El Consejo de la Magistratura discutió en sus comisiones el reglamento propuesto por la Corte Suprema de Justicia para modificar la manera en que se eligen los jueces con la presencia de ONGs que respaldaron la iniciativa, en cuanto a que da transparencia y resta discrecionalidad al proceso, pero le criticaron falta de perspectiva de género.

El debate se dio durante la reunión de la Comisión conjunta de Selección y Reglamentación del Consejo que sesionó para escuchar las posturas de la sociedad civil con respecto a los cambios propuestos por los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la acordada 4/26.

La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) coincidieron en la necesidad de aplicar al proceso una mayor transparencia, como propone el nuevo reglamento, y manifestaron objeciones sobre la discrecionalidad del sistema.

Nieves Macchiavelli, representante de la Asociación de Mujeres Juezas, expresó la principal preocupación de su asociación: la eliminación del cupo femenino en el nuevo reglamento propuesto por la Corte.

En el reglamento vigente, se debe citar a mujeres si no están primeras entre los primeros seis y si la entrevista es satisfactoria y no hay mujeres en los primeros tres lugares, se debe convocar una mujer para integrar cada terna.

Macchiavelli afirmó: “Me gustaría alertar que el nuevo reglamento propuesto por la Corte elimina tal categoría de mujeres y eso no tiene un impacto neutro”.

La jueza subrayó que el debate no debe plantearse como una falsa dicotomía entre “mérito vs. género”.

En contraste, la asociación sostiene que “la condición de mujer no es un factor irrelevante de la toma de decisiones, por el contrario es una categoría jurídica”, cuyo objetivo es garantizar “el cumplimiento de mandatos vigentes”.

Julián Alfie, en representación de Inecip, si bien consideró “urgente” sancionar una nueva normativa, sostuvo que el proyecto “no termina de solucionar los problemas que diagnostica”.

Alfie argumentó que el proceso de selección de magistrados presenta “altos márgenes de discrecionalidad que permiten sospechas de que inciden factores no objetivos”.

Además, remarcó la “falta de perspectiva de género”, indicando que actualmente el “70% de los cargos de magistrados son varones”.

“Encontramos problemas en la selección de magistrados. Los largos plazos de los concursos que generan vacancias larguísimas, que generan un interinato permanente”, sostuvo.

Según el Inecip, el proyecto mantiene la regla de que los concursos inician solo cuando se produce una vacante y que “los postulantes y los evaluadores saben cuál es el cargo en juego”, lo que constituye el “corazón de la discusión”.

Sin embargo, la propuesta de los jueces de la Corte es hacer concursos anticipados como norma y tener una suerte de banco de candidatos ya elegidos para cuando se produzca la necesidad de cubrir esos cargos.

En línea con la necesidad de objetividad, Clara Lucarella, de ACIJ, remarcó que cualquier modificación del reglamento debe apuntar a la “idoneidad mediante evaluaciones justas, reducir el margen de discrecionalidad en distintas instancias y abrir la información en todas las instancias del proceso”.

La consejera abogada Jimena De la Torre manifestó estar en contra de los cupos y sugirió abordar el problema estructural de las mujeres al inicio del proceso.

Propuso, por ejemplo, bajar un 30% el peso de los antecedentes, para que las mujeres “sientan que hay una real igualdad”, ya que “las mujeres no se inscriben porque saben que caen con los antecedentes”.

De la Torre concluyó que su postura es “aprobar la acordada 4/2026 sin cambios ya que nos deja en un lugar más objetivo y más meritocrático”.

Por su parte, la consejera jueza Agustina Díaz Cordero salió al cruce de las críticas sobre transparencia y la escasa presencia de mujeres en las ternas.

Aclaró que las ternas enviadas que no incluían mujeres correspondían a concursos de 2018 y no aplicaban la Acordada 216/2019, que rige “desde el concurso 436 en adelante”.

Por otra parte, aseguró que el Consejo está “trabajando de manera muy fuerte en todo lo que es transparencia como una política pública”, destacando que las entrevistas son públicas y “se transmiten por YouTube”.

Fernanda Vázquez, consejera por los abogados, sostuvo que “muchas veces hay propuestas que se han hecho en este Consejo que son viables, pero que no reúnen el consenso y lo que se hace en este lugar es un consenso de los estamentos”.

“A mí me preocupa la escasez de abogados concursando, los que llegan; cómo podemos trabajar para mejorar estas cuestiones porque vamos a tener una justicia mejor y más eficiente con abogados de la matrícula”.

Sostuvo que es necesario llegar a consensos. “Esta reunión es prueba de nuestro compromiso y la seguridad que tenemos para que la norma sea mejor”, enfatizó.

Por otra parte, en la reunión de hoy la comisión de Acusación del Consejo decidió citar a una suerte de indagatoria al juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por fallar a cambio de coimas para que un empresario pudiera acceder a dólares a cambio oficial.

Y se decidió postergar una decisión similar sobre el juez civil y comercial Patricio Maraniello, acusado por maltrato y abuso, pese a los numerosos testimonios que se vinieron escuchando en las últimas semanas.

Los dos magistrados investigados están en etapa de definiciones en sus procesos.

Según se resolvió en la reunión hoy por unanimidad, Salmain será citado en las próximas semanas por el artículo 20 del reglamento, que implica la posibilidad de que el juez investigado haga un descargo, presencial o por escrito, para responder a las acusaciones que pesan en su contra.

La defensa de Salmain buscaba frenar esta decisión en base a la denuncia que él mismo promovió en los tribunales de Comodoro Py 2002 contra el arrepentido Fernando Whpei, que reveló cómo logró que el magistrado sacara un fallo a su favor a cambio de una coima de 200 mil dólares y con la ayuda del operador judicial Santiago Busaniche.

Aunque inicialmente la jueza María Servini había resuelto que esa denuncia de Salmain en Buenos Aires fuera enviada a Rosario porque es parte de su defensa, la semana pasada el camarista Eduardo Farah decidió hacer lugar al pedido del juez. Y ese fallo fue presentado por Salmain para postergar el trámite por su presunto mal desempeño.

No lo consiguió: por unanimidad la comisión decidió avanzar con la citación y darle la posibilidad para sustanciar esa nueva prueba. Allí votaron el abogado Alberto Maques, el senador nacional Luis Juez, los diputados nacionales Álvaro González (Pro), Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria), Vanesa Siley (Unión por la Patria) y Gonzalo Roca (La Libertad Avanza) y el abogado César Grau.

Quien logró evitar frenar su citación, a través del artículo 20°, fue Maraniello, el juez que se conoció por dictar un fallo que prohibió la difusión de supuestos audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Hay cuatro expedientes contra Maraniello por aquel fallo que, según las denuncias, violaba la libertad de prensa. La comisión tenía agendado dar inicio al trámite de esas denuncias contra Maraniello, además de otras por retardo de justicia.

Fue Roca, diputado de LLA, quien pidió postergar los trámites contra Maraniello.

El consejero Santiago Viola, viceministro de Justicia, estuvo en la reunión a pesar de que no integra la comisión de Acusación. Viola fue abogado de Karina Milei en la causa que llevó Maraniello.

El pedido de Roca para postergar los expedientes de Maraniello generó una discusión entre los consejeros, que se habían reunido momentos antes a puertas cerradas y parecían haberse puesto de acuerdo inicialmente.

Al pedir la palabra, Roca solicitó postergar el tratamiento de todos los expedientes cuando ya se terminaba de votar el primero sobre ese juez y habían decidido notificarlo por el artículo 11, que implica notificarlo de nuevas denuncias en su contra. “Posterguemos para que analicemos todos los expedientes de manera unificada”, dijo Roca.

Tailhade contó lo acordado momentos antes a puertas cerradas en torno a la postergación y su colega, Vanesa Siley, planteó que era absurdo acordar que se postergaban todos los expedientes cuando terminaban de votar uno. “Si fuera lógico lo que pide Roca, no tendría lógica lo que acabamos de votar”, señaló.

Tanto el senador de LLA Luis Juez como el abogado Alberto Maques (presidente de la comisión) salieron a sostener el pedido de Roca. Finalmente, todos los integrantes del cuerpo terminaron votando la postergación, incluidos los kirchneristas.

“Por esta vez en particular todo lo que tiene que ver con Maraniello queda suspendido”, dijo Maques. “En labor yo entendí lo contrario”, quiso dejar asentado Tailhade.

La postergación incluyó avanzar con la citación a hacer su descargo por las graves acusaciones contra Maraniello por maltrato y acoso a los empleados, entre los cuales figura una víctima que habló de abuso sexual.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, le contestó este miércoles a su par riojano, Ricardo Quintela, en relación a la polémica limítrofe que surgió por el proyecto minero Vicuña.

Quintela había cuestionado la validez de los acuerdos limítrofes entre las provincias vigentes desde 1968. Ahora, Orrego aseguró que defenderá el territorio y los recursos de San Juan “con la ley en la mano”.

La disputa por el proyecto minero lleva ya cinco años y las tensiones por el territorio y los recursos de los yacimientos de cobre, oro y plata fueron escalando.

Este año la problemática llegó a la Justicia, cuando La Rioja solicitó un informe de impacto ambiental a la empresa Vicuña Corp con el argumento de que el impacto ambiental podría alcanzar a la provincia: el proyecto se realiza a cinco kilómetros de la frontera, pero las autoridades sanjuaninas deben pasar por parte del territorio riojano para acceder a la zona de la iniciativa.

Este miércoles la Justicia de La Rioja restringió el acceso del camino de Guandacol, en territorio de dicha provincia, hacia el proyecto.

En declaraciones radiales, Quintela redobló la apuesta sobre la soberanía de la zona al asegurar que el acuerdo limítrofe firmado en 1968 que no tiene validez democrática, ya que fue firmado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Por ende, solicitó que el Senado nacional debería definir la pertenencia de la zona del yacimiento y del área de Ischigualasto (el parque provincial sanjuanino).

“El conflicto es con la empresa -afirmó Quintela-, pero la provincia de San Juan debe tener un gesto de generosidad. Lo he hablado antes con (Sergio) Uñac, no con el gobernador actual”, señaló en diálogo con AM750.

Este miércoles Orrego brindó una fuerte respuesta en un comunicado oficial. “El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos”, expresó.

Añadió que la soberanía de su provincia sobre el yacimiento es “clara, legal y reconocida”: “No existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir las regalías de sus recursos con otra. Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos. Y lo vamos a defender con la ley en la mano, no con declaraciones en los medios”.

Sostuvo, además, que aunque tienen “el mayor respeto por La Rioja”, que no se debe “abrir debates que no tienen sustento jurídico”. “La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones”, arremetió.

La disputa comenzó en 2021. El megaproyecto minero es el más importante de San Juan y uno de los más significativos del país.

Está instalado en dicha provincia, pero su logística pasa por La Rioja. Además, la iniciativa está a cinco kilómetros del borde fronterizo. En ese entonces Quintela argumentó que el proyecto podía afectar a las cuencas riojanas debido al uso del río que divide a ambas provincias. Por ello, la empresa se decidió a usar aguas subterráneas.

El año pasado el conflicto escaló cuando Quintela afirmó que el territorio de los yacimientos de cobre, oro y plata es, en realidad, territorio riojano. El gobernador cuestionó los acuerdos territoriales establecidos en 1968. Sin embargo, el conflicto no escaló por la vía legal hasta 2026.

Esta semana se presentó el momento más importante, ya que los inversores debían firmar para comenzar el proyecto de forma oficial. Fue entonces que La Rioja solicitó que la empresa Vicuña Corp presente una evaluación ambiental integral del proyecto al gobierno provincial.

Uno de los argumentos de Quintela es que el impacto ambiental de la iniciativa llegaría también al territorio riojano. Cuando se negaron a presentar el informe a otro distrito, Quintela avanzó con una medida judicial.

La jueza María Greta Decker dio lugar al reclamo y, poco después, suspendió por 30 días las actividades vinculadas al proyecto porque la empresa no presentó el estudio correspondiente. También bloqueó el tránsito de maquinaria y suministros y cerró los caminos estratégicos en territorio riojano.

El proyecto avanzaba con tareas de reconstrucción. Las inversiones que se esperaban para 2026 se acercaban a los US$1.000 millones.