POLITICA
Ley de Discapacidad: la oposición busca frenar la eliminación de los incentivos fiscales de inclusión laboral
El Gobierno sigue avanzando en contra de la ley de Emergencia en Discapacidad que se niega a aplicar. Por un lado, avanza en llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia y, por el otro, envió al Congreso un proyecto de ley sobre discapacidad que elimina buena parte de los derechos que tiene el colectivo.
Uno de los puntos que elimina el proyecto del oficialismo es el de los beneficios fiscales para las empresas que llevan adelante una política activa para la inclusión laboral.
Desde la oposición buscan recuperar la agenda social y en ese camino el diputado de Unión por la Patria Cristian Andino presentó un proyecto de ley que busca transformar la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, y propone que las empresas integren este criterio dentro de sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
La iniciativa, acompañada por Jorge Chica, Nancy Sand, Christian Zulli, Gabriela Pedrali, Pablo Todero y Jorge Araujo Hernández, fue remitida a las comisiones de Legislación del Trabajo, Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
El texto plantea que el sector privado adopte medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades laborales, con la integración de la inclusión como un componente estratégico en sus políticas de sostenibilidad.
Según el documento del proyecto, la propuesta abarca a todas las personas jurídicas y humanas que desarrollen actividades económicas en la Argentina, con adaptaciones específicas para micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo central es promover la inserción socio-productiva y la autonomía económica de las personas con discapacidad, con la articulación de incentivos y obligaciones para el sector privado.
Entre las acciones obligatorias para las empresas, se destaca la incorporación progresiva de personas con discapacidad a la plantilla de personal. Además, el proyecto exige la contratación de bienes y servicios a proveedores integrados por personas con discapacidad o que gestionen unidades productivas inclusivas, el apoyo a emprendimientos productivos asociados al sector y el desarrollo de programas comunitarios en las zonas de operación. El documento especifica que las empresas deberán contar con descripciones de puestos accesibles, mecanismos de selección igualitarios y protocolos de accesibilidad, así como medidas preventivas frente al acoso y la discriminación.
El texto del proyecto introduce un régimen de incentivos para las compañías que cumplan con los requisitos. Entre los beneficios se incluye la prioridad en contrataciones con el Estado nacional, acceso preferencial a financiamiento productivo, reducción del 50% en aportes y contribuciones patronales para empleados con discapacidad y la obtención del sello oficial de Empresa Socialmente Responsable e Inclusiva.
El proyecto también garantiza que el acceso al empleo formal no provocará la pérdida de la Pensión No Contributiva por Discapacidad (PNC), una demanda histórica de organizaciones del sector.
La propuesta crea un Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables e Inclusivas, condición necesaria para acceder a los beneficios, y establece un sistema de indicadores para evaluar el cumplimiento, como la cantidad de personas empleadas, condiciones laborales, participación en cadenas de valor inclusivas e impacto social de los programas.
La autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo Nacional, que deberá coordinar con organismos públicos y privados. Además, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa y dictar regulaciones complementarias.
Los impulsores del proyecto sostienen que la iniciativa “busca transformar el paradigma de la inclusión laboral en la Argentina, pasando de la promoción voluntaria a la responsabilidad compartida y garantizando condiciones de igualdad real en el mercado de trabajo”, según consta en el proyecto de ley que ingresó en las últimas horas en la Cámara de Diputados.
El gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) —establecido por la Ley N° 27.802 (reforma laboral)— en busca de fomentar la contratación de trabajadores que no tenían relación laboral registrada hasta el 10 de diciembre, con la prioridad en quienes estuvieran desempleados en los últimos seis meses.
El programa, de un año de duración —desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2027—, reduce la carga de contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de la nueva relación laboral. Además, los empleadores que inscriban trabajadores en este marco podrán incluir hasta el 80% de su nómina en este régimen.
El decreto sobre el RIFL establece una fuerte reducción en las contribuciones patronales para nuevas contrataciones: durante los primeros 48 meses, las empresas abonarán una alícuota total del 5% sobre el salario —muy por debajo de los niveles habituales del sistema—, distribuida en un 2% destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares, y un 3% con destino al PAMI.
“La obtención de ingresos por parte del trabajador provenientes de otras actividades económicas luego del inicio de la relación laboral beneficiada por el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), ya sea bajo el régimen general de impuestos y recursos de la seguridad social o bajo el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, no afectará los beneficios que le correspondan al empleador”, destacó el Gobierno.
El beneficio, no obstante, no es automático ni permanente: el decreto establece que puede caerse si no se cumplen estrictamente las condiciones del régimen. En concreto, se pierde ante incumplimientos formales o sustantivos del empleador —por ejemplo, falta de registración correcta, errores en la liquidación o pago de aportes— o si se configura alguna de las causales de exclusión previstas en la ley, como simulación de nuevas contrataciones (por ejemplo, reemplazar personal existente para acceder al beneficio) o desnaturalizar la relación laboral. En esos supuestos, el régimen decae y la empresa queda obligada a reintegrar las contribuciones no ingresadas, aplicando las alícuotas plenas, con más intereses y eventuales sanciones.
Los trabajadores comprendidos por el RIFL no deben haber contado con una relación laboral registrada en el sector privado al 10 de diciembre de 2025 y tampoco pueden haber ejercido actividades bajo relación de dependencia en el sector privado en los últimos seis meses anteriores al de alta de la relación laboral.
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POLITICA
Reabre la sala de periodistas y el Gobierno prepara una conferencia de prensa de Manuel Adorni
La sala de periodistas de la Casa Rosada vuelve a abrir sus puertas este lunes en la víspera de una nueva conferencia de prensa de Manuel Adorni. El jefe de Gabinete regresará al atril para retomar el control comunicacional del Gobierno tras el informe que dio en el Congreso.
La reapertura de la sala de prensa fue comunicada por fuentes oficiales a los periodistas acreditados el jueves por la noche, poco más de una semana después de su clausura como medida preventiva por un supuesto espionaje ilegal.
Según explicaron en Balcarce 50, la prohibición de acceso a los periodistas respondía a la necesidad de Casa Militar de “tomar todas las medidas de prueba” para esclarecer los hechos denunciados. “Se hizo una revisión de sistemas de vigilancia, equipos de control y dispositivos de comunicación, todo lo que se tiene que revisar para garantizar la seguridad del Presidente”, aseguraron a este medio tras el anuncio.
El reingreso de la prensa a la Casa de Gobierno coincide con otro regreso: el de Manuel Adorni a sus conferencias. Originalmente, la cita con el jefe de Gabinete se anunció para el lunes, pero luego se puso en duda. “Veremos si se hace el lunes o el martes”, aseguraron en la Secretaría de Comunicación.
El regreso de Adorni a las conferencias de prensa tras su defensa en el Congreso
El ministro coordinador volverá a responder preguntas de los periodistas acreditados 40 días. La última vez habló de su situación patrimonial, actualmente bajo la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.
Su retorno al rol de vocero también forma parte de una búsqueda de volver a levantar el perfil luego de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, una prueba clave para el funcionario -y el oficialismo- que en Casa Rosada consideraron exitosa.
“Han sacado conclusiones equivocadas: no cometí ningún delito y voy a demostrarlo en la Justicia”, subrayó el ministro coordinador en un pasaje de sus seis horas de exposición. Allí también sostuvo que “no existió ocultación alguna” en sus declaraciones juradas y remarcó que todos los detalles de su patrimonio se clarificarán en su próxima presentación, cuyo plazo aún no venció.
Así, tras considerar que no hay más explicaciones para dar ante la opinión pública, el Gobierno decidió abocarse a recuperar la iniciativa comunicacional con anuncios que permitan reactivar la gestión e impulsar la agenda oficialista.
Manuel Adorni, Casa Rosada
POLITICA
Trump analiza la oferta iraní para terminar la guerra: sanciones cero y control sobre el estrecho de Ormuz
La negociación entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que inició hace ya poco más de dos meses se encuentra en medio de la incertidumbre. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una importante presión interna para poner fin a la aventura bélica, la posición de Irán se mantiene inflexible.
En una nueva oferta, el régimen de los ayatolás comunicó a Washington sus puntos para alcanzar un acuerdo de paz. Pidió que no haya sanciones, un pacto de no agresión y el control sobre el estrecho de Ormuz. En respuesta, Trump, puso en duda la viabilidad de la propuesta.
Trump elude el veto del Capitolio a la guerra contra Irán y afirma que ya concluyó
Entre sus propuestas, Irán omitió la cuestión de su programa nuclear. Esta omisión refuerza las suspicacias en Washington sobre el alcance real del plan y anticipa un proceso de negociación complejo y con pocas posibilidades de resolución inmediata.
La OPEP resolvió subir la producción petrolera
Mientras la negociación EE.UU-Irán se dilata y mantiene en un punto muerto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el cártel que nuclea a las naciones que más producen hidrocarburos, resolvió incrementar la producción de este commodity.
El petróleo superó los US$125 y alcanzó su precio más alto de los últimos 4 años
La intención con esta decisión es empujar el precio del barril de petróleo a la baja en los mercados internacionales, en momentos en los que mantiene un valor récord por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, donde pasa 1/5 del petróleo mundial.
La OPEP decidió aumentar sus cuotas de producción en 188 mil barriles diarios a partir de junio. Los países miembro que acordaron el incremento fueron siete, entre ellos, Arabia Saudita y Rusia.
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Acuerdo,Donald Trump,Estados Unidos,Guerra en Medio Oriente,Irán,Petróleo
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