POLITICA
La crisis del PAMI multiplica los gastos de las provincias y pone en guardia a los gobernadores
CÓRDOBA.- Las deudas que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) acumula con la mayoría de las administraciones provinciales es un punto más de fricción entre los gobernadores y la Casa Rosada. Dos son los mandatarios que reclamaron abiertamente en los últimos días, el tucumano Osvaldo Jaldo y el cordobés Martín Llaryora; se sumaron a los que había realizado Neuquén el año pasado y que, según confirmaron desde la administración de Rolando Figueroa, sigue sin resolverse.
Los planteos se relacionan con el hecho de que los jubilados nacionales que no reciben atención en el PAMI terminan siendo atendidos en los sistemas públicos provinciales, que empiezan a saturarse. La misma situación se da con los municipios.
“Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga”, dijo el lunes pasado Jaldo, y recordó que la mayor obra social de la Argentina (5,4 millones de afiliados, incluyendo los veteranos de Malvinas) le debe a la provincia $50.000 millones. “No se escondan más, pongan la cara y los recursos”, planteó Llaryora.
En el caso de Córdoba, fuentes oficiales provinciales estiman en $9000 millones la deuda acumulada con municipios en medicamentos de alto costo. La provincia calcula que PAMI le debe entre $1700 millones y $1800 millones mensuales desde octubre.
Desde el PAMI, sin dar detalles, indicaron a este diario que ya “se empezaron a normalizar los pagos” y que los “primeros impactos ya se ven. La decisión es regularizar en el corto plazo y garantizar previsibilidad en el sistema”. No dieron cifras de cuánto dinero les había habilitado el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque se barajó que fueron $150.000 millones, lo que cubre apenas una parte de las necesidades
El escenario se repite en distintas provincias. Por ejemplo, en Santa Fe, Virginia Coudannes, vocera del gobierno de Maximiliano Pullaro, señaló que “el sistema público santafesino está absorbiendo una demanda cada vez mayor. Los afiliados al PAMI representan el 25% de los pacientes con cobertura que se atienden en hospitales y centros de salud de la provincia”.
En Misiones se visualiza un traslado masivo de pacientes del PAMI al sector público de salud que supera el 30%. En Neuquén es más grave aún: dos de cada tres beneficiarios de PAMI en la provincia se atienden en el sistema público. De aproximadamente 69.000 afiliados que PAMI tiene en la región, 43.473 son usuarios activos del sistema público, según estadísticas oficiales.
“Nosotros estamos sosteniendo al PAMI en San Juan”, dijo el ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez. A su vez, detalló que “el 80% de las cirugías de cadera en el Hospital Rawson corresponden a afiliados de PAMI” y advirtió que esta situación está saturando los hospitales públicos.
En Mendoza se atiborra el sistema público por la falta de turnos en las clínicas que atienden PAMI. “Lo ideal sería que quienes tienen la cápita de PAMI den respuestas”, señalan desde Salud de la provincia, remarcando que el Estado provincial está financiando y atendiendo una responsabilidad que corresponde a la obra social nacional, tensionando al máximo los recursos humanos y materiales de los hospitales públicos.
Marcelo Manera –
En Tucumán se reitera el mismo problema. De acuerdo a lo informado por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, todos los días los hospitales provinciales absorben más de un centenar de internaciones correspondientes al PAMI. El funcionario detalló que la deuda también contempla estudios, cirugías y atención ambulatoria. Tucumán está reclamando $35.000 millones a la Nación.
En el PAMI insisten que la situación no es tan grave. “No creo que tengamos un momento de crisis. Llevo 20 años en la institución y ha habido situaciones mucho más difíciles que la que podemos tener ahora”, afirmó Esteban Leguízamo, director ejecutivo de la obra social. “Quiero llevar tranquilidad a todos nuestros afiliados de que no hay corte de servicios y que la prestación sigue en forma normal”, afirmó.
En el Congreso hay varios pedidos de informes sobre la situación del PAMI, tema que solicitan que se integre al informe de gestión que el 29 de este mes debe realizar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En las últimas semanas, la obra social quedó en el centro de las noticias por los reclamos de los gobernadores, los prestadores (sostienen que la deuda acumulada es de $500.000 millones) y un paro de 72 horas de los médicos de cabecera en rechazo a un recorte de sus ingresos, quienes fueron apoyados por los jubilados que se reunieron frente a algunas delegaciones provinciales.
Cuando la tensión empezó a crecer, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se despegó del conflicto. A través de sus redes sociales, aclaró “competencias institucionales, Discapacidad y PAMI dependen del Ministerio de Salud“. En paralelo, el titular de esa cartera, Mario Lugones, negociaba con Luis Caputo fondos para calmar los ánimos.
Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación sobre la variación real interanual del gasto público en el primer trimestre muestran que los fondos para las prestaciones del PAMI se contrajeron 41,3%. El instituto tiene asignado este año $10,17 billones. “Si bien cuenta con el doble de recursos por afiliado que otras obras sociales, el gasto es cuatro veces más” por la característica de los adultos mayores, explica a el economista Jorge Colina, de Idesa, quien resalta que hoy el instituto equivale a 1% del PBI.
Este año, por afiliado cuenta con unos $160.000 mensuales. La distribución del gasto es alrededor de 40% para prestadores, 38% para medicamentos, 5% para insumos médicos, 2% para discapacidad, 4% para geriatría, 1% para asistencia social, 3% para prestadores propios y 7% para administración.
“Hay un desfinanciamiento estructural, lo que sumado a las fallas de gestión genera un combo muy complicado. El problema se irá profundizando por el envejecimiento poblacional”, agrega Colina.
Precisa que, en los países con obras sociales −como Alemania u Holanda− el jubilado se queda en la misma entidad que lo cubría cuando estaba en actividad, que ya lo tiene proyectado actuarialmente a ese mayor gasto. “En la Argentina el sistema es perverso porque a los 65 años, las obras sociales se desentienden”, define.
Como el 28% de la recaudación del impuesto PAIS iba al PAMI, su desaparición el 23 de diciembre de 2024 (tras cinco años de vigencia) golpeó directamente el financiamiento. “El Tesoro debe girar ese dinero −dice Graciela Ocaña, quien fuera directora del PAMI entre 2004 y 2007−. En 2025 lo cubrió con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no se distribuyeron entre las provincias. En 2026 hay un recorte y, además, en una economía donde se pierde empleo en blanco, estamos en el peor de los mundos. Luis Caputo decidió poner en las espaldas de las personas mayores el recorte”.
Para el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, una crisis “de esta dimensión es un proceso que veníamos advirtiendo hace meses. Se lo avisé a las autoridades del PAMI. Íbamos viendo flaquear las prestaciones en el interior, donde abundan copagos, se caen clínicas porque no tienen espaldas financieras, se atrasan internaciones y en los geriátricos la lista de espera es interminable. Está afectadas todas las prestaciones”.
Coincide con Colina y Ocaña en que la obra social ha sido, históricamente, “una caja de la política” y apunta que de los problemas “no se sale con poca plata sino con estrategia. Los jubilados pasan por todo, la larguísima crisis entre 1995 y el 2001, después fue el hackeo de agosto del 2023 del que (hasta el día de hoy) no sabemos nada. Es muy doloroso, la gente sufre, no le alcanza ni para pagar medicamentos con descuentos”.
Los jubilados reclaman por esperas de meses para lograr estudios médicos o atención de especialistas y se quejan de los “cupos” que hay en la actualidad, tanto a nivel individual como de los prestadores. Desde el PAMI insisten en que hay “un endurecimiento de los controles porque se detectaron irregularidades y sobreprestaciones”.
Indican que ahora los centros solo pueden dar turnos en función de su capacidad prestacional declarada y que, desde febrero, existen centros de referencia para el primer y segundo nivel de atención (prácticas de cardiología, traumatología, oftalmología, diagnóstico por imágenes, estudios avanzados, consultas con especialistas).
Ocaña no duda de que existen irregularidades pero sostiene que lo mejor sería adoptar a una modalidad de pago que no sea por prestación, sino un sistema híbrido como el que se aplicó en su gestión. “Combinar la cápita con un incentivo al prestador −precisa−. Pero para el capitado hay que tomar las tasas de uso reales de las personas mayores y a valores normales de mercado y que el Tesoro ponga lo que debe poner”. Plantea que al aplicarse cupos en las prestaciones “se las convierte en una suerte de cápita. Ese cupo se va reduciendo y entonces empeora todo. Hay que controlar los fraudes pero no puede ser que paguen el costo los jubilados”.
En el caso de los médicos de cabera que cobran por cápita, el PAMI resolvió aumentarla de $900 a $2100 pero eliminarle los adicionales con los que llegaban a unos $5500. “Les asignan entre 800 y 1000 jubilados a cada profesional, una cantidad que no pueden atender. No deberían tener más de 300, pero entonces el instituto debería gastar más. Como no dispone de recursos, les da más pacientes. Una cifra imposible”, afirma Semino.
Y agrega: “Cuando no tenemos médico de cabecera no tenemos entrada al sistema, porque son ellos los que deben derivar. Para los médicos es una changa; en muchos casos los jubilados conocen más a la secretaria que al médico porque son las que se encargan de las recetas. Tampoco se hace prevención, el gran negocio es la enfermedad, no la salud”.
quedó en el centro de las noticias,el hackeo de agosto del 2023,Gabriela Origlia,Daniel Santa Cruz,PAMI,Luis Caputo,Conforme a,PAMI,,Análisis. Una batalla de fondo entre poder y lobby,,“Hoy, el PAMI está pagando”. La defensa del Gobierno ante el paro de médicos de cabecera de la obra social de jubilados,,La crisis del PAMI. Deuda millonaria, cortocircuitos en el Gobierno y un conflicto gremial que podría extenderse
POLITICA
El Gobierno tomó posición ante los dichos de Trump sobre Malvinas y anticipó una inversión de US$450 millones
El Gobierno de Javier Milei evitó confrontar con Donald Trump por sus recientes declaraciones sobre las Islas Malvinas y ratificó que la Argentina mantiene como objetivo recuperar la soberanía por medios pacíficos y diplomáticos.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, se refirió este domingo a las palabras del presidente estadounidense, quien había advertido sobre un “desastre potencial” entre la Argentina y el Reino Unido por la disputa del archipiélago y se había mostrado dispuesto a intervenir como mediador.
“No es en contra de nadie, sino a favor de una solución pacífica”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.
El ministro explicó que la posición del Gobierno debe analizarse de manera coordinada y señaló que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno estaban evaluando las declaraciones del líder norteamericano.
Mientras tanto, desde Defensa buscan poner el foco en una estrategia de largo plazo para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, con la construcción de infraestructura militar y logística en Tierra del Fuego.
Trump habló de una posible guerra por Malvinas y dijo que podría intervenir para resolverla
“Todos los argentinos sabemos que es una causa nacional y sabemos que la única manera de recuperar la soberanía sobre las islas es de manera pacífica y diplomática”, sostuvo el titular de la cartera de Defensa.
Presti también reivindicó el reclamo argentino sobre el archipiélago y recordó a los soldados que participaron de la guerra de 1982.
“Nuestro reclamo de soberanía es inclaudicable. Han perdido la vida 649 hombres en nuestras islas, de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea”, afirmó.
“Las relaciones internacionales se manejan por otros andariveles”, explicó.
La alianza con Estados Unidos, en el centro de la estrategia
A pesar de las diferencias que pueden surgir en torno a la cuestión Malvinas, Presti destacó la relación estratégica que el Gobierno de Milei mantiene con Washington.
El funcionario sostuvo que el vínculo con Estados Unidos permite a la Argentina mejorar sus capacidades militares y recuperar equipamiento después de décadas de deterioro.
“Nos permite equiparnos y posicionarnos a nivel hemisferio”, afirmó.
En ese sentido, definió a las Fuerzas Armadas como una herramienta de la política exterior y destacó que el Gobierno comenzó a aumentar la inversión en Defensa.
“Es la primera vez en 40 años que veo una inversión importante en Defensa. Es una herramienta de diplomacia del país”, sostuvo.
La estrategia oficial busca fortalecer las capacidades argentinas en el Atlántico Sur sin presentar ese proceso como una preparación para un eventual conflicto armado.
Ushuaia tendrá una nueva Base Naval
Dentro de ese plan, uno de los proyectos principales es la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra que el Gobierno considera estratégica para reforzar la presencia argentina en el extremo sur.
Presti confirmó que la construcción comenzará en enero de 2027 y anticipó una inversión estimada en US$450 millones, distribuida en cuatro etapas.
El proyecto apunta a convertir la zona en un polo logístico y operativo para las actividades argentinas en el Atlántico Sur y, especialmente, para la proyección hacia la Antártida.
La obra también fue incorporada entre las prioridades del Presupuesto 2027. El Gobierno ya reasignó US$142 millones para el proyecto, aunque las estimaciones oficiales ubican el costo total entre US$400 millones y US$500 millones, por lo que todavía resta definir cómo se financiará el resto.
Base Naval de Ushuaia: cuánto invertirá Milei y qué obras comenzarán en 2027
Además de reforzar las capacidades de Defensa, el Gobierno avanzó con sanciones contra empresas y personas vinculadas con actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.
También prepara un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será enviado al Congreso para establecer nuevas herramientas frente a actividades relacionadas con los territorios en disputa.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró que la construcción de la base es una decisión unilateral de la Argentina y que no existe un acuerdo con Estados Unidos para financiarla o construirla. También remarcó que el Gobierno sostiene una estrategia diplomática y no una hipótesis de conflicto militar.
El Gobierno busca reforzar su presencia en el Atlántico Sur
La visita de Quirno y Presti a Ushuaia en los últimos días mostró que la Base Naval Integrada pasó a ocupar un lugar central dentro de la agenda oficial sobre Malvinas.
El canciller y el ministro de Defensa visitaron el lugar en el que se construirá la Base Naval Integrada
Los funcionarios recorrieron el predio donde se desarrollará la infraestructura y se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, además de autoridades militares y legisladores nacionales.
El proyecto apunta a mejorar la capacidad logística argentina en el extremo sur y a fortalecer la conexión con las actividades antárticas.
En ese escenario, las declaraciones de Trump agregaron un nuevo elemento al debate internacional sobre las islas. Mientras Washington deja abierta la posibilidad de intervenir como mediador, el Gobierno argentino busca sostener el reclamo histórico por la soberanía y, al mismo tiempo, profundizar su vínculo estratégico con Estados Unidos.
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Carlos Presti,Donald Trump,Javier Milei,Malvinas
La senadora nacional Juliana Di Tullio acusó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de haberle mentido al Senado sobre el destino de las reservas de oro enviadas al exterior. Aseguró que los lingotes están depositados físicamente en Londres, aunque vinculados a una cuenta del Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza.
“Bausili le mintió al Senado. El oro está en Londres, en el Bank of England”, sostuvo la legisladora en diálogo con Infobae. La controversia se generó después de que el titular del BCRA afirmara ante los senadores que el oro había sido depositado en el BIS “en Suiza, donde sigue estando”.
Di Tullio anticipó dos medidas a partir de la documentación que recibió de la Auditoría General de la Nación (AGN): ampliará una denuncia penal presentada contra Bausili por el caso del oro y promoverá una nueva citación del funcionario a la Cámara alta.
“Vamos a ampliar la denuncia que ya le hicimos a Bausili”, afirmó la senadora. Precisó que se trata de una presentación penal realizada hace aproximadamente dos años, que será complementada con la nueva documentación de la AGN.
También adelantó: “Vamos a pedir la citación porque, según la Carta Orgánica del Banco Central, se puede pedir. Quiero que venga y que me diga en la cara otra vez lo que me dijo”.
La AGN aún analiza la trazabilidad de las reservas de oro
El nuevo elemento de la disputa es una nota oficial que el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, le envió este jueves a Di Tullio en respuesta a dos consultas sobre el estado de los balances del Banco Central y el avance de la auditoría específica sobre la trazabilidad del oro colocado en el extranjero.
El documento establece que la AGN aprobó los estados contables de 2023 y 2024 mediante las resoluciones 100/2024 y 40/2026. En cambio, el balance de 2025 “se encuentra en proceso de análisis” y todavía no fue tratado por el Colegio de Auditores Generales.
La nota agrega que el BCRA entregó toda la información solicitada para la evaluación específica sobre la trazabilidad de las reservas de oro del Estado colocadas en el exterior.
Sin embargo, Olmos aclaró que la revisión no terminó: “La información remitida por el BCRA se encuentra aún en proceso de análisis por la demora —más de un año— incurrida por la autoridad monetaria en dar acceso a la misma”.
“A pesar del carácter reservado de la información, no ha concluido el análisis pertinente de la documentación remitida por el BCRA”, completó el presidente de la AGN.
Para Di Tullio, esa respuesta contradice uno de los argumentos de Bausili durante su exposición en el Senado: que la operación había sido auditada y que no existían observaciones.
La senadora marcó una diferencia entre la auditoría de los estados contables generales del Banco Central de 2024 y la revisión específica que el Congreso encomendó a la AGN sobre los movimientos y la trazabilidad del oro.
“La de 2024 es solamente sobre los balances del Banco Central. No tiene nada que ver con el oro”, explicó. Según reconstruyó, la AGN no pudo completar durante más de un año el trabajo específico por las dificultades para acceder a la información requerida.
“Por eso me mintió. Nos mintió”, afirmó.
Di Tullio sostiene que los lingotes están bajo custodia en Londres
El punto central de la controversia es la ubicación física de los lingotes. Bausili sostuvo ante los legisladores que el oro había sido trasladado y depositado en el Banco de Pagos Internacionales, cuya sede se encuentra en Basilea.
Di Tullio afirma, en cambio, que la ubicación física es Londres. “Vos no me podés decir que está en Basilea cuando está en Londres. Vos lo que me podés decir es: está en el BIS, pero con asiento en Londres”, sostuvo.
“Nunca estuvo en Basilea, siempre estuvo en Londres”, añadió.
Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso a la información vinculada con la auditoría, la diferencia radicaría entre la titularidad o cuenta bajo la cual están registrados los activos y su custodia física. La trazabilidad analizada ubicaría el recorrido de los lingotes desde la Argentina hacia Londres, y no hacia Basilea.
Es decir, los activos pueden estar vinculados operativamente al BIS, pero el oro físico estaría depositado en el Bank of England. Ese es el punto que Di Tullio sostiene que Bausili omitió cuando respondió en el Senado.
La legisladora vinculó la forma en que el Gobierno presentó la información con el reciente endurecimiento del discurso oficial alrededor de la cuestión Malvinas. “Lo que yo creo es que con esta sobreactuación malvinera repentina no quieren decir que el oro no está en Basilea, sino que está en Londres”, dijo.
“No quieren decir que está en Londres”, insistió. Y agregó: “Que el oro tuyo lo tenga tu colonizador no está muy bueno”.
Durante su presentación ante el Senado, Bausili explicó que el Central mantuvo bajo reserva determinados detalles de la operación para impedir que otros participantes del mercado operaran contra la entidad.
“Cuando el Banco Central expone sus posiciones financieras, está invitando al resto de los agentes a operar en contra; le hace más difícil y costoso al Banco Central, entonces se resguarda cierta información para que no le operen en contra, se publica con rezago por los controles”, sostuvo.
El titular del Central aseguró que los movimientos estaban registrados y auditados. También explicó que el BCRA tenía distintos tipos y calidades de lingotes, algunos fundidos décadas atrás, y que a comienzos de 2024 surgió una oportunidad para mejorar esos activos a un costo inferior al habitual.
“En el mercado, cuando hay más o menos escasez, ese costo se achica o agranda. A nosotros se nos dijo que había alta demanda por lingotes de oro y, en ese contexto, se bajaron costos de aceptación de lingotes viejos de menor calidad. Al final, todos se analizan”, afirmó.
Luego dio la explicación que originó la nueva controversia: “Era óptimo aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo más bajo que el histórico, convertir ese oro de calidad más baja en oro de calidad más alta. Entonces se trasladó y depositó en el BIS de Suiza, donde sigue estando”.
Di Tullio cuestionó esa descripción y el argumento de que la operación buscaba mejorar la calidad de los lingotes. “¿Por qué no traés el oro? Si ya hiciste el negocio”, planteó.
Según la senadora, si el objetivo era cambiar o certificar lingotes de menor calidad y ese procedimiento ya finalizó, el BCRA debería explicar por qué el metal permanece fuera del país. “Traelo”, resumió.
La reforma de la Carta Orgánica abrió otra discusión sobre las garantías
La discusión coincide con el tratamiento legislativo de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya obtuvo media sanción en Diputados. Di Tullio puso especial atención sobre el artículo 13 de la iniciativa y las modificaciones relacionadas con las garantías que puede otorgar la autoridad monetaria.
La senadora sostiene que la normativa vigente prohíbe utilizar el oro como garantía y considera que el nuevo texto modificaría esa situación. “Hoy está prohibido usar el oro como garantía”, señaló.
Di Tullio planteó como hipótesis que los activos ya podrían haber sido utilizados para respaldar una operación financiera. “Yo creo que es lo que hicieron, obviamente”, afirmó. Luego aseguró: “Efectivamente, usaron el oro como garantía. Cosa que está prohibida”.
Ese último punto constituye una acusación de la senadora y no surge acreditado en la carta enviada por la AGN. Según explicó, será uno de los aspectos sobre los cuales buscarán profundizar tanto en sede judicial como en el Senado.
Di Tullio relacionó esa sospecha con el proceso de análisis y certificación de los lingotes. “Para eso, necesitás ver la calidad del oro, si no, ¿para qué va al Bank of England?”, sostuvo.
La utilización de las reservas como garantía fue uno de los temas planteados durante el debate parlamentario de la reforma. La oposición busca determinar si las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo habilitarían únicamente operaciones futuras o si podrían estar vinculadas con decisiones adoptadas desde 2024.
El traslado del oro había sido reconocido públicamente en julio de ese año por el ministro de Economía, Luis Caputo, después de una serie de pedidos de información del Congreso. “Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo”, sostuvo entonces para justificar la decisión.
Desde entonces hubo pedidos para conocer la cantidad trasladada, el destino de los lingotes, las empresas involucradas, las condiciones de custodia y el eventual rendimiento obtenido por el Central.
La controversia se profundizó porque la auditoría específica encargada por el Congreso no pudo completarse durante más de un año. La carta de Olmos establece ahora que el BCRA entregó toda la información solicitada, pero también que el análisis continúa y que la evaluación específica de la trazabilidad del oro todavía no concluyó.
Di Tullio considera que esa precisión alcanza para cuestionar la afirmación de Bausili de que el tema ya había sido auditado sin observaciones. “Bausili le mintió al Senado”, insistió.
La senadora exige que el funcionario vuelva al Congreso y responda sobre tres cuestiones: dónde están físicamente los lingotes, por qué siguen fuera del país y qué utilización tuvo el oro desde que salió de la Argentina.
La respuesta será reclamada por dos vías: la judicial, mediante la ampliación de la denuncia penal ya existente, y la parlamentaria, a través de un pedido formal para que el presidente del Banco Central vuelva a presentarse ante el Senado. “Quiero que venga y que me diga en la cara otra vez lo que me dijo”, resumió Di Tullio.
mario mosca / comunicación ins
El Tribunal Oral Federal 5, a cargo de Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, dará a conocer este lunes el veredicto en la causa Sueños Compartidos, que investiga el presunto desvío de fondos públicos del programa de viviendas sociales gestionado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La sentencia, que estaba prevista para el viernes, quedó a 24 horas de la fecha que el Ministerio Público Fiscal considera límite para que prescriba la acción penal respecto de la mayoría de los acusados.
Sucede que, según el cómputo de la fiscalía, el martes 15 de septiembre se cumplen seis años desde el último acto procesal que esa parte considera válido. Las defensas, en cambio, sostienen que la acción penal ya se extinguió.
La prescripción sobrevuela el juicio desde su inicio. La causa comenzó en 2011 y recién llegó a debate oral en marzo de 2026, 15 años después, cuando la acción penal ya estaba cerca de extinguirse por el paso del tiempo. El plazo de prescripción es de seis años, tope previsto para el delito que se juzga en la causa y se cumple este martes.
Este lunes, la audiencia comenzará con las últimas palabras de Castellano, Freidin y los Nasif, y recién después se conocerá el veredicto.
Entre los nueve acusados están los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la fundación, el exministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obra Pública, José López y el exsubsecretario de ese organismo, Abel Fatala. También están imputados los exfuncionarios Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano. Hebe de Bonafini estuvo procesada, pero falleció en 2022.
El único que habló el viernes fue Sergio Schoklender. Agradeció a sus abogados, defendió el alcance del programa de viviendas y, al pasar, aludió a la expresidenta Cristina Kirchner: “No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver”. De Vido, López, Pablo Schoklender y Fatala no hicieron uso de la palabra.
La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de $206 millones. El juicio oral se desarrolló en seis meses.
Qué penas pidió la fiscalía
El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron que los nueve acusados sean condenados por administración fraudulenta agravada contra la administración pública. Para Sergio y Pablo Schoklender, De Vido, López y el exfuncionario Abel Fatala solicitaron seis años de prisión.
Para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin pidieron cuatro años. En el caso de los exfuncionarios, además, reclamaron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los acusadores también solicitaron el decomiso de bienes por $206 millones, el monto que, según la investigación, fue desviado de los fondos destinados al programa. La Fiscalía pidió que esa cifra se actualice por inflación cuando la sentencia quede firme y que el dinero sea destinado a programas de viviendas sociales.
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