POLITICA
Condenan a 25 años de prisión a cuatro exmiembros de la Fuerza Aérea por delitos contra 111 víctimas
En sintonía con las penas que había pedido el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín condenó a 25 años de prisión a cuatro exmiembros de la Fuerza Aérea por delitos de lesa humanidad contra 111 víctimas durante la dictadura militar. Actuaron en la zona oeste del conurbano, donde funcionaron varios centros clandestinos de detención.
Las condenas recayeron sobre el exteniente primero Juan Carlos Herrera (79 años) y el excabo José Juan Zyska (71), ambos de la I Brigada Aérea de El Palomar; el excapitán Ernesto Rafael Lynch (82), de la VIII Brigada Aérea de Moreno, y el excabo principal Julio César Leston (79), de la Regional de Inteligencia Buenos Aires.
El fallo les imputó a los cuatro militares los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y prolongada, torturas, abusos, violaciones y coacciones en distintos centros ilegales de detención, entre ellos la Mansión Seré, que fue incendiada y dinamitada en los años finales de la dictadura tras una fuga de prisioneros, aunque los restos de la construcción pudieron ser identificados en distintos procesos judiciales.
El juicio, iniciado en agosto de 2024, comprendía inicialmente al exagente de inteligencia Juan Carlos Vázquez, también de la Fuerza Aérea, que permaneció prófugo durante veinte años Y falleció antes de la sentencia.
Los jueces María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti ordenaron también iniciar los trámites de baja por exoneración, la suspensión de retiros y jubilaciones y el secuestro de las armas registradas a nombre de los condenados.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el doctor Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol, de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.
El tribunal determinó que todos los hechos juzgados constituyeron delitos de lesa humanidad y rechazó el planteo de prescripción formulado por una de las defensas.
Originalmente no estaban contemplados en el proceso los delitos sexuales, pero fueron incluidos tras un pedido de ampliación de la acusación presentado por la Fiscalía y las querellas.
Los magistrados ordenaron, además, la reparación histórica del legajo laboral de Horacio Silvio Fleischman, médico del Hospital Municipal Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, que fue cesanteado durante la dictadura militar. Tuvo que partir al exilio a Estados Unidos con su familia, luego de su secuestro, desde donde declaró en el juicio.
Los hechos probados en el juicio ocurrieron en el ámbito territorial de la Subzona Militar 16, donde funcionó el circuito represivo compuesto por diversos centros clandestinos de detención. Entre otros sitios se mencionaron la Regional de Inteligencia Buenos Aires, con asiento en Morón; la casona Mansión Seré, la I Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la VIII Brigada Aérea de Moreno y varias dependencias policiales.
La condena de Leston incluyó el delito de coacción, dado que “luego de la liberación de dos hermanas que habían sufrido secuestros, torturas y abusos, las vigilaba constantemente, se presentaba en su casa armado, las amenazaba para que dejaran la militancia y obligaba a una de ellas a recorrer en auto la zona, y le exhibía álbumes de fotos de personas buscadas”.
Se incluyeron por primera vez hechos que no habían sido juzgados antes, vinculados a la VIII Brigada Aérea de Moreno, la comisaría de Moreno, la subcomisaría de Francisco Álvarez y el destacamento de Paso del Rey, que funcionaron como centros clandestinos de detención, según se probó en el juicio.
El fiscal Crous argumentó que los imputados eran funcionarios públicos que ocuparon cargos en la estructura militar y de inteligencia de la Fuerza Aérea. “Lejos de ejercer como funcionarios públicos para la defensa de la nación, utilizaron sus cargos para la persecución ilegal de un sector de la sociedad que no comulgaba con los valores e intereses que promovía la dictadura militar”, señaló.
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El gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) —establecido por la Ley N° 27.802 (reforma laboral)— en busca de fomentar la contratación de trabajadores que no tenían relación laboral registrada hasta el 10 de diciembre, con la prioridad en quienes estuvieran desempleados en los últimos seis meses.
El programa, de un año de duración —desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2027—, reduce la carga de contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de la nueva relación laboral. Además, los empleadores que inscriban trabajadores en este marco podrán incluir hasta el 80% de su nómina en este régimen.
El decreto sobre el RIFL establece una fuerte reducción en las contribuciones patronales para nuevas contrataciones: durante los primeros 48 meses, las empresas abonarán una alícuota total del 5% sobre el salario —muy por debajo de los niveles habituales del sistema—, distribuida en un 2% destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares, y un 3% con destino al PAMI.
“La obtención de ingresos por parte del trabajador provenientes de otras actividades económicas luego del inicio de la relación laboral beneficiada por el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), ya sea bajo el régimen general de impuestos y recursos de la seguridad social o bajo el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, no afectará los beneficios que le correspondan al empleador”, destacó el Gobierno.
El beneficio, no obstante, no es automático ni permanente: el decreto establece que puede caerse si no se cumplen estrictamente las condiciones del régimen. En concreto, se pierde ante incumplimientos formales o sustantivos del empleador —por ejemplo, falta de registración correcta, errores en la liquidación o pago de aportes— o si se configura alguna de las causales de exclusión previstas en la ley, como simulación de nuevas contrataciones (por ejemplo, reemplazar personal existente para acceder al beneficio) o desnaturalizar la relación laboral. En esos supuestos, el régimen decae y la empresa queda obligada a reintegrar las contribuciones no ingresadas, aplicando las alícuotas plenas, con más intereses y eventuales sanciones.
Los trabajadores comprendidos por el RIFL no deben haber contado con una relación laboral registrada en el sector privado al 10 de diciembre de 2025 y tampoco pueden haber ejercido actividades bajo relación de dependencia en el sector privado en los últimos seis meses anteriores al de alta de la relación laboral.
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POLITICA
Reabre la sala de periodistas y el Gobierno prepara una conferencia de prensa de Manuel Adorni
La sala de periodistas de la Casa Rosada vuelve a abrir sus puertas este lunes en la víspera de una nueva conferencia de prensa de Manuel Adorni. El jefe de Gabinete regresará al atril para retomar el control comunicacional del Gobierno tras el informe que dio en el Congreso.
La reapertura de la sala de prensa fue comunicada por fuentes oficiales a los periodistas acreditados el jueves por la noche, poco más de una semana después de su clausura como medida preventiva por un supuesto espionaje ilegal.
Según explicaron en Balcarce 50, la prohibición de acceso a los periodistas respondía a la necesidad de Casa Militar de “tomar todas las medidas de prueba” para esclarecer los hechos denunciados. “Se hizo una revisión de sistemas de vigilancia, equipos de control y dispositivos de comunicación, todo lo que se tiene que revisar para garantizar la seguridad del Presidente”, aseguraron a este medio tras el anuncio.
El reingreso de la prensa a la Casa de Gobierno coincide con otro regreso: el de Manuel Adorni a sus conferencias. Originalmente, la cita con el jefe de Gabinete se anunció para el lunes, pero luego se puso en duda. “Veremos si se hace el lunes o el martes”, aseguraron en la Secretaría de Comunicación.
El regreso de Adorni a las conferencias de prensa tras su defensa en el Congreso
El ministro coordinador volverá a responder preguntas de los periodistas acreditados 40 días. La última vez habló de su situación patrimonial, actualmente bajo la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.
Su retorno al rol de vocero también forma parte de una búsqueda de volver a levantar el perfil luego de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, una prueba clave para el funcionario -y el oficialismo- que en Casa Rosada consideraron exitosa.
“Han sacado conclusiones equivocadas: no cometí ningún delito y voy a demostrarlo en la Justicia”, subrayó el ministro coordinador en un pasaje de sus seis horas de exposición. Allí también sostuvo que “no existió ocultación alguna” en sus declaraciones juradas y remarcó que todos los detalles de su patrimonio se clarificarán en su próxima presentación, cuyo plazo aún no venció.
Así, tras considerar que no hay más explicaciones para dar ante la opinión pública, el Gobierno decidió abocarse a recuperar la iniciativa comunicacional con anuncios que permitan reactivar la gestión e impulsar la agenda oficialista.
Manuel Adorni, Casa Rosada
POLITICA
Trump analiza la oferta iraní para terminar la guerra: sanciones cero y control sobre el estrecho de Ormuz
La negociación entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que inició hace ya poco más de dos meses se encuentra en medio de la incertidumbre. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una importante presión interna para poner fin a la aventura bélica, la posición de Irán se mantiene inflexible.
En una nueva oferta, el régimen de los ayatolás comunicó a Washington sus puntos para alcanzar un acuerdo de paz. Pidió que no haya sanciones, un pacto de no agresión y el control sobre el estrecho de Ormuz. En respuesta, Trump, puso en duda la viabilidad de la propuesta.
Trump elude el veto del Capitolio a la guerra contra Irán y afirma que ya concluyó
Entre sus propuestas, Irán omitió la cuestión de su programa nuclear. Esta omisión refuerza las suspicacias en Washington sobre el alcance real del plan y anticipa un proceso de negociación complejo y con pocas posibilidades de resolución inmediata.
La OPEP resolvió subir la producción petrolera
Mientras la negociación EE.UU-Irán se dilata y mantiene en un punto muerto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el cártel que nuclea a las naciones que más producen hidrocarburos, resolvió incrementar la producción de este commodity.
El petróleo superó los US$125 y alcanzó su precio más alto de los últimos 4 años
La intención con esta decisión es empujar el precio del barril de petróleo a la baja en los mercados internacionales, en momentos en los que mantiene un valor récord por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, donde pasa 1/5 del petróleo mundial.
La OPEP decidió aumentar sus cuotas de producción en 188 mil barriles diarios a partir de junio. Los países miembro que acordaron el incremento fueron siete, entre ellos, Arabia Saudita y Rusia.
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Acuerdo,Donald Trump,Estados Unidos,Guerra en Medio Oriente,Irán,Petróleo
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