El proyecto de reforma electoral -29 páginas, siete capítulos, cambios en varias leyes- fue enviado por el Gobierno al Congreso apenas 24 horas después de que Javier Milei lo anunciara desde Israel como una ofensiva sobre la “casta”. La consigna presidencial y las reacciones iniciales de los propios aliados indican que la iniciativa fue precipitada por la coyuntura y remitida al Senado sin consensos previos o tratativas avanzadas con los propios socios del oficialismo. No alcanzó para opacar otros temas de estas horas: nuevas declaraciones ante la Justicia que alimentan las sospechas en el caso Adorni y números preocupantes de la economía.

Milei anticipó primero y acompañó después la motorización del multiproyecto con argumento retomado: terminar con “privilegios” de la política. El texto incluye cambios legislativos que podrían provocar apoyos y rechazos cruzados -en rigor, ya asoman esas señales-, lo cual aparece como un dato significativo por una cuestión básica: este tipo de proyectos necesita mayoría absoluta de votos en las dos cámaras del Congreso para ser convertidos en ley. Y eso, salvo que se intenten interpretaciones forzadas de las normas, no asoma sencillo. Requiere apoyos del PRO, de la franja radical que lo acompaña, de provinciales y de representantes de gobernadores del PJ que juegan con Olivos. Y no todos actuarían en sintonía para apoyar cada punto de la iniciativa.

La interpretación más difundida en medios legislativos dice que la inclusión de Ficha Limpia fue incluida para lograr apoyos de aliados como el PRO al nuevo intento de eliminar las elecciones primarias. También, que en el articulado sobre Boleta Unica de Papel se abriría la posibilidad de enganchar comicios provinciales a las elecciones nacionales, como un guiño a gobernadores. Los ejemplos son de mínima parciales y hasta contradictorios.

El PRO y radicales de diferente alineamiento nacional impulsaron o se mostraron partidarios de proyectos como Ficha Limpia. Pero muchos de ellos no apoyan la derogación de las PASO, algunos por razones de fondo y otros por necesidades prácticas para dirimir candidaturas en coaliciones. Al revés, existen jefes provinciales que ven bien eliminar las primarias -entre otras razones, porque les da más poder para definir listas-, pero no adhieren a una ley de Ficha Limpia.

Para completar, los jefes provinciales definen pegar o no sus listas locales a las nacionales en función de la conveniencia local. Es decir, según las consideraciones sobre el mejor camino para asegurar reelecciones o mantener el dominio de las legislaturas. El extendido período electoral del año pasado estuvo marcado por una docena de adelantos o desenganche de comicios provinciales, en casi todos los casos con éxito de los gobernadores. La idea de pegar listas locales a la BUP en el proyecto de Olivos no cambiaría sustancialmente el panorama.

Lo dicho: las primeras señales de socios, aliados y dialoguistas son por lo menos de recelo frente a la movida oficialista. Por supuesto, eso no cierra el tema. Al revés, abre el camino de una compleja negociación, si el objetivo real del Gobierno es la sanción del proyecto, además de su necesidad de instalar temas propios en la agenda pública. En lo inmediato, la tensión legislativa pasa por otro lado: la presentación de Manuel Adorni en Diputados, el jueves de la semana que viene. La expectativa y los preparativos de oficialistas y opositores para recibir al jefe de Gabinete mantienen casi paralizado al Congreso. Esta semana, la conducción violeta decidió postergar la convocatoria para tratar la Ley Hojarasca en el recinto de la Cámara baja, a pesar de tener asegurado el dictamen de comisión.

El intento de modificar el foco de atención llega en un momento realmente complejo para el oficialismo. En el Gobierno, confiaban en que el peor tramo del caso Adorni estaba cediendo, pero en el plano judicial surgen novedades que al parecer no eran previstas sobre las operaciones inmobiliarias. Y a la vez, circulan trascendidos sobre avances con las medidas de prueba que apuntan a viajes de la familia Adorni o parte de ella.

A eso se suma el impacto en las filas violetas. Los funcionarios se muestran públicamente alineados con la decisión presidencial, motorizada por Karina Milei, de cerrarse en la defensa del jefe de los ministros. Trascienden, sin embargo, cuestionamientos con un argumento que suele aparecer en casos como éste: no cuestionan directamente al funcionario, sino que destacan la necesidad de “cuidar” a Milei. Varios relevamientos específicos -es decir, sobre el impacto del caso Adorni en la imagen presidencial- anotan costos en términos de imagen. Se habla de cinco o seis sondeos de ese tipo. No valen, claro, proyecciones mecánicas al lejano terreno electoral.

Para completar, Victoria Villarruel salió por primera vez a disputar el discurso anticasta. Tiene que ver, dicen fuentes del Congreso, con un estado de saturación por jugadas domésticas, no únicamente públicas sino también en la actividad casi rutinaria del Senado. Supera incluso a Patricia Bullrich que, por lo demás, acaba de recibir una carga del mileismo. Y se expresó en la movida que realizó el martes, en el marco del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco.

La vicepresidente resolvió no asistir a la misa en Lujan y prefirió asistir a otra celebración religiosa, en el barrio porteño de Almagro. El mensaje fue que no quería quedar en primera fila con Adorni, que fue flanqueado por Martín Menem y Diego Santilli. Como era de esperar, a metros pero con cuidada frialdad de las dos partes, se encontraba la comitiva encabezada por Axel Kicillof. Villarruel dijo, sin hacer precisiones y con obvia intención, que en Luján estaba “lo peor de la casta política”.

Los temas no se mueven de manera lineal, ni exclusivamente en función de la voluntad del oficialismo. El caso Adorni suma declaraciones ante Gerardo Pollicita y versiones sobre avances con diferentes medidas de prueba. Este miércoles, el impacto fue producido por Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que figura como vendedora -mediante hipoteca- del departamento de Caballito. Dijo que el funcionario le debe US$ 65.000 por fuera del monto de la escritura: un compromiso no documentado. Una novedad.

En cambio, no hubo sorpresa con el EMAE de febrero. Lo había anticipado Luis Caputo. Marca una significativa caída de la actividad –2,1% interanual y 2,6% respecto de enero-, que el Gobierno considera parte de una realidad “pasada”, que promete revertir a partir de este segundo trimestre. La frase repetida es que “no hay que mirar por el espejo retrovisor”. Se verá si lo que viene borra el hecho de tomar con liviandad tales registros.

En ese contexto, el Gobierno siente la necesidad de modificar el clima por partida doble y lo antes posible. En principio, la reforma electoral tiene por delante un trámite legislativo denso y difícilmente veloz.

Diplomacy / Foreign Policy,Middle East