El margen entre el candidato izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se incrementó este miércoles a más de 17.000 votos, en su particular disputa por convertirse en el rival de la derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.

Con el 94,29 % del escrutinio, Fujimori es la más votada con el 17,04 % de los votos válidos al sumar 2.707.502 de votos; seguida en segundo lugar de Sánchez, con el 12,01 % al aglutinar 1.908.702 sufragios; y en tercera posición por López Aliaga, con el 11,91 % al obtener 1.891.479 apoyos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es actualmente de 17.211 votos, después de que el izquierdista pasara del séptimo lugar al segundo, a medida que se ha computado el voto de zonas rurales, lugares donde el candidato que compite en representación del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) es el más votado.

Por fuera del conteo de votos, varias renuncias complican el panorama en el país y abren más de un interrogante. En primer lugar, este martes, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, presentó su dimisión a raíz de las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral, que provocaron que se extienda el sufragio de las elecciones generales en forma inédita un día más, y que se abra una investigación de la fiscalía por presunta colusión.

Y este miércoles, el canciller y el ministro de Defensa de Perú renunciaron por discrepancias con el presidente interino José María Balcázar sobre la compra de 24 aviones F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin y revelaron que militares firmaron la compra de las aeronaves. Balcázar había declarado a medios locales que decidió postergar la operación porque al ser presidente interino no tenía “legitimidad” para endeudar a la próxima gestión, que asumirá a fines de julio, por 3.500 millones de dólares.

En desacuerdo con esa decisión, Carlos Díaz renunció al Ministerio de Defensa y Hugo de Zela al de Relaciones Exteriores. Y en una nueva muestra de la inestabilidad institucional en Perú, Díaz afirmó que pese a la negativa del presidente, el lunes militares dependientes de la cartera de Defensa firmaron el contrato de compra.

Lo que parecen dos hechos sin conexión aparente, se unen por los rumores que circulan en ámbitos políticos de Lima. Según fuentes periodísticas, el Jurado Nacional de Elecciones habría evaluado suspender la segunda vuelta y convocar a nuevas elecciones presidenciales para dentro de un año, manteniendo el Congreso actual. ¿Cuál sería la razón? Una moción para destituir a Balcázar, por el entuerto de los aviones de Estados Unidos y la consecuente «inestabilidad» que eso generaría para celebrar el balotaje el 7 de junio.

Hasta el momento, todavía faltan 63 actas de mesas electorales (0,06 % del total) por procesarse debido a que vienen de lugares de difícil acceso y, en otros casos, a que no pudieron ser obtenidas por las autoridades electorales por diferentes problemas suscitados durante el día de las elecciones.

Asimismo, hay más de 5.200 actas pendientes de revisión (5,63 % del total) por los jurados electorales al presentar inconsistencias o irregularidades, que pueden ser un error en la suma de votos o en las firmas de los miembros que compusieron la mesa electoral.

El conteo continúa mientras López Aliaga sigue denunciando, sin pruebas sólidas, un supuesto fraude en su contra, narrativa que se ha visto alimentada por las numerosas irregularidades y deficiencias registradas en el proceso electoral por la falta de material electoral, lo que llevó a que numerosos locales de votación en Lima abrieran con varias horas de retraso o incluso al día siguiente.

Desde Renovación Popular y otros sectores de la derecha peruana crece la presión sobre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo ente electoral, para que convoque unas inéditas «elecciones complementarias» donde votarían aquellas personas que no pudieron hacerlo el día de los comicios por culpa de los retrasos en los centros de votación, una opción que no está contemplada en la ley.

Estos reclamos para que se abra un nuevo periodo de votaciones en Lima, bastión de López Aliaga, se han intensificado a medida que Sánchez ha ido incrementando su ventaja sobre el ultraderechista y consolidando su eventual pase a la segunda vuelta.

Partidos de izquierda realizaron un plantón este miércoles frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para pedirle que no ceda ante el pedido de formaciones de derecha de celebrar, fuera de toda la normativa vigente, una jornada complementaria de votación en la capital Lima, donde hubo retrasos en las aperturas de numerosos locales por falta del material electoral, que llegó varias horas tarde.

El abogado de Sánchez, Roy Mendoza, dijo junto a simpatizantes de varios partidos de izquierda que si el JNE accede a convocar unas elecciones complementarias, estaría cediendo a la presión y a la extorsión electoral de algunos partidos políticos.

«El Jurado Nacional de Elecciones va a poner en agenda la elección complementaria y esto es preocupante para el sistema democrático (…) una elección complementaria no tiene ningún sustento legal y es una decisión desafortunada», agregó.

Ruth Luque, congresista y candidata al Senado del partido de centroizquierda Ahora Nación, declaró ante medios que rechazan «tajantemente» cualquier discurso autoritario que pretende capturar las instituciones fundamentales para garantizar una autonomía y respeto a la voluntad popular.

Sostuvo que López Aliaga está desconociendo el resultado de las elecciones y que evitaría llegar a segunda vuelta Juntos por el Perú, «que ha sido una de las fuerzas políticas que, le guste o no un sector político, ha ganado su derecho de pasar a la segunda vuelta y representa la votación de los sectores más vulnerables del país».