Las negociaciones por el proyecto de Presupuesto 2027 quedaron en un limbo en la Cámara de Diputados luego de que el oficialismo decidiera levantar el miércoles pasado la reunión de comisión en la que planeaba alzarse con el dictamen de mayoría. Mientras una decena de legisladores se prepara para viajar a Estados Unidos para seguir las elecciones legislativas que definirán el futuro de Donald Trump, desde el PRO, la UCR y los bloques provinciales aseguran que todavía no tuvieron ninguna devolución de los libertarios a sus principales reclamos. “Está todo muy verde”, sintetizó un diputado macrista.

Si bien ningún aliado puso en duda la aprobación “en general” del texto, sí hubo coincidencias en que las negociaciones se prolongarán hasta el 25 de noviembre, nueva fecha tentativa para avanzar con la media sanción en Diputados. “Como mucho se caerán algunos artículos, como los de Discapacidad”, señaló un alfil del radicalismo.

Los artículos que contienen las partidas destinadas al área de Discapacidad son observados con especial atención por los aliados ya que, a pesar de que recientemente se aprobó una nueva ley de Discapacidad por amplio consenso (la votó hasta el peronismo), los representantes del Poder Ejecutivo no terminan de confirmar si eliminarán los artículos originales que contenían un fuerte ajuste en el sector. “No te dicen nada”, reconocía con una risa de incredulidad un diputado aliado.

Esta semana los gobernadores del norte recibieron con como una buena señal la resolución que reglamenta los subsidios a la energía eléctrica por “zona cálida”. Esta había sido la prenda de negociación con la que el Gobierno consiguió su apoyo para reducir los subsidios al gas de las “zonas frías”. “Es lo que el Gobierno se había comprometido a dar, pero no deja de ser una resolución que se puede modificar cuando se le antoje al ministro Caputo, nosotros queremos que sea por ley, como zona fría”, sintetizaron. De todos modos, los aliados del norte destacaron que la Casa Rosada cumplió con su palabra.

En cambio, se muestran mucho más pesimistas respecto a otros reclamos, por ejemplo, la reducción del impuesto a los combustibles líquidos. Tanto aliados como opositores duros advierten que el Gobierno está incumpliendo la ley al no destinar lo recaudado por ese impuesto al mantenimiento de las rutas nacionales. En su lugar, utiliza los fondos para robustecer el superávit fiscal. Por lo tanto, exigen una baja considerable. “Es mucha plata, no creo que aflojen con ese punto”, reconocieron desde el radicalismo.

Por otro lado, el reclamo por el financiamiento universitario incluso genera divisiones internas en las filas de la oposición dialoguista. El proyecto de Presupuesto asigna un poco más de $7 billones para todas las casas de altos estudios nacionales mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones para sostener su funcionamiento. En ese contexto, el sector de la UCR alineado con los gobernadores está poniendo el foco en las universidades que el radicalismo controla políticamente y en las que están ubicadas sus distritos. “Hay mucha diferencia entre lo que piden algunos y lo que pretende dar el Gobierno. Y es un poco incómodo para nosotros reclamar fondos para las universidades del conurbano bonaerense o para la Universidad del Chaco Austral, que abrió Jorge Capitanich, y tiene gente procesada por malversar fondos. Ahí tenemos diferencias fuertes con el equipo de Lousteau que tiene un reclamo más general”, explicó un diputado radical del norte del país.

Y agregó: “Después cada provincia está siguiendo puntualmente las obras que necesitan, principalmente las obras viales porque hay mucho deterioro”.

Por su parte, el PRO tampoco recibió respuesta sobre los temas que afectan de manera directa a los distritos que gobierna. Su lista de reclamos está encabezada por la regularización de las deudas de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.

El reclamo por la coparticipación no es nuevo y también se mezcla en las negociaciones electorales entre los libertarios y Jorge Macri. Este jueves, en un evento solidario organizado por María Eugenia Vidal, el ex presidente Mauricio Macri reconoció abiertamente que no hubo avances en una eventual alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).

El PRO también impulsa una reducción del IVA al huevo y sus productos derivados. Este beneficio para la producción avícola tendría un fuerte impacto en la provincia de Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, del PRO.

Varias provincias, con Córdoba a la cabeza, también pretenden obtener mayores precisiones sobre los fondos que serán asignados a las cajas previsionales no transferidas a la ANSES para compensar sus déficits.

Finalmente, el último punto que genera resistencia entre los aliados es la derogación de la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) mediante el cual se pagan las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y otros beneficiarios formales. Sin embargo, desde el Gobierno no ocultan sus intenciones de “desindexar” la economía para terminar de aplacar la inflación.

Las negociaciones continuarán durante las próximas dos semanas, que estarán monopolizadas por las elecciones estadounidenses y por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Victoria Villarruel firmó este viernes el decreto presidencial del Senado 0630/2026, que establece un Programa de Alivio Financiero destinado a los trabajadores de la Cámara alta que atraviesan dificultades económicas y mantienen deudas con distintas entidades crediticias. La medida contempla el otorgamiento de adelantos excepcionales de haberes a tasa cero para facilitar la cancelación de esas obligaciones.

La iniciativa representa una nueva diferencia de la vicepresidenta con la administración de Javier Milei y pone el foco en el bienestar económico del personal legislativo. En los fundamentos de la norma, Villarruel sostuvo que resulta necesario implementar herramientas que permitan atender situaciones concretas de endeudamiento y contribuir a una mayor previsibilidad y ordenamiento de las obligaciones financieras de los trabajadores.

En ese sentido, la titular del Senado señaló: “Las condiciones económicas que atraviesa el país han tenido incidencia directa en la economía de los hogares, generando, entre otras consecuencias, una mayor utilización del crédito para afrontar gastos corrientes y un incremento de las obligaciones financieras que deben atender mensualmente las familias”.

Cómo funciona el Programa de Alivio Financiero

El programa está destinado al personal de Planta Permanente y Planta Temporaria del Senado y busca facilitar la cancelación total de deudas contraídas con los sindicatos Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

También contempla obligaciones con entidades bancarias públicas y privadas, entidades crediticias habilitadas por el Banco Central, Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC/OPNFC) inscriptos en los registros correspondientes. El alcance incluye billeteras virtuales y plataformas de pago que otorguen financiamiento.

Mariano Spezzapria,Lula da Silva,Javier Milei,Flavio Bolsonaro,Conforme a