La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada por 124 votos afirmativos contra 119 negativos. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, tendrá que regresar a la Cámara alta debido a la incorporación de un nuevo capítulo sobre la extranjerización de tierras rurales.

Las modificaciones que introdujo el oficialismo buscan restituir la ley de tierras, sancionada durante el kirchnerismo, y dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23, que había dispuesto su derogación. Si bien la versión original del proyecto apuntaba a eliminar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, las recientes decisiones de la Corte Suprema y el intento opositor de rechazar el decreto en su totalidad llevaron al Gobierno a revertir su postura.

Además, la normativa pretende acelerar los plazos judiciales para el proceso de desalojo de inmuebles, establecer nuevos requisitos para las expropiaciones estatales e incorporar medidas para digitalizar los registros inmobiliarios.

El Gobierno declaró a cinco bandas vinculadas al narcotráfico en Latinoamérica como “grupos terroristas” entre las que se incluye al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana. La medida fue anunciada el miércoles a la noche mediante un comunicado de la Oficina del Presidente y más tarde se formalizó en el Boletín Oficial, este jueves a la madrugada con la Resolución Conjunta 5/2026.

La medida alcanza a las mencionadas organizaciones criminales mexicanas y se extiende hasta las guerrilleras colombianas “Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas – Ejército del Pueblo (FARC-EP)” y “Ejército de Liberación Nacional (ELN)”. Además, suma a la organización criminal ecuatoriana “Los Tiguerones”.

En el comunicado, que lleva la firma del presidente Javier Milei, se incluyó una descripción de las organizaciones y el fundamento principal para calificarlas como “terroristas”. Respecto al “Cártel de Sinaloa”, menciona que se trata de una “organización transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando secuestros extorsivos y otras actividades delictivas”, que ya ha sido designada como grupo terrorista por países como Estados Unidos.

La medida tuvo lugar luego de que a principios de octubre, el gobierno de los EE.UU. creara en la Argentina una “unidad regional” de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), aprobando formalmente un fondo de más de US$13 millones destinado a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En aquella presentación dijeron presente la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos.

Según los funcionarios, del total de los fondos asignados, US$7,5 millones estarán destinados específicamente a proyectos de cooperación en la Argentina, mientras que otros US$5,85 millones financiarán iniciativas para el conjunto de la región, de las que también participará nuestro país.

Sobre “La Nueva Familia Michoacana”, el Gobierno enfatizó que se trata de una organización criminal mexicana especializada en el tráfico internacional de drogas y minería ilegal. En tanto, rotuló a “Los Tiguerones” como “una de las más violentas de la región”.

Mientras que a las FARC-EP y el ELN señaló su lado “guerrillero insurgente de guerrilleras de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada”.

Finalmente, además de la declaración de estas bandas como grupos terroristas, en el comunicado se detalla otra medida oficial. La misma señala que “el Gobierno Nacional dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), producto de una decisión adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaria de Inteligencia de Estado”.