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ECONOMIA

¿Trabas al “oro blanco”?: un estudio señala grises legales que limitan el potencial del litio argentino

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Empresas estatales provinciales y firmas internacionales comparten proyectos en Jujuy, Salta y Catamarca.

La expansión de la demanda global de litio, impulsada por el auge de la electromovilidad y la transición energética, ubicó a Argentina como uno de los actores con mayor potencial del planeta. La nación sudamericana forma parte del “Triángulo del Litio”, junto a Bolivia y Chile, y concentra cerca de un quinto de los recursos mundiales de este mineral, según la U.S. Geological Survey 2024.

Sin embargo, la industria litífera argentina opera en una “zona gris” legal, una condición donde la ausencia de un marco regulatorio específico, la superposición de normas provinciales y nacionales, y los vacíos fiscales generan incertidumbre tanto para inversores como para el propio Estado.

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El litio se posicionó como un recurso estratégico, ya que el 83% de la producción mundial se destinó a baterías en 2022, con la electromovilidad dominando el 65% de la demanda total. La oportunidad para el país va más allá de la mera extracción: el desafío reside en cómo transformar ese recurso en desarrollo sostenible e inserción en cadenas globales de valor. De acuerdo con la investigación de la Fundación Libertad y el Center for International Private Enterprise, el contexto regulatorio argentino muestra vacíos estructurales y una fragmentación institucional que limitan la capacidad de aprovechar el auge del “oro blanco”.

El diseño institucional de la minería en Argentina asigna a las provincias la titularidad de los recursos minerales. Esta distribución, establecida por la reforma constitucional de 1994, favoreció la proliferación de normativas dispares.

La titularidad del recurso por parte de las provincias favoreció la proliferación de normativas dispares

La mayoría de los proyectos litíferos se localizan en Jujuy, Salta y Catamarca, provincias que avanzaron en la creación de empresas estatales mineras y esquemas propios de participación y regalías. Por ejemplo, la Ley N.º 5.789 de Jujuy impone la incorporación de la estatal JEMSE con un mínimo de 8,5% de participación en cada emprendimiento. Catamarca y Salta también establecieron sus propias empresas provinciales, como CAMYEN y REMSa.

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Yacimiento litio
Plantas de extracción de litio en el norte argentino, punto de interés para inversores globales

Esta discrecionalidad provincial generó asimetrías y dificultades para planificar inversiones a largo plazo. Las diferencias en regalías, licencias y fideicomisos crean incertidumbre para las compañías, que encuentran reglas cambiantes y procedimientos poco homogéneos al operar en distintas jurisdicciones. Aunque para contrarrestar esa fragmentación, surgió la Mesa del Litio, un espacio de coordinación entre Jujuy, Catamarca y Salta que intentó armonizar criterios, aunque su alcance sigue siendo limitado y no reemplaza la falta de una estrategia federal concertada.

La ausencia de una legislación nacional específica para el litio representa una de las principales trabas para el desarrollo del sector. Este vacío impidió el diseño de mecanismos regulatorios que promuevan valor agregado local, encadenamientos productivos y una gobernanza más eficaz de las rentas generadas por el recurso. Más allá de la regulación minera general, el litio presenta dinámicas propias de mercado, volatilidad de precios y exigencias ambientales y sociales crecientes, lo que demanda soluciones diferenciadas.

A nivel fiscal, el régimen actual también muestra debilidades. La legislación nacional establece un límite máximo de 3% para la recaudación de regalías, pero la negociación de aportes adicionales quedó en manos de las provincias. Esto evidenció la necesidad de mecanismos transparentes y eficientes para que esos recursos se traduzcan efectivamente en desarrollo regional. Además, los esquemas fiscales que no contemplan el ciclo de precios pueden amplificar la volatilidad: cargas rígidas en contextos de precios bajos deterioran la inversión y frenan el escalamiento de los proyectos.

El control sobre los precios de transferencia es otro punto crítico. La normativa vigente presenta deficiencias para fiscalizar operaciones entre empresas vinculadas, lo que abrió la puerta a la subfacturación de exportaciones y a la erosión de la renta minera estatal.

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La volatilidad de los precios internacionales del litio introdujo una dinámica de inversión marcada por picos y retracciones. Las compañías tienden a acelerar o frenar decisiones de desembolso según el contexto internacional, y la puesta a punto de las plantas suele demandar más tiempo de lo previsto. Esto produce “ramp-up” irregulares y afecta la cadena de proveedores, que experimenta picos de demanda en la construcción y luego ajustes cuando los proyectos se estabilizan o reprograman.

Actualmente, unas 40 empresas —de origen canadiense, australiano, chino, británico, francés, estadounidense, coreano y nacional— operan en el país en distintas etapas, desde prospección hasta producción. Sólo ocho son argentinas y una, YPF, es estatal.

La presencia de firmas globales como Río Tinto, la francesa Eramet y asociaciones como la de Toyota Tsusho con JEMSE refleja el atractivo del litio argentino, pero también la necesidad de un marco regulatorio robusto que garantice transparencia. El caso del proyecto Centenario-Ratones, operado por Eramet en Salta, involucró una inversión estimada de USD 595 millones y una capacidad de producción de 24.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. Por su parte, Río Tinto destinó más de USD 110 millones al desarrollo inicial del proyecto Fénix y proyecta una expansión a 60.000 toneladas anuales para 2030.

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El ciclo del litio impone exigencias de planificación e institucionalidad. Cuando el precio internacional varía, la inversión responde de inmediato y la calidad del marco normativo se vuelve un diferencial para sostener proyectos a largo plazo. Además, la “fiebre del litio” dejó de jugarse solo en volumen y pasó a depender de la reputación y del acceso a cadenas globales que exigen trazabilidad, certificaciones ambientales y producción ética.

Las recomendaciones de la Fundación Libertad incluyen modernizar el marco fiscal y aduanero, fortalecer la coordinación a través de la Mesa del Litio, formalizar criterios mínimos para la participación estatal provincial y avanzar en la adhesión a la EITI con criterios específicos para el litio. También sugieren el desarrollo de proveedores nacionales, la financiación de infraestructura minera mediante esquemas público-privados y la incorporación de estándares internacionales de transparencia.

La gestión de las regalías permanece como un eje de discusión. La legislación nacional fija un techo, pero la experiencia muestra que la negociación provincial y la falta de esquemas transparentes generan volatilidad y debilitan el desarrollo regional. La previsibilidad y la transparencia en la captura y el uso de rentas funcionan como filtros para orientar inversiones de largo plazo, desalentar estrategias de corto plazo y promover una minería con estándares ambientales y sociales reconocidos internacionalmente.

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El requerimiento de certificaciones ambientales y trazabilidad creció en los principales mercados internacionales.
El requerimiento de certificaciones ambientales y trazabilidad creció en los principales mercados internacionales.

El capital que llega al país también varía en su calidad. El capital “constructivo” apuesta al largo plazo y cumple estándares rigurosos, mientras que el “corrosivo” prioriza el corto plazo y la mera extracción de renta. La credibilidad de las reglas de juego marca la diferencia entre ambos. Alteraciones en condiciones garantizadas, como cambios tributarios sobre proyectos ya en marcha, afectaron la confianza y elevaron la prima de riesgo país.

Entre las propuestas para fortalecer el sector se destacan la implementación de auditorías conjuntas entre organismos fiscales y aduaneros, la creación de registros nacionales de ingresos fiscales del litio, la profesionalización de equipos técnicos provinciales y nacionales, y la articulación con organismos internacionales como el CIAT y la OMA para mejorar la trazabilidad y la fiscalización de exportaciones.

La industria del litio en Argentina muestra un crecimiento acelerado en términos de inversiones, diversidad de actores y expansión de proyectos, pero convive con fragilidades institucionales y productivas. El país permanece en una “zona gris” de alta incertidumbre legal y bajo impacto duradero, mientras los actores del sector debaten el rumbo y las condiciones para transformar el “oro blanco” en desarrollo tangible.

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ECONOMIA

Las acciones de SpaceX siguen en caída y ya valen 30% menos que cuando salieron al mercado

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SpaceX es la última gran apuesta del magnate Elon Musk.

Pasaron menos de dos meses desde la estelar salida a cotización de las acciones SpaceX, la compañía de desarrollo aeroespacial de Elon Musk, que prometía desde un inicio convertirse en una nueva de las “Magnificas”, es decir los gigantes empresas tecnológicos que por su peso específico y permanente innovación sujeto las riendas del las bolsas globales.

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El 12 de junio SpaceX comenzó operada a USD 135, para cerrar a USD 160; en su primera semana de operaciones alcanzó un cierre máximo en los USD 201,80 el 16 de junio, pero a partir de allí emprendió un sendero de rápido ajuste de precios que encendió las alarmas de los inversores. Este miércoles cotiza a USD 113, un piso desde su debut, y un 30% debajo desde su su primer día de mercado.

En la rueda bursátil del 16 de junio, SpaceX anotó un récord intradiario en los USD 225,64: desde ese pico el desplome acumulado del activo fue de nada menos que 49,9%, es decir que resignó casi la mitad de su valor.

Ascenso y caída de las acciones de SpaceX.
Ascenso y caída de las acciones de SpaceX.

Las acciones de SpaceX caen debido a una combinación de corrección tras la euforia inicial de su salida a bolsa, dudas sobre su elevada valoración, la necesidad de liquidez y el temor a una masiva venta de títulos por parte de inversores tempranos.

Factores principales de la caída

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  • Fin de la euforia y toma de beneficios: Tras su histórica apertura en bolsa el pasado 12 de junio de 2026, el precio se disparó de forma agresiva por la alta demanda inicial, pero el mercado determinó que la valoración era excesivamente alta frente a los fundamentales a corto plazo.
  • Presión por emisión de deuda: La inusual y cuantiosa búsqueda de financiamiento mediante deuda (hasta 20.000 millones de dólares) generó alertas sobre el alto consumo de efectivo y el estado financiero de la compañía.
  • Próxima liberación de acciones: El inminente fin del periodo de bloqueo (lock-up period) habilitará la venta de cientos de millones de títulos en poder de empleados y accionistas tempranos, lo que incrementa el miedo a una fuerte presión vendedora en el mercado.
  • Incertidumbre en resultados: Los inversores se muestran cautelosos a la espera de sus primeros reportes financieros trimestrales como empresa cotizada.

Asimismo, está previsto que que SpaceX publicará sus primeros resultados como empresa que cotiza en bolsa el 4 de agosto, pero el evento sobre el cual se posa el foco de los traders se producirá dos días hábiles después, cuando tendrá lugar un acontecimiento igualmente significativo, pues los inversores que invirtieron antes de la salida a bolsa tendrán la oportunidad de vender casi 1.000 millones de acciones, una cifra muy superior a la vendida cuando la empresa salió a cotización y que podría aportarle una presión bajista todavía más pronunciada para el corto plazo.

Los períodos de “bloqueo” son aquellos en los que los primeros inversores tienen restringida la venta de acciones inmediatamente después de que una empresa sale a mercado abierto. El período de bloqueo de SpaceX expirará a principios de agosto y se prolongará durante el próximo año. En última instancia, podrían salir al mercado más de 6.400 millones de acciones, una cifra que multiplica por diez los 629 millones de acciones operados en su debut bursátil del 12 de junio.

Nicolas Owens, analista de renta variable del sitio Morningstar especializado en SpaceX, afirma que es probable que se produzca una oleada de ventas. “Creemos que la mayoría de las acciones disponibles saldrán al mercado, ya que los vendedores actuales tienen un bajo coste de adquisición y largos periodos de tenencia”, afirmó.

Aun así, Jim Cramer, un ex gestor de fondos de cobertura y presentador del popular programa financiero “Mad Money” en la cadena CNBC, espera más caídas. Esto se debe a que el número de acciones de Nasdaq disponibles para trading aumentará mucho la próxima semana. Alrededor de 911,5 millones de acciones podrán venderse el próximo jueves. Eso más que duplicará el float público de SpaceX.

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“Si piensas comprar SpaceX … te pido que, si quieres invertir fuerte, al menos esperes a que termine la primera ola del final del lockup de ventas de insiders el próximo jueves y dejes que eso baje el precio de la acción antes de lanzarte a comprar», dijo Cramer.



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ECONOMIA

Láctea histórica entra en fase de venta y sus empleados buscan quedarse con la planta

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En medio de vaivenes y complicaciones, el segmento lechero busca recuperar su mejor forma y, a través de experiencias como La Suipachense y Sudamericana de Lácteos, la recuperación de un nicho histórico de negocios parece comenzar a tomar forma en el horizonte cercano. En línea con estos dos casos, la planta de la extinta Sociedad Cooperativa de Tamberos de Rosario Limitada (Cotar) en Rosario ingresó en una cuenta regresiva institucional y financiera que determinará el control definitivo de sus instalaciones y la continuidad de sus operaciones industriales. Agrupados bajo la estructura de Nueva Cotar, los trabajadores de la firma buscan dar el paso definitivo para transformarse en los propietarios formales de la usina lechera. Se trata de un espacio industrial que vienen gestionando de forma ininterrumpida desde 2022, momento en que tomaron las riendas del establecimiento ante el colapso financiero y operativo de la cooperativa original. Suman alrededor de 80 los empleos que genera la láctea.

El proceso legal alcanzó una instancia bisagra con la intervención de la Justicia. Tras el quiebre de la firma histórica y la acumulación de un pasivo que superó los $1.500 millones, a partir de deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), acreedores comerciales y salarios caídos de más de 120 familias, la sindicatura avanza en la etapa final del proceso de enajenación y tasación de los bienes inmuebles y la maquinaria.

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En ese marco, la estrategia de los trabajadores busca replicar la fórmula de rescate y preservación de fuentes de trabajo que otras cooperativas lácteas del país vienen impulsando para quedarse con activos paralizados. El objetivo central de asumir el control legal de la planta es blindar a más de 80 trabajadores directos y decenas de puestos indirectos que hoy dependen de que las instalaciones lecheras sigan en funcionamiento.

Desde la conducción del espacio autogestionado remarcan la urgencia de cerrar el capítulo judicial para obtener previsibilidad operativa.

«Nosotros demostramos que la planta es viable y que pudimos sostenerla abierta en los peores momentos. Ahora necesitamos que la Justicia nos reconozca los créditos laborales para ser dueños legítimos del predio y dejar de vivir con la incertidumbre de un desalojo o un remate», afirmaron fuentes ligadas a los operarios de la ex Cotar.

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Cotar y un endeudamiento crónico

Para entender cómo una marca emblemática rozó el cierre definitivo hay que reconstruir una cadena de desaciertos gerenciales y desbalances estructurales que se arrastraron durante casi dos décadas.

El deterioro de la vieja cooperativa no respondió a un hecho fortuito, sino a una combinación fatal: pérdida constante de socios tamberos, acumulación de deudas previsionales e impositivas, y la firma de acuerdos comerciales desfavorables que ahogaron el flujo de caja.

El evento que precipitó el derrumbe definitivo fue la cesación de pagos y la posterior rescisión de contratos de fasón clave con firmas nacionales y regionales. Tras perder el flujo de materia prima que aportaban los tamberos asociados, quienes migraron sus entregas hacia otras usinas ante los atrasos en los cobros, la planta pasó a operar a una fracción mínima de su potencial.

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Esa capacidad ociosa transformó los costos fijos de la firma en una bola de nieve inmanejable que terminó por disparar la quiebra judicial y la interrupción de la cadena de pagos salariales.

A ese cuadro se sumó la falta de inversión en aspectos como la reconversión tecnológica. Así, mientras la competencia fue modernizando sus líneas de envasado y logística para ganar presencia en las góndolas de las grandes cadenas de supermercados, la conducción tradicional de Cotar se apoyó en esquemas comerciales obsoletos que derrumbaron la rentabilidad.

«Acá no hay especulación inmobiliaria ni financiera; hay familias enteras que se pusieron la fábrica al hombro cuando los antiguos dueños la abandonaron. Pasar la propiedad a manos de la cooperativa es la única garantía de que este predio siga produciendo y se preserve el trabajo local«, señalaron respecto del proceso actual sendos voceros del gremio ATILRA.

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La ex Cotar y la perspectiva de negocios de la nueva etapa

En el plano estrictamente comercial, el horizonte de Nueva Cotar dependerá directamente del éxito de la maniobra judicial para obtener la titularidad de la planta. De consolidarse como dueños del activo, los trabajadores proyectan encarar un plan de negocios centrado en tres pilares: reconversión operativa, diversificación de productos de valor agregado y «captura de liquidez mediante créditos bancarios de desarrollo industrial».

Hoy por hoy, y procesando entre 30.000 y 50.000 litros diarios bajo acuerdos de fasón para terceros, la cooperativa funciona con un margen justo para cubrir costos operativos y salarios. Sin embargo, la proyección técnica contempla duplicar ese volumen en una primera fase, apuntando a recuperar una escala de 100.000 litros diarios.

Según pudo saber iProfesional, el foco de negocios estará puesto en abastecer el canal de cercanía en el Gran Rosario con leche fluida en sachet, yogures y quesos blandos a precios competitivos, esquivando la intermediación de grandes distribuidores.

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La clave financiera de este modelo radicará en el acceso al financiamiento. Hoy, al no poseer el título de propiedad, la cooperativa está imposibilitada de ofrecer garantías reales para tomar préstamos a tasa subsidiada. La adjudicación del predio, cuya superficie supera los 15.000 metros cuadrados y ostenta una infraestructura codiciada, transformaría el balance de la cooperativa, permitiéndole apalancarse para renovar equipamiento y expandir su red logística.

En paralelo, el apetito de los inversores privados y desarrolladores inmobiliarios por el terreno donde se levanta la planta, valuado en unos u$s4 millones, expone el valor estratégico del inmueble. De ocurrir el traspaso en los tribunales santafesinos, la ex Cotar buscará consolidar un modelo de empresa recuperada capaz de demostrar rentabilidad y blindar empleos.

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ECONOMIA

Los colegios privados bonaerenses aumentarán en agosto y septiembre: cómo quedarán las cuotas

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El aumento de agosto será de 5,5% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal de la provincia de Buenos Aires volverán a actualizarse en agosto y septiembre, luego de que el Gobierno bonaerense aprobara nuevos cuadros arancelarios para cubrir parte de los costos de funcionamiento de las instituciones.

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La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) informó que la Dirección General de Cultura y Educación autorizó un incremento del 5,5% para agosto y otro del 2,5% para septiembre para los establecimientos de gestión privada que reciben subsidios estatales.

De esta manera, los nuevos valores reemplazarán al esquema vigente hasta el momento y acumularán una suba del 8,1% en el bimestre, según precisó la entidad que nuclea a los institutos de enseñanza privada de todo el país.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, consideró que este nuevo incremento “no permite a los institutos emparejar todos los aumentos de costos y las subas salariales que deben afrontar las instituciones”.

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Una maestra de pie frente a un pizarrón con ecuaciones y un grupo de alumnos sentados en sus bancos en un aula escolar.
Los nuevos valores reemplazarán al esquema vigente hasta el momento y acumularán una suba del 8,1% en el bimestre agosto- septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esos costos extras deben ser financiados con recursos de los institutos, sobre todo en un contexto donde el sector tiene dificultades con la morosidad en el pago de cuotas, reducción de la matrícula por el descenso de la natalidad, mayores erogaciones por el mantenimiento de los edificios escolares, problemas financieros por aumentos salariales cuyos incrementos de aranceles no fueron autorizados en el momento correspondiente, entre otras cuestiones”, explicó.

Y agregó: “Estamos en contacto permanente con las autoridades de todas las jurisdicciones para tratar de encontrar soluciones a esos inconvenientes y evitar que empresas dedicadas a la educación por décadas deban cerrar cursos, reducir servicios o dejar de ofrecer educación a las familias que las han elegido”.

El último aumento había sido en mayo, con una suba de 3,5%, por encima de la inflación de ese mes que alcanzó el 2,1%.

Para agosto, en el nivel Inicial y Primario, las escuelas con 100% de subvención podrán cobrar hasta $37.150; con 80%, $68.550; con 70%, $87.690; con 60%, $131.320; con 50%, $152.800; y con 40%, $167.990.

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En el nivel Secundario, los valores máximos serán de $40.960 para las instituciones con 100% de aporte estatal; $77.610 (80%); $107.670 (70%); $158.310 (60%); $174.650 (50%); y $218.290 (40%).

Para las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, los topes quedarán en $47.220 (100%); $88.840 (80%); $122.470 (70%); $181.310 (60%); $204.500 (50%); y $249.820 (40%).

En el nivel Superior, los aranceles máximos serán de $53.520 para las instituciones con 100% de subvención; $93.340 (80%); $119.800 (70%); $151.970 (60%); $170.250 (50%); y $213.220 (40%).

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Gráfico de tabla que muestra cuotas escolares de colegios privados bonaerenses con aportes estatales para agosto y septiembre de 2026, por nivel educativo y porcentaje de subvención.

En septiembre, los establecimientos de Inicial y Primario podrán cobrar hasta $38.070 con 100% de aporte estatal; $70.260 (80%); $89.880 (70%); $134.600 (60%); $156.620 (50%); y $172.180 (40%).

Para el nivel Secundario, los topes pasarán a $41.980 (100%); $79.550 (80%); $110.360 (70%); $162.260 (60%); $179.010 (50%); y $223.740 (40%).

En las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, los nuevos valores serán de $48.400 para las instituciones con 100% de subvención; $91.060 (80%); $125.530 (70%); $185.840 (60%); $209.610 (50%); y $256.060 (40%).

Por último, en el nivel Superior, los aranceles máximos se fijaron en $54.850 para las escuelas con 100% de aporte estatal; $95.670 (80%); $122.790 (70%); $155.760 (60%); $174.500 (50%); y $218.550 (40%).

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Los montos corresponden exclusivamente al arancel de enseñanza curricular mensual para establecimientos que cobran diez cuotas y varían de acuerdo con el porcentaje de subvención estatal que recibe cada colegio.

El ajuste de cuotas impacta directamente en las familias, que en muchos casos ya enfrentan dificultades económicas para sostener la escolaridad privada.

Mientras tanto, para el sector, el aumento autorizado no alcanza para cubrir la totalidad de los costos y subas salariales que enfrentan los institutos privados, por lo que muchas instituciones deben afrontar gastos adicionales con recursos propios.

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