Luego de una nueva ronda de negociaciones, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares determinó aumentos progresivos en los salarios mínimos de las empleadas domésticas y los trabajadores incluidos en la Ley N° 26.844.

La Resolución N° 4/2026, difundida a comienzos de junio en el Boletín Oficial, formalizó los incrementos mensuales previstos entre abril y julio, tomando como base los sueldos mínimos de marzo. El ajuste fue de 1,8% para abril, mientras que en mayo se ubicó en 1,6% sobre el monto ya actualizado. En junio, la suba se ajustó al 1,5% y en julio se aplicará un 1,4%, siempre considerando los sueldos que resulten de los meses previos.

Al mismo tiempo, a partir del mes que viene, la mitad de la suma no remunerativa abonada en marzo se integrará definitivamente al salario básico. La resolución establece que estos incrementos tendrán vigencia en todo el territorio nacional, garantizando un piso salarial uniforme para el sector.

El valor de la hora de limpieza resulta del convenio colectivo que regula el trabajo doméstico en la Argentina y abarca a las personas que desempeñan tareas como limpieza, mantenimiento básico y otras actividades comprendidas en la categoría de tareas generales.

La tarifa oficial para el personal de limpieza en tareas generales quedó establecida en $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 por hora sin retiro para julio de 2026. El esquema incluye también los valores mensuales, que ascienden a $458.053,22 para quienes trabajan con retiro y $505.302,76 para quienes lo hacen sin retiro. Estos montos surgen de los acuerdos homologados y publicados en los canales oficiales del sector.

• Supervisores: con retiro, $4.167,14 por hora y $519.840,95 al mes; sin retiro, $4.541,75 por hora y $576.213,21 mensuales.
• Personal para tareas específicas: con retiro, $3.959,56 por hora y $484.725,45 al mes; sin retiro, $4.318,35 por hora y $536.768,02 mensuales.
• Caseros: salario mensual de $473.533,02 y $3.745,18 por hora.
• Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.745,18 por hora y $473.533,02 mensuales; sin retiro, $4.165,14 por hora y $524.858,76 al mes.
• Personal para tareas generales: con retiro, $3.491,58 por hora y $428.347,44 mensuales; sin retiro, $3.745,18 por hora y $473.533,02 al mes.

• Supervisores: con retiro, $4.233,82 por hora y $528.158,40 al mes; sin retiro, $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales.
• Personal para tareas específicas: con retiro, $4.022,91 por hora y $492.481,06 al mes; sin retiro, $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales.
• Caseros: salario mensual de $491.109,55 y $3.805,10 por hora.
• Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales; sin retiro, $4.231,79 por hora y $533.256,50 al mes.
• Personal para tareas generales: con retiro, $3.547,45 por hora y $435.201,00 mensuales; sin retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 al mes.

• Supervisores: con retiro, $4.297,33 por hora y $536.080,78 al mes; sin retiro, $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales.
• Personal para tareas específicas: con retiro, $4.083,26 por hora y $499.868,28 al mes; sin retiro, $4.453,26 por hora y $553.536,65 mensuales.
• Caseros: salario mensual de $488.326,19 y $3.862,18 por hora.
• Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales; sin retiro, $4.295,26 por hora y $541.255,35 al mes.
• Personal para tareas generales: con retiro, $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales; sin retiro, $3.862,18 por hora y $488.326,19 al mes.

• Supervisores: con retiro, $4.438,77 por hora y $553.725,91 al mes; sin retiro, $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.
• Personal para tareas específicas: con retiro, $4.223,25 por hora y $517.006,43 al mes; sin retiro, $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.
• Caseros: salario mensual de $505.302,76 y $3.996,45 por hora.
• Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales; sin retiro, $4.435,86 por hora y $558.972,92 al mes.
• Personal para tareas generales: con retiro, $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales; sin retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 al mes.

Por otra parte, en las regiones denominadas desfavorables —que comprenden las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Carmen de Patagones en Buenos Aires—, se debe agregar un plus del 31% al salario final correspondiente a cada categoría.

En Argentina, un país acostumbrado a ciclos de boom y declive persiste una paradoja económica recurrente:

• Durante fases de alto intervencionismo -con cierre de mercados, inflación elevada, cepo cambiario, emisión monetaria para financiar déficits, subsidios crecientes, aranceles proteccionistas, regulaciones a las importaciones y crédito dirigido desde la Anses- el consumo aparenta resistir o incluso expandirse.
• En cambio, al ingresar en un proceso de estabilización -baja de inflación, unificación cambiaria, apertura comercial, desregulación de tasas, competencia importadora y mayor énfasis en exportaciones- sectores como el comercio, la industria y la construcción se debilitan.

Esta aparente contradicción se explica por las distorsiones acumuladas por malas políticas previas, que dejaron un tejido productivo de baja productividad, competitividad raquítica, alta presión tributaria, infraestructura deficiente e inversión privada escasa, todo agravado por una incertidumbre institucional pendular.

En entornos de alta inflación y controles, los agentes económicos, de manera racional, se desprenden de los pesos que “queman” en el bolsillo. La emisión monetaria para cubrir déficits fiscales inyecta liquidez que, combinada con regulaciones de tasas de interés (que reprimen el ahorro formal), cepos que limitan opciones de dolarización y subsidios sociales que sostienen el poder de compra nominal, impulsa un consumo “artificial”.

Las políticas proteccionistas -con aranceles altos y trabas a las importaciones- protegen temporalmente a industrias locales poco competitivas, mientras el crédito subsidiado desde la Anses o líneas oficiales estimula el gasto presente a costa del futuro.

Esto genera un “efecto riqueza ilusorio”: la gente adelanta compras para evitar la pérdida de valor del dinero y las empresas venden en un mercado cautivo. Economistas keynesianos y estructuralistas latinoamericanos explicarían esto como una forma de sostener la demanda agregada y el empleo en contextos de rigideces estructurales. John Maynard Keynes justificaba la intervención estatal y el gasto para combatir el desempleo y la subutilización de recursos, especialmente en depresiones.

En América Latina, Raúl Prebisch -padre del estructuralismo cepalino- y Marcelo Diamand (con su teoría de la “estructura productiva desequilibrada”) argumentaban que la protección industrial, vía aranceles e intervención, era necesaria para superar la dependencia de exportaciones primarias y desarrollar un mercado interno dinámico, ante términos de intercambio desfavorables y fallas de mercado.

En la práctica argentina reciente (pre-2023), esto se vio en un consumo relativamente “resiliente” pese a una inflación de tres dígitos: snacks, electrónica y bienes durables para “festejos” o como cobertura contra la inflación. Sin embargo, como advierte Milton Friedman, la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, derivado del exceso de emisión. Esta “prosperidad” es insostenible: genera distorsiones de precios relativos, malas asignaciones de recursos y erosiona el capital.

Al corregir estos desequilibrios -baja de inflación vía superávit fiscal, apertura importadora, desregulación de tasas y competencia- emerge la fragilidad real. Empresas acostumbradas a protección, subsidios y liquidez artificial enfrentan costos reales más altos, competencia externa y una demanda más exigente.

El consumo se contrae porque los ingresos reales se ajustan (fin de la licuación inflacionaria) y el crédito se encarece al inicio. Sectores como la industria, el comercio y la construcción, con baja productividad acumulada, sufren más: quiebras, caída de actividad y desempleo transitorio.

Aquí entran las críticas de la Escuela Austriaca. Friedrich Hayek y Ludwig von Mises explican que la expansión crediticia y monetaria artificial géneros “malas inversiones” (malinvestments) y una estructura productiva insostenible. La corrección -el “ajuste”- es dolorosa, pero necesaria para reasignar recursos hacia usos productivos reales.

La incertidumbre institucional pendular argentina (cambios radicales de reglas en cada gobierno) amplifica esto: las decisiones de inversión se vuelven cada vez más racionales y cortoplacistas, lo que desincentiva el largo plazo. Baja inversión bruta privada, infraestructura deficiente y alta presión tributaria terminan de configurar ese diagnóstico de baja competitividad.

Prebisch mismo evolucionó y reconoció límites de una industrialización por sustitución de importaciones (ISI) excesiva. La apertura genera ganadores (exportadores, consumidores con mejor acceso a bienes baratos) y perdedores transitorios entre firmas ineficientes.

El problema argentino no es la estabilización per se, sino el legado de décadas de populismo intervencionista, que dejó empresas “zombis” con baja productividad. Ejemplos históricos (convertibilidad en los 90 o intentos previos) muestran caídas iniciales seguidas de recuperación si se sostienen las reformas.

El punto central es este: el consumo inflado por distorsiones no equivale a bienestar genuino. La estabilización duele porque expone fallas estructurales previas, pero es el único camino para elevar la productividad, atraer inversión y generar crecimiento inclusivo.

Como destacaba Hayek en “Camino de servidumbre”: el intervencionismo creciente erosiona libertades y eficiencia. Friedman insistía en reglas monetarias estables y libre mercado para el crecimiento.

En Argentina, con potencial en agro, energía, minería y servicios, la combinación de disciplina fiscal-monetaria, apertura inteligente y reformas institucionales (seguridad jurídica, baja de impuestos, inversión en infraestructura) puede romper el ciclo de decadencia.

El desafío es político: sostener el ajuste más allá del corto plazo, compensando transitoriamente a los más vulnerables sin revertir reformas. De lo contrario, volveremos al “consumo artificial” que solo posterga el colapso. La racionalidad económica exige mirar más allá del presente: productividad y competitividad, no ilusiones monetarias.

El autor es Analista Económico y director de la consultora Focus Market

Como indican los manuales del buen político argentino, la renuncia de Manuel Adorni se produjo con el «timing» menos perjudicial: sábado a la noche, en la previa de un partido de la Selección Nacional, como para garantizarse que el hecho tuviera el menor espacio posible en la conversación pública.

Igualmente, podrán pensar muchos dentro y fuera del gobierno, ha quedado la sensación de que la anunciadísima renuncia llegó con un retraso de tres meses. El cuestionado jefe de Gabinete ya había perdido credibilidad y margen de acción política desde la desastrosa conferencia de prensa del 25 de marzo.

Aquella mañana, el jefe de gabinete había intentado enterrar la controversia sobre su crecimiento patrimonial, y llevó una nutrida agenda de anuncios sobre economía y desregulaciones. Pero todo salió mal: los periodistas acreditados en la Casa Rosada no preguntaron sobre ninguna otra cuestión, y Adorni se mostró irritado, con frases que empeoraron su imagen, como «yo contesto ante un juez, no ante un simple periodista».

Ese mismo día, perdió en los hechos su condición de vocero presidencial, algo que recién se oficializó dos meses más tarde, cuando se nombró al economista Adrián Ravier en ese cargo.

Desde aquel momento, el presidente Javier Milei se expuso personalmente en la defensa de su funcionario: asistió al informe ante el Congreso, donde intercambió chicanas con los diputados opositores; profundizó su agresividad hacia el periodismo y dejó que se generase una fisura interna, con una facción rebelde liderada por la senadora Patricia Bullrich.

La credibilidad, primera víctima

Lo ocurrido este sábado fue la consumación de lo obvio, dado que Adorni no pasó el test de credibilidad ante la opinión pública, y su argumento sobre las ganancias obtenidas por la inversión en bitcoins resultó más una autoincriminación que una coartada.

Es por eso que la pregunta central de los politólogos es por qué Milei sostuvo un estrés durante tres meses, para que la historia de Adorni tuviera el final que todos sabían que era inexorable.

Como cultor de los economistas clásicos, Milei sabe que todas las acciones de los hombres son resultado de una ponderación entre costo y beneficio. Y, si el presidente actúa de modo racional, entonces cabe suponer que él sintió que defender a su funcionario le traía más ventajas que problemas.

Hasta ahora, están más que claros los costos que pagó Milei: para empezar, la palabra corrupción volvió a estar entre las tres más mencionadas en los rankings de preocupaciones de los argentinos. La propia intención de voto del presidente cayó en las encuestas, no solamente por debajo de la de Axel Kicillof, sino también con menos porcentajes que Victoria Villarruel y Patricia Bullrich.

Pero, sobre todo, pagó un costo intangible y que no se puede medir, pero que lo afecta en la base de su electorado: el discurso de «la moral como pilar de la política» quedó seriamente erosionado. Ahora ya no le resulta tan fácil al presidente establecer la antinomia entre «los argentinos de bien» y los cómplices de la «casta corrupta».

Tanto es así, que hasta el PRO de Mauricio Macri tomó distancia, con un duro comunicado, que decía textualmente: «El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer».

De hecho, las clásicas acusaciones al kirchnerismo por los hechos de corrupción ocurridos en los gobiernos peronistas perdieron su efectividad. En ese sentido, el director de Poliarquía, Alejandro Catterberg, dijo que, a esta altura, ya dejó de ser relevante la diferencia de montos de la corrupción entre el negociado por las SIRA -los permisos de importación que se otorgaban discrecionalmente bajo la gestión de Sergio Massa– que casos menores, como puede ser la compra de un departamento con dólares del colchón.

La doctrina Espert

¿Cuál sería, entonces, el beneficio de haber estirado la decisión? De momento, no se lo ve claro. Pero es posible que Milei haya pensado que, de haberle soltado la mano a Adorni desde un inicio, habría transmitido una imagen de debilidad política.

Ya había tenido una reacción similar ante las acusaciones contra José Luis Espert durante la campaña electoral por las legislativas 2025. También en esa ocasión Milei «bancó» a su candidato, hasta que las encuestas le marcaron con claridad que podía perder en el estratégico bastión de Buenos Aires.

Milei, que había apoyado enfáticamente a Espert y hablaba sobre operaciones mediáticas para perjudicar las chances electorales del gobierno, no tuvo inconveniente en aceptar la «renuncia» del candidato y buscar un sustituto de urgencia -casualmente, Diego Santilli-.

El presidente justificó la decisión con el argumento de que no podía permitir que «una operación maliciosa» pusiera en riesgo el proceso de reformas. Es decir, el mismo argumento con el que antes había apoyado a Espert fue la justificación para sacarlo de la lista.

A juzgar por el resultado de las elecciones legislativas, la decisión de «sacrificar» a Espert se reveló como la opción correcta. Es decir, no se confirmó la tesis de quienes decían que, al desprenderse del funcionario, todo el gobierno estaría manchado por haber apoyado a un candidato cuestionado.

Y, un año después, cuando en la justicia estadounidense se anularon los cargos por narcotráfico contra Fred Machado -el empresario que financió la campaña presidencial de Espert en 2019-, Milei aprovechó para recargar contra el periodismo, al que acusó de haber «destruido la reputación» de un inocente.

¿Qué ganó Milei?

Por lo pronto, la demora en la renuncia de Adorni lleva implícita una sospecha contra el propio Milei: varios políticos opositores dejaron en claro que, si caía el jefe de gabinete, la crisis no se detendría allí, sino que continuaría con una sucesión de acusaciones que mancharía a todo el gobierno. Después de todo, antes de que saltara el escándalo de Adorni, ya habían cobrado nuevo impulso las denuncias sobre el caso Libra.

Desde ese punto de vista, podría considerarse que la demora de Milei tuvo el sentido de sacar al presidente del centro de las denuncias y, además, permitirle a Adorni diseñar su estrategia de defensa legal y rehacer su declaración patrimonial. Ahora, igual que como ocurrió con el caso Espert, podrá decir que accedió a un pedido del propio funcionario, motivada en no perjudicar al gobierno ante el ataque mediático.

Y, eventualmente, si la situación judicial de Adorni mejora en un futuro, Milei podrá repetir el argumento de que la oposición y los medios destruyeron la reputación de un inocente, a quien él sí defendió.

Lo cierto es que, a partir de ahora, una sensación de alivio recorrerá el gobierno, al menos en las primeras semanas. Con el nuevo vocero, se podrá retomar el control de la agenda pública, algo que el gobierno había perdido, al punto de que no lograba sacar rédito de indicadores económicos positivos.

Por otra parte, se destrabará la agenda reformista en el Congreso, dado que el oficialismo podrá buscar nuevamente apoyos que había perdido, como los del bloque del PRO y el «peronismo dialoguista». El estancamiento legislativo era un tema que desesperaba a la senadora Bullrich, quien había planteado con claridad que la situación no daba para más.

Lo que viene: elecciones a la vista

Queda, finalmente, la incógnita respecto de qué tan dañada puede haber quedado la imagen de Milei. En el fondo, el presidente y sus asesores saben que eso depende mucho más de la economía que de la prolijidad en la gestión de los dineros públicos.

La historia reciente da sobradas pruebas al respecto. Nadie lo sabe mejor que Cristina Kirchner, que en 2011 arrasó pese a tener un vicepresidente acusado por el escándalo de «Sueños Compartidos» y dos años después fue derrotada, en medio de una crisis por escasez de divisas. Claro, en ese momento se vivía un boom consumista, con cifras récords en casi todos los rubros.

Por lo pronto, los índices sobre confianza en el gobierno, como el que elabora la Universidad Di Tella, marcaron una mejora en mayo, tras una racha de caídas. No por casualidad, ese mes se registró un IPC de 2,1%, la menor cifra en nueve meses. También el Indec registró que, en abril, se había roto la racha de caída de los salarios frente a la inflación.

Si se cumple el pronóstico del ministro Toto Caputo, a partir de julio empezarán «los mejores 18 meses» para los argentinos en materia económica, con un verdadero boom de ingreso de dólares al país. En ese caso, las chances de Milei mejorarán y, acaso, el escándalo Adorni se irá disipando.

Pero, si ocurriera lo contrario, con una economía estancada y agravamiento del desempleo, Adorni será un fantasma que volverá en cada debate de la campaña electoral.