La causa más emblemática contra el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno y de la funcionaria del Indec Beatriz Paglieri, en la que fueron condenados a tres años de prisión por falsear los índices de inflación durante el kirchnerismo, podría quedar en la nada, sin castigo.

La Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, decidió que la causa estaba prescripta por el paso del tiempo y mandó al tribunal oral que impuso la condena que falle en consecuencia. El juez Javier Carbajo votó en disidencia. El caso está ahora en revisión de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la última palabra.

La Sala II de la Cámara de Casación hizo lugar a los recursos de Moreno, exsecretario de Comercio Interior, y de la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor del Indec, Beatriz Paglieri. Ambos atacaron la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había rechazado el planteo de prescripción de la acción penal.

Ahora, los jueces de la Casación mandaron de nuevo el caso al tribunal oral para que dicte un fallo en consecuencia. La decisión no declara prescripta la acción penal ni absuelve a Moreno y Paglieri, pero le indica al tribunal oral que falle en consecuencia con este criterio.

Moreno y Paglieri habían sido condenados el 7 de agosto de 2024 por el Tribunal Oral Federal N° 2 a tres años de prisión de ejecución condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los consideraron autores de los delitos de abuso de autoridad y destrucción e inutilización de registros públicos.

En rigor, se los condenó por la manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor durante el último semestre de 2007, cuando Moreno era Secretario de Comercio. Paglieri, como directora, elaboraba el indicador. Las otras dos imputadas del juicio, María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia, fueron absueltas.

En mayo de 2025, la Sala II de Casación, con otra integración, confirmó la condena, pero las defensas acudieron a la Corte Suprema de Justicia, donde está pendiente de una decisión.

No obstante, los abogados de Moreno y Paglieri hicieron una nueva presentación ante el tribunal oral diciendo que el caso prescribió.

El Código Penal dice que la prescripción se suspende en los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública para todos los partícipes mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. Pero una interpretación minoritaria, a la que adhirió Borinsky, postula que hay que analizar si ese funcionario tenía un rol y poder para entorpecer la causa.

La defensa dijo que el plazo de cuatro años propio de los delitos imputados había transcurrido holgadamente y no se podía argumentar que seguía en funciones uno de los acusados, Marcela Filia, porque ya fue absuelta.

El tribunal oral rechazó el planteo, pero ahora la Casación hizo lugar a lo que querían las defensas.

El juez Slokar, en un voto al que adhirió Borinsky, dijo que la suspensión de la prescripción “no opera de manera automática” por la sola circunstancia de que un imputado sea funcionario, sino que “es necesario que ese cargo haya tenido la virtualidad concreta de obstaculizar o impedir el ejercicio de la persecución penal”.

Citaron tesis de doctrina del juez Eugenio Zaffaroni, jurisprudencia propia y de otras salas de Casación.

El tribunal oral había constatado que Filia permaneció en funciones en el Indec hasta al menos julio de 2025, y por eso entendió que el caso no había prescripto.

Pero los camaristas dijeron que omitir el análisis de su rol resultaba especialmente significativo, pues era una empleada administrativa que acataba indicaciones.

El juez Carbajo votó en disidencia, pues su criterio sobre la prescripción es diferente y se basa en la letra de la norma.

El tribunal de origen deberá evaluar concretamente si el cargo que Filia desempeñó en el INDEC tenía o no la capacidad de obstruir la persecución penal, a la luz del estándar fijado por la Cámara de Casación.

De todos modos, aún está pendiente el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la condena de fondo. Es allí donde se decidirá la suerte del caso iniciado en 2007.

Otras condenas

Moreno tiene otras dos condenas dejadas firmes por la Corte, con penas de prisión en suspenso. Fue condenado por peculado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, por utilizar fondos del Estado Nacional para financiar y comprar merchandising (globos, banderas, stickers y gigantografías) con leyendas como “Clarín Miente”, utilizados para campañas y actos políticos entre 2011 y 2013.

Además, fue condenado por amenazas en una asamblea de Papel Prensa a 2 años de prisión en suspenso. Esa asamblea se celebró en agosto de 2010, cuando irrumpió con guantes de boxeo, impidió la votación y amenazó a los accionistas privados.

En sus primeros días como jefe de Gabinete, Diego Santilli inició negociaciones con gobernadores de distintas provincias para avanzar en el tratamiento de la reforma electoral impulsada por el oficialismo en el Congreso.

Las conversaciones se concentran en reunir los apoyos legislativos necesarios para modificar el sistema de votación actual, con especial foco en conseguir la eliminación o suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Santilli fundamentó, durante una conversación con LN+, por qué el Gobierno quiere eliminar las PASO: “Es para la gente. El Presidente piensa: que la gente no vaya a votar seis veces; que no tenga que pagar el Estado entre US$250 y US$300 millones por una PASO; que la gente no tenga que ver en la televisión el espacio cedido para los partidos políticos”.

Durante el primer tratamiento del proyecto, el oficialismo explicó que busca frenar la “distorsión de un sistema con 174 partidos políticos”, al duplicar las exigencias de territorialidad.

Para ello, exigiría la presencia en 10 provincias en lugar de 5 y aumentaría significativamente el piso de afiliados necesario (pasando, por ejemplo, de 4.000 a 10.000 en la provincia de Buenos Aires) e implementando la afiliación digital.

La negociación del jefe de Gabinete con los gobernadores

La propuesta, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en abril de este año, cosechó diferentes posturas entre los mandatarios provinciales del oficialismo y la “oposición dialoguista”.

Mientras el oficialismo busca eliminar en forma definitiva las primarias, un sector de los gobernadores se inclina por consensuar una suspensión de las PASO para el próximo año.

Desde el Senado, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, reforzó esta alternativa al señalar que el espacio no contaría con los números suficientes para una derogación total.

El funcionario aclaró además que la iniciativa representa una reforma “enfocada en la sociedad y no en las estructuras partidarias”, e indicó que la discusión sobre la metodología podría incluir sugerencias de otros sectores, como el bloque de la Unión Cívica Radical.

Las posiciones de los jefes provinciales muestran diferencias: los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo(Mendoza) expresaron su apoyo al proyecto original de la Casa Rosada.

Por su parte, el cordobés Martín Llaryora no pone reparos a la eliminación debido a que el peronismo de su provincia rechaza ese mecanismo de votación.

En tanto, Maximiliamo Pullaro (Santa Fe) descartó avalar la eliminación nacional por encontrarse bajo el desarrollo de una reforma local que mantiene las primarias, aunque admitiría acompañar la opción de suspenderlas junto con los mandatarios de la región patagónica.

Entre los rechazos, el tucumano Osvaldo Jaldo calificó la medida como un esquema “diseñado a medida” de La Libertad Avanza, mientras que el catamarqueño Raúl Jalil pidió un análisis pormenorizado antes de decidir su acompañarla.

El debate legislativo coincide con un escenario de cautela por parte de las administraciones provinciales, condicionado por variables económicas y de recursos. Durante el primer semestre, la coparticipación federal sufrió una reducción real interanual de 2,8%.