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ARA San Juan: la fiscalía solicitó penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exoficiales de la Armada

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EL CALAFATE.- El Ministerio Público Fiscal solicitó entre cinco y tres años y medio de prisión para los cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina juzgados por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, que costó la vida a sus 44 tripulantes.

La acusación recayó sobre el contralmirante (re) Luis Enrique López Mazzeo, con cinco años; el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide, también con cinco años; el capitán de navío (re) Héctor Aníbal Alonso, con cuatro años; y el capitán de fragata (re) Hugo Miguel Correa, tres años y seis meses.

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Los fiscales Julio Zárate, Gastón Franco Pruzán y Lucas Colla, junto a la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Garmendia, pidieron además de la prisión, la inhabilitación especial perpetua, accesorios legales y las costas del proceso por considerar a los cuatro marinos autores penalmente responsables del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de los 44 tripulantes del submarino.

Con el alegato fiscal se inició así el tramo final del juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal Criminal de Río Gallegos presidido por Mario Reynaldi y que en la jornada de hoy se extendió entre las 9 y las 19.

El equipo del MPF afirmó que el submarino ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata para cumplir la orden de operaciones “en condiciones técnico-operativas deficientes de las cuales los cuatro imputados estaban en conocimiento que no se había dado cumplimiento a los ciclos de mantenimiento correctivo programados y establecidos en la reglamentación, ni atendido a los informes técnicos de inspección y pedidos que recibieron”, según detalló el fiscal Gastón Prozán.

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Uno de los momentos de la exposición de la fiscal María Garmendia, de la PIAcaptura zoom

La acusación fiscal sostiene que lo sucedido con el submarino el 15 de noviembre “no fue un hecho instantáneo, fortuito, imprevisible, sino que hubiera podido ser evitado por parte de los cuatro imputados, quienes tenían una especial situación de garantía en función de sus cargos con específicas funciones de seguridad, alistamiento, adiestramiento y sostén de los medios del poder naval”.

El juicio, que comenzó el 3 de marzo de 2026, reconstruyó con precisión el derrotero del ARA San Juan desde que ingresó en 2007 a la reparación de media vida que estuvo a cargo del Proyecto Submarino hasta el 2015, momento en que salió del dique seco y acumuló desperfectos técnicos documentados por los distintos comandantes del buque que fueron expuestos en las audiencias.

Como quedó documentado en las audiencias, al iniciar su última travesía, el submarino había excedido largamente el intervalo reglamentario establecido entre puestas en seco para las tareas de mantenimiento planificado previstas por su empresa fabricante.

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Para los fiscales, cuando el 25 de octubre de 2017 la nave zarpó desde la Base Naval Mar del Plata con destino a la Base Naval Ushuaia lo hizo «en condiciones técnico operativas deficientes para realizar las tareas encomendada, según el requerimiento de elevación a juicio leído en la apertura del debate, sobre los cuales hoy los fiscales construyeron su imputación.

El 11 de noviembre de 2017, el ARA San Juan zarpó desde la Base Naval Ushuaia hacia el área de patrulla asignada. Tres días después, entre las 22.35 y las 23.42 del 14 de noviembre, se produjo un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías N° 3, lo que ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio. Al día siguiente, el 15 de noviembre a las 10.51, se produjo la pérdida de plano y la posterior implosión de la unidad al superar la profundidad de colapso. Los 44 tripulantes murieron.

A su turno, el fiscal Lucas Colla, quien conoce la causa desde el principio ya que fue parte de la instrucción en Caleta Olivia, se explayó sobre las responsabilidad de Lopez Mazzeo, “la infracción del deber de cuidado aumentó el peligro en los submarinistas a partir de su zarpada el día 25 de octubre de 2017 y su ulterior pérdida, la emisión de ordenes operativas en las condiciones que se encontraba el submarino más la información que contaba Lopez Mazzeo luego de la navegación de julio constituye el eje central del quebrantamiento de los deberes que le reprochamos y explican prevalentemente el resultado imputado. Entendemos así, que era su deber y hubiera evitado el resultado si hubiere priorizado la seguridad por sus ambiciones personales y sus objetivos opertivos”.

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Por su parte, la fiscal María Garmendia, del equipo de la PIA, tuvo a su cargo la exposición de la acusación de Villamide y según su alegato las defensas de los marinos intentaron durante el juicio orientar los interrogatorios de los testigos para responsabilizar al comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, de las decisiones tomadas en el buque.

“Lo que si vemos es un intento de poner en cabeza del comandante la responsabilidad sobre todos estos eventos para deshacerse de la responsabilidad. Pero el informe que dejó Fernandez reconociendo la maniobra que hizo, (en referencia a una prueba en la válvula E-19 durante la navegación de julio) no sabía que iba a ser la única voz en este juicio explicando que es lo que pasó y nosotros lo ponemos en valor. El MPF lo pone en valor porque no puede ser usado como un ausente útil para desligarse de responsabilidad”.

Los exmarinos Luis Enrique Lopez Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel CorreaWALTER DIAZ – AFP

La fiscalía construyó su acusación sobre las funciones específicas que cada uno de los imputados ejercía en la cadena de mando y que, según el MPF, incumplieron de manera determinante.

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A Claudio Javier Villamide, titular del Comando de la Fuerza de Submarinos entre febrero y noviembre de 2017, la fiscalía le atribuye haber permitido que el submarino participara de su última misión pese a conocer el vencimiento del mantenimiento, el pedido de ingreso a dique seco formulado por el comandante de la nave en marzo de 2017 y las graves deficiencias registradas en la navegación de julio de ese mismo año.

En tanto que a Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), tenía a su cargo fijar y supervisar el cumplimiento de las normas de alistamiento de todos los medios del Poder Naval. Según la acusación, no ejerció esa supervisión respecto del ARA San Juan pese a conocer la falta de mantenimiento programado, el deterioro del equipamiento y las anomalías registradas en navegaciones anteriores.

Por su parte, Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador del Alistamiento, suscribió la Orden de Operaciones COFS 04/17 en ausencia del titular del Comando; para la fiscalía, lo hizo sabiendo las dificultades que el submarino enfrentaría: las millas a navegar, los objetivos a cumplir y las condiciones hidrometeorológicas del Atlántico Sur en noviembre de ese año.

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Finalmente, Hugo Miguel Correa, jefe de Comunicaciones y de la Central de Comunicaciones de Submarinos (Cencomsub), es acusado de no haber asegurado un servicio de comunicaciones rápido y seguro entre el ARA San Juan y el Comando de la Fuerza de Submarinos durante la última navegación. La fiscalía considera que participó activamente en la confección de la orden de operaciones que envió al submarino a su misión final.

Para los fiscales, cada uno de los cuatro imputados posibilitó, con sus conductas u omisiones, que se dieran las condiciones necesarias para elevar el riesgo permitido en la actividad submarina. “Hoy, señores jueces, nos encontramos aquí frente a un punto de inflexión y que nos interpela a todos, pero no solo la Armada Argentina, sino a todo el Estado nacional y los componentes que lo conforman con nosotros incluidos, el accionar imprudente de los cuatro imputados debe ser objeto de la condena solicitada por este Ministerio Público Fiscal, conforme la prueba expuesta”, sostuvo en las palabras finales el fiscal Pruzán.




Mariela Arias,Conforme a

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El analista Lucas Romero habló sobre los cambios en el Gobierno: “Es una suerte de renuncia funcional de Adorni”

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El oficialismo atraviesa una semana clave en el Congreso ante la presión política sobre Adorni, cuyo futuro se debate entre maniobras dilatorias en Diputados y posibles definiciones en el Senado, según explicó el consultor Lucas Romero.

En la charla con el staff de Infobae al Regreso, el director de la consultora Synopsis describió el movimiento interno que atraviesa el gabinete presidencial tras la presentación de la declaración jurada de Adorni. “Parte de las estrategias del oficialismo son para tratar de dilatar, de postergar, de generar que el tiempo baje un poco y calme los ánimos, porque en definitiva, todo esto es la reacción de la presentación de la declaración jurada de Adorni hace diez días”, aseguró.

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El recorte de funciones como mecanismo de contención

Romero interpretó que el gobierno busca evitar una renuncia formal del jefe de gabinete y, en cambio, opta por despojarlo de responsabilidades: “Yo le llamo una suerte de renuncia funcional de Adorni, pero no formal. Es decir, le voy quitando funciones porque ya no me sirve para comunicar. Entonces, le quito esas funciones y veo si eso calma un poco los ánimos del resto de los actores para ver si me dejan conservar a Adorni como jefe de Gabinete sin funciones, que pueda darle esta posibilidad al presidente de no ofrendarle al periodismo la renuncia de Adorni”.

El consultor señaló que el Ejecutivo prefiere mantener al funcionario bajo perfil y repartir sus tareas: “Está buscando formas de conservarlo; una forma es no exponerlo más en el rol y en la función que tenía y, en todo caso, ir delegando esas funciones a otros actores. Apareció un nuevo vocero, aparece un nuevo secretario de comunicación y de prensa. Me parece que ir quitándole funciones y que Adorni quede ahí, como lo que es”.

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Romero sostuvo que desde el inicio la designación de Adorni tuvo un sentido instrumental: “Adorni vino a ocupar un rol que es la de invertir la relación de jerarquía entre la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia y permitirle a Karina Milei ser jefa de Gabinete sin serlo. Es alguien que ocupa ese lugar y que está puesto a disposición de las decisiones políticas que tome la figura fuerte dentro del gabinete, que es Karina Milei”.

Karina Milei y el reordenamiento del poder interno

El director de Synopsis remarcó la influencia de Karina Milei en la dinámica del gabinete: “Karina Milei no puede ser jefe de Gabinete, primero porque estaría muy expuesta, por ejemplo, a una moción de censura, siendo una figura realmente relevante, pero además porque no tiene habilidades, capacidades, herramientas para ejercer ese rol. Entonces, me parece que estamos camino a esa normalidad, de tener una suerte de jefe de gabinete protocolar”.

Romero sostuvo que el Gobierno le quita funciones a Adorni y delega tareas en un nuevo vocero y en un secretario de Comunicación y Prensa (Infobae en Vivo)

Además, Romero recordó el veto a otros aspirantes a la jefatura de gabinete: “Ella bloqueó la llegada de Santiago Caputo”. El politólogo señaló que este reordenamiento responde tanto a la necesidad de blindar a la funcionaria clave del presidente como al diseño de un gabinete en el cual las funciones se reparten según las urgencias políticas y mediáticas.

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Las maniobras en el Congreso y el desafío de la gobernabilidad

Consultado sobre las perspectivas inmediatas en el Congreso, Romero diferenció el escenario en Diputados y en el Senado: “Yo diría, son dos cámaras distintas hoy que plantean dos escenarios distintos para el oficialismo. La Cámara de Diputados ya tuvo un antecedente, una votación que estuvo a cinco votos de lograr los 129 que se requerirían para la moción. Creo que el gobierno está mucho más frágil en Diputados que en el Senado”.

Respecto a la Cámara alta, el consultor consideró que la negociación con gobernadores puede ser decisiva: “En el Senado los votos son, voy a decirlo en el mejor de los términos, comprables, negociables. Porque están los gobernadores detrás, puede haber un toma y daca, puede haber una relación, una gestión más transaccional con esos gobernadores para evitar que buena parte de esos 10 senadores del radicalismo, incluso algunos otros senadores provinciales, no aporten los números necesarios para ese 37 de votos que se requiere para la moción”.

Lucas Romero advirtió que el Gobierno está más frágil en Diputados que en el Senado ante una eventual moción contra Adorni

Romero también analizó el debate en torno a las mayorías necesarias para interpelaciones y mociones de censura: “El planteo ahora del oficialismo de que para activar el trámite del procedimiento se requiere una mayoría especial porque no pasó por comisión, la famosa mayoría de dos tercios para el tratamiento sobre tabla, me parece una interpretación amañada del espíritu de la ley, porque la Constitución le otorga una facultad al Congreso que el Congreso la puede ejercer”.

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El politólogo subrayó el trasfondo político que puede determinar el desenlace: “Uno imaginaba que ese mecanismo de la moción de censura, de hecho no tenía antecedentes porque, en algún punto, cuando el evento está cerca de ocurrir, el Ejecutivo toma la decisión antes para no someterse a una exposición de debilidad, que es que el Congreso le remueva a un funcionario. ¿Qué puede estar operando acá? Que el presidente interpreta que hay una operación de la oposición, de algunos sectores, de los medios, sectores de poder que quieren hacerle daño al Gobierno”.

Finalmente, Romero advirtió sobre el impacto en la opinión pública: “Acá el presidente está confrontando no solo contra la oposición, sino contra la opinión pública también”.

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La CGT se encamina a anunciar esta semana un plan de lucha contra el Gobierno y analiza medidas de fuerza escalonadas para el segundo semestre

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La Confederación General del Trabajo (CGT) buscará este jueves darle forma a un plan de lucha que viene discutiendo desde hace semanas y que podría traducirse en medidas de fuerza escalonadas impulsadas por distintos sindicatos en el segundo semestre. La definición quedará en manos del Consejo Directivo, que se reunirá a las 14 en la sede de la calle Azopardo para analizar el impacto de la reglamentación de la reforma laboral, el estado de la estrategia judicial y los pasos a seguir para enfrentar las políticas del Gobierno de Javier Milei, según pudo saber TN.

La conducción cegetista ofrecerá una conferencia de prensa al término del encuentro, prevista entre las 16.30 y las 17. Allí se espera que informe las conclusiones de una discusión que ganó intensidad después de la publicación del decreto reglamentario de la reforma laboral.

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La reunión será encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. Aunque dentro de la CGT conviven posiciones diferentes sobre el alcance de las medidas a adoptar, en los últimos encuentros se consolidó la idea de construir una estrategia sostenida que involucre a distintos gremios antes de evaluar un nuevo paro general.

Esa decisión ya había quedado reflejada en las reuniones que la central obrera mantuvo con las confederaciones que integran su estructura y también en los contactos iniciados con las dos CTA para explorar acciones coordinadas.

Reforma laboral y frente judicial

Uno de los ejes centrales de la reunión de este jueves será el análisis de la reglamentación de la reforma laboral y de las consecuencias que los sindicatos advierten sobre la actividad gremial y la negociación colectiva.

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Sola planteó este lunes que todavía existen cuestiones pendientes de resolución judicial vinculadas al derecho de huelga, la acción sindical y distintos aspectos de la reforma. En diálogo con Radio Continental, cuestionó la posibilidad de avanzar hacia esquemas de negociación por empresa. “Lo que están intentando es abrir sindicatos por empresa, eso atomiza”, sostuvo.

Los gremios combativos mantienen la presión para que la CGT convoque a un nuevo paro general (Foto: ATE).

Dentro de la CGT consideran que la publicación del decreto abrió una nueva etapa de disputa. Por ese motivo, el Consejo Directivo también evaluará el estado de las presentaciones judiciales impulsadas por distintos gremios para intentar frenar aspectos de la reglamentación que consideran inconstitucionales.

La central obrera le había anticipado a este medio que buena parte de esos planteos serían promovidos por cada sindicato en forma individual y no necesariamente mediante acciones institucionales de la CGT.

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Coordinación sindical

El encuentro también incluirá un repaso de la reunión que la CGT mantuvo la semana pasada con la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

Ese encuentro concluyó con el compromiso de fortalecer la coordinación entre las tres centrales sindicales y de avanzar en una agenda común frente a los conflictos laborales que atraviesan distintos sectores. Señalaron la necesidad de sostener espacios de articulación permanentes y trabajar en la construcción de un plan de lucha unificado.

La posibilidad de ampliar la coordinación sindical aparece como uno de los elementos que la CGT pretende incorporar a la mesa de debate, en un contexto marcado por los cuestionamientos a la reforma laboral, pero también por reclamos vinculados al empleo y a la actividad productiva.

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La discusión sobre las medidas concretas sigue abierta, aunque en la conducción cegetista viene ganando terreno la idea de acciones escalonadas, los gremios combativos no abandonan la presión para que la CGT convoque a un paro general.

En ese marco, Sola anticipó que la central obrera trabaja en una estrategia de mayor alcance para el segundo semestre y que “el plan de lucha de la CGT va a ir en camino hacia una gran medida nacional”. La definición sobre cómo se instrumentará ese esquema comenzará a resolverse este jueves.

CGT, reforma laboral, CTA autónoma, CTA de los Trabajadores

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La mano derecha de Kicillof evitó confrontar con Máximo Kirchner, pero no hay señales de acercamiento

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“Los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a ver a la compañera y preguntarle cómo está, qué necesita”. La frase del discurso del diputado nacional, Máximo Kirchner, durante el acto que el kirchnerismo llevó adelante el último sábado en Parque Lezama, al cumplirse un año de detención de la expresidenta Cristina Kirchner, tuvo destinatarios puntuales: uno de ellos, quizá el de mayor magnitud, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La demanda no es nueva, pero ratifica y profundiza las diferencias existentes dentro del peronismo. Este lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, evitó referirse a ese asunto, puntualizó en que Kicillof “le pidió a nuestro sector que es el Movimiento Derecho al Futuro y al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que convoque y participe” y ponderó la inocencia de Cristina en el marco de la causa Vialidad.

“La convocatoria del sábado fue muy clara, era muy claro el objetivo: conmemorar el año de prisión injusta de Cristina y por eso justamente el gobernador le pidió tanto a nuestro sector, que es el movimiento Derecho al Futuro, que convoque y que participe en distintos referentes y en general a los compañeros y compañeras. Hizo lo propio también como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Fueron dos convocatorias públicas. Participaron compañeros y compañeras de ambos espacios. Nuestra propuesta y nuestra posición siempre fueron muy claras respecto de la injusta prisión de Cristina”, dijo el ministro provincial ante la consulta de Infobae durante la conferencia de prensa de este lunes en la gobernación bonaerense.

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El ministro de Gobierno bonaeresne, Carlos Bianco

Si bien en la antesala se especuló con la posible presencia del mandatario bonaerense en el acto en Parque Lezama, finalmente Kicillof no estuvo. En su discurso, sin dar nombres propios más allá del del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, Máximo Kirchner se encargó de enfatizar los sectores del peronismo que hoy muestran distancia de la base política que conduce su madre. Allí entra el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que conduce el gobernador.

Bianco enfatizó con respecto a la situación de Cristina Kirchner que “nuestra posición siempre fue muy clara. Nosotros creemos que esa condena es absolutamente injusta y que Cristina es inocente. Eso siempre fue muy claro y esa es la razón por la cual desde los sectores que conduce el gobernador Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro y el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, hemos decidido convocar y participar”.

De momento no habrá encuentro en San José 1111 entre el mandatario bonaerense y la ex presidenta. La última vez que se reunieron fue tras los comicios provinciales del 7 de septiembre y en la antesala de la elección a diputados nacionales de octubre: es decir, con la pena de prisión domiciliaria ya en curso. Este lunes, Bianco evitó precisar si habrá alguna reunión entre los dirigentes a la brevedad.

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En este contexto, ambos espacios transitan caminos paralelos y así se advierte que continuará la relación. La próxima parada en la dinámica peronista será el 1 de julio. Para ese día, como adelantó este medio, está previsto que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se reúna, aunque será un encuentro de carácter institucional y no un acto político. Ese día se cumplen 52 años del fallecimiento del expresidente Juan Domingo Perón y desde el PJ bonaerense piensan en realizar un encuentro con las autoridades de los PJ de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La locación elegida será la Quinta de San Vicente.

Kicillof reunirá a los presidentes de los PJ locales el próximo 1 de julio

Del acto en Parque Lezama, sí hubo participación de algunos integrantes del espacio político de Kicillof como el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quien no subió a las gradas; o el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascalles, que además es el Secretario General del PJ bonaerense.

Otro dirigente cercano a Kicillof que estuvo en las gradas del escenario de Parque Lezma fue el exjefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina. Semanas atrás se reunió con Kicillof. Este sábado escuchó el discurso de Máximo Kirchner. En declaraciones a Infobae a las 9, consideró: “Tuve y tengo diferencias con Cristina. La enfrenté en momentos en que tenía muchísimo poder. El acto no me gustó. No me gustó el discurso de Máximo para nada. Fue muy internista, pegándole a Axel”. Y explicó que su presencia en el acto respondió a una convicción personal: “Creí que tenía que estar ahí, más que nada por el primer año de ese momento de ella”.

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La militancia que se acercó a Parque Lezmana pidió no solo por la libertad de CFK, sino también por una eventual candidatura presidencial

La actual situación no exime a Kirchner y Kicillof de reunirse al momento de las definiciones, sobre todo electorales. ¿Cuál sería la herramienta para acordar una estrategia electoral que sostenga un marco de unidad dentro del peronismo? Las PASO. Al menos, así lo entienden cerca de Kicillof. Las elecciones primarias están vigentes pese a la intención del gobierno nacional de eliminarlas en el Congreso. En el plano legislativo, la gestión de Milei hoy no tiene los votos para modificar el escenario electoral.

“A mí me parece que es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo, del campo popular en su conjunto”, planteó este lunes Bianco sobre unas PASO. “Me animo a decir no solo del peronismo, sino del campo popular en su conjunto. Y en ese caso, los distintos compañeros y compañeras que quieran representar a nuestra fuerza política o al campo popular tendrán la posibilidad y el espacio para presentarse. Después, la gente votará y definirá quién es el mejor candidato posible del campo popular para enfrentar a Milei o al candidato de la derecha, porque va a haber un candidato de la derecha, seguramente lo va a elegir el círculo rojo en su momento, de acuerdo a las circunstancias vigentes. Será Milei, será otra persona, pero seguramente vamos a tener un candidato que exprese el voto más de la derecha y tenemos que poner un candidato que exprese el voto de los intereses del campo popular».

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