Javier Milei dice que a él le gusta acelerar en las curvas. Y que lo hace aun cuando la pista se pone resbalosa. Es una verdad a medias. El Presidente ya ha demostrado en varias ocasiones que sabe pisar el freno cuando en el tablero de conducción las luces rojas pasan al bordó, sobre todo en materia económico-financiera. Al límite, pero ha sabido frenar.

La mezcla de audacia extrema con moderación acotada es celebrada, sobre todo, por los siempre pragmáticos inversores, banqueros y grandes empresarios, que comulgan ideológicamente con el Presidente, pero que privilegian la viabilidad y sostenibilidad en el tiempo de las políticas promercado antes que las batallas para tener razón, que tantas veces obnubilan al libertario. En ese punto han aparecido algunos interrogantes y han ampliado el radio de consultas.

Las dudas radican en cuánta sensibilidad y qué capacidad de reacción efectiva tiene el conductor cuando acelerar y frenar se vuelven operaciones aparentemente contradictorias, pero que deben realizarse, casi en simultáneo, en circuitos paralelos: el económico, el político y el social. La realidad nunca es unidimensional y el dogma no tiene respuestas para todo. Menos, todo el tiempo.

La determinación para sostener el rumbo económico de manera inalterable en ciertos aspectos, aun cuando empiezan a expandirse sus efectos negativos, o la actitud siempre beligerante para afuera y extremadamente tolerante hacia adentro frente a los escándalos por presuntos hechos de corrupción que tocan a la cima del poder asoman como los focos de duda, que inquietan a los grandes tomadores de decisiones económico-financieras. La sustentabilidad del proyecto mileísta es la gran pregunta que se hacen. Milei lo sabe. Se lo planteó el polémico tecnomagnate Peter Thiel en su controladísima y publicitada visita a la Casa Rosada.

En ese plano, el área metropolitana bonaerense, donde se da la mayor concentración social del país y, al mismo tiempo, los mayores efectos negativos de la política económica, empieza a estar bajo la lupa. Su condición de caja de resonancia con altísima visibilidad obliga a esa mirada (o a esa escucha).

Las señales que surgen de las encuestas, de los grupos focales y de la percepción cotidiana que tienen los referentes políticos y, sobre todo, sociales o religiosos con inserción en ese territorio justifican las prevenciones.

Caída de ingresos, pérdida o temor a la pérdida del empleo, endeudamiento personal y prolongación del esfuerzo sin mejoras a la vista asoman como las causas de un malestar creciente, que se agudiza con escándalos como el incremento del patrimonio inmobiliario y los gastos suntuarios que no logró explicar ni justificar aún el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. O, en menor medida, con la disputa a cielo abierto que se da en el oficialismo. También impactan los recortes en sectores que generan alta sensibilidad social, como la asistencia a discapacitados o los fondos para las universidades.

Las modificaciones en el humor social que se registran en el conurbano bonaerense, además, impactan por su magnitud en las encuestas nacionales respecto de la imagen presidencial y de la gestión de gobierno y profundizan la caída que se viene registrando en los últimos dos meses. Pero no es un fenómeno acotado sino extendido. En el AMBA sólo se profundizan algunas opiniones y sentimientos negativos, hoy superiores a las emociones positivas que despierta el oficialismo.

La extensión del fenómeno se puede ver en casi todas las encuestas de opinión y quedó reflejada en el último Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que realiza Poliarquía para la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el cual mostró la tercera caída mensual. Se presume que se verá lo mismo en el próximo índice de Confianza en el Gobierno, que ya lleva cuatro meses a la baja.

En el caso del ICC se dio la particularidad de que en el último mes la mayor caída porcentual se dio en el interior del país (10,57), aunque es allí donde la confianza se mantiene más elevada (45,3%). En el Gran Buenos Aires se partía de mucho más abajo: con una caída de solo 1,53%, la confianza solo alcanza al 36,82%. Al mismo tiempo, en los sectores de ingresos más altos fue donde menos cayó el índice (1,8%), mientras que fue muy pronunciada la baja en los hogares de menores ingresos (12,6%).

La persistencia de la mala percepción de la marcha de la economía y de la gestión parece ser clave para la agudización de las emociones negativas. Así surge de los grupos focales realizados por la consultora Trespuntozero.

“Hay una sensación generalizada de imposibilidad: aunque uno se esfuerce, no logra salir adelante. Se registra una tensión constante entre la penuria y la resistencia activa: se rechaza la idea de la resignación, pero se reconoce que el margen se va achicando. El enojo le empieza a ganar a la angustia, y el clima comienza a parecerse al que llevó a Milei al poder”, señala Shila Vilker, directora de la consultora que hizo el estudio cualitativo. El universo de consultados incluyó a trabajadores formales e informales y desempleados, con hijos y sin hijos a cargo.

Una de las particularidades que surgió en esos grupos y llamó la atención de los encuestadores fue la dificultad para conciliar el sueño que se expuso espontáneamente y se registró sin diferencia de edades y segmentos.

“De noche la cabeza da vueltas con preocupaciones económicas”, es una de las conclusiones del informe. Y se destaca la mención extendida al “consumo de alcohol y ansiolíticos como auxiliares para dormir, así como la decisión de recurrir a la atención psicológica”. A eso, Vilker agrega: “Aparece en la narrativa el concepto de que la crisis atraviesa el cuerpo y lo afecta. Eso no lo habíamos visto en focus anteriores”.

Cuando se le pregunta por las consecuencias de ese estado de ánimo, la consultora dice que “hay más clima de implosión que de explosión”, aunque el avance del factor enojo abre interrogantes.

En eso coincide el sociólogo y antropólogo Pablo Semán, que realiza de forma sostenida trabajos de campo en los sectores populares, especialmente, en el área metropolitana.

“La caída de planes, de asistencia alimentaria, de empleo de todo tipo y los programas nacionales pisados hacen que la situación en los barrios sea muy complicada. Domina la angustia y parece que la situación va a implotar. Pero es terreno fértil para cualquier cosa”, explica el investigador.

“Hacia afuera parece salir en forma de hurtos, robos más violentos, violencia intrabarrios, junto con el comercio y el consumo de sustancias tóxicas. El problema es que en muchos lugares se está rompiendo la cadena de contención que había entre vecinos, referentes barriales e intendentes”, agrega Semán.

Al respecto, explica: “Los intendentes, mayoritariamente, no tienen plata y muchos tampoco saben bien qué pasa. Los referentes no quieren pegarles a los intendentes, pero tampoco reciben nada como para dar y los vecinos no reciben nada de ellos. Así, los referentes se quedan sin capital y sin influencia, y los intendentes rezan para que no pase nada. La caída de la recaudación y de la coparticipación los está matando”.

La baja de los ingresos municipales por reducción de la actividad económica y, en consecuencia, de la coparticipación ha potenciado un círculo vicioso que se traduce en aumento de tasas para tratar de compensar por precio lo que las comunes pierden por cantidad, lo cual aumenta el malestar de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. Una combinación explosiva.

Con esa pintura coinciden a grandes rasgos intendentes bonaerenses de diverso signo (camporistas, kicillofistas, cristinistas, macristas y radicales), aunque también destacan algunos matices.

“Los que se la rebuscan mejor, paradójicamente, son los de los municipios más grandes, porque, aunque tienen más demanda, también tienen más recursos. Y, sobre todo, los que pusieron plata a plazo fijo. Ahora están aguantando con eso, pero no les sobra nada”, dice un estrecho asesor del intendente de uno de los dos distritos más grandes del conurbano.

Para completar el cuadro, el director del Observatorio de la deuda social de la UCA, Agustín Salvia, señala: “Hoy tenemos menos inflación y eso es un beneficio. Pero hay más trabajo informal, aumentó la precarización laboral y hay más dependencia de los programas sociales que antes”.

El especialista agrega que, si bien se registra una caída de la pobreza, “hay más pobreza crónica estructural. Y los niveles de pobreza están solo un punto abajo de los que teníamos en 2023”.

La referencia temporal de Salvia parece explicar el humor que se registra en algunos sectores sociales donde las demandas continúan sin ser satisfechas o donde se agravaron las penurias por efectos del programa económico que afectó fuertemente a rubros dadores de mano de obra intensiva. Un clima que para Vilker empieza a asemejarse al que hizo posible el acceso de Milei al Gobierno. Pero sin un Milei que lo capitalice. No es un dato menor.

La compleja situación en los grandes conglomerados urbanos también es expuesta por la Iglesia católica. “La demanda de alimentos en los comedores de Cáritas ha crecido en los últimos meses. También, registramos dificultades para acceder a otras cosas básicas, como medicamentos, y reclamos por la falta de trabajo”, dijo a LN+ el arzobispo de Luján, Jorge Scheinig, en la previa a la misa por el aniversario del papa Francisco a la que asistieron funcionarios de los gobiernos nacional y bonaerense, y dirigentes de diversos partidos políticos.

El pedido de paciencia social reclamado con impaciencia por Milei, como agudamente señaló el politólogo Vicente Palermo, parece demostrar que en la Casa Rosada hay o empieza a haber conciencia del clima social crecientemente adverso. Tanto como exhibir las dificultades de forma y de fondo que tiene el Gobierno para hacerle frente a esa realidad.

La iracundia mileísta con la construcción constante de enemigos y la intolerancia a sus contradictores nunca deja de alcanzar nuevos picos. Un camino que lo lleva a refugiarse en su núcleo duro, mientras las encuestas muestran una caída de los neutrales y un aumento de los disconformes.

El show pirotécnico que promete protagonizar pasado mañana Adorni y la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, con el apoyo presencial de Milei, difícilmente ayude a sumar nuevos amigos. Justo cuando necesita conseguir voluntades para algunos proyectos de ley cruciales como la reforma electoral.

Las preguntas que emergen sobre la sustentabilidad del programa libertario reparan en esos asuntos aun entre quienes celebran los logros macroeconómicos del Gobierno y valoran la moderación en ciertos aspectos como el cambiario o el financiero, con la baja de tasa y de encajes bancarios para tratar de dinamizar una microeconomía golpeada.

De todas maneras, también aparecieron recientemente algunas voces de alerta para el mediano plazo, aún de quienes coinciden en que si se atravesaran con éxito las turbulencias y desequilibrios actuales las perspectivas a futuro son excepcionalmente favorables. Eso sí, con varios perdedores, en el camino.

Al llamado de atención que viene haciendo uno de los economistas más apreciados por la Casa Rosada, como es Ricardo Arriazu, por la alta velocidad de destrucción y la lenta capacidad de construcción de la transformación en marcha, se le han sumado otras expresiones más críticas.

Entre ellas, la del economista Roberto Frenkel, que advirtió que si no hay modificaciones, entre otras en el tipo de cambio, “esto no es sostenible ni durable”. En la misma línea se expresó su colega Martín Rapetti, cuya consultora esta semana le dio una alegría al Gobierno al difundir una recuperación de la actividad en marzo, después de la sonora caída que exhibió el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en febrero. Rapetti también puso en cuestión la viabilidad del modelo si no se introducen cambios y advirtió que aún con esa recuperación de marzo el nivel de actividad del trimestre será negativo y el del año bastante menor que el estimado por el Ministerio de Economía.

Con todos esos datos no parece difícil explicar el alerta sobre el clima social. La pregunta que se hacen cada vez más actores es si los atiende, los entiende y cómo los procesa el Gobierno. Parece hora de activar más radares.

Uno de los objetivos primordiales del Gobierno con la reforma política que presentó en el Senado es llegar a la compulsa presidencial de octubre de 2027 con la menor cantidad de elecciones intermedias posibles que puedan generar un clima político y económico adverso capaz de poner en riesgo la reelección del presidente Javier Milei.

Es por ello que, a nivel nacional, la reforma propone la eliminación de las elecciones primarias (PASO) −que deberían celebrarse en agosto− y, en paralelo, introduce un rediseño de la boleta única de papel (BUP) para incentivar a los gobernadores a que celebren las elecciones provinciales de manera simultánea con las generales de octubre. Una racha de resultados eventualmente negativos en las provincias es lo que justamente el oficialismo pretende evitar antes de la elección presidencial.

Como el gobierno nacional no tiene potestad para intervenir en las decisiones electorales de las provincias −artículo 122 de la Constitución Nacional−, buscará con esta reforma alentar la simultaneidad para que, en una misma fecha, el votante elija presidente y vice, diputados y senadores nacionales y, en las provincias donde sus respectivas cartas magnas se los permita, también gobernador y vice, legisladores provinciales y, eventualmente, autoridades municipales también.

A manera de “incentivo”, el Gobierno invita a los gobernadores adherirse a la BUP, a la cual propone modificar en dos aspectos claves: por un lado, incorpora en una misma papeleta las categorías nacionales (que ocuparían las filas de la parte superior) y las categorías provinciales y municipales (que se ubicarían en la parte inferior). Hoy esta posibilidad está estrictamente prohibida por el artículo 3 de la ley 15.262, que esta reforma ahora quiere modificar.

El incentivo se completaría con la inclusión de un casillero de lista completa al lado de cada agrupación política; este mecanismo permitiría a los votantes seleccionar todas las categorías de una misma fuerza con una sola marca. De esta manera, se facilitaría el “efecto arrastre” de los candidatos a cargos ejecutivos (sean a presidente o a gobernador) sobre las restantes categorías.

En buen romance, el Gobierno procura reinstaurar una práctica típica de las boletas sábana de antaño −el arrastre− no solo para su propia conveniencia electoral, sino también como señuelo para los gobernadores, algunos de los cuales aspiran a ser reelegidos. De yapa, si estos aceptan la simultaneidad y adoptan la BUP, la Nación se haría cargo del financiamiento de los procesos electorales en sus provincias.

En el oficialismo sostienen que, lejos de tratarse de un intento por manipular la voluntad del elector, esta modificación de la BUP tiene como objetivo incentivar a que las elecciones nacionales y provinciales coincidan en una misma fecha para no cargar el cronograma con una ristra de comicios que, además, encarezcan los costos electorales.

“El elector siempre puede elegir como quiere y marcar en la boleta su opción, el efecto arrastre es relativo”, sostienen.

Los gobernadores, claves

Habrá que ver si los gobernadores pican el anzuelo. El politólogo Pablo Salinas recuerda que tanto en 2019 como en 2023 solo cuatro distritos celebraron sus elecciones locales en simultáneo con las nacionales.

“El comportamiento de los gobernadores ha sido el de desdoblar las fechas electorales en sus provincias porque, en general, les ha garantizado continuidad. ¿Por qué razón atarían ahora su suerte a la del oficialismo? ¿Qué les asegura que el año próximo la imagen del Gobierno no esté peor?”, se pregunta.

En la Casa Rosada deslizan que, como incentivo adicional, no pondrán candidatos propios que les compitan a los gobernadores que decidan atar sus elecciones a las generales de octubre. Algo de eso se conversó en una reciente reunión entre los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) −que no puede reelegir− y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) con el ministro del Interior, Diego Santilli, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Sin embargo, los gobernadores desconfían mientras que la oposición anticipa sus críticas. “Qué contradicción: hace un año el oficialismo rechazaba el botón de lista completa en la BUP con el argumento de que beneficia a la casta. Ahora quiere alentar el arrastre para provecho propio”, cuestiona el diputado y politólogo Sebastián Galmarini (Unión por la Patria), quien sostiene que los gobiernos que manipulan las reglas electorales con el propósito de sacar ventajas de corto plazo por lo general no logran su cometido.

Lo cierto es que la reforma que propicia el Gobierno necesita del apoyo de un sector de los gobernadores para ser aprobada por ambas cámaras antes de que inicie el calendario electoral. Se requiere una mayoría agravada de 129 en Diputados y de 37 en el Senado; para alcanzar esos números el oficialismo debería, además, garantizarse el apoyo de sus aliados de Pro y de la UCR, que por ahora ven con reparos el proyecto, sobre todo la eliminación de las PASO.

El partido de Mauricio Macri no parece dispuesto a derogar la instancia de las primarias sin asegurarse una alternativa para definir candidaturas en un eventual frente electoral con LLA. Mantener las primarias en pie le significa una herramienta de presión para el armado de las listas de cara a los comicios de 2027.

En la UCR tampoco están de acuerdo en eliminar las PASO. El jefe del bloque en el Senado, Eduardo Vischi, tiene en carpeta un proyecto para que sean optativas, alternativa que Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de LLA, podría llevar a la Casa Rosada si tantea que el texto original no logra reunir los apoyos suficientes.