POLITICA
Javier Milei va al Congreso sin garantías y ya hay diferencias sobre la estrategia para 2027
Entrada la noche del martes en Jerusalén, en una breve escala en el hotel Waldorf Astoria antes de visitar el Muro de los Lamentos por segunda vez y de regresar a Buenos Aires, Javier Milei anunció en X que enviaría al Congreso su proyecto de reforma política. El mensaje comenzó a circular en redes cuando buena parte del gabinete nacional estaba en la Basílica de Luján en la misa organizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para recordar al Papa Francisco a un año de su muerte. El homenaje juntó a los libertarios con Axel Kicillof; y al gobernador con Wado De Pedro y un grupo de intendentes kirchneristas. La Iglesia pretendía despartidizar la ceremonia, pero el tuit presidencial distrajo a varios de los funcionarios que escuchaban a los obispos y los llevó al barro. “Milei está completamente en otra”, comentó un intendente peronista. Manuel Adorni retuiteó al jefe de Estado en pleno servicio religioso.
Victoria Villarruel pegó el faltazo a la misa en Luján para evitar la foto con el ministro coordinador. “Me pareció que la misa se había politizado”, soltó después con picardía, como diciendo que el mileísmo hoy es parte de la casta y ella no.
El Gobierno busca salir del declive y la parálisis en la que entró hace un mes y medio acelerando una agenda en el Congreso. Pero todavía no están anudados los acuerdos con los aliados que apoyaron a La Libertad Avanza (LLA) en el verano. No hay garantías de que estén los votos para suprimir las PASO. Mucho menos para el nuevo proyecto de la Casa Rosada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, fuertemente rechazado por las familias de personas con discapacidad.
El nuevo proyecto -que busca reducir el universo de personas con certificado único de discapacidad (CUD)- fue trabajada durante meses de manera interministerial. En el camino se impuso la impronta fiscalista del Ministerio de Economía y de la cartera de Desregulación sobre los criterios de cuidado y salud. Por ahora los votos no están. ¿Qué gana el Gobierno profundizando la motosierra sobre un colectivo vulnerable y exponiéndose a una posible derrota?
El envío espasmódico de proyectos al Congreso evidencia la encerrona que vive un Gobierno que necesita recuperar iniciativa pero está lejos de afinar una estrategia. “Tardamos en mandar estos proyectos”, reconoció un funcionario. La discusión por el timing también se había dado con el proyecto del Gobierno para reemplazar la Ley de Financiamiento Universitario. El sector de Santiago Caputo aseguró que había una ventana de oportunidad para sancionarlo antes de que iniciara el periodo lectivo gracias a un acuerdo sottovoce con los rectores de las casas de estudio. Y que el problema fue que Martin Menem no quiso tratarlo. Cerca del riojano dijeron que el proyecto ingresó a la Cámara baja sin previo aviso y sin que estuvieran los votos. El tema, al final, se empantanó en la Justicia.
Las diferencias internas, sin embargo, no solo se cuelan en decisiones de coyuntura: ahora asoma una discusión más profunda de cara al objetivo común mayor, que es que Javier Milei conserve el poder en 2027. “Hace 40 días no estaba en discusión que íbamos a tener reelección, hoy sí”, sentenció un importante colaborador del gobierno que suele seguir los sondeos de opinión.
En la Casa Rosada se reeditan parte de los debates del año pasado. Están los que consideran que hay que dar señales desde ahora de que se va a ampliar la base de sustentación política. En ese grupo se ubican -con matices- Patricia Bullrich y Santiago Caputo. Luis Caputo, en tanto, viene manifestando -on the record- que los fundamentos de la macroeconomía están ordenados y que el riesgo país debería ser más bajo. Que todavía “el pasado de la Argentina pesa”, es decir, que habría una duda en los mercados acerca de la permanencia de este programa económico en el largo plazo. “Toto quiere que los mercados nos crean que vamos a ganar en 2027”, dijo a Infobae un importantísimo miembro del elenco oficial.
Karina Milei, Martin y Lule Menem, por su parte, por ahora apuntan a replicar los mismos acuerdos electorales de 2025. Hasta acá no dieron señales de ampliación: dicen que son discusiones para dar con los gobernadores recién en septiembre. La hermana del Presidente, por caso, ya advirtió que no quiere una alianza electoral con el PRO en la Capital Federal porque pretende ir por todo y desbancar al macrismo. La secretaria General de la Presidencia no mira a las elecciones distritales sólo en función de la reelección presidencial: quiere las dos cosas.
En las reuniones de bloque, Martin Menem pide, por caso, no pegarles a los gobernadores del norte hasta que se tome la decisión electoral. “Es probable que se repitan los mismos acuerdos que en 2025, pero en septiembre vemos”, es la línea karinista.
El Presidente, por su parte, camina abrazado a su fe en la ortodoxia. Está convencido de que el orden fiscal traerá un alivio económico en la segunda mitad del año y que eso le permitirá recuperar el apoyo popular que se le desinfló en las encuestas. Pero más allá de sus pronósticos, con el Presidente hay un tema de fondo: a diferencia de su equipo político, su mayor obsesión no es ganar en las urnas, sino demostrar que lo asiste la razón.
Con este clima interno, mañana está previsto que se reúna nuevamente la mesa política, una instancia que se viene coronando con una foto grupal para maquillar la unión. Está prohibido contar lo que se discutió.
El nuevo triángulo de hierro judicial
El triángulo de hierro no existe más. La guerra entre Karina Milei y Santiago Caputo llegó a un punto de no retorno. En el último tiempo, el consultor viene visitando al Presidente en Olivos hacia el final de cada semana. Pero Milei no dirime el asunto más allá de las señales de contención hacia su estratega.
El jefe de Estado invitó al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, nuevo alfil de la hermana presidencial, al viaje a Israel. Empezó a entablar un diálogo directo con el ministro, a quien conoció minutos antes de tomarle juramento un mes atrás. Milei tampoco corto diálogo con Sebastian Amerio, el ladero de Caputo que quedó desplazado de la botonera judicial y que fue ubicado en la Procuración del Tesoro. Salomónico, como si los de abajo suyo no se odiaran, Milei no resuelve la puja de poder.
En el plano judicial viene operando un triángulo nuevo integrado por Karina, Mahiques y “Lule” Menem. La Justicia viene mostrándole los dientes al Gobierno, no solo con las causas de corrupción que se tramitan en Comodoro Py, sino también con los fallos que impactan en la caja del Gobierno: a los amparos para que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad se le sumó otro fallo para que Capital Humano reponga el programa de asistencia social Volver al Trabajo.
El karinismo apunta a jugar con los tiempos en el envío de pliegos de jueces al Senado. Ya dio la señal de que se “destapó la cañería” judicial y que las vacantes se van a ir completando. El mileísmo pretende moldear un poder permanente como es la Justicia llenando casilleros.
Para los proximos dias ya está lista una tanda de treinta pliegos “insulsos” en lo político, si bien siempre se toca algún interés particular. Según pudo saber Infobae, están incluidos juzgados nacionales en lo criminal y correccional de la Ciudad (donde se tramitan los delitos no federales), juzgados de Córdoba, juzgados civiles y comerciales y algunas fiscalías.
La idea de “Lule” es retener los juzgados sensibles para cuando sean necesarios como prenda de negociación: si alguien pide por un nombre, quiere que LLA se lo “cobre”. Importantísimos serán, por caso, los juzgados electorales vacantes.
La otra clave de la rosca judicial hoy pasa por el pedido de dos jueces de la Corte Suprema -Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- para modificar el reglamento de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura. El karinismo quiere esperar porque a fin de año se eligen 18 de los 20 consejeros y hay 10 que no pueden renovar mandato (entre ellos los kirchneristas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade). LLA espera sumar dos consejeros más: recién ahí podría repensar el reglamento.
Lo que dejó la guerra en redes
La otra novedad de los últimos días fue cómo se salió de la guerra tuitera. El conflicto arrancó con las hostilidades entre Daniel Parisini (Gordo Dan) y la diputada Lilia Lemoine, pero escaló: destapó una olla de desencanto en la militancia libertaria de base. Los tuiteros ya perdieron el tabú: no se pelean únicamente con el armador bonaerense Sebastian Pareja, sino que cuestionan al propio Presidente. Al Javo.
A diferencia de otras oportunidades, no hubo diálogos internos para que la espuma bajara en las redes. El conflicto transcurrió orgánicamente y demostró que la militancia tuitera tenía mucha bronca acumulada. Gordo Dan, como líder de Las Fuerzas del Cielo, contenía la línea narrativa en las redes, pero esta vez dejó que las bases se expresaran. Los jóvenes pidieron “purgar el partido” antes del año electoral y le advirtieron a Milei que ya no tienen las mismas ganas de fiscalizar.
“Los pibes sienten que ya no son parte. Ven que Milei no decide nada más allá de la cuestión socioeconómica. O que en todo caso ya decidió… y es por Karina”, dijo a Infobae uno de los líderes de opinión de ese grupo.
Lo curioso es que Manuel Adorni asomó la cabeza en X con un libreto pensado por Las Fuerzas del Cielo y que reza, en criollo, que al jefe de Gabinete lo apuntan porque “se compró un papel higiénico doble hoja” y no por las eventuales inconsistencias de su crecimiento patrimonial.
“A los pibes no los vas a enganchar con el republicanismo. Lo que les molesta del caso de Adorni es otra cosa: que por la estupidez de comprarse la casa durante la gestión, ahora perdimos la batalla cultural. Ya no somos lo nuevo ni lo distinto, ahora somos casta”, explicó uno de los tuiteros referenciados en los celestiales.
Las Fuerzas del Cielo no abandonaron la plaza online. No quieren darle excusas a Milei para que termine de apartar a Santiago Caputo. Sobre todo, no quieren sacar los pies del plato de un proyecto que, aún en su peor momento, todavía los dota de poder.
Adorni, por su parte, prepara una declaración jurada que presentará a finales de mayo. Dicen que podría demostrar de dónde obtuvo los fondos para su nuevo estilo de vida: una herencia de su padre -que falleció en 2002-, ahorros personales y fondos de Bettina Angeletti. Así le haría frente a las deudas que acumuló, y que suman 335.000 dólares, si se suman las dos hipotecas y el dinero que le debe a su gran amigo Pablo Feijoo, que quería vender el departamento de Caballito en 345.000 dólares y se lo dejo al jefe de Gabinete en 230.000, a pagar sin intereses. Las refacciones del inmueble por 65.000 dólares también quedaron en un “me lo pagas cuando puedas”.
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POLITICA
Sur Finanzas: las nuevas indagatorias apuntan a la ex cúpula directiva del Club Atlético Banfield
La causa judicial que vincula a la AFA con Sur Finanzas toma un nuevo impulso esta semana: el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella fijó declaraciones indagatorias para los ex directivos del Club Atlético Banfield Eduardo Juan Spinosa y Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker, además de los representantes legales de las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.
La medida llega semanas después de que cinco de los imputados del entorno del financista Maximiliano Ariel Vallejo, amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, se negaran a responder preguntas ante el tribunal.
La resolución, dictada por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, se enmarca en la causa FLP 29107/2025, caratulada “Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303, denunciante Auriga League S.A.“. La acusación sostiene que una organización criminal enquistada en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield operó de manera independiente pero conectada con el holding Sur Finanzas, al que la fiscalía ubica como el núcleo operativo de una estructura profesionalizada en el lavado de activos.
El instrumento central de esa maniobra habría sido el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, constituido en 2012, y la empresa Banfileños S.A., ambas controladas por las mismas personas que dirigían el club.
Las fechas de las indagatorias
El juez Armella fijó tres fechas para las comparecencias ante el tribunal, con sede en Lomas de Zamora:
- 18 de junio, a las 10:00 hs.: Eduardo Juan Spinosa
- 18 de junio, a las 10:30 hs.: Federico José Spinosa
- 24 de junio, a las 10:00 hs.: Ignacio Javier Uzquiza
- 24 de junio, a las 10:30 hs.: Oscar Fabián Tucker
- 25 de junio, a las 10:00 y 10:30 hs.: los representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña
A todos los imputados se les impuso prohibición de salida del país, retención de documentos de viaje, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, prohibición de contactarse con los otros imputados y restricción para alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial. La Dirección Nacional de Migraciones fue notificada de las restricciones de salida.
Los cargos y el rol de cada imputado
Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del Club Atlético Banfield, y también presidente de Banfileños S.A. y del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, enfrenta la imputación más grave del grupo.
La fiscalía lo acusa de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, en concurso real con defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado por la habitualidad. La acusación lo ubica como el vértice de toda la estructura: desde su posición en el club, derivaba los ingresos hacia la fiduciaria que él mismo controlaba. Esa operatoria quedó plasmada, según el expediente, en endosos manuscritos de cheques del Banco Bica incautados durante el allanamiento a la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, donde puede leerse de puño y letra de Spinosa la instrumentación del desvío hacia la cuenta del fideicomiso.
Federico José Spinosa, hermano del anterior y ex vicepresidente de Banfileños S.A., responde a la imputación como miembro de la asociación ilícita, en concurso real con defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado.
La fiscalía señala que aportó su firma y su rol de intraneus para consolidar las obligaciones abusivas contraídas por el club. Figura también como firmante de los dos contratos de mutuo celebrados en julio y octubre de 2023 con Sur Finanzas Group S.A., por los que el club se comprometió a devolver en menos de seis meses un total de USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses.
Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero de Banfield y actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), está imputado por asociación ilícita en calidad de miembro y defraudación por administración fraudulenta en calidad de coautor. La acusación destaca que, desde el control de la tesorería, suscribió junto a los hermanos Spinosa los mutuos usurarios en los que la dirigencia declaró haber recibido un millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria.
Oscar Fabián Tucker, ex vicepresidente del club, es imputado por asociación ilícita en calidad de miembro y lavado de activos agravado por la habitualidad. Según la fiscalía, garantizó desde la vicepresidencia la continuidad política y legal necesaria para que los contratos perjudiciales no fueran denunciados ni auditados internamente.
La acusación identifica a esas dos entidades como el núcleo del esquema de opacidad diseñado para reciclar los fondos desviados del club: cualquier financiamiento externo obtenido por Banfield quedaba automáticamente canalizado a través del vehículo fiduciario administrado por las mismas autoridades que conducían la institución.
El antecedente: silencio y una defensa solitaria
El juez Armella ya había citado a declarar a seis personas del entorno de Vallejo. Cinco de ellas —Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista; María Fernanda Sena Argis; Bárbara Denise Sena Argis; Gerardo Salvador Carrozza y Daniela Eliana Sánchez, se negaron a responder preguntas ante el tribunal. Esa actitud no produce efectos procesales adversos, dado que el artículo 18 de la Constitución Nacional impide interpretar ese silencio como indicio de culpabilidad.
El único que se defendió ante los investigadores judiciales fue Maximiliano Ariel Vallejo. Lo hizo el 26 de mayo: entregó un escrito, respondió únicamente las preguntas de su propia defensa y se proclamó inocente. “Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”, sostuvo en ese documento.
De manera oral, calificó el expediente como una causa “mediática” y afirmó que sobre él pesaba una percepción de culpabilidad “por dichos populares de los medios”. Sobre los USD 110.000 en moneda extranjera hallados durante los allanamientos, dijo que habían sido adquiridos legalmente tras el levantamiento del cepo cambiario en 2025.
Frente a la imputación por lavado de activos, sostuvo: “Debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay”. Respecto de los contratos de mutuo con el Club Atlético Banfield, se definió como “un simple sponsor” que le hizo “un préstamo al presidente de una entidad” y cerró su intervención con una frase terminante: “Me declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo más nada para decir y no voy a contestar preguntas”.
El contexto de la causa
La investigación tomó estado público tras los allanamientos del 1 de diciembre de 2025 en la sede de Sur Finanzas y en varios clubes de fútbol. En esos operativos se secuestraron biblioratos físicos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, que confirmaron la existencia de operaciones con 16 entidades deportivas: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.
La fiscalía considera a este último el caso paradigmático de la estrategia de captura de instituciones civiles para utilizarlas como herramientas de reciclaje de activos. Según la acusación, Sur Finanzas funcionó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movió más de USD 108 millones a través de esas 16 entidades.
La escena vuelve a repetirse. Manuel Adorni quiso poner fin a las sospechas que penden sobre su cabeza política y, otra vez, abrió un nuevo capítulo en la saga que tiene como eje sus movimientos patrimoniales. La corrección de sus declaraciones juradas y las respuestas públicas que dio la semana pasada no sólo sumaron contradicciones. También mostraron el regreso de una faceta estructural de la coreografía de poder del Gobierno de Javier Milei, pero ahora recargada. El game of chicken como política de Estado: eso de responder a los desafíos de la oposición o de la ciudadanía acelerando al máximo, a ver quién se corre primero. Dio forma a la gestión mileísta ni bien llegó al poder. Y hechos de los últimos días indican que se potenció hasta lo impensado.
En la última semana, hubo dos ejemplos del todo o nada con el que responde Milei a las presiones que intentan desviarlo de su camino. En un caso, el de Adorni, las chances del Gobierno son una obra en construcción: está pendiente el último ladrillo que determine quién gana la pulseada, si el oficialismo o la oposición. En el otro, el conflicto con las universidades, al Gobierno le torcieron la mano aunque lo presentó como una victoria. Vale la pena pensar por qué en un caso frena y en el otro, acelera.
Con el pie en el acelerador
El caso Adorni, todavía abierto, es una aceleración y escalada en la construcción de una realidad paralela que desafía los hechos evidentes a los ojos de la Argentina. Más allá de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito que está lejos de llegar a un veredicto, el último miércoles, por LN+, el mismo Adorni dejó claro que mintió abiertamente el 29 de abril en su presentación en la Cámara de Diputados: “Nunca existió ocultación alguna”, había sostenido en abril. El miércoles pasado, “la ocultación” salió a la luz de boca, y también de puño y letra, del mismo Adorni.
Y, sin embargo, Milei ratificó el apoyo a su jefe de Gabinete. Por el momento, aún con esa prueba incuestionable sobre la mesa, Milei no está dispuesto a poner el pie en el freno con todo o a dar un volantazo hacia la banquina para evitar la colisión: sigue sosteniendo a Adorni.
El game of chicken se eleva ahora a la enésima potencia: el acelerador rompe el velocímetro. Se ve en varios puntos. Primero, permanece en su cargo un jefe de Gabinete responsable de un “crimen político” grave, mentirle abiertamente a todos: a la Cámara de Diputados en presentación oficial, al Presidente que celebró aquella intervención, al pleno de los ministros del Gabinete que salieron en su apoyó aquel día y a la ciudadanía toda.
La escena del “crimen” fue un informe de gestión obligatorio por mandato constitucional. Con eso solo, sin necesidad de esperar a una sentencia judicial, en una democracia clásica alcanzaría para renunciarlo. En cambio, en una democracia en tiempo de Argentina mileísta, la institucionalidad se reescribe.
Es cierto que desde 1994, cuando se creó la figura de jefe de Gabinete, la adhesión a la obligación de presentarse en el Congreso es baja, según un informe de Chequeado. El top 5 lo ocupan Jorge Capitanich, en el puesto 1, en 2002 y 2013-2015, con un 57 por ciento de cumplimiento; le sigue Marcos Peña durante la presidencia de Cambiemos, con un 56 por ciento; en el puesto tres, Eduardo Bauzá, en el menemismo, con un 50 por ciento y en el cuarto puesto, Jorge Rodríguez, también en los años de Menem, con un 38 por ciento. En la quinta posición está el antecesor de Adorni, Guillermo Francos, con un 36 por ciento de cumplimiento.
Y está claro que en las presentaciones ante el Congreso, la narrativa de los jefes de Gabinete responde a la lógica política: muchas de las respuestas que dan son discutibles e, incluso, basadas en información falsa. Esa mecánica es condenable, pero se integra dentro del tablero político donde se mueven oficialismo y oposición con estrategia distinta.
Pero la anomalía de Adorni es triple y es de otro nivel: debió haber ido al menos dos veces al Congreso desde que fue nombrado en noviembre, pero no lo hizo; la única vez que fue lo hizo no sólo para informar sobre la marcha del Gobierno sino también para responder por su situación personal, la acusación de enriquecimiento ilícito; y lo más grave, mintió sin vueltas.
El otro punto del todo o nada al extremo por parte del oficialismo es la estrategia argumentativa de Adorni en la entrevista realizada por José Del Rio. La batería de herramientas para desmentir la realidad convierten a sus respuestas en un caso único de estrategia política, más allá de la cronología de su patrimonio, que desafía la verosimilitud. Adorni usó todas las municiones posibles.
Volvió al “deslomado”, esta vez en versión “eran tiempos donde no dormíamos”, en referencia a los primeros meses de gobierno y la presión que debía soportar el Gobierno “con un país al borde del precipicio”. Evitó responder preguntas puntuales basadas en hechos comprobados y optó por refugiarse en la falacia del hombre de paja, eligiendo desacreditar cuestionamientos a su figura basados en hechos falsos y así victimizarse. Justificó su declaración jurada de 2023 al llegar al poder como fruto de la presión en medio de su ingreso a la función pública y su falta de experiencia. Reconoció varios delitos, tipificables como evasión y omisión maliciosa, para esquivar el de enriquecimiento ilícito. Puso a sus hijos como excusa para justificar la compra de nuevas propiedades y mudanzas. Se victimizó para argumentar en favor de su cambio de estilo de vida: la búsqueda de seguridad personal y familiar. Usó una premisa ideológica de La Libertad Avanza y de Milei para justificar la evasión: “no lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro” sin registrar, o quizás sí, que siguió aplicando la misma premisa en plena presidencia de Milei. Extendió un abrazo de oso a Patricia Bullrich para comprometerla con su cercanía en su defensa: “Nos llevamos tan bien con Bullrich que este miércoles le compré una torta porque el jueves es su cumpleaños y se lo vamos a festejar en la mesa política”. Y el dardo más cuestionable, buscó convertir a toda la ciudadanía en cómplice: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”.
Bajo el ojo aprobatorio de Milei y Karina Milei, Adorni jugó al game of chicken apretando el acelerador hasta el extremo de la manipulación a cielo abierto del principio de realidad y de la confianza y la credulidad ciudadana.
Milei v universidades, ¿derrota oficialista?
En el caso del conflicto universitario, durante meses, el Gobierno jugó al game of chicken con el sistema universitario público, hasta que se bajó: perjudicó a miles de estudiantes que, en muchos casos perdieron el primer cuatrimestre, acorralados entre la rigidez del Gobierno y el reclamo de docentes y no docentes, con caída salarial del 40 por ciento.
Una vez sancionada la Ley de Financiamiento Universitario el 21 de agosto del año pasado, el Gobierno resistió con todo: después del triunfo de septiembre, la vetó; esquivó el rechazo del veto por parte del Congreso, y la sanción definitiva de octubre con el DNU 759/2025, que suspendió la aplicación de la ley hasta que se determine la fuente de financiamiento; respondió al amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el DNU con apelación en segunda instancia; recusó a los jueces de primera y segunda instancia; elevó un recurso extraordinario ante la Corte, que todavía está pendiente; y también recusó a los tres miembros de la Corte por su condición de docentes universitarios, lo que fue rechazado.
El miércoles, después de alcanzar un entendimiento con el CIN y con la firma de un acuerdo con los gremios nacionales paritarios, pareció que había obtenido un triunfo: acordó una actualización de salarios docentes y no docentes del 24,33 por ciento cuando la Ley de Financiamiento Universitario determina un 50 por ciento de actualización para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023.
Sin embargo, fue la primera derrota de 2026 en la gobernabilidad mileísta vía game of chicken: el Gobierno tuvo que bajarse de un argumento clave de su política fiscal para evitar, o al menos posponer, un fallo adverso de la Corte Suprema sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La premisa de que no se puede aprobar una ley que aumente el gasto público sin señalar el origen de los fondos quedó desmentida por el mismo Luis Caputo que dio la venia para asignar nuevas partidas y frenar ese conflicto.
Además, las universidades conservaron la bala de plata: el reclamo central, la aplicación y cumplimiento de la Ley de Financiamiento, sigue vigente ante la Corte.
“Desprendimiento mesiánico”
Con esos dos casos quedó confirmada una psicología política de Milei: una especie de desprendimiento mesiánico de Milei, un juego de todo o nada donde Milei dice, incluso, estar dispuesto a perder una elección con tal de sostener sus premisas. Esa lógica de ejercicio del poder condicionó la gobernabilidad en buena parte de 2025, con el todo o nada aplicado a los casos Garrahan, discapacidad y universidades. Lo frenó durante unas semanas la derrota de septiembre de 2025 en la Provincia de Buenos Aires. Aflojó después del triunfo nacional de octubre: ya no fue necesario. Con la oposición más dura atontada por la victoria mileísta, que contrastó con la derrota bonaerense, Milei tuvo el camino más libre. Pero la lógica volvió con Adorni, mientras que aflojó finalmente con universidades.
¿Por qué el Gobierno se bajó del game of chicken con las universidades pero todavía no está claro que lo haga con Adorni? En el caso de las universidades, fuentes autorizadas de la UBA ven la conveniencia del Gobierno y una negociación posible con la Corte Suprema. Según esa versión, el nombramiento como juez de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, no sería ajeno a esas conversaciones.
El Gobierno no tenía señales de lo que podía decidir la Corte. El rechazo de la Corte a la recusación por ser docentes encendió una señal de alarma en el Gobierno. Para el Gobierno, un fallo de la Corte a favor de la Ley los habría obligado a una expansión del gasto universitario de un 50 por ciento en salario: lograron cerrar por la mitad. El acuerdo alcanzado beneficia esa lógica fiscal y le quita presión social a la Corte, que ahora gana tiempo para el fallo de fondo. Eventualmente, la cuestión puede volverse abstracta si antes llega la negociación en el Congreso por el presupuesto 2027. El pragmatismo le puso un freno al game of chicken.
En el caso Adorni, hay más dilemas. Por un lado, desafía esa propensión al “desprendimiento mesiánico” extremo de Milei. Por otro lado, está la cuestión electoral: Milei sigue con atención la brecha entre la mejora de indicadores macro, inflación incluida, y la percepción social de la economía. Hay convencimiento de que si esa brecha se acorta y crece la aprobación económica, Adorni pesará menos.
Queda abierta la cuestión: si Milei sigue conociendo y representando mejor que nadie a su electorado o si, por el contrario, está construyendo los límites de su apoyo popular.
Luciana Vázquez,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,»No va a prosperar». Recluido, Adorni se enfoca en su informe de gestión ante el Senado y no espera ser interpelado,,Senado. La oposición construye una mayoría para avanzar contra Adorni y el Gobierno activa gestiones con las provincias,,Debate interno. El Gobierno suspende las reuniones de gabinete y mesa política por el caso Adorni
POLITICA
Causa SIRA: un hotel de lujo en Tandil aparece como presunto destino de los millones obtenidos con el dólar oficial
La causa judicial sobre las presuntas maniobras con el sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández podría abrir una nueva línea de investigación centrada en el destino de los fondos obtenidos a través de esas operatorias.
TN accedió en exclusiva a la declaración de un testigo que aporta nuevas pruebas sobre una presunta segunda etapa de la maniobra investigada por la Justicia: el blanqueo de fondos obtenidos a través de operaciones con el dólar oficial entre 2022 y 2023, una trama que comprometería al menos a exfuncionarios del Banco Central (BCRA).
Este testimonio coincide con Francisco Hauque, el financista y exsocio de Elías Piccirillo, también imputado en esta causa, reveló el viernes en ¿La Ves? (TN) algunos detalles sobre los supuestos vínculos políticos detrás de la causa.
Hauque y el testigo coinciden que un desarrollo turístico iba a ser utilizado para absorber parte de los fondos generados por las maniobras investigadas en la causa del “rulo del dólar”. En ese proyecto aparecen vinculados la exfuncionaria del BCRA Valeria Fernández y el empresario Juan Agra.
“Valeria Fernández ganaba un millón de dólares por día. Iban a lavarla con un proyecto hotelero en Tandil», aseguró el financista.
Otra vez hoteles y bolsos con dólares
El emprendimiento está ubicado sobre la calle Mitre 664, en pleno centro de Tandil, según pudo saber TN. Se trata de una construcción que permanecía abandonada y que habría sido adquirida por Valeria Fernández y Agra, un exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y propietario de la agencia de cambio Mega Latina, investigada por la Justicia. Según el expediente, esa financiera retiró por ventanilla, entre 2022 y 2023, al menos $237 millones de dólares en efectivo.
El esquema de blanqueo de ese dinero incluía la compra y remodelación de este hotel de lujo, con el que solo se avanzó hasta la firma del boleto de compra-venta. La escrituración, según esta fuente, quedó pendiente por el cambio de escenario político generado por la derrota electoral del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
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De hecho, el exministro de economía aparece mencionado como parte de la operatoria. De acuerdo al relato del testigo, Agra “me dijo que trabajaba para Massa”.
Los encuentros se realizaban en una oficina de Agra y Valeria Fernández, ubicada sobre la calle San Martín, frente al Banco Provincia.
“Eran muy desprolijos. Estaban desbordados por la cantidad de dólares que les entraban a través de financieras por el rulo del dólar y las SIRA. Era común ver bolsos con dólares. Un día llegué y había fajos acomodados en el piso porque no había más lugar para guardarlos”, sostuvo el testigo y agregó: “La oficina era muy lujosa, pero nunca había movimiento”.
Por el momento, estas afirmaciones forman parte de declaraciones que deberán ser corroboradas en sede judicial. Sin embargo, la aparición de un desarrollo inmobiliario de gran magnitud como presunto destino de fondos vinculados a la causa incorpora un nuevo elemento a una investigación que busca reconstruir tanto el origen del dinero como su recorrido posterior.
El origen de la causa
La investigación intenta esclarecer los presuntos pagos de sobornos para acelerar la aprobación de las SIRA y posibles irregularidades en el acceso al dólar oficial durante la gestión Fernández y el entonces ministro Massa.
Según los elementos recolectados hasta ahora, se habrían abonado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener aprobaciones en plazos de 24 horas, cuando los trámites demoraban hasta seis meses.
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La investigación se basa, entre otros elementos, en el análisis del celular de Martín Migueles, dueño de casas de cambio con vínculos con Piccirillo y Hauque.
En conversaciones de 2023 se alude de manera explícita al pago de porcentajes por la gestión acelerada de las SIRA. En paralelo, la causa examina operaciones con dólar oficial bajo el cepo cambiario, en las que intermediarios accedían a divisas a precio regulado para luego venderlas en el mercado paralelo con ganancias significativas.
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