POLITICA
El Gobierno oficializó el destino de fondos de las privatizaciones a las Fuerzas Armadas
El Gobierno oficializó un nuevo esquema de financiamiento para las Fuerzas Armadas mediante un decreto publicado este lunes que establece la utilización de fondos provenientes de privatizaciones, concesiones y ventas de bienes estatales.
La medida busca fortalecer el área de Defensa a través de la puesta en marcha del “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”, una iniciativa orientada a mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
Según se desprende del decreto, el esquema contempla la asignación del 10% de los ingresos generados por la venta de empresas públicas, concesiones y licitaciones, además del 70% de lo recaudado por la venta o concesión de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas.
La medida fue oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, publicado en el Boletín Oficial que cuenta con las firmas de Javier Milei y todo su Gabinete.
Según se detalla en el decreto, la decisión responde, entre otros factores, a las limitaciones del actual esquema presupuestario. En ese sentido, el texto advierte que “la estructura presupuestaria vigente ha generado que la mayor parte de los recursos sean absorbidos por gastos de personal y funcionamiento, limitando severamente la inversión, lo que deja un escaso margen para sostener la operación y al mismo tiempo reforzar y mejorar capacidades militares concretas de la Defensa Nacional”.
A partir de ese diagnóstico, la norma introduce cambios en el financiamiento. Por un lado, reemplaza el artículo 15 del Decreto 1382/2012 y fija que “el 10 % de los ingresos obtenidos por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado Nacional será destinado al Ministerio de Defensa”.
Además, establece un tratamiento diferencial cuando se trate de bienes ya asignados a esa cartera: en esos casos, “el 70 % de los ingresos obtenidos por la disposición de inmuebles afectados al Ministerio de Defensa será asignado a dicha jurisdicción”, con el mismo destino.
A esto se suma una segunda fuente de recursos. El artículo 3° dispone que “el 10 % de los fondos provenientes de los procesos de privatización de empresas o participaciones estatales” también será dirigido al Ministerio de Defensa para el reequipamiento militar.
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El decreto aclara que estas partidas “no sustituyen ni afectan los fondos previstos en el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF)”, creado por la Ley 27.565, sino que constituyen “una fuente complementaria de financiamiento”.
En paralelo, la norma fundamenta la necesidad de avanzar en este plan en función del contexto internacional y los cambios tecnológicos. En ese marco, sostiene que “los cambios en materia de tecnología militar, en particular la irrupción de la inteligencia artificial y el uso de armas robotizadas, demandan de nuevas capacidades y medios para las Fuerzas Armadas”.
También remarca que, para el país, “en atención a su extensión territorial, la magnitud de sus espacios marítimos y aéreos, y la existencia de recursos naturales estratégicos, es esencial contar con un sistema de defensa con capacidad real de disuasión y respuesta”.
El documento sitúa estas definiciones en un escenario global complejo, al señalar que se trata de un “escenario internacional contemporáneo en el que existen múltiples conflictos geopolíticos latentes” y que “presenta nuevas modalidades de amenazas, incluyendo acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo”.
A su vez, subraya el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en el ámbito interno al indicar que “son empleadas de manera recurrente en apoyo a la comunidad ante situaciones de emergencia y catástrofes naturales (…), poniendo a disposición capacidades logísticas de transporte, sanidad, comunicaciones e ingeniería, lo cual demanda que cuenten con medios adecuados, modernos, operativos y en condiciones óptimas”.
En este contexto, el plan tiene como finalidad —según los considerandos— “el reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional”.
Por último, la norma establece un plazo concreto para avanzar en la implementación: instruye al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a presentar ante el Ministerio de Defensa, dentro de los próximos 90 días, un relevamiento de “los requerimientos prioritarios en materia de equipamiento”, que servirá para orientar la asignación de los recursos.
Fuerzas Armadas, FINANCIAMIENTO, privatización
Desde Ginebra, Suiza, las centrales sindicales argentinas se unieron para denunciar al Gobierno en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas del que por primera vez en 25 años el Estado argentino no envió representantes de rango desde Buenos Aires.
Jorge Sola, integrante del triunvirato de mando de la CGT, expuso ayer en representación de las tres centrales obreras y denunció “graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo” por parte de la gestión de Javier Milei. “Lo que hoy traemos a examen no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno Nacional está demoliendo desde diciembre de 2023″, planteó Sola.
A los dirigentes les hubiera gustado que Julio Cordero, secretario de Trabajo de la gestión libertaria, los escuchara, pero el funcionario no viajó. Cordero fue un histórico de los encuentros en Ginebra: durante décadas asistía como representante del sector empresario o del Grupo Techint. Esta vez, ni siquiera expuso de manera virtual cuando al Gobierno le tocó brindar su exposición. La voz oficial recayó en Carlos Foradori, representante permanente de la Argentina en los organismos internacionales.
El discurso de uno de los jefes de la CGT coincidió con la reglamentación de la denominada ley de modernización laboral, objetada por el sindicalismo en la Justicia. “Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señaló la central obrera en un comunicado, en el que consideró que “resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”.
“Entre excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución nacional, el Poder Ejecutivo vulnera nuevamente el convenio 150 atacando la libertad sindical y derechos individuales y colectivos. Sumándose a ello la aplicación de sumarios administrativos, multas millonarias, como los casos de los gremios de La Fraternidad y UTA por ejercer el legítimo derecho de huelga convocada por las centrales sindicales. Se suma a ello el caso del gremio metalúrgico de la UOM, que fue intervenido. Otro ejemplo claro de las violaciones del Gobierno argentino”, denunció Sola en Ginebra.
Y agregó: “En la ausencia de control estatal promovidapor el gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales que el desmantelamiento de la administración del trabajo por parte del Estado argentino se manifiesta en el desguace de organismos estratégicos. Desde el 2023 y hasta febrero de 2026 en la Administración Pública Nacional centralizada se produjo una reducción del 29 % de la planta de trabajadores del Estado. Sin embargo, cuando se analiza los organismos específicos en donde se produjeron las mayores afectaciones, según los propios datos oficiales, recae sobre las dependencias que deben evitar la destrucción del sistema de relaciones laborales y de los derechos sociales.
En representación de la CTA de los Trabajadores estuvo Roberto Baradel y denunció el deterioro de la institucionalidad laboral y afirmó que “cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva y limita el derecho de huelga, no estamos frente a una simple reorganización administrativa, sino frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a garantizar el trabajo decente y los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Amenaza de otra huelga
En Buenos Aires, mientras tanto, diferentes sectores de la CGT y de las dos CTA no descartan avanzar hacia un nuevo paro general en rechazo de la reforma laboral.
“Esta reforma no generó ni un solo puesto de trabajo No se descarta un paro general. Vamos a defender los derechos adquiridos más allá de que vengan con una ley retrógrada. Si el gobierno no acata la ley de financiamiento universitario, por qué nosotros tenemos que aceptar una ley que tiene una carga negativa en la vida de los trabajadores”, dijo hoy Cristián Jerónimo, otro de los jefes de la CGT, en declaraciones a Futurock.
En caso de avanzar con una huelga, será la quinta de la CGT contra la gestión libertaria. La primera fue el 24 de enero de 2024, con Milei poco más de un mes en el poder.
un comunicado,CGT,Javier Milei,Conforme a,,La interna libertaria. Guerra de facciones sin respiro,,ARA San Juan. En una tensa audiencia del juicio, un exjefe naval apuntó contra la fiscalía: “Me ha tratado de pérfido”,,»No conozco a Palantir». El Gobierno defendió el «Súper RIGI» y negó que sea un traje a medida para empresas tecnológicas,CGT,,“La libertad sindical no se reglamenta por decreto”. El documento de rechazo de la CGT tras la puesta en marcha de la reforma laboral,,Lo llamó Cristina. El líder de la UOM recibió apoyo sindical y del PJ contra la intervención del gremio,,Desplazan a Furlán. La Justicia anuló las elecciones de la UOM y dispuso la intervención del gremio
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La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a cuestionar con dureza la reforma laboral y advirtió que podría avanzar con nuevas medidas de fuerza.
El cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, aseguró hoy que los cambios en la legislación laboral no generaron empleo y sostuvo que forman parte de una estrategia orientada a quitar derechos a los trabajadores y debilitar a las organizaciones sindicales.
“Desde que este gobierno planteó la reforma laboral lo único que vimos fue desinversión, salida de empresas y pérdida de puestos de trabajo”, afirmó Jerónimo en una entrevista con radio Futurock. En la misma línea, remarcó que “esta reforma no generó ni un puesto de trabajo”.
Las declaraciones se produjeron pocos días después de que el Gobierno reglamentara aspectos centrales de la reforma laboral mediante el decreto 407, publicado esta semana en el Boletín Oficial. La norma fija el alcance de distintos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo vinculados con la registración del empleo, los recibos de sueldo, las licencias médicas, las desvinculaciones laborales y los trámites jubilatorios, entre otros puntos.
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Desde el Ejecutivo sostuvieron que los cambios buscan simplificar cargas administrativas, promover la transparencia en las relaciones laborales y facilitar el cumplimiento de obligaciones legales mediante herramientas digitales. También defendieron las modificaciones en materia sindical como una forma de fomentar la libertad gremial.
La CGT, sin embargo, mantiene una posición abiertamente crítica. Jerónimo recordó que la central obrera se opuso desde el inicio al proyecto impulsado por el oficialismo. “No nos equivocábamos cuando decíamos que esta ley tiene una carga maliciosa que quita derechos colectivos e individuales y un sesgo de desfinanciar a las organizaciones sindicales para quitarle derechos a los trabajadores”, señaló.
El dirigente insistió en que el sindicalismo continuará enfrentando la reforma y defendiendo las conquistas laborales. “Vamos a defender los derechos adquiridos más allá de que vengan con una ley retrógrada”, sostuvo.
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En ese marco, también cuestionó la postura del Gobierno frente a otras leyes sancionadas por el Congreso. “Si el Gobierno no acata la ley de financiamiento universitario, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar una ley que tiene una carga negativa en la vida de los trabajadores?”, planteó.
Otro de los ejes de la crítica sindical apunta a las modificaciones vinculadas al derecho de huelga. Jerónimo sostuvo que existen antecedentes internacionales que respaldan la posición de las organizaciones gremiales. “No cumplen con el derecho internacional, la Corte de La Haya le dio la razón a los trabajadores sobre que el derecho a huelga es un derecho adquirido en las bases de todos los trabajadores”, afirmó.
La discusión sobre la estrategia a seguir frente al Gobierno atraviesa actualmente a la conducción cegetista. Mientras algunos sectores priorizan la vía judicial e institucional para cuestionar la reforma, otros reclaman profundizar el plan de lucha con nuevas protestas.
Consultado sobre la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza, Jerónimo evitó cerrar esa puerta. “No se descarta un paro general”, aseguró el dirigente del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio.
Por lo pronto, la CGT concentra parte de su estrategia en el plano internacional. Una delegación de la central obrera participa de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se desarrolla en Ginebra, donde busca exponer las críticas sindicales a la reforma laboral y denunciar lo que considera avances sobre derechos laborales y sindicales.
Más allá de la coyuntura gremial, Jerónimo consideró que la discusión también debe proyectarse hacia el terreno político. “Más allá de lo que nosotros podamos hacer, hay que construir una alternativa política de cara a 2027”, afirmó.
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El dirigente reiteró además su mirada sobre la orientación general de la administración libertaria. “Desde que ganó este gobierno decimos que es un gobierno que viene a quitar derechos”, expresó.
Finalmente, al ser consultado sobre la situación regional y las comparaciones con otros países, relativizó los paralelismos con Bolivia. Según indicó, “lo que pasa en Bolivia no es similar a lo que pasa acá”. Y agregó: “A pesar de todo estamos unos cuantos peldaños arriba. Nosotros sabemos que estamos ante un proceso económico de ajuste pero hay derechos que siguen siendo muy fuertes”.
CGT, reforma laboral
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