Dos ex empleados de la pyme FADEMI, ubicada en Larroque, Entre Ríos, irán a juicio oral y público entre el 20 y el 22 de octubre próximo, acusados de amenazas agravadas, por haber dejado un paquete que contenía dos balas y la leyenda “Familia Fademi” como mensaje intimidatorio ante la casa de una de las dueñas de la empresa.

Mauricio Javier Taffarel y Cristhian Aurelio Taffarel, estuvieron detenidos en enero de 2025 luego de que, a partir de la intervención de la Fiscalía de Gualeguay, fueron identificados porque quedaron filmados por una cámara ubicada en el frente de la casa: así se descubrió que eran dos empleados de FADEMI, que viven en Larroque (un pueblo entrerriano de 6.500 habitantes) y habían participado de las medidas de fuerza en la empresa, iniciadas por un reclamo salarial que derivó en un bloqueo sindical y posteriores despidos.

Ahora, Melina Valbusa, subdirectora de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de los tribunales de Gualeguay, fijó la fecha de las audiencias en las que serán juzgados los dos empleados, a quienes, de todas formas, la Justicia les morigeró la prisión preventiva que les dictaron por la amenaza y quedaron libres a la espera del avance de la causa.

En el video que permitió su identificación se ve cómo uno de los imputados se baja de un auto, manejado por otra persona, y deja el paquete ante la puerta. La curiosidad es que queda a la vista la patente del vehículo y se determinó que es el mismo con el que uno de los trabajadores va a trabajar a la fábrica. Los dos agresores fueron detenidos en una carpa del Sindicato de Químicos instalada ante la entrada de FADEMI.

Además, hubo otro grave episodio que dio lugar a una denuncia judicial por amenazas presentada por la empresa: hubo constancias de que a los empleados de FADEMI les llegó por Whatsapp un sticker que utiliza un dirigente sindical y en el que se lo ve a él con las cabezas sangrantes de dos de los dueños de la pyme, como si hubieran sido degollados.

El conflicto en FADEMI, una pyme familiar que fabrica baterías para vehículos, se remonta a junio de 2024, cuando el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana inició protestas en reclamo de un aumento salarial que, argumentó la empresa, era imposible de pagar. Entre abril de 2023 y abril de 2024, los empleados había recibido una mejora del 400%, más de 100 puntos por encima de la inflación acumulada, que fue del 290%. El sueldo inicial neto del sector, según el apoderado de FADEMI, Emiliano Gietz, estaba hacía 7 meses en $1,5 millones y el sueldo promedio mensual de bolsillo que pagaba la empresa ascendía a $2 millones.

Como informó en su momento Infobae, los sindicalistas adujeron como una de las razones para justificar su reclamo el incremento en las cuotas de los colegios privados. “En Larroque no hay”, les respondió el abogado, pero el razonamiento quedó sin respuesta. No hubo negociación posible y de inmediato el sindicato comenzó con las medidas de acción directa.

Según Gietz, “primero hicieron asambleas: se retiraban del lugar de trabajo por un tiempo que fue de una a cinco horas; después pasaron al quite de colaboración y redujeron la producción a un 10%, por lo que de 1.200 unidades diarias programadas hacían unas 100, a veces menos”. Como consecuencia de estas medidas sindicales, la pyme aseguró que dejó de producir 30 mil baterías.

La tensión fue escalando hasta llegar el bloqueo de la planta cuando, a comienzos de junio, un camión que debía cargar productos no pudo ingresar al predio porque el sindicato se lo impidió. El gremio también forzó el retiro de los empleados de la línea de producción en medio del proceso. La medida puso en peligro la fabricación de 2 mil unidades abandonadas sin terminar y con exposición de productos químicos de alto riesgo. Finalmente, el lote pudo ser salvado.

Sin embargo, todo empeoró: el viernes 5 de julio arrancó el cese total de actividades que dejó a la planta con producción en cero y sin stock. Así, muchos clientes cancelaron sus pedidos ante el incumplimiento de las entregas y la pyme entró en una situación dramática: su flujo de fondos estuvo cortado y no pudo cumplir con las obligaciones con sus proveedores.

El prejuicio no sólo fue económico: el sindicato, según la empresa, impulsó agresiones contra los dueños de FADEMI, que incluyeron desde las pintadas en el frente de una de sus casas hasta bombas de estruendo arrojadas contra otro domicilio, pasando por la irrupción de activistas con bombos en medio de un asado familiar.

Según el sindicato, FADEMI no cumplía con las condiciones de seguridad en la planta (algo que no verificaron las autoridades) y ejecutó descuentos sin justificación en los salarios. Luego siguió el despido de 3 empleados, que derivó en una huelga en demanda de su reincorporación, mientras que a continuación se concretaron 25 cesantías.

El 20 de enero de 2025, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar al reclamo del sindicato y le ordenó a la empresa la reincorporación de los despedidos.