Golpeado por las peripecias patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno de Javier Milei busca recuperar la iniciativa con el anuncio del envío de una reforma política al Congreso. Sin embargo, los primeros indicios muestran que el Senado, la cámara que elegiría el Poder Ejecutivo para iniciar el debate, sería un terreno adverso a la posibilidad de eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

El mal clima se percibe incluso en los cuarteles oficialistas, donde ya se manejan propuestas alternativas ante la eventualidad de que la eliminación permanente de las PASO no reúna la mayoría absoluta que establece la Constitución para aprobar una reforma electoral. En el caso del Senado se necesitan 37 votos afirmativos, la mitad más uno de los 72 miembros de la Cámara alta.

Por lo pronto, el radicalismo se inclinaría en su mayoría por modificar la ley y convertir las elecciones primarias en optativas, pero bajo ningún punto de vista apoyarían su eliminación. El mismo camino seguirían algunas fuerzas provinciales. El Pro, por su parte, recién tomará una definición cuando se reúna la mesa del partido con Mauricio Macri a la cabeza.

Si los votos escasean en la oposición dialoguista, son menos aun en el lado peronista de la Cámara alta. El kirchnerismo puro rechazará de manera cerrada la eliminación de las PASO. Y si bien se espera el apoyo al Gobierno nacional de mandatarios como el catamarqueño Raúl Jalil, es muy difícil que otros gobernadores sigan el mismo camino cuando las primarias se perfilan como el proceso que podría ordenar al PJ de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En algunos despachos libertarios ya se manejan ideas alternativas, como implementar un proceso optativo, con un sistema de inscripción voluntario de los ciudadanos para votar en las primarias de aquellos partidos que decidan dirimir sus internas en las urnas. Este registro sería oficial e invalidaría al ciudadano de participar en la compulsa de otra fuerza, “como ocurre con las primaras en lo Estados Unidos”, le explicó a un legislador del oficialismo.

“Si yo fuera radical o del Pro, no lo votaría”, se sinceró ante un senador de La Libertad Avanza, que entiende que en este momento la propuesta sólo favorece al oficialismo, que tiene en la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a “E jefe” que pretende llevar al partido con rienda corta desde su despacho de la Casa Rosada.

Antes de que el proyecto ingresara de manera oficial en el Congreso, el propio presidente Milei se encargó de informar que uno de los puntos centrales de la reforma política será la eliminación de las PASO.

Con esa premisa, este diario consultó a legisladores de la oposición dialoguista. Y la primera impresión, ya que todavía falta mucho camino por recorrer, muestra números adversos a las pretensiones del oficialismo.

Por lo pronto, la UCR votaría en masa en contra de la eliminación lisa y llana de las primarias que propone el Gobierno. Tampoco estaría de acuerdo con la suspensión de la herramienta, como sí lo hizo la gran mayoría de la bancada del centenario partido en febrero del año pasado.

En el radicalismo coinciden con el argumento oficialista de que hay que bajar los costos de la política en general y los que implica la realización de las PASO, en particular; pero consideran que no se le puede quitar a las fuerzas políticas una herramienta que les permita ordenar sus vidas internas. Más cuando el próximo turno electoral es presidencial.

En ese sentido, en el radicalismo también proponen “tomar en consideración la experiencia de los Estados Unidos”, encontrar mecanismos para que las internas sean optativas y hasta la posibilidad de permitirle a las fuerzas políticas elegir las fechas de la elección y, por lo tanto, que no haya una convocatoria simultánea. El mecanismo para hacerlo es, todavía, una incógnita.

Esta no sería la primera vez que el Gobierno busca cancelar las PASO por considerarlas un gasto innecesario. Tras amagar con su eliminación, el año pasado debió conformarse con la suspensión ante la inminencia del proceso electoral de cara a la definición de las listas legislativas. Era la única opción que reunía las mayorías necesarias para poder sancionar la ley en el Congreso.

Ahora, el panorama parece más complejo. La mayoría de las fuerzas políticas también rechaza la suspensión, ya que pretende reservarse esa herramienta para ordenar sus internas ante lo que será la contienda en 2027 por la presidencia y ya no sólo una elección legislativa, como la del año pasado.

El Consejo de la Magistratura discutió en sus comisiones el reglamento propuesto por la Corte Suprema de Justicia para modificar la manera en que se eligen los jueces con la presencia de ONGs que respaldaron la iniciativa, en cuanto a que da transparencia y resta discrecionalidad al proceso, pero le criticaron falta de perspectiva de género.

El debate se dio durante la reunión de la Comisión conjunta de Selección y Reglamentación del Consejo que sesionó para escuchar las posturas de la sociedad civil con respecto a los cambios propuestos por los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la acordada 4/26.

La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) coincidieron en la necesidad de aplicar al proceso una mayor transparencia, como propone el nuevo reglamento, y manifestaron objeciones sobre la discrecionalidad del sistema.

Nieves Macchiavelli, representante de la Asociación de Mujeres Juezas, expresó la principal preocupación de su asociación: la eliminación del cupo femenino en el nuevo reglamento propuesto por la Corte.

En el reglamento vigente, se debe citar a mujeres si no están primeras entre los primeros seis y si la entrevista es satisfactoria y no hay mujeres en los primeros tres lugares, se debe convocar una mujer para integrar cada terna.

Macchiavelli afirmó: “Me gustaría alertar que el nuevo reglamento propuesto por la Corte elimina tal categoría de mujeres y eso no tiene un impacto neutro”.

La jueza subrayó que el debate no debe plantearse como una falsa dicotomía entre “mérito vs. género”.

En contraste, la asociación sostiene que “la condición de mujer no es un factor irrelevante de la toma de decisiones, por el contrario es una categoría jurídica”, cuyo objetivo es garantizar “el cumplimiento de mandatos vigentes”.

Julián Alfie, en representación de Inecip, si bien consideró “urgente” sancionar una nueva normativa, sostuvo que el proyecto “no termina de solucionar los problemas que diagnostica”.

Alfie argumentó que el proceso de selección de magistrados presenta “altos márgenes de discrecionalidad que permiten sospechas de que inciden factores no objetivos”.

Además, remarcó la “falta de perspectiva de género”, indicando que actualmente el “70% de los cargos de magistrados son varones”.

“Encontramos problemas en la selección de magistrados. Los largos plazos de los concursos que generan vacancias larguísimas, que generan un interinato permanente”, sostuvo.

Según el Inecip, el proyecto mantiene la regla de que los concursos inician solo cuando se produce una vacante y que “los postulantes y los evaluadores saben cuál es el cargo en juego”, lo que constituye el “corazón de la discusión”.

Sin embargo, la propuesta de los jueces de la Corte es hacer concursos anticipados como norma y tener una suerte de banco de candidatos ya elegidos para cuando se produzca la necesidad de cubrir esos cargos.

En línea con la necesidad de objetividad, Clara Lucarella, de ACIJ, remarcó que cualquier modificación del reglamento debe apuntar a la “idoneidad mediante evaluaciones justas, reducir el margen de discrecionalidad en distintas instancias y abrir la información en todas las instancias del proceso”.

La consejera abogada Jimena De la Torre manifestó estar en contra de los cupos y sugirió abordar el problema estructural de las mujeres al inicio del proceso.

Propuso, por ejemplo, bajar un 30% el peso de los antecedentes, para que las mujeres “sientan que hay una real igualdad”, ya que “las mujeres no se inscriben porque saben que caen con los antecedentes”.

De la Torre concluyó que su postura es “aprobar la acordada 4/2026 sin cambios ya que nos deja en un lugar más objetivo y más meritocrático”.

Por su parte, la consejera jueza Agustina Díaz Cordero salió al cruce de las críticas sobre transparencia y la escasa presencia de mujeres en las ternas.

Aclaró que las ternas enviadas que no incluían mujeres correspondían a concursos de 2018 y no aplicaban la Acordada 216/2019, que rige “desde el concurso 436 en adelante”.

Por otra parte, aseguró que el Consejo está “trabajando de manera muy fuerte en todo lo que es transparencia como una política pública”, destacando que las entrevistas son públicas y “se transmiten por YouTube”.

Fernanda Vázquez, consejera por los abogados, sostuvo que “muchas veces hay propuestas que se han hecho en este Consejo que son viables, pero que no reúnen el consenso y lo que se hace en este lugar es un consenso de los estamentos”.

“A mí me preocupa la escasez de abogados concursando, los que llegan; cómo podemos trabajar para mejorar estas cuestiones porque vamos a tener una justicia mejor y más eficiente con abogados de la matrícula”.

Sostuvo que es necesario llegar a consensos. “Esta reunión es prueba de nuestro compromiso y la seguridad que tenemos para que la norma sea mejor”, enfatizó.

Por otra parte, en la reunión de hoy la comisión de Acusación del Consejo decidió citar a una suerte de indagatoria al juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por fallar a cambio de coimas para que un empresario pudiera acceder a dólares a cambio oficial.

Y se decidió postergar una decisión similar sobre el juez civil y comercial Patricio Maraniello, acusado por maltrato y abuso, pese a los numerosos testimonios que se vinieron escuchando en las últimas semanas.

Los dos magistrados investigados están en etapa de definiciones en sus procesos.

Según se resolvió en la reunión hoy por unanimidad, Salmain será citado en las próximas semanas por el artículo 20 del reglamento, que implica la posibilidad de que el juez investigado haga un descargo, presencial o por escrito, para responder a las acusaciones que pesan en su contra.

La defensa de Salmain buscaba frenar esta decisión en base a la denuncia que él mismo promovió en los tribunales de Comodoro Py 2002 contra el arrepentido Fernando Whpei, que reveló cómo logró que el magistrado sacara un fallo a su favor a cambio de una coima de 200 mil dólares y con la ayuda del operador judicial Santiago Busaniche.

Aunque inicialmente la jueza María Servini había resuelto que esa denuncia de Salmain en Buenos Aires fuera enviada a Rosario porque es parte de su defensa, la semana pasada el camarista Eduardo Farah decidió hacer lugar al pedido del juez. Y ese fallo fue presentado por Salmain para postergar el trámite por su presunto mal desempeño.

No lo consiguió: por unanimidad la comisión decidió avanzar con la citación y darle la posibilidad para sustanciar esa nueva prueba. Allí votaron el abogado Alberto Maques, el senador nacional Luis Juez, los diputados nacionales Álvaro González (Pro), Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria), Vanesa Siley (Unión por la Patria) y Gonzalo Roca (La Libertad Avanza) y el abogado César Grau.

Quien logró evitar frenar su citación, a través del artículo 20°, fue Maraniello, el juez que se conoció por dictar un fallo que prohibió la difusión de supuestos audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Hay cuatro expedientes contra Maraniello por aquel fallo que, según las denuncias, violaba la libertad de prensa. La comisión tenía agendado dar inicio al trámite de esas denuncias contra Maraniello, además de otras por retardo de justicia.

Fue Roca, diputado de LLA, quien pidió postergar los trámites contra Maraniello.

El consejero Santiago Viola, viceministro de Justicia, estuvo en la reunión a pesar de que no integra la comisión de Acusación. Viola fue abogado de Karina Milei en la causa que llevó Maraniello.

El pedido de Roca para postergar los expedientes de Maraniello generó una discusión entre los consejeros, que se habían reunido momentos antes a puertas cerradas y parecían haberse puesto de acuerdo inicialmente.

Al pedir la palabra, Roca solicitó postergar el tratamiento de todos los expedientes cuando ya se terminaba de votar el primero sobre ese juez y habían decidido notificarlo por el artículo 11, que implica notificarlo de nuevas denuncias en su contra. “Posterguemos para que analicemos todos los expedientes de manera unificada”, dijo Roca.

Tailhade contó lo acordado momentos antes a puertas cerradas en torno a la postergación y su colega, Vanesa Siley, planteó que era absurdo acordar que se postergaban todos los expedientes cuando terminaban de votar uno. “Si fuera lógico lo que pide Roca, no tendría lógica lo que acabamos de votar”, señaló.

Tanto el senador de LLA Luis Juez como el abogado Alberto Maques (presidente de la comisión) salieron a sostener el pedido de Roca. Finalmente, todos los integrantes del cuerpo terminaron votando la postergación, incluidos los kirchneristas.

“Por esta vez en particular todo lo que tiene que ver con Maraniello queda suspendido”, dijo Maques. “En labor yo entendí lo contrario”, quiso dejar asentado Tailhade.

La postergación incluyó avanzar con la citación a hacer su descargo por las graves acusaciones contra Maraniello por maltrato y acoso a los empleados, entre los cuales figura una víctima que habló de abuso sexual.