En la antesala de su presentación en la Cámara de Diputados, Manuel Adorni dejó por escrito el tono que llevará al recinto. En el informe de gestión N°145, de más de 1900 páginas, el jefe de Gabinete respondió a preguntas sobre su patrimonio, sus viajes y distintas causas judiciales.

El documento dejó ver cuáles serán los ejes de su defensa en el recinto: limitar el alcance de ciertas preguntas, diferenciar su rol actual de su etapa como vocero presidencial y sostener que varios temas están bajo investigación, lo que -según planteó- impide brindar mayores detalles.

Uno de los principales focos estuvo en su patrimonio. Legisladores le pidieron explicaciones por la presunta omisión de bienes en su declaración jurada, como un inmueble en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz -adquirido en noviembre de 2024-, y un departamento en Caballito, donde actualmente reside.

Adorni evitó precisiones y sostuvo que los bienes del grupo familiar están incluidos en un anexo reservado “de carácter confidencial”, al que solo puede acceder la Justicia. De este modo, no explicó ni la composición total de su patrimonio ni el origen de los fondos utilizados para las adquisiciones.

“Los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar del Jefe de Gabinete se incluyen en el Anexo Reservado del Formulario 1246 que obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial de acuerdo con el régimen normativo vigente. Solo frente a un requerimiento judicial, la Oficina Anticorrupción puede compartir ese anexo reservado y así lo hizo ante la primera solicitud de la Fiscalía interviniente en el marco de la causa n°1003/2026″, señaló Adorni sobre su patrimonio en el informe.

Otra de las preguntas apuntó al viaje a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval de 2026, realizado en un avión privado.

El informe no aclaró quién financió el traslado y lo encuadró como un asunto personal. Ante la contradicción entre la versión del funcionario -que aseguró haber pagado- y la declaración del piloto -que señaló al empresario Marcelo Grandío-, la respuesta oficial se limitó a indicar que el Estado “no registra ningún pago de costos” en traslados privados.

En su respuesta, Adorni sostuvo: “El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre los viajes personales del Jefe de Gabinete y es por eso que informo siempre el carácter privado y propio de sus erogaciones”.

También se le consultó por su vínculo con el empresario mencionado y la posible existencia de contratos con el Estado.

Adorni negó que haya contrataciones entre Radio y Televisión Argentina (RTA) y Grandío y remitió a respuestas previas, sin aportar documentación adicional que respalde esa afirmación.

Respecto a la pregunta 1655, el jefe de Gabinete respondió: “Tal como surge de la información suministrada por RTA S.A.U. en la NO-2026- 30076480-APN-GRHC7#RTA, por la Oficina Nacional de Contrataciones y puesta a disposición a requerimiento judicial, el Sr. Marcelo Grandío no fue contratado por RTA S.A.U.”.

El jefe de Gabinete planteó un criterio general. Sostuvo que los hechos vinculados a su etapa como vocero presidencial no corresponden a su función actual y, por lo tanto, no deben ser respondidos en el marco del informe de gestión.

“Respecto de las preguntas que indagan sobre la conducta personal del actual Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de exvocero presidencial -incluyendo su eventual presencia en la Quinta de Olivos la noche del 14 de febrero, sus comunicaciones con otros funcionarios o su participación en reuniones con los empresarios involucrados-, cabe señalar que dichas preguntas no se encuadran en las funciones y deberes propios del Jefe de Gabinete de Ministros establecidos en el artículo 100 de la Constitución Nacional”.

Sobre la causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, el funcionario justificó la falta de precisiones en la existencia de una investigación judicial en curso.

“Como consideración preliminar de carácter general, la Jefatura de Gabinete de Ministros informa que los hechos vinculados al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA son objeto de una investigación judicial en curso, radicada bajo la Causa N°574/2025 y acumuladas, en trámite por ante el Juzgado Criminal y Correccional N°8, con intervención de la Fiscalía Federal N°3 (la cual tramitó previamente ante su homólogo N°1). Ello implica que una porción significativa de la información requerida se encuentra bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial, y que su divulgación por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”, respondió.

Además, relativizó: “Se señala además que, varias preguntas se fundan exclusivamente en informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones parciales del expediente judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”.

Frente a las acusaciones de sobreprecios y fraude en la Agencia Nacional de Discapacidad, Adorni utilizó una estrategia similar.

“El Ministerio de Salud informa que, al respecto de las situaciones que derivaron en la Intervención del organismo elaboró el Informe Final de Intervención de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, que obra como considerando en el Decreto N°942/25. En consonancia con eso, los hallazgos fueron y siguen siendo remitidos al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 del Dr. Picardi, donde se encuentra en trámite la causa judicial en el marco de la cual los hechos denunciados están bajo investigación”, concluyó.