El Episcopado argentino rendirá desde las 17 un homenaje al papa Francisco con una misa en la basílica de Luján, en una ceremonia que contará con la asistencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernaror bonaerense, Axel Kicillof, entre otros dirigentes de distintos espacios.

En medio de la semana de actividades por el primer aniversario de la muerte de Francisco, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) logrará reunir en el mismo recinto a dirigentes de diferentes extracciones.

Adorni encabezará la comitiva oficial junto a los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano.

También participará el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Villarruel, cercana a la Iglesia, también confirmó su participación en la misa después de haber recibido la invitación de los obispos, así como Kicillof.

“A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado”, expresó el Episcopado argentino en la convocatoria.

La misa será presidida por el titular de la CEA y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, y será el acto central de los homenajes a Jorge Bergoglio, fallecido el 21 de abril de 2025 en el Vaticano.

Colombo estará acompañado por un centenar de obispos que desde el lunes último iniciaron en una casa de retiros en Pilar una semana de deliberaciones en la primera asamblea plenaria del año del cuerpo episcopal.

Por su parte, el presidente Javier Milei rindió homenaje este martes al papa Francisco en el Santo Sepulcro de Jerusalén, al cumplirse un año de su muerte.

Fue la tercera visita de Milei a la Iglesia del Santo Sepulcro, donde “encendió una vela conmemorativa en memoria de quien fuera el primer Papa argentino”, según se informó de manera oficial.

También “realizó un minuto de silencio y el Presidente dejó asentado en el libro de visitas un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia la figura de Su Santidad”, indicó el Gobierno en un comunicado de prensa.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar este martes a una medida cautelar solicitada por un grupo de beneficiarios del plan social Volver al Trabajo y frenó la eliminación de ese subsidio, una decisión que había tomado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que propone reemplazarlo por vouchers de capacitación.

El juez ordenó que el Gobierno mantenga los pagos (son de $78.000) a los beneficiarios. Los grupos piqueteros activaron protestas por la eliminación de este plan.

En un fallo de este martes, al que tuvo acceso , el juez González Charvay ordenó al Gobierno mantener los pagos a los beneficiarios del plan, con la advertencia de aplicar multas por cada día de incumplimiento. Le exigió “al Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo”.

La demanda que aceptó el juez federal de Campana fue impulsada por un grupo de beneficiarios del plan Volver al Trabajo (Andrea Liliana Ledesma, Andrea Jorgelina Rivero, Agustina Pérez, Rodrigo Mario Esquivel y Ángel Ariel Berón), que plantearon una acción de amparo colectivo contra el cese del programa. Argumentaron que esa eliminación “constituye una medida regresiva en materia de derechos sociales e inconstitucionalidad por omisión”.

Los demandantes sostuvieron que son personas que trabajan en la economía popular “en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica estructural, que carecen de inserción formal en el mercado de trabajo y que dependen de la prestación del programa como principal o único ingreso”.

El juez argumentó que “el Estado Argentino, a través de la Acordada Nro. 5/2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adhirió a las recomendaciones de ‘Las 100 Reglas de Brasilia’ sobre el acceso de la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, como son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas de violencia, enfermos, pobres, entre otras”. Y agregó que “la elaboración de estas reglas se erige en la necesidad de que el sistema judicial se configure como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, en la medida que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio”.

Las personas que presentaron la demanda afirmaron ser trabajadores de comedores y merenderos comunitarios, de centros comunitarios para personas con problemas de consumo de drogas, o desempeñarse como cartoneros.

La prestación finalizaba el 9 de abril y los grupos piqueteros (nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Lucha Piquetero y la organización Territorios en Lucha) lanzaron jornadas de protesta que incluyeron, el 7 de abril, piquetes en accesos a la Capital Federal y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El Gobierno anunció el 17 de marzo el fin del programa Volver al Trabajo (VAT) y su reemplazo por vouchers de capacitación en tren de impulsar la inserción laboral. Se trata del plan exPotenciar Trabajo, cuyo monto para sus 900.000 beneficiarios es de $78.000. Este mes, fue el último pago del plan. El ministerio preveía engrosar su presupuesto disponible, a partir de este ahorro. Cuando el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada, se dispuso el congelamiento de diferentes programas sociales. Uno de ellos fue el exPotenciar Trabajo, que se ancló en los $78.000 desde diciembre de 2023 a la actualidad.

González Charvay es el juez federal que, en las últimas semanas, concentró en su juzgado tres expedientes en los que se investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella le envió la causa en la que se investiga a la AFA por supuesto fraude con transferencias a empresas fantasma por 300 millones de dólares cobrados en Estados Unidos. Antes, había quedado a cargo de una denuncia similar de fraude, realizada por el agente de la FIFA Guillermo Tofoni, caso que le derivó la jueza de instrucción Paula Petazzi. También tiene en su juzgado la causa por la mansión de Pilar que se investiga si pertenece al tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. La Cámara Federal de Casación debe decidir el destino final de los expedientes.