POLITICA
Reforma electoral: una jugada de coyuntura que intenta cambiar el foco político y abre fisuras en el frente oficialista
El proyecto de reforma electoral -29 páginas, siete capítulos, cambios en varias leyes- fue enviado por el Gobierno al Congreso apenas 24 horas después de que Javier Milei lo anunciara desde Israel como una ofensiva sobre la “casta”. La consigna presidencial y las reacciones iniciales de los propios aliados indican que la iniciativa fue precipitada por la coyuntura y remitida al Senado sin consensos previos o tratativas avanzadas con los propios socios del oficialismo. No alcanzó para opacar otros temas de estas horas: nuevas declaraciones ante la Justicia que alimentan las sospechas en el caso Adorni y números preocupantes de la economía.
Milei anticipó primero y acompañó después la motorización del multiproyecto con argumento retomado: terminar con “privilegios” de la política. El texto incluye cambios legislativos que podrían provocar apoyos y rechazos cruzados -en rigor, ya asoman esas señales-, lo cual aparece como un dato significativo por una cuestión básica: este tipo de proyectos necesita mayoría absoluta de votos en las dos cámaras del Congreso para ser convertidos en ley. Y eso, salvo que se intenten interpretaciones forzadas de las normas, no asoma sencillo. Requiere apoyos del PRO, de la franja radical que lo acompaña, de provinciales y de representantes de gobernadores del PJ que juegan con Olivos. Y no todos actuarían en sintonía para apoyar cada punto de la iniciativa.
La interpretación más difundida en medios legislativos dice que la inclusión de Ficha Limpia fue incluida para lograr apoyos de aliados como el PRO al nuevo intento de eliminar las elecciones primarias. También, que en el articulado sobre Boleta Unica de Papel se abriría la posibilidad de enganchar comicios provinciales a las elecciones nacionales, como un guiño a gobernadores. Los ejemplos son de mínima parciales y hasta contradictorios.
El PRO y radicales de diferente alineamiento nacional impulsaron o se mostraron partidarios de proyectos como Ficha Limpia. Pero muchos de ellos no apoyan la derogación de las PASO, algunos por razones de fondo y otros por necesidades prácticas para dirimir candidaturas en coaliciones. Al revés, existen jefes provinciales que ven bien eliminar las primarias -entre otras razones, porque les da más poder para definir listas-, pero no adhieren a una ley de Ficha Limpia.
Para completar, los jefes provinciales definen pegar o no sus listas locales a las nacionales en función de la conveniencia local. Es decir, según las consideraciones sobre el mejor camino para asegurar reelecciones o mantener el dominio de las legislaturas. El extendido período electoral del año pasado estuvo marcado por una docena de adelantos o desenganche de comicios provinciales, en casi todos los casos con éxito de los gobernadores. La idea de pegar listas locales a la BUP en el proyecto de Olivos no cambiaría sustancialmente el panorama.
Lo dicho: las primeras señales de socios, aliados y dialoguistas son por lo menos de recelo frente a la movida oficialista. Por supuesto, eso no cierra el tema. Al revés, abre el camino de una compleja negociación, si el objetivo real del Gobierno es la sanción del proyecto, además de su necesidad de instalar temas propios en la agenda pública. En lo inmediato, la tensión legislativa pasa por otro lado: la presentación de Manuel Adorni en Diputados, el jueves de la semana que viene. La expectativa y los preparativos de oficialistas y opositores para recibir al jefe de Gabinete mantienen casi paralizado al Congreso. Esta semana, la conducción violeta decidió postergar la convocatoria para tratar la Ley Hojarasca en el recinto de la Cámara baja, a pesar de tener asegurado el dictamen de comisión.
El intento de modificar el foco de atención llega en un momento realmente complejo para el oficialismo. En el Gobierno, confiaban en que el peor tramo del caso Adorni estaba cediendo, pero en el plano judicial surgen novedades que al parecer no eran previstas sobre las operaciones inmobiliarias. Y a la vez, circulan trascendidos sobre avances con las medidas de prueba que apuntan a viajes de la familia Adorni o parte de ella.
A eso se suma el impacto en las filas violetas. Los funcionarios se muestran públicamente alineados con la decisión presidencial, motorizada por Karina Milei, de cerrarse en la defensa del jefe de los ministros. Trascienden, sin embargo, cuestionamientos con un argumento que suele aparecer en casos como éste: no cuestionan directamente al funcionario, sino que destacan la necesidad de “cuidar” a Milei. Varios relevamientos específicos -es decir, sobre el impacto del caso Adorni en la imagen presidencial- anotan costos en términos de imagen. Se habla de cinco o seis sondeos de ese tipo. No valen, claro, proyecciones mecánicas al lejano terreno electoral.
Para completar, Victoria Villarruel salió por primera vez a disputar el discurso anticasta. Tiene que ver, dicen fuentes del Congreso, con un estado de saturación por jugadas domésticas, no únicamente públicas sino también en la actividad casi rutinaria del Senado. Supera incluso a Patricia Bullrich que, por lo demás, acaba de recibir una carga del mileismo. Y se expresó en la movida que realizó el martes, en el marco del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco.
La vicepresidente resolvió no asistir a la misa en Lujan y prefirió asistir a otra celebración religiosa, en el barrio porteño de Almagro. El mensaje fue que no quería quedar en primera fila con Adorni, que fue flanqueado por Martín Menem y Diego Santilli. Como era de esperar, a metros pero con cuidada frialdad de las dos partes, se encontraba la comitiva encabezada por Axel Kicillof. Villarruel dijo, sin hacer precisiones y con obvia intención, que en Luján estaba “lo peor de la casta política”.
Los temas no se mueven de manera lineal, ni exclusivamente en función de la voluntad del oficialismo. El caso Adorni suma declaraciones ante Gerardo Pollicita y versiones sobre avances con diferentes medidas de prueba. Este miércoles, el impacto fue producido por Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que figura como vendedora -mediante hipoteca- del departamento de Caballito. Dijo que el funcionario le debe US$ 65.000 por fuera del monto de la escritura: un compromiso no documentado. Una novedad.
En cambio, no hubo sorpresa con el EMAE de febrero. Lo había anticipado Luis Caputo. Marca una significativa caída de la actividad –2,1% interanual y 2,6% respecto de enero-, que el Gobierno considera parte de una realidad “pasada”, que promete revertir a partir de este segundo trimestre. La frase repetida es que “no hay que mirar por el espejo retrovisor”. Se verá si lo que viene borra el hecho de tomar con liviandad tales registros.
En ese contexto, el Gobierno siente la necesidad de modificar el clima por partida doble y lo antes posible. En principio, la reforma electoral tiene por delante un trámite legislativo denso y difícilmente veloz.
Diplomacy / Foreign Policy,Middle East
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Quién es Carlos Frugoni, el funcionario que echaron por omitir declarar propiedades en Miami
Carlos Frugoni se desempeñaba hasta este domingo como secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, a cargo de la coordinación de proyectos vinculados a la obra pública. Fue desplazado luego de reconocer que tenía siete propiedades en Miami que no había incluido en sus declaraciones juradas ante ARCA y la Oficina Anticorrupción.
Su salida fue confirmada a TN por fuentes oficiales y se produjo a pocos meses de haber asumido en el área.
El propio funcionario admitió la omisión y señaló que tributaba por esos inmuebles en los Estados Unidos, pero no en la Argentina.
“Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional.Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, dijo aClarínla semana pasada luego de que se revelara el escándalo.
Un nombramiento reciente en el Ministerio de Economía
Con un fuerte perfil técnico, Frugoni había sido designado a mediados de enero por el ministro de Economía, Luis Caputo. Hasta entonces, se desempeñaba como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
El perfil difundido por el Gobierno al momento de su designación lo describe como un especialista con más de 30 años de experiencia en la gestión y ejecución de obras públicas, con foco en infraestructura vial y proyectos urbanos de gran escala.
Uno de los ejes principales de su carrera fue su paso por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), donde trabajó durante más de 15 años y ocupó cargos como presidente y director general, además de roles en las áreas de construcción y ejecución de obras.
En esa etapa, participó en proyectos como el Paseo del Bajo, los viaductos ferroviarios Mitre y San Martín, la construcción de pasos bajo nivel y la implementación del sistema de peaje sin barreras, conocido como Free Flow.
También formó parte de la ejecución de intervenciones urbanas como los túneles del Metrobús 9 de Julio, obras en la autopista Illia y el nodo Dellepiane, entre otras iniciativas vinculadas a la infraestructura vial en la Ciudad de Buenos Aires.
Formación y recorrido profesional
Frugoni es arquitecto y, según su perfil profesional en LinkedIn, cuenta con 38 años de experiencia en el sector. En sus primeros años fundó una empresa constructora propia y luego se integró a compañías internacionales.
En su trayectoria también destacó su paso por AUSA. El paso de Frugoni por el Ministerio de Economía duró poco más de tres meses. Su salida se resolvió luego de que se conociera que no había declarado siete propiedades en el exterior.
Ministerio de Economía, Obra Pública, Miami, ARCA, Oficina Anticorrupción
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La parálisis de la Legislatura bonaerense traba los proyectos de Kicillof para este año y las iniciativas opositoras
Los proyectos legislativos que el gobierno de Axel Kicillof se trazó como objetivos para este año y aquellos que son apuestas para bloques de la oposición bonaerense están frenados ante la parálisis que exhibe la Legislatura provincial, en cuyas cámaras no se modificó la situación de indefinición de las autoridades e integrantes de las comisiones de trabajo y la ausencia total de sesiones ordinarias.
Desde el oficialismo provincial, uno de los proyectos truncos es el de una ley de producción pública de medicamentos. En las filas opositoras, aguardan que puedan tener tratamiento iniciativas para modificar la dinámica electoral, el funcionamiento del IOMA o debatir modificaciones judiciales vinculadas a la baja de la edad de imputabilidad.
Ni la Cámara de Diputados bonaerense ni el Senado provincial arrancaron sus sesiones ordinarias, a pesar de que la apertura del período fue el 2 de marzo. Los diputados y senadores provinciales bonaerenses realizaron solos dos sesiones en lo que va del año, ninguna de ellas de carácter ordinario.
En Diputados, se celebró una sesión extraordinaria, el 24 de febrero (en la que se creó la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía), y una sesión especial, el 18 de marzo (por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia). El Senado, en tanto, concretó una sesión preparatoria, el 27 de febrero (para definir las autoridades de la Cámara) y la sesión especial de conmemoración por los 50 años del estallido del último golpe militar (se hizo el 26 de marzo). En ninguna de las dos cámaras se avanzó con la conformación de las comisiones, en las que se deben tratar los proyectos antes de llegar a los recintos.
Con la Legislatura congelada, quedaron paralizados proyectos del gobernador Kicillof. Se trata de iniciativas que anunció en su discurso para la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el 2 de marzo pasado. Entre ellos, el proyecto de ley de producción pública de medicamentos, que el mandatario provincial caracterizó en ese discurso como necesario para “reducir costos y garantizar el acceso en toda la provincia”.
“La Legislatura está manejada por un sector que eligió jugar a ser oposición. Entraron en una lógica dañina. ¿Cómo van a armar una interna cuando el gobierno nacional está en este quilombo?”, reprochó una fuente kicillofista ante la consulta de por la falta de actividad legislativa. La disputa peronista entre Kicillof y Cristina Kirchner es uno de los motivos que traba la conformación de las comisiones legislativas.
La Cámara de Diputados bonaerense cuenta con un presupuesto para este año de $222.800.000.000; el de la de Senadores es de $156.204.115.970.
La inactividad de la Legislatura también le impide al gobernador bonaerense el tratamiento de su proyecto de ley para el personal policial y la modificación de la Ley de Seguridad Pública, ambas iniciativas que prometió en su discurso ante los diputados y senadores en la apertura de sesiones.
La oposición, por su parte, intenta impulsar cambios electorales, como la implementación de la boleta única de papel. Es una iniciativa clave para los bloques opositores, que al menos comparten La Libertad Avanza, el radicalismo y Pro, pero que tampoco registra avances concretos debido a la falta de comisiones y de sesiones. El lunes pasado, los bloques UCR+Cambio Federal y Coalición Cívica organizaron una jornada sobre la boleta única de papel, las PASO y el acceso a la información pública. A principios de abril, LLA presentó su proyecto de boleta única de papel en el Senado, iniciativa que ya había presentado en 2024. Sigue sin avanzar, al igual que los proyectos radicales y de Pro sobre la temática.
“Se modificó el Código Penal con la ley de imputabilidad en el Congreso [el 12 de febrero, se aprobó bajar la edad de imputabilidad a 14 años]. Hay un artículo de esa ley que dice que, en 180 días, todas las provincias tienen que modificar sus códigos procesales. Eso va a ser una gran discusión. Hay seis meses [de plazo]”, advirtió una fuente de Pro en la Legislatura. “Ya estamos casi en mayo, ese mes se tendría que resolver sí o sí”, agregó la fuente al referirse a la conformación de las comisiones.
Los principales bloques legislativos de oposición acumulan expedientes sin avances por la parálisis de la Legislatura. LLA tiene frenados, entre otros proyectos, varios de reducción impositiva y de modernización y reducción del Estado, según indicaron desde el espacio libertario en la Legislatura. Algunos de ellos, de autoría del senador provincial Matías De Urraza son los de derogación de la ley que declara la actividad audiovisual como actividad productiva de transformación, de interés público y cultural, o el de disolución del Fondo Fiduciario del Programa de Seguridad Vial y del Transporte de la provincia de Buenos Aires.
En la fila de los asuntos pendientes en la Legislatura se acumulan proyectos sobre la para establecer la autarquía financiera de la obra social estatal IOMA (presentado por el diputado radical Diego Garciarena), o para prohibir la utilización de teléfonos celulares en las cárceles (del bloque Hechos, en el Senado, iniciativa que no tomó estado parlamentario), entre otros.
El bloque de Unión y Libertad, un espacio que tiene como referente al senador bonaerense Carlos Kikuchi (exarmador político del presidente Javier Milei) presentó, en medio de la parálisis legislativa, un proyecto para modificar la distribución de los fondos de coparticipación para los municipios.
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Desplazaron a Carlos Frugoni, el funcionario que reconoció tener propiedades sin declarar en Miami
El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, renunció hoy a su cargo, a pocos días de conocerse que había omitido en su declaración jurada una serie de propiedades en Estados Unidos, informaron fuentes gubernamentales a Infobae.
Por su parte, voceros del Ministerio de Economía señalaron a este medio que el titular de la cartera, Luis “Toto” Caputo, le aceptó la dimisión a Frugoni.
El funcionario de Infraestructura presentó su renuncia tras hacerse público que no declaró siete propiedades inmobiliarias en Miami y Palm Beach adquiridas entre 2020 y 2022 mediante sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware, Estados Unidos. Esta situación, sumada a un crecimiento significativo de su patrimonio y a denuncias radicadas tanto en la justicia federal como en la Oficina Anticorrupción, desencadenó su salida ante una crisis de confianza sobre la transparencia y la integridad en la función pública.
En los últimos días, Frugoni admitió ante el periodista Nicolás Wiñaski su error al omitir las propiedades adquiridas en Estados Unidos de su declaración jurada. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, reconoció.
Al menos cinco inmuebles fueron identificados en registros oficiales del condado de Palm Beach, con valores entre USD 215.000 y USD 216.000. Entre ellos se encuentran el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane en Delray Beach; el departamento 309 de 300 Waterway Drive South en Lantana; una unidad en 13212 Glenmoor Drive en West Palm Beach; el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive en West Palm Beach; y el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard en South Palm Beach.
Especialistas destacan que las adquisiciones inmobiliarias se realizaron a través de sociedades de responsabilidad limitada como Genova y Waki, constituidas en Delaware en 2021 y 2025, respectivamente. Ninguna fue informada ante las autoridades argentinas. Frugoni justificó sus omisiones afirmando que hasta ese momento solo tributaba en Estados Unidos, pero aseguró que regularizaría la situación al asumir su cargo nacional.
Según la misma investigación, en 2019, Frugoni declaró USD 98.000 en caja y tres millones de pesos en acciones. Luego de las compras en Miami, sus acciones superaron 40 millones de pesos en 2023 y declaró inversiones en 16 empresas junto a depósitos de 400.000 dólares en el exterior.
Las revelaciones impulsaron denuncias judiciales lideradas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso. Las causas recayeron en el juzgado federal a cargo del juez federal Daniel Rafecas e implican presuntos delitos por ocultar un patrimonio superior a 1,5 millones de dólares.
La Oficina de Integridad Pública porteña (OIP) sancionó a Frugoni en reiteradas oportunidades por incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas. Esta situación derivó en su inhabilitación temporal para postularse a cargos públicos en la administración de la Ciudad de Buenos Aires.
Del Gaiso expresó duras críticas mediante una publicación en la red X: “Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $200.” También subrayó que el ahora exfuncionario cobró sueldos oficiales mientras enviaba fondos personales al exterior.
En la semana, tal como publicó Infobae, un alto funcionario calificó el hecho de “gravísimo” y señaló que Frugoni “tiene que explicarlo”. Otras opiniones recogidas por el medio consideraron que el caso representa una situación mucho más grave que antecedentes recientes, como el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
“Nos llama la atención que los medios sean tan diferentes con el que es un escándalo en serio que con lo que fueron con Manuel, que todos saben que es una pelotudez sin corrupción ni omisión”, comentó una fuente cercana al despacho presidencial. Otro funcionario comparó la magnitud de los bienes involucrados: “Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina. Tiene que aclarar el tema”.
En el entorno gubernamental, el hecho fue interpretado como un ejemplo de la importancia de declarar todos los bienes, incluso los situados en el extranjero, para adecuarse plenamente a las exigencias legales argentinas, según analizó una de las fuentes consultadas por Infobae.
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