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ECONOMIA

Juicio por YPF: después de ganar la apelación, el Gobierno no cree que prospere la demanda de Burford ante el Ciadi

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Foto de archivo – Oficina central de la compañía estatal argentina YPF en Buenos Aires, Argentina. Feb 10, 2021. REUTERS/Matías Baglietto/Foto de archivo

La disputa judicial que involucra a la República Argentina, YPF y el fondo Burford Capital entró en una nueva etapa luego de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtiera la condena de USD 16.100 millones en contra del país. La decisión de la Cámara de Apelaciones cambió de manera sustancial el curso del litigio y abrió un escenario diferente para los próximos pasos legales impulsados por Burford.

El 27 de marzo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito emitió su fallo y revocó la sentencia que establecía una indemnización multimillonaria en favor de los demandantes Petersen y Eton Park, cuyos derechos había adquirido Burford Capital. La demanda, que se originó a partir de la adquisición de los derechos del Grupo Petersen por cerca de USD 16 millones, encontró así un giro inesperado, ya que la decisión judicial desestimó la acción y modificó el recorrido de un juicio que generó atención internacional.

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Tras este revés, Burford Capital anunció la presentación de un pedido de rehearing en banc ante el Segundo Circuito, con el propósito de que el pleno de jueces activos del tribunal reconsidere la decisión. La Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Sebastián Amerio, subrayó que este tipo de recurso tiene un carácter excepcional y se reserva para contadas ocasiones, bajo condiciones de admisibilidad estrictas. La posición argentina sostiene que esos requisitos no se cumplen en este caso y que el intento del fondo litigante representa una estrategia sin sustento jurídico.

Junto a ese movimiento, Burford comunicó su intención de recurrir a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El fondo ya había evaluado esta opción en 2015, pero en ese momento optó por renunciar a esa vía y centrar la disputa en los tribunales de Nueva York.

“El intento de reabrir ahora esa vía constituye un nuevo e improcedente esfuerzo de los demandantes por pretender revivir, sin credibilidad alguna, un reclamo que ya fue rechazado de manera contundente por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito”, dijeron desde la Procuración.

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El análisis de la Procuración pone el foco en la falta de credibilidad de este último intento de Burford Capital. Según la interpretación oficial, la alternativa del CIADI ya quedó descartada por decisión de los propios demandantes, lo que debilita cualquier argumento para que ese tribunal acepte el caso en la instancia actual. La estrategia de defensa de la Argentina enfatiza que la vía internacional se abandona voluntariamente en 2015 y que el regreso a esa opción judicial ahora carece de fundamentos sólidos.

CIADI
Burford Capital busca reabrir la vía internacional tras el rechazo de la demanda en Nueva York

Desde el comienzo de la presidencia de Javier Milei, la Procuración del Tesoro delineó una estrategia de defensa integral, considerando todos los escenarios procesales posibles. El equipo jurídico oficial sostiene una línea de acción proactiva para resguardar los intereses del Estado y lograr la consolidación del resultado obtenido en la apelación. El objetivo central es lograr la victoria definitiva en un litigio que involucró sumas extraordinarias y que atrajo la atención de inversores, abogados y actores políticos.

La condena original, que ascendía a USD 16.100 millones, generó preocupación por el impacto potencial en las finanzas públicas de la República Argentina. El hecho de que la Corte de Apelaciones haya revertido esa sentencia representa, para el Gobierno y sus equipos legales, un paso fundamental para fortalecer la posición argentina en el ámbito judicial internacional. El énfasis en la defensa proactiva se refleja en la continuidad de las acciones emprendidas por la Procuración, que mantiene el monitoreo sobre todos los movimientos procesales, tanto en los tribunales de Estados Unidos como en organismos internacionales como el CIADI.

El litigio tuvo como protagonistas centrales a los fondos Burford Capital, Petersen y Eton Park, además de la petrolera YPF y la propia República Argentina. La adquisición de los derechos del reclamo por parte de Burford, por un monto significativamente menor al de la sentencia original, dio lugar a un proceso judicial seguido de cerca por la comunidad financiera global. La estrategia argentina apuntó desde el inicio a cuestionar la legitimidad de los reclamos y a exponer la falta de justificación en la pretensión de indemnización.

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La Procuración del Tesoro insiste en que la decisión de la Cámara de Apelaciones representa un antecedente clave y que el escenario actual favorece la posición nacional. El equipo jurídico sostiene que los recursos excepcionales, como el rehearing en banc, cuentan con una probabilidad muy baja de prosperar y que el intento de reactivar un arbitraje en el CIADI no encuentra sustento en las reglas del sistema internacional de solución de controversias.

En este contexto, el Gobierno argentino mantiene una postura de seguimiento riguroso de todas las alternativas y ratifica su compromiso de continuar la defensa en cada instancia que corresponda. La Procuración del Tesoro, bajo la conducción de Sebastián Amerio, reafirma su estrategia de consolidar el resultado favorable en la apelación y de actuar frente a cualquier nuevo intento de litigio que busque revertir la situación lograda tras el fallo del Segundo Circuito.

El caso YPF continúa en el centro de la agenda jurídica y política, con la atención puesta en las próximas definiciones del tribunal neoyorquino y la eventual admisión de un arbitraje internacional en el CIADI. Mientras tanto, la posición argentina se sostiene en la contundencia del fallo de la Cámara de Apelaciones y en una estrategia legal que aspira a garantizar la defensa de los intereses nacionales en el plano internacional.

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ECONOMIA

La empresa alemana Helm se suma al listado de compañías que abandonan el país

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La multinacional que se dedica a productos de protección de cultivos, tomó la decisión de cerrar su filial en Argentina por la situación económica y fiscal

09/05/2026 – 21:34hs

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El mapa corporativo de la Argentina vuelve a encogerse con la confirmación de una nueva salida de peso en el sector del agro. Tras 23 años de presencia ininterrumpida con filial propia, la multinacional alemana Helm, especializada en productos de protección de cultivos, anunció el cese de sus operaciones en el país. La decisión, tomada en la cúspide global de la compañía, se hará efectiva este mismo año y marca el final de una era para una firma que llegó a facturar hasta 40 millones de dólares anuales en el mercado local.

La salida de Helm no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un complejo escenario financiero y de rentabilidad. El proceso de desmantelamiento ya comenzó: las actividades comerciales cesarán antes de diciembre y actualmente la firma se encuentra liquidando su stock remanente, habiendo suspendido tanto la importación como la formulación de nuevos productos químicos.

Desde la compañía identificaron dos factores críticos que precipitaron la decisión de abandonar la Argentina. El primero es lo que definen como un «riesgo financiero» insostenible, vinculado a una deuda impositiva que el Estado mantiene con la empresa. Se estima que Helm tiene cerca de u$s 5 millones retenidos en concepto de diversos tributos que no ha podido recuperar, una cifra que asfixia su operatividad.

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Entre los puntos de mayor conflicto fiscal se destacan:

  • Impuesto PAIS: Un 65% del monto abonado se encuentra «clavado» como un crédito que no es de libre disponibilidad.
  • Retenciones provinciales: Acumulación de saldos a favor en Ingresos Brutos de diversas jurisdicciones.
  • Carga nacional: Saldos técnicos de IVA y anticipos de Ganancias que la firma no logra compensar.

A este laberinto fiscal se suma una «brutal caída del margen del negocio». Si bien esta problemática afectó a la firma en otros mercados como Estados Unidos y Brasil, la particularidad argentina aceleró la salida, mientras que en el país vecino la empresa conservará su cuota de mercado. En la Argentina, el margen de rentabilidad de Helm se redujo a la mitad en los últimos años, volviendo inviable la permanencia de la filial.

Impacto laboral y competencia china

El cese de la operatoria tiene un correlato inmediato en el empleo. Helm contaba con un plantel de 30 profesionales calificados en el país, de los cuales la mitad ya fueron desafectados. El resto del personal permanecerá únicamente para completar la etapa de liquidación de stock y cierre administrativo de la filial.

En el sector agroindustrial, la noticia generó preocupación y malestar. Fuentes de la cadena advirtieron que la industria en general sufre hoy una pérdida de rentabilidad pese a las proyecciones de una buena cosecha. A los problemas internos de costos se suma la avanzada de operadores chinos, quienes compiten de manera directa en el segmento de agroquímicos. Según los referentes locales, estos competidores se ven favorecidos por la flexibilización de las barreras a la importación impulsada por el Gobierno nacional, lo que termina de «destruir» los márgenes de las compañías que ya estaban radicadas y operando con estructuras locales.

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ECONOMIA

Nuevas tecnologías disruptivas y ciberseguridad: una pesadilla para el sistema financiero argentino

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Blockchain y otras nueva tecnologías general mejoras en la eficiencia del sistema financiero, pero también y complejos ciber-riesgos para su funcionamiento

El avance de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en la nube, blockchain y el incipiente desarrollo de la computación cuántica ha generado, de manera simultánea, importantes mejoras en la eficiencia del sistema financiero, pero también nuevos y complejos ciber-riesgos para su funcionamiento.

La acelerada digitalización, junto con la proliferación de aplicaciones financieras, ha expandido significativamente el ecosistema de plataformas disponibles, multiplicando las alternativas para gestionar ahorros, pagos e inversiones dando lugar a una marcada expansión y diversificación de las cuentas financieras utilizadas por los argentinos en su vida cotidiana incrementando de forma proporcional los puntos de acceso potencialmente vulnerables a ciberataques.

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Más allá de las duplicaciones propias del sistema, el exponencial crecimiento del número de cuentas financieras de todo tipo en manos de argentinos del último lustro es elocuente:

  • El último informe de inclusión financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA), señala que a junio de 2025 la cantidad de personas humanas (PH) con cuentas alcanzó la cifra de 37,5 millones, y de ese total cerca de 27 millones mantienen simultáneamente múltiples cuentas bancarias y de pago.
  • En forma más precisa, un informe de Coelsa de enero de 2026 estima la existencia de cerca de 322 millones de cuentas digitales totales, lo que implica un promedio cercano a ocho cuentas por persona, distribuidas entre cuentas bancarias (CBU) y cuentas de pago (CVU).
  • El informe antes mencionado del BCRA también señala la existencia de 14,6 millones de tarjetas de crédito con saldos deudores.
  • Según el reporte mensual de la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, existen aproximadamente 30 millones de cuentas de inversión en estos instrumentos.
  • A su vez, tanto Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) como A3 Mercados han registrado, por distintas razones, un crecimiento significativo de cuentas comitentes vinculadas a la inversión en bonos, acciones, Cedears y productos derivados entre otros instrumentos.
  • En el segmento cripto, aunque los datos son menos precisos por la naturaleza propia del ecosistema, distintas estimaciones –como un informe publicado recientemente por Lemon– estiman que más del 10% de la población argentina utiliza activos digitales, sea en cuentas en mercados centralizados o autocustodiadas.
  • Finalmente, distintas fuentes estiman en varios cientos de miles las cuentas de ahorro o inversión que los argentinos mantienen en el exterior.

Este variado y numeroso abanico de puertas de entrada de ataques, constituye un terreno cada vez más fértil para el accionar de ciber-delincuentes.

El BCRA señala que a junio de 2025 la cantidad de personas humanas (PH) con cuentas alcanzó la cifra de 37,5 millones

Es importante marcar además que una parte importante de las nuevas cuentas que se abrieron en los últimos años provinieron de un segmento de la población no digitalizado previamente, con un perfil más vulnerable a este tipo de delitos.

En los últimos cinco años, la tipología de los ciberdelitos ha evolucionado desde ataques relativamente aislados y manuales hacia esquemas altamente automatizados, escalables y sofisticados, impulsados por estas nuevas herramientas disruptivas

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Los profesionales responsables de ciberseguridad de todos los actores del sistema financiero argentino sean entidades de cualquier tipo –bancos, financieras, PSPs, ALYCs, PSAVs o FCIs–, mercados, empresas de infraestructura financiera o reguladores, tienen un trabajo ingrato y extremadamente complejo: construir continuamente defensas ante atacantes sofisticados muchas veces invisibles o escurridizos que cuentan con herramientas tecnológicas cada vez más poderosas.

Además, la construcción de defensas basadas en información se ve debilitada por la dificultad de conocer el verdadero alcance de los ciberataques, ya que con frecuencia estos no se hacen públicos o se reportan de manera incompleta por motivos reputacionales. En el sector financiero, donde la confianza es el activo más valioso, muchas entidades optan por gestionar estos incidentes de forma reservada para evitar el pánico, la fuga de depósitos o impactos negativos en su valoración de mercado.

En el campo de la ciberseguridad, la inteligencia artificial no es nueva: desde hace más de una década, bancos y fintechs la utilizan para detectar fraudes y monitorear transacciones sospechosas mediante técnicas de machine learning. La novedad es que, en los últimos años -impulsados por el auge de la IA generativa- los ciberdelincuentes también empezaron a apropiarse de estas herramientas.

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En los últimos cinco años, la tipología de los ciberdelitos ha evolucionado desde ataques relativamente aislados y manuales hacia esquemas altamente automatizados

En este contexto, la misma herramienta que fortalece la defensa también acelera la ofensiva, generando una carrera permanente entre capacidades de protección y de ataque.

En particular, la inteligencia artificial se ha convertido en un factor central de esta dinámica. Agentes maliciosos la utilizan para ejecutar ataques de ingeniería social altamente personalizados y difundir desinformación creíble; desplegar “bots” autónomos capaces de identificar y explotar vulnerabilidades en tiempo real; y aplicar técnicas de envenenamiento de datos que comprometen el funcionamiento de los sistemas antifraude.

A la experiencia natural de los hackers -históricamente aprovechada por las organizaciones para anticipar y mitigar amenazas- se suma ahora un actor de enorme capacidad: la IA generativa. Su habilidad para procesar en tiempo real grandes volúmenes de registros de incidentes (trace-logs) y detectar patrones ocultos permite identificar vulnerabilidades antes inadvertidas, poniendo en tensión incluso a los sistemas de software más extendidos a nivel global.

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Un ejemplo reciente de la creciente relevancia de esta problemática lo evidencia la reunión convocada de urgencia a comienzos de mes por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con los directivos de los principales bancos del sistema financiero estadounidense.

En ese encuentro, las autoridades advirtieron que el modelo de inteligencia artificial “Mythos”, desarrollado por Anthropic, no solo sería capaz de generar código con un nivel superior al de las herramientas actuales, sino también de identificar vulnerabilidades críticas en sistemas ampliamente utilizados a nivel global.

Este escenario fue planteado como una amenaza potencialmente sistémica para la ciberseguridad financiera, lo que llevó a instar a las entidades a reforzar de manera urgente sus capacidades de ciberseguridad.

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A este nuevo frente se suma otra tecnología aún en desarrollo, pero con implicancias potencialmente disruptivas: la computación cuántica. Diversos avances experimentales han demostrado que, mediante el denominado “algoritmo de Shor”, un computador cuántico suficientemente potente podría, en el futuro, comprometer gran parte de la infraestructura criptográfica que hoy protege a las instituciones financieras.

El algoritmo también es verificable con otros ordenadores cuánticos o mediante experimentos.
Una computadora cuántica

Sin embargo, la amenaza no es exclusivamente futura. Organismos internacionales y reguladores advierten sobre riesgos actuales asociados a estrategias como “harvest now, decrypt later (HNDL)”, que consisten en recolectar hoy información cifrada -transacciones, comunicaciones o datos sensibles- para descifrarla en el futuro, cuando la capacidad cuántica lo permita.

En este contexto, diversas organizaciones internacionales promueven la adopción temprana de criptografía post-cuántica (PQC), junto con el desarrollo de capacidades de agilidad criptográfica -que permitan reemplazar algoritmos sin rediseños estructurales- con la construcción de inventarios exhaustivos de activos digitales y la necesidad de un enfoque de ciberseguridad dinámico, basado en el monitoreo continuo y la adaptación permanente frente a los rápidos avances de estas tecnologías.

A nivel global, organismos como el G7 (a través de su Grupo de Expertos en Ciberseguridad – CEG), el FMI, el BIS (que agrupa a los bancos centrales) y IOSCO (en el que participan las comisiones de valores) han elevado la ciberseguridad a una cuestión de estabilidad financiera sistémica.

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Localmente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha emitido distintas normas que contemplan los riesgos operativos emergentes de estas tecnologías bajo un enfoque de riesgo tecnológico neutro y resiliencia operativa.

La ciberdelincuencia representa un desafío estructural crítico para la justicia argentina

La Comunicación “A” 8398 aprobada el 5 de febrero de este año, además, amplía el perímetro regulatorio incorporando a las fintechs, en este caso a los Proveedores de Servicios de Pago que deberán cumplir estándares análogos en las exigencias de Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la Información que los bancos tradicionales, debiendo implementar esas modificaciones antes del 4 de agosto de 2026.

Asimismo, y ante la creciente dependencia de servicios en la nube y software externo, la normativa les exige a todas las entidades un control estricto sobre los proveedores de servicios críticos (donde la nube juega un rol clave), obligando a las entidades a auditar su cadena de suministro digital.

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Como un paraguas más amplio que el marco normativo de los organismos de supervisión, en marzo de este año se aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), mediante la Resolución 231/2026 del Ministerio de Seguridad. Este plan establece protocolos de actuación rápida y coordinación entre nación, provincias y municipios y con las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y las entidades financieras para combatir el ecosistema de estafas digitales.

Desde otra perspectiva, la ciberdelincuencia representa un desafío estructural crítico para la justicia argentina, al desafiar los límites tradicionales de la jurisdicción territorial y exigir conocimientos técnicos, y una velocidad de respuesta no contemplada por el sistema judicial clásico.

Todo indica que en los próximos meses y años asistiremos a ataques maliciosos más sofisticados -para los que difícilmente estemos suficientemente preparados- por parte de diversos tipos de organizaciones criminales, inclusive a veces asociadas a Estados, que ponen en jaque tanto la integridad del sistema financiero como el ahorro individual de los usuarios.

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En este sentido el ecosistema financiero argentino en su conjunto enfrenta un desafío inédito y mayúsculo, pero no imposible de afrontar.

El primer paso imprescindible para enfrentar esta amenaza es tratar de abordarla en su enorme complejidad concientizando tanto a los actores públicos como privados de la múltiples implicancias y riesgos que estas nuevas y dinámicas tecnologías traen aparejadas, fortaleciendo la capacitación y la articulación de espacios de trabajo cooperativo a nivel local e internacional.

Weitz es ex presidente de la CNV y profesor de Finanzas Tecnológicas (UBA). Díaz es profesor de posgrado Gestión Estratégica de la Tecnología Informática (GETI) de la Universidad Nacional Rosario

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ECONOMIA

Mercado de autos usados: cuáles fueron los 10 modelos más vendidos en abril

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Numerosas personas asisten a un concurrido mercado al aire libre de autos usados, examinando los vehículos con capós abiertos y carteles de precios bajo la atenta mirada de vendedores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los 30 días de abril se vendieron en la Argentina 154.792 autos usados, lo que completó para el primer cuatrimestre del año casi 600.000 transferencias, más exactamente la compra-venta de 592.086 vehículos, según datos difundidos por la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

El informe destaca que la marca de autos usados más vendidos en la Argentina sigue siendo Volkswagen: entre los modelos Gol y Trend se transfirieron en abril un total de 8.411 unidades. El segundo modelo más vendido fue el Toyota Hillux, con 6.180 unidades y el podio lo completó Chevrolet, la suma de cuyos modelos Corsa y Classic totalizaron 4.401 cambios de titularidad.

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Más precisamente, los diez primeros lugares del ranking por cantidad de transferencias registradas fue el siguiente:

1-WV Gol y Gol Trend: 8.411 unidades transferidas.

2-.Toyota Hilux: 6.180 unidades.

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3-Chevrolet Corsa/Classic: 4.401

4-Ford Ranger: 4.123

5-VW Amarok: 3.682

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6-Peugeot 208: 3.543

7-Ford EcoSport: 3.195

8-Ford Ka: 2.935

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9-Fiat Palio: 2.869

10-Toyota Corolla: 2.844 unidades.

A su vez, las provincias en que el número de operaciones más aumentó respecto de marzo fueron La Rioja (24,73%, muy lejos de los guarismos de quienes la escoltaron en el podio: CABA (5,40%) y Río Negro (3,51%). En el extremo opuesto de ese ranking, las provincias donde la cantidad de transferencias más cayó fueron Chaco (- 12,54%), Tierra del Fuego (- 9,41%) y Formosa (- 7,97%)

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“El mes de abril se mantuvo prácticamente dentro de los mismos volúmenes de venta que el mes de marzo. Pero tuvo una leve baja con respecto a igual mes del año pasado”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

“En un mercado que no se acomoda, sigue inestable, estamos trabajando nutriendo de nuevas herramientas al sector para que tengan más ventas y el público tenga una noción realista del valor de los autos. Hay mucha distorsión de precios y eso confunde al cliente”, expresó el directivo.

“Hoy los nichos de autos más demandados (modelos y precios) están cubiertos en todas las agencias del país. La financiación sigue siendo crucial: los bancos y financieras

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siguen sin estar a tono con las tasas que requiere el mercado. Nos preguntamos si se están vendiendo actualmente 154.000 unidades mensuales, cuánto más se

podría comercializar con tasas más acordes”, mencionó Lamas.

En cuanto a la distribución regional y provincial de operaciones señaló que el interior “sigue mostrando un movimiento de ventas que se mantiene estable, en detrimento del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que sigue con volúmenes de ventas bajos. Apostamos a una normalización rápida del sector y retomar el camino hacía un nuevo récord de ventas para 2026”.

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Las provincias en que aumentó el número de operaciones de compra-venta de autos usados registrada fueron las siguientes:

1-La Rioja: 24,73%

2-CABA: 5,40%

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3-Río Negro: 3,51%

4-San Juan: 3,47%

5-Salta: 2,41%

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6-Buenos Aires 2,05%

7-Mendoza: 1,97%

8-Misiones: 1,50%

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9-Córdoba: 0,35%

Cabe destacar, sin embargo, que en cuanto a número de operaciones el grueso se sigue registrando en la provincia de Buenos Aires, que en abril concentró el 38,2% de las transferencias de usados, seguida por Córdoba (12,3%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (9,1%), Santa Fe (8,5%), Mendoza (5,7%) y Entre Ríos (4%).

Dos hombres se dan la mano frente a un coche eléctrico blanco cargando, con un letrero de 'AUTOS USADOS ELÉCTRICOS' al fondo. Uno sostiene llaves.
Un comprador sonriente recibe las llaves de su nuevo coche eléctrico usado y cierra el trato con un vendedor en un concesionario especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la Cámara del Comercio Automotor también incluye el ranking de los autos electrificados más vendidos que en las tres primeras posiciones encabezan tres modelos de Toyota, el Corola Cross, el Corolla (a secas) y el Toyota RAV4.

En tanto, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entre enero y abril se vendieron 2.345 unidades de autos eléctricos nuevos, un 819,6% más que en igual período del año pasado. Se trata de un mercado de valores mucho más altos, especialmente si, como detalló Infobae, se comparan los precios con los salarios promedios vigentes en la Argentina.

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