POLITICA
La CIDH le otorgó medidas cautelares al argentino Germán Giuliani y alertó por torturas durante su detención en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Germán Darío Giuliani, el último argentino secuestrado por el régimen chavista, y exigió a Venezuela que informe de inmediato dónde está detenido, cuál es su estado de salud y bajo qué condiciones permanece privado de su libertad. El aspecto más grave de la resolución no es solo el reclamo diplomático: el organismo incorporó denuncias de tormentos físicos, golpizas, amenazas de desaparición y presuntas torturas sufridas durante su cautiverio.
La decisión, identificada como Resolución 32/2026, fue adoptada el 27 de abril en Washington, D.C., después de que la Comisión concluyera que Giuliani atraviesa una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable sobre sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
Según el expediente, Giuliani permanece detenido desde mayo de 2025. Fue arrestado entre el 21 y el 23 de ese mes por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras navegaba en una embarcación alquilada junto a tres ciudadanos venezolanos en aguas del estado Anzoátegui. La presentación sostiene que, al advertir su acento argentino, fue detenido de inmediato.
Torturas y desaparición forzada
El documento de la Comisión incluye declaraciones públicas de Diosdado Cabello, dirigente del oficialismo venezolano, quien afirmó que Giuliani fue capturado “en alta mar, en un velero, con unos venezolanos” y que “iba a buscar a un narcotraficante en alta mar”. Según la denuncia, desde entonces se lo vinculó con acusaciones de terrorismo y narcotráfico, aunque no existen precisiones judiciales públicas conocidas.
Uno de los apartados más delicados del informe refiere a los primeros doce días posteriores al arresto: la familia no recibió ninguna información oficial sobre su paradero y calificó esa etapa como una desaparición forzada inicial. Más tarde supieron que estaba recluido en el Comando Militar de Las Acacias, luego trasladado a Yare II y posteriormente a Yare III, aunque sin confirmación institucional estable.
La CIDH destacó que, incluso en la actualidad, los allegados desconocen la ubicación exacta de Giuliani dentro del Complejo Penitenciario de Yare, así como sus condiciones reales de detención.
El núcleo central de la resolución está conformado por las denuncias de apremios físicos y coacciones. Según el testimonio de familiares citado por la CIDH, Giuliani habría declarado que “le hicieron firmar una declaración a fuerza de golpes”.
La esposa del detenido afirmó que sufrió “tormentos físicos” durante los primeros meses de encierro, incluyendo haber sido colgado de las esposas durante períodos prolongados y haber sido presionado para firmar documentos.
La resolución incorpora el testimonio de un periodista excarcelado que compartió celda con Giuliani en Las Acacias. Según relató, lo vio llegar “con la mirada perdida, asustado y golpeado”, y presentaba “la marca de una venda y la piel estaba quemada”.
Ese mismo testigo señaló que Giuliani le contó lo ocurrido tras la detención: “vine como turista y en Puerto La Cruz me secuestraron, me lanzaron contra la pared y me amarraron de manos y pies. Me golpearon para confesar delitos y como no lo hice me amenazaron con desaparecerme en el mar”.
El documento agrega que durante varios días habría sido sometido a interrogatorios de dos o tres horas, donde le mostraban fotos de dirigentes opositores venezolanos e intentaban que incriminara a referentes políticos.
Según el testimonio recogido por la CIDH, le ofrecían: “si grabas un video con lo que queremos te mandamos hoy mismo para Argentina”. De acuerdo con esa versión, también le exigían involucrar a la Premio Nobel de la Paz y dirigente opositora, María Corina Machado. La Comisión encuadró el caso en el contexto de persecución política monitoreado en Venezuela.
Otro tramo relevante del informe corresponde a noviembre de 2025. El ex detenido afirmó que Giuliani fue llevado dos veces a un cuarto de tortura denominado “El Tigrito”, donde “lo colgaron de las manos por más de tres horas y le echaban agua fría en su rostro”. Tras esos episodios, habría regresado con “morados en sus muñecas y ojos desenfocados”.
La denuncia agrega que esos castigos se producían cada vez que solicitaba atención médica o asistencia jurídica.
Condiciones de detención y respuesta institucional
La CIDH no emite una condena penal sobre estos hechos, pero los consideró indicios suficientes para justificar una medida urgente. En uno de sus párrafos centrales, sostuvo que observa “con preocupación” las alegaciones sobre las condiciones de detención y los presuntos tormentos sufridos por Giuliani.
El organismo también calificó como alarmante que, según los testimonios reunidos, agentes penitenciarios le habrían advertido que debía cuidarse “porque la orden era desaparecerlo”.
La resolución describe un régimen extremo de incomunicación. Las llamadas con la familia eran esporádicas, sin aviso previo, supervisadas, grabadas y de no más de dos minutos. No existía posibilidad de videollamadas ni de envío de fotografías.
La CIDH recogió que, cuando Giuliani intentaba hablar de algo no permitido, la comunicación era interrumpida de inmediato. En ocasiones, transcurrieron meses sin contacto alguno. En esas conversaciones, la familia lo percibía angustiado, sin margen para explicar qué ocurría, ya que —según la denuncia— se escuchaba una voz censurando a su lado. El organismo alertó sobre el deterioro de su salud mental.
Las condiciones materiales de detención también fueron objetadas. El expediente menciona que dormía en una colchoneta en el piso, con escasa agua, sin salidas al aire libre y dependiendo en ciertos períodos de la ayuda de otros detenidos para comer. Además, la CIDH exigió acceso inmediato a agua potable y alimentación adecuada.
Otro dato relevante es que el régimen venezolano no respondió el requerimiento de información formulado por la Comisión el 16 de abril. El plazo venció sin contestación oficial.
Para la CIDH, esa falta de respuesta impidió conocer si existían medidas estatales para proteger a Giuliani o si el riesgo había sido mitigado.
Medidas ordenadas y repercusiones internacionales

La Comisión Interamericana resolvió ordenar a Venezuela que adopte medidas urgentes para resguardar la vida, integridad y salud de Giuliani; confirme formalmente dónde está detenido; garantice condiciones compatibles con estándares internacionales; permita la comunicación con familiares, abogados y autoridades consulares argentinas; informe si fue imputado por algún delito y ante qué tribunal; evite amenazas o agresiones, y disponga una evaluación médica inmediata con tratamiento especializado.
La CIDH también solicitó que se investiguen los hechos denunciados que motivaron la cautelar y se evite su repetición.
Como es habitual, el organismo aclaró que la resolución no implica prejuzgamiento sobre una futura denuncia de fondo contra Venezuela. No obstante, representa un pronunciamiento internacional contundente: reconoce que existe un riesgo actual y concreto para un ciudadano argentino detenido por el régimen chavista.
El caso de Germán Giuliani suma un componente diplomático relevante para Argentina, pues la CIDH incluyó expresamente el derecho a recibir asistencia consular y recordó la obligación estatal de garantizar ese contacto.
La atención internacional permanece ahora sobre la respuesta de Caracas. La resolución está vigente y el foco internacional es saber si el régimen venezolano revelará el paradero exacto de Giuliani, permitirá acceso a sus representantes y cumplirá con las medidas ordenadas.
Para la familia de Giuliani, después de casi un año de incertidumbre, silencio oficial y denuncias de torturas, ese punto se volvió decisivo.
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POLITICA
Jones Huala inició una huelga de hambre en reclamo de “un juicio justo” y condiciones carcelarias “dignas”

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Facundo Jones Huala comenzó esta semana una huelga de hambre líquida para reclamar, según sostiene, por la vulneración de derechos que viene sufriendo de parte del Poder Judicial y del Gobierno.
A mediados del año pasado, el líder mapuche fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Rawson (Chubut) tras ser detenido en El Bolsón durante un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA). En octubre de 2025, Jones Huala ya había iniciado otra huelga de hambre para exigir un “juicio justo” y el traslado a la Unidad 14 de Esquel, para estar más cerca de su familia.
Ahora, tal como informaron sus abogados, Jones Huala volvió a subrayar esa demandas, además de “condiciones carcelarias dignas, aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), medidas diferentes al encarcelamiento, y cese de la persecución política y desprocesamiento de todos los luchadores mapuche”.
A Huala se lo investiga por asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público. Si bien en la audiencia de junio del año pasado se había definido que Jones Huala permaneciera preso por 90 días, a mediados de septiembre pasado, la Justicia le negó la excarcelación y prorrogó la prisión hasta diciembre. Y en marzo de este año, volvieron a prorrogar la prisión preventiva.
Esta semana, antes de iniciar la huelga de hambre, el líder mapuche envió un escrito al Juzgado Federal de Bariloche en el que explica las razones de su decisión. Según denunciaron sus abogados defensores, “el escrito fue retenido por las autoridades de la Unidad 6, en acto claramente ilegal”.
En la nota dirigida al Juzgado Federal de Bariloche, al jefe de la Unidad Penitenciaria y al Poder Ejecutivo, Jones Huala indicó: “Me dirijo a ustedes en mi condición de preso político mapuche, con el fin de informar que nuevamente inicio huelga de hambre, líquida, de carácter indefinido, con posibilidades de convertirla en huelga seca. En carácter de lonko, autoridad tradicional de mi lof, comunidad, el velar por el respeto a mis derechos políticos y culturales es hacerlo para toda mi gente. No sólo vengo a denunciar la prisión política, sino, y por lo mismo, el agravamiento en las condiciones de detención”.
Además de subrayar que en la cárcel de Rawson “no existen condiciones carcelarias para nadie, menos para presos políticos de la cultura mapuche”, Jones Huala señaló: “En lo cotidiano no existe salida al patio, siendo obligatorio solo una vez por semana cuando quieren, incluso bajo lluvia y por procedimientos de requisa, donde en reiteradas ocasiones rompen pertenencias o hurtan. Dichos patios no tienen acceso a baños y debemos caminar entre orines y excrementos humanos”.
Y continuó: “En lo que atañe a mi cultura, es muy poco lo que se respeta. No puedo usar mi vestimenta, ni realizar mis prácticas más que cuando el servicio lo permite. Están rompiendo mis vínculos familiares y comunitarios, atentando a mi cultura y espiritualidad. No tengo acceso no solo al lawen (medicina), sino tampoco a alimentos mapuche, siendo que no sólo no estoy condenado ni siquiera procesado, aún con conducta diez”.
En tanto, sus abogados añadieron: “Como evidente represalia al inicio de la medida, inmediatamente le comunicaron a Facundo que no se le permitiría concurrir a clases, como lo viene haciendo cotidianamente, y se lo obligó a salir al patio durante el ‘recreo´ que los presos disponen como derecho, pero, desde ya, no como obligación. La razón de estas actitudes (como de la convergencia de fiscalía, juzgado y servicio penitenciario en negarle a Facundo su derecho a estar detenido en una cárcel más cercana a su familia y comunidad en Esquel) es su condición de preso político y su actitud de reivindicación de sus convicciones y de su derechos y los de todos los detenidos”.
Entre las demandas de Jones Huala figuran también la devolución del territorio ancestral a las lof en conflicto; la solución política, no judicial ni represiva, al conflicto histórico; la aplicación del artículo 75 inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional (reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos); así como la intervención de organismos de derechos humanos y mediadores internacionales para solución política acorde.
El líder mapuche también pide que se retire de la lista de organizaciones terroristas a todas las lof y organizaciones mapuche y considera que deben existir protocolos culturales acordes en el sistema penitenciario y toda institución que nos obligan a transitar. También demanda “el cese y retiro de mineras, petroleras, transnacionales y terratenientes del Wallmapu, y la libertad a todos los presos políticos mapuche”.
En julio de 2024, mientras permanecía preso en Chile por una condena impuesta en 2018, Jones Huala inició una huelga de hambre seca. Mantuvo la medida durante más de un mes y su estado llegó a ser de “de extrema gravedad”, según indicaron en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, a unos 35 kilómetros de la cárcel de Temuco. Finalmente, a mediados de agosto de 2024, la Corte Suprema de Chile resolvió que el líder mapuche estaba “ilegalmente privado de su libertad” en el país trasandino (había habido un error en el saldo de pena que le quedaba por cumplir) y dispuso su liberación.
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POLITICA
La Justicia rechazó un recurso de Anses y ordenó que Cristina Kirchner cobre la pensión de privilegio

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la ANSES y dejó firme la decisión que ordena restituir la pensión a Cristina Kirchner.
Así lo informó el Ministerio de Capital Humano a través de un comunicado oficial, en el que adelantó que recurrirá en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“En el día de la fecha la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó el recurso extraordinario federal que había presentado la Anses contra la medida cautelar judicial que había ordenado que se le pague la pensión a Cristina Kirchner”, señaló el texto difundido por la cartera.
En ese mismo documento, el Gobierno confirmó que “interpondrá recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
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La resolución judicial se inscribe en una disputa iniciada a fines de 2024, cuando la ANSES dispuso, mediante la Resolución 1092, dar de baja dos prestaciones que percibía la exmandataria: la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner y la jubilación correspondiente a su desempeño como presidenta de la Nación. La medida se adoptó tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad.
Dos meses atrás, el Gobierno había presentado un recurso extraordinario ante la Justicia con el objetivo de revertir una decisión previa de la misma Cámara que había ordenado restablecer la asignación mensual vitalicia. En aquella oportunidad, desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron el fallo y sostuvieron que “la decisión recurrida afecta el principio de legalidad y altera el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico”.
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Según ese planteo, la resolución judicial omitía considerar “la prohibición expresa del derecho al cobro, ante la condena e inhabilitación absoluta” que pesa sobre la expresidenta. Además, el organismo había argumentado que no existía el “alegado derecho alimentario afectado” y que el fallo incurría en una “manifiesta errónea aplicación del derecho”.
Sin embargo, la Cámara previsional ya había intervenido previamente para suspender los efectos de la decisión administrativa. En ese fallo, el tribunal declaró “formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina y dispuso frenar la baja de la pensión. Los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo coincidieron en la restitución del beneficio, mientras que la jueza Nora Dorado no votó por encontrarse de licencia.
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En esa resolución, el tribunal sostuvo que la ANSES no podía dar de baja el beneficio de la pensión, sino únicamente suspenderlo. También consideró incorrecto que el organismo previsional hubiera eliminado ambas prestaciones “por cuestiones de honor”, tal como había sido argumentado en la decisión administrativa.
Al mismo tiempo, la Cámara avaló la suspensión de la jubilación correspondiente al cargo de presidenta, al entender que la condena judicial habilita esa medida. De este modo, la decisión distingue entre ambos beneficios: mientras la pensión como viuda debe restituirse, la jubilación continúa suspendida.
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De la máquina de hacer pochoclos al aloe vera de Bregman: las perlitas de la sesión por el informe de gestión de Adorni

Este miércoles por la mañana comenzó el informe de gestión en el que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá responder más de 2000 preguntas de parte de los bloques de la Cámara de Diputados. Mientras que se esperan aproximadamente seis horas de sesión, en el recinto ya se dieron distintas perlitas que llamaron la atención en medio de la intervención del vocero.
En medio del escándalo por las denuncias sobre su patrimonio y viajes, el funcionario se presentó poco antes de las 10.30 en el Congreso Nacional acompañado por el presidente Javier Milei; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y otros funcionarios de la administración mileísta.
El diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, se presentó en el recinto con una máquina para hacer pochoclos y vestido con un delantal temático. La ironía fue en alusión al comentario que hizo hace pocos días el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien había anticipado que la sesión iba a ser “picante” y había recomendado “comprar pochoclos”.
De esta forma, el legislador santafesino comenzó a repartir bolsas de papel con pochoclos en su interior e incluso se acercó hasta el riojano para compartirle un paquete.
Mientras Adorni se refería al conflicto entre Israel y Gaza tuvo que interrumpir en más de una oportunidad su discurso. El motivo fue la discusión en paralelo que mantenían los diputados del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Myriam Bregman y Nicolás del Caño con el presidente Javier Milei.
Los legisladores del FIT-U le reprocharon al Presidente que su abrazo y posterior encuentro con “el genocida [Benjamin] Netanyahu”, en alusión al primer ministro israelí. “Cómplice”, le gritaron. Milei reaccionó al instante. Primero le respondió a la legisladora y le dijo que no la escuchaba, lo que desató risas entre los ministros presentes. Luego, retrucó: “Sus ideas mataron a 150 millones de personas. Ustedes son los asesinos, ustedes son los asesinos”.
Bregman aprovechó la entrada del mandatario para increparlo a los gritos para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Al mismo tiempo, su compañero la siguió. “¡Deslomado!”, le gritó el diputado Del Caño cuando Adorni entraba al recinto.
El comentario, más que una bronca o insultos, desató una ovación con aplausos por parte de los libertarios.
El diputado Aldo Leiva, de Unión por la Patria (UP), se acercó al estrado en donde estaba Adorni para llevarle un papel. Decía: “Todo muy claro, menos las explicaciones”. De inmediato, los legisladores libertarios Lilia Lemoine y Lisandro Almirón corrieron hacia el estrado para defender al jefe de Gabinete y Leiva se retiró con intención de mostrarle el mismo papel al presidente Milei.
“No te da la cabeza”, fue la respuesta que se le escuchó decir al Presidente.

Durante su discurso, Adorni también aprovechó para agradecerle brevemente por su trabajo a la secretaria de la Presidencia. En ese momento, el público libertario de la sala comenzó una ovación con aplausos y vítores para Karina Milei.
“Olé, olé, olé, olé, Kari, Kari”, entonaron. Ante esto, la hermana del Presidente se paró de su lugar en el palco en el que se encontraba junto al Presidente y otros funcionarios y saludó a la multitud.
El bloque de izquierda realizó varias preguntas para Adorni. La encargada de hacerlo fue Bregman. Primero, apuntó contra el jefe de Gabinete.
“Me hubiese gustado más que hubiese venido en el marco de una moción de censura. Me parece bastante obsceno que entre, diga cuatro barbaridades, nos aburra a todos y se vaya como si nada. Mientras usted se creía gracioso diciendo que se estaba ‘deslomando’ en Nueva York, la gente lo llama ‘aloe vera’ por las propiedades que le iban descubriendo”, aseveró la legisladora por la ciudad de Buenos Aires.
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