POLITICA
En medio de la disputa por la asistencia alimentaria, intendentes marcharán al ministerio de Capital Humano en reclamo de fondos
Intendentes de la provincia de Buenos Aires que en su mayoría gobiernan distritos por el peronismo, se presentarán este miércoles en la sede del ministerio de Capital Humano con el objetivo de dejar un petitorio destinado a la ministra del área Sandra Pettovello, en el que reclamarán fondos para atender la demanda alimentaria de sus localidades. La decisión de marchar hasta el ministerio fue acordada con el gobierno de Axel Kicillof, luego de que se anunciara un aumento del 30% en las partidas del Servicio Alimentario Escolar en paralelo al recorte del programa MESA. La semana pasada, desde el gobierno nacional plantearon que no hay ningún tipo de deuda con la Provincia en este ítem y que la decisión de eliminar el programa MESA corrió por responsabilidad de la gestión bonaerense.
A las 11 de la mañana, intendentes se harán presentes en el edificio de Avenida 9 de Julio. Los escoltará el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque. “Le pedimos al presidente Javier Milei que se haga cargo de la situación social de toda la Argentina, pero en particular de la provincia de Buenos Aires”, detalló el funcionario este lunes.
Larroque, cuestionó la retirada de fondos nacionales destinados a políticas alimentarias, subrayando que la provincia de Buenos Aires destina $553.910 millones de pesos anuales al Servicio Alimentario Escolar y que la asistencia nacional cubre solo el 14% de esa suma. El funcionario advirtió que el 90% del presupuesto de su cartera se asigna actualmente a programas alimentarios que asisten a 2.500.000 niños y adolescentes. Este lunes, en medio de la disputa por la asistencia alimentaria que incluyó la readecuación de partidas con el recorte sobre el programa MESA, detalló tres medidas para contener la emergencia social: un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar, la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios y el aumento del 25% en 18 programas sociales, que según el ministro configuran un esfuerzo adicional de 13.000 millones de pesos por mes en la provincia. Estos anuncios fueron definidos por Larroque como una respuesta frente a la “indolencia absoluta del Gobierno nacional”.
Ya el viernes último la vicegobernadora, Verónica Magario, había adelantado la decisión de los intendentes que este lunes fue confirmada por Larroque. El tema es recurrente en los jefes comunales: la creciente demanda de alimentos y de hecho se coló en la última reunión del Partido Justicialista bonaerense que encabezó Kicillof en La Plata, la semana pasada. Ahora, la provincia decidió duplicar el dinero que se le envía a los municipios para que sean los intendentes quiénes lo distribuyan. En contrapartida hubo un recorte sobre el programa MESA, que había nacido en pandemia como una excepcionalidad. Constaba de la entrega de una caja mensual con alimentos no perecederos.
La decisión volvió a encender por un carril paralelo la interna dentro del peronismo. Es que el senador bonaerense e intendente uso de licencia de Malvinas Argentinas, Mario Ishii, presentó un proyecto de ley para que la Provincia declare la emergencia alimentaria. En Gobernación, esa iniciativa impulsada por el bloque de Fuerza Patria generó malestar. Alegaron que el proyecto se presentó una vez que se supo que la provincia anunciaría un 30% de aumento en el SAE y que “Ishii lo hizo para subirse al tema”, recordando también lo que había sido la negociación por la vicepresidencia. El paceño fue por más y después de haber presentado ese proyecto pidió que Kicillof suspenda las obras en la Ruta 11 y que ese dinero se destine a la asistencia alimentaria. “Lo que plantea el proyecto está contemplado en estos anuncios”, dijo este lunes el ministro de Desarrollo de la Comunidad.
“Entre el 2024 y el dos mil veinticinco hubo una inflación interanual de 84,5% y el aumento que nos dio Nación en aquel momento fue del 10%. Ahora estamos en una inflación de 31,5% y el aumento que plantea Nación anual es del 4%”, remarcó Larroque. Explicó además que la deuda reclamable a la Nación escala con cada ejercicio: en 2024, la provincia requirió 177.000 millones de pesos para cubrir necesidades alimentarias; hasta el momento, no llegó ningún desembolso nacional.
Larroque precisó: “Pedimos en 2025 130.000 millones de pesos, enviaron 77.000 millones, de nuevo, también con retrasos temporarios y sobre fin de año o pasados inclusive… creo que a partir de agosto fue el año pasado que empezaron a llegar las cuotas. Y este año, nosotros pedimos 177.000 millones de pesos y dicen que van a enviar 80.000, todavía no ha llegado un centavo”. El funcionario agregó que la nota formal enviada en diciembre al ministro de Economía, Luis Caputo, para habilitar financiamiento externo de la provincia, nunca fue respondida.
La cifra anual invertida en compra de alimentos por parte de Buenos Aires asciende a 389.692 millones de pesos, mientras la inversión nacional en la misma rubrica para todo el país es de 91.000 millones, según datos expuestos por Larroque. “Estamos hablando de que para todo el país va un cuarto de la inversión que hace la provincia de Buenos Aires”, señaló.
El miércoles se espera la presencia de varios intendentes que están encuadrados dentro de la Federación Argentina de Municipios que lidera el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza. El dirigente peronista viene de reunir cientos de intendentes de distintos puntos del país en un reclamo similar a la administración nacional. Fue cuando semanas atrás movilizaron hasta la puerta del ministerio de Economía.
plan mesa
POLITICA
Crece la polémica por los pliegos de los candidatos a jueces que el Gobierno envió al Senado
La elevación al Senado de un centenar de nombres para ser designados como jueces, fiscales, o defensores oficiales en la Justicia Nacional generó una controversia en el seno del oficialismo, ya que mientras trascendieron antecedentes de algunos de ellos, como cercanos al kirchnerismo, en el Gobierno niegan estar negociando con esa fuerza y desestiman que los postulantes comulguen con Cristina Kirchner.
Los principales cuestionamientos se registraron por media docena de candidatos de entre un centenar de propuestos.
Apuntaron a Juan Manuel Mejuto, postulado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en un tribunal oral en lo criminal, ya que fue uno de los firmantes de la carta fundacional de la agrupación Justicia Legítima, que postulaba políticas judiciales en sintonía con el kirchnerismo.
Mejuto se desempeña junto al juez Daniel Obligado, quien sobreseyó a Cristina Kirchner en el caso Hotesur y Los Sauces; y también a Amado Boudou.
En el Gobierno negaron su filiación kirchnerista, dijeron que firmó la solicitada que fundó Justicia Legítima al igual que Carlos “Coco” Mahiques, el padre del ministro de Justicia, a quien el Gobierno esta promoviendo cinco años más en el cargo. “Decir que Coco Mahiques es kirchenrista es una locura”, comparó un colaborador del ministro.
La Oficina de Respuesta Oficial, que es un área del Gobierno con una cuenta de X, controlada por Santiago Caputo, indicó que Mejuto “no tiene ni tuvo participación política alguna”. Y dijo que “no hay ni una sentencia, ni una resolución, ni un despacho firmado por Juan Mejuto en una causa donde se hubiera sobreseído o absuelto a alguien vinculado al kirchnerismo”.
Indicó que no firmó la solicitada de Justicia Legítima, sino que lo incorporó, “según él involuntariamente, un compañero de trabajo, exsecretario del tribunal oral federal Javier Falcioni”. Dijo la cuenta oficial que su pliego fue enviado tanto por los gobiernos de Mauricio Macri como de Alberto Fernández y luego retirados, con el resto.
Otros cuestionamientos se dieron por la postulación de Angeles Ramos, titular de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad con el procurador Eduardo Casal y propuesta como fiscal ante un tribunal oral en lo penal Económico. “No es una militante”, dijeron fuentes judiciales que reconocen su capacidad técnica.
“Es un sinsentido. No hay un acuerdo con el kirchnerismo, es una locura, decir que Mejuto es kirchnerista porque una vez fue a la ESMA o que fulano es kirchnerista porque como defensor oficial le tocó defender a un exfuncionario en problemas”, deslizó un colaborador de Mahiques.
Insistieron en que eligieron a la gente más capacitada, aunque reconocen que “pueden tener un pasado, en 20 años, estuvieron ocupando posiciones y diciendo cosas para progresar en sus carreras que no necesariamente compartían”, deslizó un funcionario del Gobierno.
Pablo Matkovic, candidato a jueces de tribunal oral federal en Neuquén, aparece entre los candidatos cuestionados por haber sido asesor de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad, ser denunciante de espionaje contra la Ciudad en el caso Lago Escondido y promovido acciones en favor de la comunidad mapuche.
Otros cuestionamientos se dan en la postulación de Rául Agustín Rubiero para la Cámara Civil. Rubiero es miembro del tribunal de apelaciones de la AFA desde el 10 de diciembre de 2021 y estaba en la lista complementaria del Concurso 405.
Al tratarse de un concurso múltiple y como el candidato que estaba en la terna Alejandro Laje renunció, quedó habilitada la elección de un postulante de la lista complementaria.
En el Gobierno afirman que justamente el hueco en la terna habilita a recurrir a un candidato de la lista complementaria. Pero en los tribunales señalan que el artículo 48 del reglamento de concursos dice que “si se tratare de un concurso destinado a cubrir más de un cargo, se hará saber al Poder Ejecutivo Nacional el modo en que han sido conformadas las ternas y la lista complementaria, y que ante el supuesto de que alguna de las ternas se torne incompleta, previo a la utilización de la lista complementaria, deberá considerar prioritariamente a los postulantes que integran las ternas y que no hayan sido seleccionados”.
Pero las fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que ello no obliga al Poder Ejecutivo a elegir a los otros dos de la terna original, “sino la lista complementaria no tendría sentido”. Y afirmaron que hubo otros casos donde enviaron a candidatos de la lista complementaria.
Los dos postulantes de la terna original que quedaron son Luis Crovi y Miriam Feigelman que no fueron elegidos. Pusieron como ejemlos concursos de 2021 y 2022 donde tres juzgados laborales fueron cubiertos con candidatos de las listas complementarias: Moira Fullana, en el Juzgado Nº 3; Sergio Raúl Micheloud, en el Juzgado N° 10 y María Romina Becchi, en el Juzgado N° 1.
La filtración de estos antecedentes de los postulantes es vista en el sector de Karina Milei en el Gobierno como parte de una embestida del ala que comanda Santiago Caputo, pues señalan que se difundieron nombres de candidatos cuando no habían llegado a enviarse al Senado.
“La gente de Santiago marca públicamente a candidatos, entre ellos los que apoyaron a la propia Corte en el juicio político que le hizo el kirchnerismo”, dijeron fuentes del karinismo. Señalaron que Caputo le hizo llegar estas críticas al presidente Javier Milei y a Karina Milei. Y ambos confrontaron a Mahiques con esta información.
“Juan dio las explicaciones pertinentes al Presidente y a Karina y quedó zanjado el asunto, porque a ellos les pareció bien”, dijo una fuente del Gobierno a . Por eso, indicó que habiendo perdido la batalla interna, los caputistas decidieron filtrar esos datos a los medios.
como cercanos al kirchnerismo,April 27, 2026,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El gobierno porteño lanzó “IA para todos”, un curso gratuito para aprender a usar herramientas de Inteligencia Artificial
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha “IA para todos”, un programa de formación gratuito y completamente en línea destinado a que cualquier vecino pueda iniciarse en el uso de herramientas de inteligencia artificial, sin necesidad de contar con conocimientos previos. La propuesta es impulsada por la Agencia de Habilidades para el Futuro, dependiente del Ministerio de Educación porteño, y está disponible a través del campus virtual de esa agencia.
El curso tiene una carga estimada de entre 12 y 15 horas, aunque al tratarse de una modalidad autoasistida, cada participante puede avanzar según su propio ritmo. El recorrido se organiza en cuatro módulos: “Primeros pasos con IA”, “Resolver tareas con IA”, “Crear con IA” y “Usar IA con criterio”. Cada unidad combina videos breves, guías paso a paso y ejercicios prácticos orientados a situaciones concretas de la vida diaria.
La iniciativa apunta a que los participantes puedan resolver problemas cotidianos con herramientas digitales e incorporar recursos útiles para el trabajo, el estudio y la organización personal. La inscripción y el acceso al material se realizan a través del sitio iaparatodos.bue.edu.ar.
“La inteligencia artificial ya es parte de la vida cotidiana y del mundo del trabajo. Con ‘IA para todos’ queremos que cualquier persona, sin importar su punto de partida, pueda entenderla, usarla y aprovecharla para resolver situaciones concretas de su día a día”, afirmó Gustavo álvarez, director de la Agencia de Habilidades para el Futuro. El funcionario subrayó que el objetivo central es “democratizar el acceso a estas herramientas y acompañar a los vecinos en el desarrollo de habilidades clave para el presente y el futuro del empleo”.
Por su parte, la ministra de Educación Mercedes Miguel encuadró el programa en una visión más amplia sobre el rol de la tecnología en la formación ciudadana: “El futuro de la educación trasciende el uso de la tecnología y exige formar ciudadanos capaces de comprenderla, cuestionarla y transformarla”, sostuvo. Miguel agregó que, en ese marco, la inteligencia artificial “se presenta como una herramienta estratégica para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje”.
“IA para todos” se suma a un conjunto de propuestas que la Agencia de Habilidades para el Futuro viene ampliando en distintos niveles de complejidad. En el extremo más especializado se encuentran programas como Talento Tech y los cursos de tecnología del Centro de Simulación, orientados a perfiles con mayor recorrido técnico. El nuevo programa cubre el extremo opuesto: está pensado específicamente para quienes desean comenzar desde cero.
Esta lógica de acceso escalonado se enmarca en una política educativa más extensa que el gobierno porteño viene desarrollando en torno a la inteligencia artificial. En febrero de 2026, la administración habilitó el acceso gratuito a Gemini —herramienta de inteligencia artificial generativa de Google— para todos los estudiantes de escuelas públicas primarias de la Ciudad, mediante cuentas institucionales con la dirección @alu.bue.ar. Según información oficial, con esa medida Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad de América Latina en extender ese tipo de acceso al nivel primario.
El despliegue de Gemini en el sistema educativo porteño incluyó una dimensión de formación para los equipos docentes. Según datos oficiales, más de 7.000 educadores completaron capacitaciones en la Gemini Academy de Google y obtuvieron certificación internacional. El plan contempla instancias específicas sobre el uso pedagógico de la inteligencia artificial generativa y cursos autoasistidos para que los docentes integren estas tecnologías de manera alineada con los diseños curriculares vigentes.
En materia de seguridad, el Ministerio de Educación señaló que Gemini incorpora filtros de contenido reforzados para menores de edad y garantiza la privacidad de la información: los datos de los estudiantes no se utilizan para entrenar modelos públicos de inteligencia artificial. La herramienta opera a través de Google Workspace for Education y sigue la experiencia previa desarrollada en el nivel secundario, donde la iniciativa ya alcanzó a la totalidad de la matrícula estatal.
POLITICA
TRAICIÓN Y ÉXODO: La promesa rota de Monteoliva que desató una ola masiva de bajas en la Policía Federal
Denuncian que la Ministra pactó un aumento del 35% «a puertas cerradas» que nunca llegó. Con sueldos que no cubren ni la mitad de una canasta básica, los agentes huyen a las policías provinciales donde ganan el doble.
Por: Redacción Noticias del Momento
La crisis en la Policía Federal Argentina (PFA) ha pasado de ser un malestar salarial a un colapso institucional sin precedentes. Mientras la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mantiene un discurso de «orden y profesionalización», en los pasillos de la fuerza crece la indignación por lo que califican como una estafa histórica.
La promesa del 35% que se volvió humo
Fuentes de máxima confianza dentro de la cúpula policial revelaron un dato explosivo: en una reunión privada a finales de 2025 entre Monteoliva y el Jefe de la PFA, Luis Rollé, la ministra habría garantizado un aumento extraordinario del 35% para el primer trimestre de 2026. Este compromiso buscaba frenar el descontento y evitar la sangría de personal.
Sin embargo, la realidad fue un balde de agua fría. En lugar del 35% prometido, los efectivos recibieron migajas:
- Enero: 2,5%
- Febrero: 2,2%
- Marzo: 2%
- Abril: 1,7%
- Mayo: 1,5%
Total acumulado: Un 10% que, frente a una inflación que ya superó el 36% en lo que va del año, significa un hambre programada para la familia policial.
Humillación salarial: Un Federal vale «medio» policía provincial
La brecha salarial es hoy una cachetada al federalismo. Mientras un Agente de la PFA cobra un haber mensual de apenas $878.108,49 (un monto que lo ubica peligrosamente cerca de la indigencia), sus pares de otras jurisdicciones viven una realidad opuesta:
- Policía de Santa Fe: Tras el último aumento del gobernador Pullaro, un suboficial operativo supera los $1.900.000 (incluyendo plus operativos). Un Federal gana menos de la mitad que un santafesino.
- Policía de la Ciudad (CABA): Un oficial inicial ya ronda los $1.400.000, con beneficios adicionales que la Federal perdió hace años.
- Policía de Entre Ríos: Un agente con solo un año de antigüedad percibe $1.302.000.
«Estamos en situación de calle con uniforme», graficó un sargento con 12 años de servicio. El valor de la hora adicional para un federal en mayo será de apenas $17.838, una cifra que no alcanza ni para un kilo de carne de calidad.
Bajas récord y trámites «pisados»
El impacto de esta gestión es devastador. Se estima que el número de efectivos que piden la baja por día es trece veces mayor al promedio histórico. Ante este éxodo, la orden del Ministerio es clara: frenar los trámites de retiro.
La estrategia de Monteoliva es burocratizar las salidas para forzar al personal al abandono de servicio. «Si abandonás, perdés tus años de aporte y tu obra social. Nos tienen como rehenes de un sueldo miserable», denuncian desde los grupos de familiares autoconvocados.
Un Ministerio en silencio
Hasta el momento, Alejandra Monteoliva no ha dado explicaciones sobre la promesa del 35% ni sobre la abismal diferencia salarial con las provincias. Mientras tanto, la seguridad federal se desmorona: sin personal motivado, sin sueldos dignos y con una conducción que, según los propios efectivos, les ha soltado la mano.
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