”.
En ese sentido, Valdés advirtió sobre el riesgo de que los blanqueos faciliten maniobras del narcotráfico: “Hoy contratan a los contadores para ver cómo los propios narcos generan lobbies para blanquear la plata mal habida”. Explicó que trabaja en una aclaratoria para excluir a personas políticamente expuestas de los beneficios del blanqueo.
Matías Barbería y Martín Tetaz detallaron que el borrador del Gobierno para modificar la ley busca ampliar el patrimonio máximo permitido y facilitar la exteriorización de fondos, pero, según Barbería, “no está esta aclaratoria, no en el borrador, que no es oficial, circula”.
Valdés remarcó su postura: “Ha habido blanqueos en época de Cristina, en época de Néstor, en época de Macri. Ahora, es excesivo la Ley de Inocencia Fiscal, les digo la verdad, es excesivo”. Defendió la transparencia: “Yo soy de los que hace la declaración jurada, la que creo en los políticos, en la que uno cuando asume un cargo es políticamente puesto”.
A un año de la condena a Cristina Kirchner: defensa, crítica a la justicia y fractura peronista
En el aniversario de la condena en la causa Vialidad, Valdés defendió enfáticamente la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner: “Nosotros sentimos que se han dado una serie de situaciones para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner”.
El diputado reconstruyó el derrotero judicial de la ex presidenta, asegurando que “cuando Cristina va a casación penal, le tocan Hornos y Borinsky y Barroetaveña. Hornos y Borinsky, comprobado por acceso a la información pública, iban a jugar al pádel a Olivos con Mauricio Macri”.
Valdés cuestionó la imparcialidad de la Corte Suprema, recordando que la condena incluyó la inhabilitación absoluta: “Lo más grave de la condena a Cristina no son los siete años de prisión, son la inhabilitación absoluta para administrar”. Comparó la persecución judicial con la sufrida por Hipólito Yrigoyen, afirmando: “A Cristina, en el momento que más intención de votos tenía, le prohíben la inhabilitación absoluta”.
El panel señaló la división interna en el peronismo sobre cómo manejar la situación judicial de la ex presidenta, una tensión que Valdés reconoció al afirmar: “Hay un sector del peronismo muy vinculado a la expresidenta que dice: Cristina libre tiene que ser un tema central de la campaña. Y hay otro sector que dice: de ninguna manera, la única forma en la que Cristina sea realmente liberada es que el peronismo llegue al poder”.
Hacia el cierre, Valdés reiteró: “Clamo la inocencia de las personas que conozco cómo viven y no tengo vergüenza. Yo sé que sería mucho más popular en esta audiencia que yo dijera lo contrario, pero quiero ser honesto, es lo que creo”.
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