POLITICA
Senado: el oficialismo acelera el tratamiento del proyecto con el que busca pagarles a los fondos que reclaman por el default de 2001

Antes de la reunión de la Mesa Política de Casa Rosada, prevista para este viernes, el oficialismo en el Senado decidió acelerar el tratamiento del proyecto que habilita un acuerdo de pago a los bonistas por el default del 2001, para el próximo miércoles 29 a las 11:30 en un plenario de comisiones. Tras el dictamen, la intención de La Libertad Avanza es que el acuerdo llegue al recinto una semana después.
Pese a que se buscó aprobar este proyecto antes del 30 de abril de 2026, para evitar la caída de los acuerdos y cumplir con sentencias judiciales internacionales, recién llegará al recinto del Senado durante la primera semana del mes próximo y, luego de la sanción, el proyecto pasará a Diputados. Pero desde el oficialismo advirtieron que buscan dar señales de aceleración de la ratificación parlamentaria.
La Libertad Avanza tendrá el acompañamiento de la oposición dialoguista conformada por el PRO, la UCR de Eduardo Vischi, que en el Senado aportará sus diez votos, y de fuerzas provinciales. Aún son inciertos los posicionamientos de la bancada Justicialista de José Mayans y de Convicción Federal de la vicepresidenta de la Cámara, Carolina Moisés.
El acuerdo con los bonistas
El acuerdo definitivo se alcanzó en los tribunales de Nueva York entre los abogados de la Argentina y los bonistas, que no ingresaron al canje de deuda de 2016, en el juzgado de la jueza Loretta Preska, estableciendo la presentación y ratificación del mismo por parte del Parlamento argentino.
El Presidente con las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo remitió al Senado el pasado viernes y la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, definió los giros a las comisiones de Presupuesto y Hacienda.
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos de los fondos que mantenían fallos firmes contra el país por la cesación de pagos declarada hace más de dos décadas. En el proyecto que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara alta señala que ambas partes “reconocen por el presente que, con posterioridad a la notificación de aprobaciones necesarias, la República abonará a Bainbridge un pago único en efectivo por el monto total de US$67.000.000”. Mientras que US$104 millones serán para al grupo Attestor.
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El entendimiento permite, además, despejar las amenazas de ejecución judicial contra activos argentinos como las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
En otro de los párrafos del texto que tratarán los senadores señala que “las partes acuerdan una suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002 y acuerdan no iniciar nuevas acciones respecto a los bonos objeto de acuerdo, con la salvedad de que cada parte se reserva el derecho de adoptar medidas para preservar o hacer valer su postura respecto de resoluciones y estipulaciones previamente celebradas por las partes».
Este entendimiento marcará el cierre de los litigios por la declaración del default del año 2001.
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POLITICA
Javier Milei apuesta a que la economía repunte en los próximos meses para mantener la expectativa de su reelección

Si la imagen de Javier Milei y de su gobierno depende de la evolución económica, el principal desafío es bajar la inflación. El Presidente se muestra confiado en poder lograrlo y revertir la caída en las encuestas. En ese marco, ya lanzó su candidatura para 2027: “Me presentaré”, afirmó.
¿Puede bajar la inflación y repuntar la actividad? Sí, aunque no es sencillo. Marzo pudo haber sido el peor mes del año en ambas variables. La inflación alcanzó el 3,4% y la actividad mostró retrocesos, aunque el consumo empieza a dar señales tenues de recuperación.
Varias consultoras de primera línea hicieron a comienzos de abril un ejercicio con los datos de marzo: aun si se excluyeran los aumentos de la carne, las tarifas y los combustibles, en el mejor de los casos la inflación no habría bajado de 2,5%. En ese contexto, reapareció la inercia inflacionaria: la expectativa de que los precios se mantendrán elevados —o incluso subirán más— y el temor de empresas y comercios, que adoptan conductas preventivas para cubrirse.
Sin embargo, hay indicios de desaceleración. María Castiglioni explicó que su medición de las últimas cuatro semanas proyecta una inflación de 2,5% para abril. La suba de la carne se moderó —con caídas de entre 8% y 10% en el precio de la hacienda, según operadores— y ya no inciden factores estacionales que impactaron en marzo, como educación y turismo.
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Aun así, el nivel de inflación preocupa al Gobierno, que reconoce que el bolsillo es el principal termómetro social. En ese marco, el Poder Ejecutivo decidió a último momento que la estatal Enarsa continúe con la importación de gas natural licuado (GNL), pese a que había avanzado en una licitación para transferir esa tarea a un privado. El objetivo es evitar que la suba internacional del petróleo y el gas se traslade a tarifas y precios internos, con impacto en el IPC. Tras el aumento registrado en marzo, el Gobierno busca evitar un nuevo shock, en un contexto internacional marcado por la guerra. En ese escenario, el recorte de subsidios aparece más complejo: es más fácil iniciarlo que sostenerlo sin costos.
El consumo, por su parte, muestra señales mixtas. El INDEC registró en febrero una leve suba en supermercados (0,3% mensual), una caída en mayoristas (0,7%) y un descenso más marcado en shoppings (1,8%), siempre en comparación con enero. En marzo, los datos son dispares: la Cámara Argentina de Comercio detectó una baja de 0,5% intermensual, mientras la consultora Nielsen IQ midió un crecimiento del consumo masivo de 1,5%, en línea con algunas estimaciones oficiales.
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La actividad económica tampoco mostró buenos números. El EMAE difundido por el INDEC indicó que en febrero cayó 2,6% respecto de enero y 2,1% interanual. No obstante, hay señales incipientes de mejora hacia abril.
“Por ahí, el EMAE de febrero nos da para abajo”, había advertido el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque sostuvo que la tendencia general sigue siendo positiva. En el desglose sectorial, crecen la minería, la pesca y el agro, mientras caen la industria y el comercio. Esa dinámica también se refleja en la calle: el transporte público registra una caída sostenida en la cantidad de pasajeros, con una pérdida de 2,3 millones de viajes diarios en el último año.
Para algunos analistas, el piso de la actividad podría haber sido febrero y el pico inflacionario, el 3,4% de marzo. “De ahora en más empiezan a mejorar los números. La política económica está ordenada: hay estabilidad cambiaria, orden fiscal y una política monetaria contractiva”, señaló Fausto Spotorno. Según explicó, las medidas tienen un rezago superior a 12 meses.
El frente judicial y político
En el frente judicial, el Gobierno celebró un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que suspendió la cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda y restableció la vigencia de la reforma laboral. La decisión descomprimió la presión sobre la Corte Suprema de Justicia, donde el Ejecutivo había planteado un per saltum.
En paralelo, el Gobierno avanzó con su agenda política. Envió al Senado un proyecto para derogar las PASO, introducir Ficha Limpia, reformar la ley de partidos y modificar su financiamiento. Las primarias, impulsadas durante el gobierno de Néstor Kirchner, son cuestionadas por su costo —estimado en unos 200 millones de dólares—, aunque también cumplen la función de ordenar la oferta electoral y medir el clima social.
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La iniciativa enfrenta resistencias. El PRO, la UCR y el peronismo necesitan internas para ordenar sus liderazgos y rechazan su eliminación total, aunque podrían aceptar esquemas no obligatorios. La Constitución no exige PASO, pero sí garantiza la democracia interna de los partidos, lo que obliga a algún mecanismo de selección de candidatos.
En este contexto, el Gobierno busca instalar el tema y ganar centralidad en la agenda, aun sabiendo que deberá negociar.
A la vez, el caso de Manuel Adorni suma tensión política. El hijo de una jubilada que le vendió un departamento aseguró que el funcionario le debe 65.000 dólares no documentados, lo que generó críticas opositoras en medio del debate por Ficha Limpia.
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La agenda inmediata estará atravesada por ese episodio. El lunes se reunirá la mesa política y el miércoles Adorni, acompañado por Milei, presentará su informe de gestión en Diputados, en una sesión que se anticipa tensa.
En el Senado, en tanto, se prevé tratar la continuidad del juez Carlos Mahiques, quien cumplió 75 años y solicitó extender su permanencia. Su situación genera controversia por ser padre del ministro de Justicia, Juan Mahiques, aunque el oficialismo asegura contar con los votos necesarios.
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Mientras tanto, la política ya se proyecta hacia 2027. Una foto del empresario Paolo Rocca con Mauricio Macri reavivó especulaciones sobre una eventual “opción racional” opositora. En paralelo, el gobernador Axel Kicillof se mostró en Avellaneda con gestos de candidatura presidencial, mientras asumía la conducción del PJ bonaerense.
También hubo movimientos en el oficialismo: Karina Milei encabezó un acto en la provincia de Buenos Aires junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli, dos dirigentes con aspiraciones a la gobernación.
Milei ya se anota para 2027. Para el calendario falta mucho. Para la política, la carrera ya empezó.
Javier Milei, Inflación, actividad
POLITICA
Villarruel se sumó a la discusión por las Islas Malvinas: “Los kelpers son ingleses en territorio argentino”

La vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó a la discusión por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. “La discusión (…) es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas”, sostuvo la titular del Senado.
Villarruel, enemistada con el presidente Javier Milei, agregó: “Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión”. Con esta declaración, la vicepresidenta se suma a la postura oficial del Gobierno, a pesar de su distanciamiento.
Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas. Los kelpers son ingleses…
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 24, 2026
Más temprano, el canciller Pablo Quirno respondió a declaraciones de funcionarios británicos sobre las Islas Malvinas y reafirmó la soberanía argentina: “La ocupación de 1833 fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que vulneró nuestra integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que persiste”.
Rechazó además la invocación británica del principio de libre determinación: “Los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un ‘pueblo’ por las Naciones Unidas”, y descartó la validez del “pretendido ‘referéndum’ de 2013”.
Quirno también denunció las actividades de exploración de recursos naturales en las islas, en particular el desarrollo del yacimiento Sea Lion, y reafirmó la disposición argentina “a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”. Cerró con la frase: “Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”.
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Islas Malvinas,Reino Unido,SOBERANÍA ARGENTINA,VICTORIA VILLARRUEL
POLITICA
Locales gastronómicos, área VIP y coworking: cómo será la Terminal de Retiro que licitará el Gobierno

En el marco de un proceso que busca transformar la movilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo Nacional declaró de interés público la iniciativa presentada por un consorcio de empresas privadas para renovar por completo la Estación Terminal de ómnibus Retiro y convertirla en un hub intermodal de última generación. El proyecto, que prevé una inversión de USD 79 millones y un plazo de concesión de hasta 30 años, implica la intervención integral del histórico complejo de transporte, tanto en su infraestructura como en su funcionamiento, y tiene como meta modernizar sus servicios, ampliar su capacidad y consolidarlo como nodo clave del sistema de transporte nacional y metropolitano, según consta en el decreto 273/2026 publicado en el Boletín Oficial de este viernes.
De esta manera, el gobierno de Javier Milei oficializó la iniciativa del fondo para quedarse con la operación de la Terminal de Ómnibus de Retiro.
La decisión no solo busca modernizar una infraestructura que, a simple vista, arrastra décadas de abandono, sino que marca el fin definitivo de la hegemonía de TEBA S.A., la empresa de Néstor Otero (ya fallecido), que operó la terminal durante 33 años bajo prórrogas precarias y demandas judiciales.

De hecho, en los últimos 20 años, este empresario operó la terminal con la concesión vencida y gracias a varias extensiones del contrato que le fueron cedidas por los sucesivos gobiernos, incluso por las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.
Otero, gracias a supuestas relaciones políticas poco trasparentes, manejó la terminal desde 1993, gracias a varias extensiones del contrato que le fueron cedidas por los sucesivos gobiernos, sobreviviendo a los distintos colores políticos.
El proyecto contempla inversión 100% privada para modernizar la estación de micros ubicada en plena Ciudad de Buenos Aires, y que es considerada como la más importante del país, además de construir un hotel y un centro de convenciones a cambio de una concesión por 30 años.

Un modelo de concesión
La propuesta fue realizada bajo el Régimen de Iniciativa Privada e impulsada por una Unión Transitoria conformada por Inverlat Investments S.A., Service Trade S.A., Inversiones Peirod S.A. y BV Investments S.A., responsables de ejecutar, operar y gestionar la terminal mediante un sistema de concesión onerosa.
La propuesta contempla la renovación edilicia, la incorporación de tecnología de última generación, la reorganización funcional y la creación de nuevos espacios tanto para el transporte como para actividades complementarias, como hotelería, oficinas, coworking y un centro de convenciones.
Uno de los datos distintivos del proyecto es la ampliación de la capacidad constructiva habilitada por la normativa urbanística vigente: el predio pasará de aproximadamente 30.000 m² actuales a 89.112 m² cubiertos, permitiendo sumar 17.931 m² de locales comerciales y gastronómicos, 28.919 m² para logística y encomiendas y 13.365 m² de áreas VIP y coworking.
El plan arquitectónico incluye un hotel de 8.543 m², un centro de convenciones de 1.878 m², además de 80 dársenas para buses, 390 cocheras y una plaza seca de 11.250 m².
Modernización operativa
El proyecto prevé una estrategia de ejecución por etapas a lo largo de cinco años, concebida para no interrumpir la operatividad de la terminal. Durante las obras, nunca se intervendrá más del 30% de los andenes al mismo tiempo, a fin de garantizar la disponibilidad de dársenas en horas pico. Las intervenciones de mayor impacto tendrán lugar en franjas nocturnas o de baja demanda, complementadas por vallados, señalización y rutas peatonales alternativas para asegurar la seguridad de usuarios y trabajadores.

Actualmente, la Estación Terminal de Ómnibus Retiro recibe un promedio de 14,6 millones de pasajeros anuales, con 40.000 usuarios diarios y 360.000 servicios de buses por año. Tras la modernización, el consorcio prevé un volumen que podría alcanzar hasta 35 millones de pasajeros hacia 2055.
Además, contará con nuevos sectores para actividades complementarias, como oficinas administrativas, coworking, espacios comerciales y un hotel, lo que permitirá el uso del predio durante todo el día, ampliando su función más allá del transporte.
Impacto urbano, generación de empleo y financiamiento
El Boletín Oficial y la documentación empresarial, a la que accedió Infobae, señalan como objetivo central la integración de la terminal con el sistema metropolitano: trenes, subtes, colectivos y nuevas formas de transporte urbano.
El rediseño busca consolidar la terminal como plataforma urbana multifunción, mejorando la accesibilidad y contribuyendo a reducir desigualdades, congestión y costos relacionados con la infraestructura vial.
El impacto económico se expresa en la previsión de entre 800 y 1.500 empleos generados durante la etapa de obra y más de 1.500 empleos directos e indirectos al estar el complejo operativo, según la información del consorcio. El modelo financiero está basado en los ingresos provenientes de la explotación comercial de locales, estacionamientos, espacios logísticos, hotel y el canon a empresas de transporte, con un canon mensual estimado de $100 millones.

Proceso legal y administrativo
El Decreto 273/2026, publicado en el Boletín Oficial, declara de interés público la iniciativa tramitada a través del expediente EX-2025-96460806-APN-DGDA#MEC y bajo la Ley N.º 17.520 (concesiones de obra pública) y sus modificatorias. El acto otorga al Ministerio de Economía la potestad de conducir el proceso completo: regularización dominial, confección de pliegos, llamado a licitación y adjudicación contractual.
Según la norma, el Ministerio de Economía deberá convocar a un proceso licitatorio en un plazo de 60 días. Las especificaciones del llamado seguirán los parámetros definidos en la iniciativa aprobada. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participará en la evaluación urbanística del plan antes de la adjudicación, conforme al Convenio Específico de Cooperación del 23 de octubre de 2018.
Durante la transición, la explotación de la terminal continuará bajo el esquema precario operado por TEBA S.A., con las condiciones vigentes hasta la toma de posesión por el adjudicatario definitivo. Asimismo, se deroga el Decreto 2039/2015 y se mantienen las resoluciones relativas a la administración y el canon mensual hasta el cambio de operador.

La renovación de la Terminal de ómnibus Retiro tiene como objetivo posicionar al enclave como hub intermodal del siglo XXI, integrando servicios comerciales, logísticos y urbanos en una estructura de gran escala. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, citada en el Boletín Oficial, señaló que el proyecto “resulta adecuado en tanto establece con precisión sus características, modalidad de ejecución, ubicación geográfica y externalidades favorables” y cubre “convenientemente las necesidades del público” mediante servicios complementarios.
La modalidad de concesión garantiza que el financiamiento será provisto por el sector privado, sin necesidad de erogaciones del Tesoro Nacional, y que el canon abonado permitirá sostener la ecuación económico-financiera de la operación y sus beneficios públicos.
Los actuales 3 niveles operativos de la terminal pasarán a ser un complejo multifuncional de hasta seis niveles, con la ambición de reposicionar Retiro como el principal nodo de conectividad y motor de desarrollo económico, social y urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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