POLITICA
El juez Lijo pidió un amplio informe a la AGN por los créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores de Milei
El juez federal Ariel Lijo avanzó con la causa por los funcionarios y legisladores que sacaron créditos del Banco Nación por centenares de miles de dólares y pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que haga un exhaustivo análisis de los préstamos otorgados en los últimos tres años.
Lo hizo luego de que el fiscal Gerardo Pollicita requirió e impulsó la causa contra once acusados, entre ellos cuatro funcionarios, seis diputados y un empleado legislativo, al tiempo que pidió realizar una decena de medidas de prueba para saber si los créditos se otorgaron cumpliendo los requisitos del banco.
Lijo concentra las causas más sensibles que tiene el gobierno en su contra: la causa de los sobreprecios y cartelización en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el caso del supuesto enriquecimiento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ahora el caso de los créditos del Banco Nación.
Los denunciados por la legisladora Mónica Frade de la Coalición Cívica son Juan Pablo Carreira, conocido en X como “Juan Doe”, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, dedicada a desmentir a periodistas ($113 millones); Pedro Inchauspe, director del Banco Central ($510 millones); y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior ($510 millones).
También fueron apuntados Federico Furiase, secretario de Finanzas ($376 millones); Emiliano José Mongilardi, director de YPF ($309 millones); Sharif Menem, sobrino y mano derecha de Martín Menem ($357 millones); y los diputados libertarios Lorena Villaverde, Mariano Campero, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.
El Banco Nación se presentó en la causa y aportó un informe con los antecedentes de estos créditos, dijeron fuentes de la entidad a .
Lijo le solicitó al titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, que a la mayor brevedad posible efectúe “una amplia auditoría de la política de otorgamiento de créditos hipotecarios” del Banco Nación para identificar “posibles irregularidades en el otorgamiento de créditos hipotecarios y quiénes habrían sido sus destinatarios”.
Por eso, el juez les pidió “individualizar y analizar la política crediticia” del Banco Nación, además de revisar “la reglamentación aplicable, la normativa interna vigente, las comunicaciones, circulares, manuales de procedimiento e instructivos”. Es decir, todo aquello que sirva para dejar claros los hechos.
Además, Lijo dispuso informar del asunto a la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación.
La AGN es un organismo que depende del Congreso y está integrado por las diversas fuerzas políticas. Es de todos los organismos de control el que exhibe mayor independencia.
La medida de Lijo se dio luego de que el fiscal Pollicita impulsara el caso. Pollicita pidió y Lijo dispuso que Santiago Bausili, presidente del Banco Central, informe el marco legal y normativo, las comunicaciones, circulares y todos los instrumentos técnicos que regulan el procedimiento de otorgamiento de créditos hipotecarios para las entidades financieras, incluido el Banco de la Nación Argentina.
Debe informar los cambios que hubo desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Asimismo, debe informarse los cargos que ocupan Furiase e Inchauspe, receptores de créditos.
En septiembre de 2024, bajo la gestión de Daniel Tillard y Darío Wasserman, el Banco Nación, para salir a competir con otras entidades en las licitaciones destinadas a pagar los sueldos de la administración pública, ofertó productos bancarios como créditos, destinados a empleados y funcionarios
El juez Lijo le pidió al Banco Nación los legajos de cliente y las carpetas de los créditos que otorgó entre 2023 y la actualidad, con relación a Furiase, Carreira, Inchauspe, Núñez, Mongilardi, Mariano Campero, Santurio, Villaverde, Bongiovanni, Sharif Menem, Maira Raquel Frías y Alejandro Carrancio.
Son todos legisladores y funcionarios mencionados en diversas denuncias que tomaron información de informes periodísticos que alertaban sobre los créditos.
Lo que se investiga en esta causa es si los créditos se otorgaron de manera indebida, irregular, por fuera de los requisitos previstos en la normativa.
En ese marco, el juez Lijo quiere los informes de titularidad del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal o de las jurisdicciones, sus recibos de sueldo, comprobantes de facturación, de consumos, gastos o ingresos presentados por el titular del préstamo y las personas asociadas al crédito.
También procura verificar los contratos de preaprobación del crédito firmados por los interesados y las cuentas mediante las cuales se pagaría el crédito, además de los movimientos registrados.
El juzgado busca también tener los manuales de “Riesgos crediticios” del banco. Pretende que se informe si en los casos denunciados se cumplieron “estándares normativos” y si se emitió algún Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
El juez requirió los documentos mediante los cuales se compraron las propiedades, las constancias de evaluación crediticia, copia de las escrituras, forma de pago de los montos abonados por el cliente y comisiones abonadas.
Lijo le pidió al Banco Nación que haga un informe con las modificaciones o flexibilizaciones sufridas por el marco legal y normativo y cómo se informó de ellas a los clientes, empleados y funcionarios.
También deberán enviar al juzgado todos los expedientes administrativos completos a partir de los cuales se originaron las líneas de crédito reguladas para empleados del sector público.
El juez quiere conocer el proceso de otorgamiento de un crédito hipotecario, cuánto demora, los pasos internos que recorre el legajo, la documentación requerida, las áreas del banco involucradas y los informes y tareas que se realizan hasta la aprobación.
A su vez, Lijo pretende saber el número total de créditos hipotecarios efectivamente otorgados, desde el mes de diciembre de 2023 hasta la actualidad, discriminándose la cantidad nominal de créditos y el monto dinerario insumido. También, según se trate de empleados, funcionarios de la administración pública nacional, de organismos descentralizados, autárquicos y legisladores nacionales.
Debe informarse la cantidad nominal de crédito, el monto de dinero otorgado y el porcentaje de la cartera de créditos hipotecarios otorgados desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.
Deberá informar el Banco Nación si detectó irregularidades, inconsistencias o eventuales incumplimientos de la normativa financiera en relación con esas operaciones.
A la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, le pidió que informe los cargos que ocuparon en la administración pública nacional los investigados Furiase, Carreira, Núñez y Mongilardi.
En tanto, a la Cámara de Diputados le solicitó que le informe desde cuándo tienen mandato y en qué bloque los legisladores de LLA investigados, y el cargo que ocupó Sharif Menem desde diciembre de 2023.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Caso Cuadernos: otro tripulante del avión presidencial declaró que eran laxos los controles en los vuelos de los Kirchner al Sur
“El control de valijas, el escaneo, sobre todo si era en el país, por lo menos en los vuelos que me tocaron a mí, no se hacía todas las veces. El equipaje de los pasajeros no sé si se controlaba”. La declaración pertenece a José Molina, suboficial de la Fuerza Aérea y mecánico electrónico del avión presidencial Tango 04 entre 2000 y 2016. Declaró esta mañana, en el juicio oral del caso de los Cuadernos de las Coimas.
Molina integra el bloque de testigos que estuvieron vinculados a la flota de aviones presidenciales durante el kirchnerismo. La declaración fue pedida por la fiscalía para reconstruir los viajes hacia el sur del matrimonio Kirchner, bajo la hipótesis de que Santa Cruz era uno de los destinos finales del dinero recolectado de los sobornos.
“En los vuelos internacionales había más control de valijas”, diferenció Molina, en línea con los dichos de otros pilotos y tripulantes de los aviones presidenciales.
El mecánico ratificó lo que había dicho durante la instrucción, en cuanto a que el personal de ceremonial era el encargado de subir y bajar el equipaje del matrimonio Kirchner en los vuelos.
El juicio oral del caso Cuadernos, a cargo del Tribunal Oral Federal 7, se inició en noviembre y busca determinar el rol que tuvieron la expresidenta Cristina Kirchner, una veintena de funcionarios del kirchnerismo, un financista y más de 60 empresarios de primera línea en un presunto esquema de intercambio de sobornos a cambio del reparto de obra pública.
Gran parte de la dinámica de ese intercambio quedó reflejada con precisión por Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación, que escribió los cuadernos que dieron inicio a la investigación de .
La ronda testimonial de pilotos y tripulantes se inició con la declaración de Sergio Oscar Velázquez, un piloto civil que se ganó la confianza de Néstor Kirchner en Santa Cruz y que, por expresa gestión del expresidente, se incorporó al equipo de pilotos militares de la Fuerza Aérea.
A diferencia del resto de los tripulantes, Velázquez contaba con una suerte de salvoconducto para moverse con libertad dentro y fuera del avión. Oficiaba de nexo entre los otros pilotos y el expresidente Néstor Kirchner, que temía a las tormentas eléctricas y desconfiaba de los oficiales militares, según relataron los testigos.
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Río Negro: dos ex funcionarios provinciales fueron detenidos por cobrar sobresueldos durante siete años
Dos ex funcionarios provinciales del radicalismo de Río Negro fueron detenidos y alojados en una dependencia penitenciaria regional tras ser condenados por cobrar sobresueldos entre los años 2004 y 2010, mientras que a otros ex integrantes del mismo gabinete les impusieron penas en suspenso. Todos cumplieron funciones durante la gestión del gobernador Miguel Saiz.
Los ex ministros de Educación y Coordinación, César Barbeito y Francisco González, fueron alojados en una dependencia penitenciaria de la localidad de Pomona, luego del fallo confirmatorio de la Corte Suprema de Justicia, con la imposición de penas de cumplimiento efectivo para ambos funcionarios.
Barbeito fue interceptado el domingo a media tarde en el aeropuerto internacional de Bariloche por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuando regresaba de vacacionar en Brasil junto a su familia. De inmediato fue abordado a un móvil de la Policía rionegrina, que lo trasladó la unidad carcelaria donde cumplirá la condena. González, por su parte, se entregó de forma voluntaria tras conocer el revés judicial dispuesto por la Corte.
Ambos deberán cumplir 3 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que otros cinco integrantes del gabinete fueron condenados a penas de 2 años y seis meses. Entre ellos están el ex titular de la cartera de Turismo, Omar Contreras, Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno). La medida de la Corte también alcanza al extesorero provincial José Ongaro.
La investigación determinó que, entre los años 2004 y 2010, se montó un sistema para utilizar fondos públicos en el pago de adicionales salariales a funcionarios. Estos recursos se distribuían de manera discrecional, sin criterios transparentes de asignación y utilizando un mecanismo que operaba por fuera de los circuitos administrativos y de controles habituales del Estado.
En 2018, la Cámara Criminal de Viedma condenó a los implicados por el delito de peculado y las penas fueron confirmadas dos años más tarde por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Ahora fue la Corte Suprema la que confirmó las condenas, luego de rechazar los recursos apelativos que presentó la defensa.
La investigación surgió a partir de una investigación periodística que describía el desvío sistemático de fondos públicos a los funcionarios condenados. “Mes a mes y desde hace siete años, el secretario General de la Gobernación y los ministros del gobierno de Miguel Saiz vienen percibiendo un sobresueldo por encima de los haberes que les han sido estipulados. Lo hacen ilegalmente —aunque bajo una apariencia reglamentaria—, burlando los órganos de control y a espaldas de los rionegrinos”, advertía la nota que dio pie a la denuncia judicial.
A partir de esa publicación se abrió una investigación que terminó por reconstruir un sistema de pagos adicionales destinado a funcionarios de primera línea durante los dos mandatos de Saiz. Según la acusación, los fondos eran retirados mediante cheques emitidos a nombre de funcionarios y cobrados por ventanilla bancaria, un mecanismo que permitía eludir los controles habituales aplicados a la liquidación de haberes.
La Corte Suprema demoró seis años en resolver el expediente, al que acudió la defensa para intentar revertir lo que había dispuesto la Justicia rionegrina.
Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas al considerar que no lograban desvirtuar los fundamentos de las sentencias previas. De esta manera, quedaron firmes las condenas que habían sido ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en 2020.
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Patricia Bullrich no irá a la reunión convocada por Manuel Adorni con los senadores oficialistas
Ya sin la vocería presidencial, que en unos días estará formalmente a cargo del economista y diputado pampeano Adrián Ravier, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó para hoy a los veintiún senadores que componen el bloque libertario, con el objetivo de sumar apoyo del oficialismo antes de la sesión del jueves en la que podría quedar firme el pedido opositor para interpelarlo en el recinto, el próximo 2 de julio.
De entrada, la cita organizada por el ministro coordinador tendrá una ausencia clave. La propia jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, ya avisó que no estará en la pretendida foto de unidad y respaldo, que se hará en tres tandas, a las 11, 13.30 y 16, respectivamente. Las tres reuniones se harán en el despacho del jefe de Gabinete, en la planta baja de la Casa Rosada.
“Tiene muy complicada la reunión de labor parlamentaria”, fue la razón que dieron a cerca de Bullrich, que desde hace semanas viene objetando la continuidad de Adorni en su puesto, aunque encabeza las negociaciones para dilatar-y en el mejor de los casos, diluir-el pedido de interpelación impulsado por la oposición kirchnerista en la Cámara alta. La reunión de labor parlamentaria, en la que se acuerda el temario con los presidentes de los bloques, está prevista para las 18 de hoy.
No se trata, por cierto, del primer desplante de Bullrich hacia Adorni, a quien sus pares del Gabinete critican en privado, sobre todo luego de declarar, en una entrevista con LN+, que ocultó 500.000 dólares sin declarar, una suma de dinero que presuntamente habría obtenido gracias a una herencia familiar e inversiones en criptomonedas. A principios de mayo, la jefa de los senadores libertarios pidió que el exvocero se apartara de la gestión durante una reunión de Gabinete, aunque en los últimos días suavizó su postura pública, y afirmó que “el Presidente cree que Adorni dio una explicación razonable”, al exponer sus argumentos en la entrevista.
Como informó este diario, tras aceptar el miércoles de la semana que la moción podía tratarse si la habilitaba la mayoría absoluta del cuerpo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza dio marcha atrás y ahora quiere exigir el voto de los dos tercios de los senadores presentes, ya que el proyecto de resolución presentado por el kirchnerismo no tiene dictamen de comisión y, por lo tanto, debería discutirse sobre tablas.
“Hay varios que van porque tienen que ir”, comentaron cerca de otro de los senadores oficialistas, que sí estará hoy junto al jefe de Gabinete. Habrá otras ausencias notables, como la del cordobés Luis Juez, por compromisos particulares, según supo este diario. “El Gobierno necesita una buena vocería que no tenga que arrancar explicando conductas personales”, afirmó Juez el sábado pasado, a Cadena 3.
Pocos ocultan su incomodidad por el convite de Adorni, en un día de transición para el equipo comunicacional oficial, ya con el designado secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, en Balcarce 50, en reemplazo de Javier Lanari, cercano al jefe de Gabinete y cuya salida se anunciara en la tarde de ayer.
Los ingresos de Ravier y Fernández fueron decididos el viernes, en la reunión de seis horas que sostuvieron el presidente Javier Milei y Adorni. La continuidad del ministro coordinador cuenta hasta el momento con el inflexible apoyo del Presidente y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque siguen circulando los nombres de los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Cancillería) como eventuales reemplazantes, mientras avanza la causa judicial contra el ministro coordinador por presunto enriquecimiento ilícito.
En relación a esa causa, Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa que Manuel Adorni tiene en el country Indio Cuá —una de las propiedades bajo la lupa en la investigación por el crecimiento patrimonial del funcionario—, reveló el domingo que recibió una intimación de ARCA para subsanar una serie de “inconsistencias” detectadas en su situación fiscal. El empresario, que aseguró haber recibido US$245.000 por las refacciones realizadas en la vivienda del funcionario mileísta, afirmó además que no volvió a tener contacto con Adorni desde que estalló la polémica.
a cargo,informó este diario,reunión de seis horas,Matías Tabar,que aseguró haber recibido US$245.000 por las refacciones realizadas en la vivienda del funcionario mileísta,Jaime Rosemberg,Conforme a
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