En el inicio de las actividades luego del receso de invierno, el Gobierno enfrenta este lunes el primer conflicto docente desde que está en vigencia la reforma laboral que, entre otras cuestiones, estableció a la enseñanza básica como un servicio esencial.

En gran parte de las escuelas del país se espera que las aulas permanezcan cerradas durante toda la jornada debido al paro anunciado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Durante el fin de semana, las autoridades del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, cuestionaron la medida de fuerza y advirtieron que, si efectivamente se lleva adelante de la forma en la que está prevista, se estaría violando la norma aprobada por el Congreso a principios de este año.

Es que, en el artículo 24 de la ley 27.802, se especificó que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación” de determinados servicios que el Poder Ejecutivo consideró imprescindibles, deben garantizar una cobertura mínima del 75 por ciento.

Entre los sectores que fueron calificados de “esenciales“ o “de importancia trascendental” está “el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

Este apartado en particular fue judicializado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, pero el Estado apeló el fallo del juzgado laboral N° 74, que en una primera instancia suspendió la declaración de esencialidad para la educación.

De esta manera, la gestión libertaria consiguió que la reforma continúe plenamente vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Por esta razón, en la Casa Rosada ya prepararon un plan para supervisar durante todo el lunes la actividad en los colegios estatales y detectar los lugares en los que no se cumpla este requisito legal.

Según precisaron a Infobae fuentes al tanto de la situación, en caso de encontrar alguna irregularidad, las autoridades nacionales realizarán la correspondiente denuncia.

”Se arrancará un proceso sancionador, si es que no cumplen con lo establecido. No sería la primera vez que se sancione a un gremio por violar una conciliación obligatoria“, remarcó un funcionario.

Al respecto, en Balcarce 50 detallan que “es un trámite extenso“ el que comenzaría bajo ese escenario, pero precisan que “la primera medida es una multa“.

“Ojalá no ocurra, porque lo que se quiere lograr, en última instancia, es que haya clases, pero si no cumplen con el 75% de capacidad, se dictará la sanción y se comunicará oportunamente”, advierte el Gobierno.

En este marco, el domingo Pettovello convocó de urgencia al Consejo Federal de Educación, que agrupa a los ministros del sector de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, para abordar en conjunto la problemática.

Durante ese encuentro virtual, el secretario nacional, Carlos Torrendell, les ratificó a sus pares que se va a exigir el acatamiento de lo dispuesto en la reforma laboral.

“Se coordinaron las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional durante la jornada de paro nacional del lunes 3 de agosto”, comentó Pettovello en su cuenta de X, luego del zoom.

En las oficinas del Ministerio señalaban en la previa del conflicto que esta era “la primera vez que algo así sucede en este contexto, con la nueva ley” y se mantenían atentos a las reacciones de CTERA.

El sindicato confirmó días atrás un paro de 24 horas en todas las escuelas de la Argentina, como respuesta al rechazo del Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente.

El gremio asegura que el sueldo mínimo de un profesional de esta rama se encuentra estancado en 500 mil pesos, por lo que reclama un aumento sustancial y el regreso del FONID, el fondo del que el Estado disponía para pagarles todos los meses un incentivo a los maestros y profesores, que fue eliminado en el 2024.

Por su parte, el Gobierno remarca que “la definición de los salarios corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verdaderos empleadores de los docentes“, y no a la administración nacional.

En Capital Humano recuerdan que esto es así desde 1992, por lo que no interviene directamente en los acuerdos relativos a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo y otros aspectos de la carrera.

Asimismo, la cartera señaló que la propia CTERA judicializó la norma y obtuvo una medida cautelar que suspendió un decreto que dejaba en manos del Consejo Federal la definición de todas estas cuestiones, causando ”un conflicto innecesario que dificulta la continuidad del diálogo institucional».

“Son las provincias, junto con las entidades gremiales, quienes establecen las condiciones salariales por medio de la negociación: el Estado nacional no integra una supuesta paritaria nacional docente, por la sencilla razón de que no es el empleador de los docentes”, argumentó.

En este sentido, el Ministerio acusó al sindicato de “amenazar ahora con un paro ilegítimo que compromete el derecho a la educación de los estudiantes argentinos” por no haber encontrado “eco en el ámbito judicial“.

Para ejemplificar lo que podría suceder este lunes si se avanza con la medida de fuerza, en Capital Humano recuerdan el caso reciente de La Fraternidad, a la que se multó por más de $21.000 millones por sumarse al paro de la CGT desacatando así la conciliación obligatoria que se los impedía.

Si bien es un proceso muy largo y complejo, las autoridades nacionales advierten que, por no cumplir con lo que dicta la ley, los gremios también pueden llegar a perder la personería, algo que, no obstante, es más difícil que ocurra.

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“Es un Gobierno que tiene la libido puesta en las reformas”, planteó un integrante de la mesa política para intentar graficar los desafíos que trazó el Gobierno para el mes de agosto, que inicia con una parada clave: un nuevo intento por tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas que más dificultades le generó al oficialismo.

Con la decisión de acelerar la actividad legislativa, en paralelo a la incipiente puesta en marcha del operativo reelección del presidente Javier Milei, la mesa política retomará la dinámica este martes a las 13, en un encuentro que promete ordenar la hoja de ruta diseñada para los próximos días, pasado el parate invernal del Congreso nacional.

Tras dos semanas de quietud, ese mismo martes, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, tiene planes de protagonizar una conferencia de prensa para anunciar cambios en el capítulo de extranjerización de la tierra.

Las modificaciones, que se implementarán en la versión número 16 del proyecto y reflejan la postura que terminó imponiéndose sobre la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, debieron adoptarse ante la falta de respaldos de los aliados, en particular de los gobernadores, que anticiparon sus reclamos durante la sesión en la que se aplazó el tratamiento para este jueves 6. En la administración libertaria consideran que destrabar la media sanción será la primera prueba de la nueva etapa legislativa que busca imprimir durante agosto.

En paralelo, la Cámara de Diputados se prepara para activar los primeros contactos que le permitan la sanción de la modificación en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el proyecto del semestre de la Casa Rosada. Además, servirá para medir el respaldo con el que cuenta el Poder Ejecutivo de cara al resto de las reformas que impulsa.

Asimismo, la iniciativa de Inocencia Fiscal II y el debate por el articulado final de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada también figuran entre los planes de la Cámara Baja previos al inicio de la primavera. Para eso, este martes, el titular de la Cámara, Martín Menem, convocó para las 15 a los jefes de bloques aliados y dialoguistas para intentar acordar un cronograma de trabajo conjunto.

En cualquier caso, el proyecto que el oficialismo considera prioritario sigue siendo la reforma electoral. Aun sin fecha y sin los apoyos necesarios, en las filas libertarias están abiertos a avanzar con la suspensión de las PASO, como en 2025. Con el objetivo en mente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, retomará esta semana los encuentros con los mandatarios provinciales. La primera será este lunes, con una visita exprés a la provincia de Chaco junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, los representantes del Ejecutivo participarán del Consejo Regional de Seguridad Interior (NEA). No es casual la presencia del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, en la delegación que establecerá un nuevo contacto con Leandro Zdero, gobernador de una de las provincias con las que La Libertad Avanza espera repetir la alianza rumbo a 2027.

El propio Presidente ratificó su intención de avanzar con la reforma que figura como una de las condiciones que deberán darse para consolidar la reelección en 2027. “Desde incluso antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”, planteó en una de las entrevistas que brindó el fin de semana.

En Balcarce 50 saben que el principal desafío es concretar los planes legislativos casi en paralelo al desarrollo del operativo para asegurar un segundo mandato de Milei. La tarea no es sencilla: deberán equilibrar los acuerdos en ambas cámaras y los planes electorales de las distintas provincias. Esto último abrió un debate interno porque algunos actores del espacio consideran anticipado el lanzamiento de la campaña electoral.

Pese a que el propio libertario reveló que ya definió al compañero de fórmula que lo acompañará en los próximos comicios presidenciales, desde su entorno aseguran que su obsesión está en el paquete de reformas económicas que anunció el pasado jueves en cadena nacional. “En la cabeza de Milei son más importantes las reformas estructurales que cualquier acuerdo electoral”, admitieron ante este medio.

Mientras el frente interno queda en manos de la mesa política, el Presidente se concentra en los nuevos compromisos internacionales que aspira a concretar para consolidar una alianza regional de derecha e impulsar una cumbre en la Argentina que podría celebrarse antes de fin de año. La voluntad del libertario es convertirse en el representante de Donald Trump en el continente.

Por eso, el mandatario partirá este miércoles, a las 20, a la ciudad de Quito, en Ecuador. Allí se entrevistará con su par, Daniel Noboa. Desde allí se trasladará al día siguiente a Cali para dar el presente en la ceremonia de asunción del presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El Gobierno nacional oficializó este lunes un pago extraordinario de $50.000 destinado al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, las fuerzas federales de Seguridad y determinados organismos de Inteligencia. El beneficio será abonado una sola vez junto con los haberes de agosto de 2026, según establecieron los decretos 695/2026 y 696/2026 publicados en el Boletín Oficial.

Las normas, fechadas el 31 de julio y firmadas por el presidente Javier Milei, definen el pago como una “suma fija remunerativa y no bonificable”. Esto significa que estará alcanzada por aportes y contribuciones, pero no se incorporará al sueldo básico para calcular adicionales.

Quiénes cobrarán el bono de $50.000

El Decreto 695/2026, correspondiente al área de Defensa, establece que recibirán el beneficio:

• El personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas.
• El personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales.
• El personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de adecuar los ingresos para garantizar una retribución acorde con las funciones, responsabilidades y dedicación requeridas. Además, sostuvo que el pago busca “mantener los estándares adquisitivos” de las remuneraciones del personal alcanzado.

Por su parte, el Decreto 696/2026, vinculado al Ministerio de Seguridad Nacional, incluye a:

• Gendarmes en actividad y alumnos de la Gendarmería Nacional.
• Personal policial activo de la Prefectura Naval Argentina.
• Personal en actividad de la Policía Federal Argentina.
• Personal policial activo y alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
• Personal penitenciario en actividad y alumnos del Servicio Penitenciario Federal.
• Personal activo de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

En este caso, el Gobierno señaló que la medida apunta a mantener una adecuada jerarquización del personal de las fuerzas federales, en función de la capacidad, la responsabilidad y la dedicación exigidas para cumplir sus tareas.

Cuándo se paga y cómo será liquidado

El bono será abonado junto con los haberes correspondientes a agosto de 2026. Los decretos no precisan una fecha determinada de acreditación, por lo que el desembolso dependerá del cronograma habitual de liquidación de cada fuerza u organismo.

Cada agente alcanzado podrá percibirlo una sola vez, incluso cuando pudiera estar incluido en más de una categoría o dependencia. La suma tendrá carácter excepcional y no se mantendrá en los salarios de los meses siguientes.

Las normas también facultaron a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a emitir las disposiciones aclaratorias o complementarias necesarias para instrumentar el pago.

El costo de la medida será cubierto con los créditos presupuestarios asignados a las jurisdicciones de Defensa y Seguridad dentro del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

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