Durante casi una semana, la desaparición de Lyhanna Rameau Bernard fue un misterio que mantuvo en vilo a toda la comunidad de Fleurance, una pequeña localidad ubicada en el sur de Francia. La nena, de tan solo 11 años, había sido vista por última vez el 29 de mayo a la salida de su escuela.

Tras el hallazgo de su cuerpo en una granja abandonada y la confirmación de la identidad del principal sospechoso, se reabrió un profundo debate en el país. El caso dio lugar a una investigación penal y a un escándalo político y judicial que expuso graves fallos en el sistema de protección de menores.

El detenido es Jérôme Barella, de 41 años, un hombre conocido por la familia de la víctima. Sin embargo, la indignación colectiva estalló al revelarse que el sospechoso estaba libre a pesar de acumular un alarmante historial de denuncias por agresiones sexuales y abusos a menores que la Justicia no investigó a tiempo.

Seis días de búsqueda y un final atroz

Todo comenzó en la tarde del viernes 29 de mayo en Fleurance, una tranquila localidad de unos 6000 habitantes en el departamento de Gers, a 60 kilómetros de Toulouse.

A la salida del colegio, Jérôme Barella esperó a Lyhanna a bordo de su auto. La nena lo conocía y confiaba en él, ya que era el padre de dos compañeros y amigos de ella.

Incluso, semanas atrás, Lyhanna había sido invitada a una pijamada en la casa de Barella, donde le había cocinado especialmente para ella. La mamá de la menor, Charly Rameau, ya le había pedido a su hija que se alejara de él luego de enterarse que el hombre solía esperarla a la salida escolar para llevarle meriendas.

Ese viernes, al notar que la nena no volvía a su casa, la familia radicó la denuncia y las fuerzas de seguridad activaron una alerta de desaparición. Horas más tarde, agentes de Gendarmería Nacional detuvieron a Barrella.

En su primera declaración, el sospechoso manifestó varias contradicciones en su relato, aunque intentó plantear una coartada: aseguró haber dejado a la menor esa misma tarde en la puerta de la pileta municipal.

Este falso testimonio desvió los esfuerzos iniciales y dio inicio a un megaoperativo desesperado. Durante seis días, decenas de gendarmes, unidades de buzos tácticos y patrullas vecinales rastrillaron bosques y estanques cercanos a la piscina en Fleurance.

El fatal desenlace se dio a conocer el 4 de junio. Tras seguir nuevas pistas vinculadas al imputado, los investigadores localizaron el cuerpo de la nena oculto dentro de un silo de grano ubicado en una granja abandonada en Puycasquier, a unos 15 kilómetros del colegio de Lyhanna. Se trataba de un predio rural donde Barella había trabajado en el pasado.

El cuerpo tenía prendas similares a las que llevaba puesta la menor, lo cual alimentó las peores sospechas. Al día siguiente, el resultado de las pruebas de ADN ratificó que se trataba de Lyhanna.

La cronología de la impunidad

La reconstrucción del historial delictivo de Barella y el fatal desenlace del caso de Lyahnna exponen una cadena de negligencias que comenzó a gestarse hace casi una década.

La primera alarma oficial fue en 2017, cuando la madre de una adolescente de 17 años denunció a Jérôme por mantener una relación con su hija. A pesar de la gravedad de la acusación, la causa fue archivada definitivamente al año siguiente por la fiscalía, que consideró que el vínculo era consentido, según consignaba la legislación de aquel entonces.

Tres años después, en 2021, el sospechoso volivó a quedar en el centro de las sospechas al ser despedido de su empleo como conserje en el colegio Maréchal-Lannes de Gers, luego de que las autoridades escolares detectaran “comportamientos inapropiados” con una alumna. Si bien el centro educativo notificó el hecho, la Fiscalía de Auch no inició ningún tipo de procedimiento judicial.

La impunidad continuó en 2022, cuando se presentó una nueva denuncia en el norte de Francia que lo acusaba directamente de violar a una nena de 7 años. Sin embargo, a causa de demoras burocráticas, el expediente tardó dos años en ser transferido de jurisdicción y terminó archivado por una supuesta falta de pruebas.

El punto más crítico de la inacción judicial se alcanzó en agosto de 2025, cuando la madre de una nena de 10 años se presentó como querellante en una causa que investigaba a Barella por violaciones reiteradas cometidas entre 2024 y 2025. La causa quedó “atrapada” nuevamente en retrasos administrativos al ser transferida de la Fiscalía de Toulouse a la de Auch.

Durante nueve meses de espera, ante los insistentes reclamos de la madre para que avanzara la causa, la policía llegó a amenazarla con denunciarla por acoso, según informaron medios locales. De esta manera, el sospechoso jamás fue citado a declarar.

Incluso, dos días antes de la desaparición de Lyhanna, el padre de otra menor presentó una nueva denuncia por violación contra Jérôme Barella.

El escándalo judicial

En los últimos días, la conmoción social por el asesinato de la nena de 11 años se trasladó a las calles de toda Francia. El domingo pasado, una multitudinaria “marcha blanca” de más de cientos de personas recorrió Fleurance para pedir justicia y acompañar a los padres de la menor, quienes le dedicaron un último mensaje: “Lyhanna, perdón por lo que viviste”.

Al día siguiente, las manifestaciones se replicaron frente al Ministerio de Justicia en París y en más de 150 puntos del país bajo la consigna “Justicia cómplice”.

En medio del escándalo, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ordenó una auditoría interna y le exigió a los fiscales revisar de urgencia unas 70.000 denuncias de abusos a menores antes del 14 de julio.

A su vez, el primer ministro, Sébastien Lecornu, propuso reformar el Código Penal para introducir la cadena perpetua para los violadores en serie, superando el tope actual de 20 años de prisión.

Por su parte, los sindicatos de magistrados y fiscales rechazaron ser los únicos responsables de la tragedia y apuntaron a un “colapso estructural”. Según denunciaron, Francia cuenta con apenas tres fiscales por cada 100.000 habitantes -muy por debajo de la media europea de 12-, carece de secretarios judiciales y destina la mayor parte de su presupuesto al sistema penitenciario y no a las tareas de investigación.

Leé también: Una muerte dudosa, 13 años de lucha y un femicidio que cambió la historia judicial de México

La causa por el asesinato de la nena de 11 años avanza bajo secreto de sumario, rodeada de interrogantes sobre los errores judiciales, mientras las calles de todo el país exigen una reforma penal inmediata.

La médica Soledad Barrera había llegado al hospital SMI de Montevideo para sacarse la vesícula. “Tranquila que es un ratito”, le dijo el cirujano que la atendió a su madre, Rosario Barrera, que esperaba afuera. Pero la intervención se complicó: la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio que la dejó en estado vegetativo durante 10 meses hasta que murió en agosto de 2024.

La anestesista que intervino en la cirugía fue condenada por homicidio culposo y sancionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) a cinco años sin ejercer. Sin embargo, las nuevas autoridades de la cartera le redujeron la pena a tres años, lo que generó molestia en la familia. Este viernes hubo una marcha por Montevideo en reclamo de Justicia.

Soledad había estado llorado antes de la operación al recordar a su hermana, que había fallecido tiempo atrás, contó su madre en una entrevista con el noticiero Subrayado de Canal 10. El cirujano tranquilizó a la madre diciéndole que era una operación de 40 minutos.

Soledad y Rosario siempre se saludaban con cuatro besos. “Chau, mamita”, le dijo antes de entrar al quirófano. No se imaginaba que sería una despedida para siempre: “Con ese: ‘Chau, mamita’ me quedé”.

Durante la operación Rosario sintió gritos. “¡Soledad, Soledad, despertate soledad!”, pero nadie salía de la sala. Los gritos continuaron hasta que apareció la antestesista Inés Miralles. Cuando la vio, la Barrera pensó: “Acá pasó algo feo porque nunca sale un anestesista a hablarte”. La vio nerviosa. “Las noticias no son muy buenas”, le dijo la profesional.

“¡Ya me mataron a una hija ni me quiten a la otra!”, atintó a decirle la madre. “Fue el peor día de mi vida. Se me terminó la vida ahí”, agregó en la entrevista.

A nivel judicial, Barrera decidió emprender una cruzada contra ella. La denuncia por mala praxis fue porque la madre entiende que la anestesista no realizó un “manejo adecuado” del equipamiento durante la intervención y señala que se ausentó durante unos minutos de la cirugía. Este detalle –su salida de la sala durante el proceso de la operación– derivó en la versión de que la anestesista es adicta al fentanilo, el potente opioide que se utiliza para calmar el dolor en estas intervenciones.

Durante la marcha de este viernes, decenas de personas caminaron por el Centro de Montevideo con el cartel “Justicia por Soledad Barrera”. “A mi hija la mataron. Va a hacer dos años en agosto. Fue operada de vesícula y falleció con la vesícula puesta. La anestesista la anestesió pero no la monitoreó, no la oxigenó y se fue del quirófano”, dijo Rosario Barrera en declaraciones a canal 4.

“Lo único que espero es que la gente se sensibilice, entienda lo que pasó, que pierda el miedo que tienen de denunciar cuando le pasan cosas raras”, dijo la madre entrevistada en Subrayado.

“Yo quería que ella estuviera presa y que le quitaran el título de por vida, cosa que nunca más pueda tocar un paciente. Sé que a mi hija nadie me la devuelve. Pero sí pido que no hayan más María Soledad Barrera, que esto nunca más pase”, dijo entre lágrimas la mujer.

Barrera agregó un mensaje para la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg: “Que se cruce del lado de ella para el mío y se ponga en el lugar de madre y piense lo que está haciendo y lo piense muy bien. Mañana le puede pasar a ella”.

Su hija soñaba con ser médica desde pequeña, aunque las posibilidades de la familia eran pocas para una familia del interior del país. Recordó los “sacrificios” que hizo, desde la venta de volantes hasta de empanadas, para poder hacer las fotocopias de los libros. “Era una divina persona por dentro y por fuera”, la recordó.

EXCLUSIVE — President Donald Trump’s «Liberation Day» tariffs promise is facing challenges from a new analysis that argues the sweeping trade policy failed to revive manufacturing and instead slowed job creation in the U.S.

The report, obtained first by Fox News Digital, lands months after Trump’s signature economic policies was handed a blow when the Supreme Court struck down sweeping tariffs, and businesses are now seeking billions of dollars in tariff refunds.

Trump’s April 2025 global tariff rollout marked the largest U.S. tariff hike in decades, delivering on a signature economic promise that higher duties would spark a manufacturing renaissance, bring factory jobs back to the United States and reduce Americans’ reliance on foreign goods.

Researchers at the Advancing American Freedom Foundation argue those goals never materialized, and estimate in their report that the tariffs resulted in up to 1 million fewer jobs nationwide than would have been expected under pre-tariff trends.

TRUMP SAYS US WOULD BE ‘DESTROYED’ WITHOUT TARIFF REVENUE

Manufacturing — the industry the tariffs were intended to help — fared particularly poorly, according to the damning report. Researchers estimate the sector lost roughly 75,000 positions during the policy’s first year, or about 6,250 jobs per month.

«We can say with an over 90% confidence level that manufacturing lost jobs because of the tariffs,» Richard Stern, vice president of the Plymouth Institute for Free Enterprise at Advancing American Freedom, told Fox News Digital.

Stern argued the tariffs backfired because many American manufacturers rely on imported components and equipment.

«Most of the Americans that are importing are American businesses, especially American manufacturers and producers,» he said. «So the tariffs really ended up being a tax on high-end American manufacturing.»

‘WE WERE RIGHT’: HE TOOK TRUMP’S TARIFFS TO THE SUPREME COURT AND WON

Manufacturing was a central focus of President Donald Trump’s 2025 tariff policy and a new analysis examining its economic impact. (Justin Merriman/Bloomberg via Getty Images)

If nothing else, the tariffs proved to be a windfall for Washington.

Duties climbed from $9.6 billion in March 2025 to $23.9 billion by May, according to Treasury data. By the end of the 2025 fiscal year, tariff collections reached $215.2 billion, roughly triple pre-tariff levels.

In January alone, duties totaled $30.4 billion, up about 242% from $8.9 billion a year earlier. Tariff revenue for the current fiscal year has already reached roughly $230 billion, more than four times the amount collected during the same period last year.

ONE YEAR LATER, TRUMP TARIFFS GENERATED BILLIONS AS REFUNDS TAKE SHAPE

FLOURISH CHART SHOWING TARIFF REVENUE: 29325373

But the report from AAFF, which was founded by former Vice President Mike Pence in 2021, contends the tariffs’ revenue success came at a cost.

Researchers found employment growth weakened across most sectors after the tariffs took effect, with manufacturing and trade-related industries among the hardest hit. Their analysis found a 99.9% probability that job growth slowed following the policy change.

When reached for comment about the report’s findings, White House spokesman Kush Desai did not address the claims, but instead took a swipe at the group, telling Fox News Digital: «Another useless memo is still not going to make Mike Pence relevant again.» 

AFTER SUPREME COURT BLOW, TRUMP ADMIN LAUNCHES $166B TARIFF REFUND PORTAL

Beyond employment, the report points to higher costs for American households and businesses.

According to the report, about 90% of the tariff burden fell on U.S. importers rather than foreign producers. The authors estimate the average American family paid about $1,000 more in tariff-related costs during 2025.

Researchers estimate Trump’s 2025 tariffs resulted in up to 1 million fewer jobs than would have been expected under pre-tariff economic trends. (Luke Sharrett/Bloomberg via Getty Images)

While businesses are seeking refunds following the Supreme Court’s ruling, Stern argued that repayment cannot reverse broader economic damage caused during the tariff period.

«You can’t undo the damage. You can’t undo a factory,» Stern said. «There are many that closed in America because they couldn’t get their hands on products used for manufacturing.»

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FOX NEWS APP

The report concludes that the tariffs «unlawfully taxed American families, wiped out nearly a million jobs, and were ultimately ruled illegal.»

The findings add a new dimension to the ongoing debate over Trump’s trade agenda, challenging the argument that higher tariffs would revive domestic manufacturing and create American jobs.

Read the full report: