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El tribunal que condenó a Cristina Kirchner avanza con el decomiso de bienes: incluye propiedades de los hijos de la expresidenta

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El decomiso de los bienes de Cristina Kirchner por su condena de la causa Vialidad avanza en la Justicia.

Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la sentencia que ordena concretar el recupero de 685.000 millones de pesos, el tribunal oral que impuso las condenas le mandó un oficio a la Corte Suprema de Justicia para avanzar con el asunto.

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Cristina KirchnerCaptura LN+

Quiere saber si, en función de las normas vigentes, alguno de los 111 inmuebles a ejecutar es de interés de la propia Corte para su utilidad o del Consejo de la Magistratura.

La comunicación estaba dirigida a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de Sergio Romero.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu le informó que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado los recursos de Cristina Kirchner, quien se oponía a que se avanzara sobre sus bienes.

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También, las presentaciones de Máximo y Florencia Kirchner para que no se decomisaran los bienes que fueron entregados a ellos por sus padres como adelanto de herencia.

Y el juez Rodríguez Uriburu recordó en ese oficio que el 18 de noviembre del año pasado se dio intervención a esa oficina a cargo de los bienes decomisados para que la Corte Suprema de Justicia decidiera si ella misma se quedaría con alguno de estos 111 bienes identificados en esta primera etapa o si son de interés del Consejo de la Magistratura.

El juez pidió que se resuelva si algún bien “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso [por la Corte] o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.

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Ya había sugerido el tribunal que, como la principal damnificada por la causa Vialidad es la provincia de Santa Cruz, se la tenga en cuenta a la hora de definir el destino de los bienes decomisados.

Los camaristas de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego BarroetaveñaNicolás Suárez

Es que la Acordada 22 del 2025 señala que es la Corte la que administra los bienes decomisados y que, antes de disponer el remate, se debe determinar si alguno de esos bienes pueden ser usados por el propio tribunal u otra dependencia del Poder Judicial; por ejemplo, para habilitar el funcionamiento de tribunales u oficinas judiciales.

Ahí está ahora el trámite. Sin embargo, Cristina Kirchner aún puede interponer un recurso de queja ante la propia Corte Suprema de Justicia.

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Una inveterada doctrina señala que las sentencias son ejecutables cuando se rechaza el recurso extraordinario, lo que habilitaría a que se pueda avanzar con el remate de los bienes.

El nuevo Código Procesal Penal señala que la sentencia queda firme cuando la Corte rechaza el último recurso, aunque en este caso un decomiso no es de las sentencias definitivas.

La Cámara Federal de Casación Penal avaló la ejecución del decomiso de bienes. El juez Gustavo Hornos destacó en este último fallo que el decomiso no se agota en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la efectiva recuperación de los activos provenientes del delito.

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Se admitió la ejecución sobre bienes pertenecientes a los condenados, así como sobre activos en poder de sociedades vinculadas o de terceros que hubieran recibido el producto o provecho del ilícito, incluso cuando tales bienes hubieran sido transmitidos a título gratuito o por vía hereditaria, como es el caso de Florencia y Máximo Kirchner. Esa decisión se tomó con los votos de los camaristas Hornos y Diego Barroetaveña, y la disidencia de su colega Mariano Borinsky.

En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme aquel fallo −lo que habilitó la ejecución de las penas−, pero el decomiso entró en un sendero de apelaciones que llevó a esta parte de la condena hasta la Casación. Era lo único que restaba ejecutar.

De los 111 inmuebles que abarca el decomiso, 84 son del empresario Báez, el principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz; 19 son propiedad de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el complejo Hotel Los Sauces, y uno solo es de la expresidenta, un terreno en el Calafate de más de 6000 metros cuadrados, que fue adquirido en 2007.

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Si estos bienes resultan insuficientes para cubrir el monto total, la Justicia avanzará contra el patrimonio de los demás condenados: el exsecretario de Obras Públicas, José López, y los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

En sus presentaciones, las defensas apuntaron a limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin “trazabilidad directa” con el delito.

La expresidenta, en particular, intentó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos, y una serie de terrenos en Lago Argentino -también en Santa Cruz-, todas propiedades que fueron cedidas a sus hijos, que no forman parte del proceso.

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Los 10 departamentos están ubicados sobre la calle Mitre al 500 y fueron adquiridos originalmente en 2007. En la misma ciudad se incluyen una vivienda situada en 25 de Mayo al 200, incorporada en 2010, y otra sobre la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.

Pero la estrategia de la expresidenta para aislar esas propiedades quedó enterrada con los votos de los jueces Hornos y Barroetaveña, quienes, en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar, se opusieron.

Hornos insistió en la necesidad de una “recuperación real y efectiva” de los activos provenientes del delito, y dijo: “La pena solo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito”. Hornos recibió el respaldo de su colega Barroetaveña.

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Respecto del planteo de la expresidenta sobre los bienes de sus hijos, señalaron los jueces que en los delitos de corrupción complejos no se puede exigir una “trazabilidad lineal” del dinero ilícito y que basta con probar una vinculación económica razonable.

Destacaron también que no es una pena contra Máximo y Florencia Kirchner en particular, sino una medida “restaurativa del patrimonio estatal”. “El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito”, afirmaron.

El juez Mariano Borinsky sostuvo que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito y propuso así excluir del decomiso las propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner.

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El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de “forma solidaria” por el monto actualizado que dispuso el TOF2 venció el 13 de agosto del año pasado, pero las partes apelaron y el decomiso quedó empantanado hasta la resolución que ordenó ahora su ejecución.




el recupero,Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Corrupción,Conforme a,Cristina Kirchner,,Se recupera en La Plata. Operaron a Máximo Kirchner de un tumor benigno,,Estaba programada. Máximo Kirchner se somete a una cirugía y antes aclaró: «Cristina quería venir pero no merece el show»,,»Harán lo que saben». Operaron a Máximo Kirchner en La Plata: el diputado no especificó el tipo de cirugía

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POLITICA

La presión que pesa sobre Milei, la disputa que anticipan en 2028 y la próxima elección que mira el Gobierno

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Javier Milei reunió el lunes pasado a todo su Gabinete en la Casa Rosada. Entró al Salón Eva Perón con un aire rampante, cuentan asistentes de la cumbre. El cambio de agenda que había logrado realizar con su cadena nacional por Malvinas había tenido repercusión internacional y consideraba que, al menos por un rato, la discusión pública sobre la marcha de la economía se había calmado. Tal vez no esperaba que en ese mismo encuentro se levantara una mano para volver a mencionar ese tema. Quien dispuso una discrepancia respecto a cierto ánimo optimista fue Patricia Bullrich: ponderó de buena manera las medidas por Malvinas, pero advirtió que no había que descuidar la agenda vinculada a la reactivación económica.

La respuesta fue tajante, tanto de Milei como de Luis Caputo. “No vamos a tocar ninguna palanca”, esgrimió uno de ellos. Aunque en las últimas semanas se dejaron trascender las dudas del ministro económico sobre ciertas decisiones políticas, quienes transitan la diaria de la gestión afirman que el dúo parece incólume. “Yo los veo iguales, con la misma posición. Cuando Patricia les hizo ese comentario ninguno de los dos reaccionó. Coincidieron en ser intransigentes y no tocar el modelo”, comentó otro de los integrantes del encuentro.

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La sintonía parece estar incluso mejor que en otras semanas. Milei se reunió con Caputo en la Quinta de Olivos un día después de haberle festejado el dato de inflación de agosto, que logró bajar 0,2 puntos porcentuales en la variación intermensual. El Presidente encuentra en esos encuentros una suerte de oasis donde puede validar sus propios sesgos y dar cuenta de que su hoja de ruta avanza según lo planeado, distinto a lo que se publica en medios de comunicación respecto al nivel de actividad, la dinámica del empleo formal o los números de morosidad.

Una persona que lo conoce como nadie lo explica de la siguiente manera: “Javier tiene bien claro que las operaciones son una constante y que van a venir. No le sorprende absolutamente nada. Ni lo de ANDIS, ni lo de Adorni, ni lo de Cerimedo. Así que eso lo tiene naturalizado. Sí le rompe los huevos que lo critiquen porque no baja más rápido la inflación o que le hagan lecturas fakes con la economía. Eso sí le importa”.

Javier Milei se abraza con Luis Caputo

Esta lectura es extendida en el Gobierno. A partir de esa circunstancia, cada cual juega su partida. Hay quienes eligen el camino de la genuflexión y prácticamente no realizar ninguna crítica a la política económica, mientras que otros la miran y, siempre en privado, hacen sus salvedades marcando sus preocupaciones de cara al año que se viene.

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Entre los segundos hay referentes que, ante Infobae, han dicho que ven al Presidente cansado del desgaste mediático que recibe su programa económico. “Le está pesando esta parte de la gestión”, admite en estricta reserva un referente que camina a su lado desde su lanzamiento político. Otros creen diametralmente lo contrario: “Me parece que se la está bancando bastante bien para el nivel de crítica que está teniendo. Sabe que hay cada vez más integrantes del círculo rojo que lo quieren bajar. Tiene la guardia alta porque sabe que está bajo mucha presión”.

Tal vez por eso no sea casualidad que después de festejar el número del IPC de agosto, Milei escribiera un texto destacando a los arqueros de fútbol, a quienes describió como figuras que no tienen margen para el error ni la distracción y que, por ende, deben tener “una voluntad de hierro para seguir luchando con uñas y dientes para defender a los suyos”.

El nivel de la inflación es la validación que recibieron Milei y la mesa económica del Gobierno luego de que el INDEC publicara el día anterior la retracción de la industria y la construcción durante el mes de julio, que volvió a hacer sonar las alarmas de quienes apuntan sobre la sostenibilidad de las políticas actuales. Esos números son los que validan la lectura de quienes, puertas adentro, miran la viabilidad política del Gobierno para continuar en esa senda.

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Tuit de Javier Milei publicado el jueves por la tarde, luego del dato de inflación del INDEC

Yo no tengo tan en claro que la reelección esté tan asegurada si la economía sigue como está. Somos los mejores cuando mostramos la baja de la inflación, pero esto es a costa de la contracción económica”, sentencia una fuente de primerísima línea de la Casa Rosada. No significa que Milei y Caputo crean que sea fácil conseguir el segundo mandato. La diferencia refiere a la intransigencia que se debe mantener respecto a la hoja de ruta ya trazada por el Presidente.

Mientras transcurren ciertos dilemas, la temporada de elecciones está más cerca de lo que parece. Aun así, no están establecidas ni se van a formalizar las alianzas con diferentes gobernadores o espacios políticos. Eso no se hará hasta los primeros meses del 2027. En todo caso, el armador nacional Lule Menem quiere generar principios de entendimiento con los gobernadores y no algo formal. El motivo es simple: el Gobierno solo podría hacerlo ex ante si los jefes provinciales ceden demasiado sus pretensiones, algo que no están dispuestos a hacer dado que no se sabe cuál será el poder relativo de los dos en los próximos meses. Lo mismo sucede en el caso opuesto.

Karina Milei ve que hay gobernadores aliados que “están jugando muy bien” con el Gobierno. En su entorno mencionan a Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), por decir algunos. Hay otros que son bien percibidos por la Casa Rosada, pero que tienen alianzas estructuradas en sus propios distritos que hacen difícil poder generar una conversación más franca. El caso paradigmático es el de Raúl Jalil, a quien su alianza táctica con referentes del kirchnerismo en el plano local le limita el vuelo que desearía para aliarse con los libertarios.

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Una de las pocas certezas que existen es que La Libertad Avanza quiere jugar fuerte en aquellas provincias con gobernadores cercanos al kirchnerismo, que son actualmente cinco. La derrota parece asegurada en Formosa, donde Lule intervino el partido provincial y no hay un candidato con capacidades reales de ganar. En la Provincia de Buenos Aires buscan ser optimistas, pero no son pocos los que ven cada vez más difícil la posibilidad de vencer al oficialismo kirchnerista.

Si los Milei quieren jugar fuerte para ganar La Rioja deberán pedirle a Martín Menem que se presente como candidato a la gobernación: el titular de Diputados lo hará si se lo piden y en su entorno creen que tiene chances concretas. La cúpula del partido nacional no se decide si la boleta en Tierra del Fuego será encabezada por el diputado nacional Santiago Pauli o el senador Agustín Coto.

Karina Milei y Martín Menem

Pero esta semana hubo efectos negativos en la percepción de La Libertad Avanza en La Pampa, donde quiere presentarse el vocero presidencial Adrián Ravier. Paradójicamente, fue por un decreto impulsado por Javier Milei que le quitó a la provincia las regalías generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, otorgándoselas a Mendoza. La medida tuvo una altísima controversia en la política local. Una persona que trabaja en la política local libertaria cuenta que “Ravier se refugia en su círculo de pocas personas, mientras en la estructura subterránea del partido hacen su propio juego”.

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Mientras tanto, la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo parece estar más aplacada que en otros tiempos. En ese primer sector afirman que necesitarán al asesor presidencial para los aspectos de estrategia comunicacional de la campaña y no quieren renegar de esos servicios. “Nosotros reconocemos que lo de Malvinas estuvo bien”, afirma uno de ellos. Eso no implica que la hermana presidencial prescinda del brazo digital que fue armado en el último año.

Esos gestos de conciliación podrían ser escuetos. En la medida que se acerque la disputa de poder por las candidaturas del año próximo, las internas aflorarán. No solo entre karinistas y caputistas. En su calidad de socia del proyecto libertario, Bullrich demandará representación. En su entorno vuelven a afirmar que no hay ningún tipo de chances de aspirar a una candidatura presidencial para el año próximo, pero lo que sí afirman es que su lanzamiento temprano hacia 2031 busca trazar “una continuidad que genere confianza”. Aunque nadie de su entorno lo diga, Martín Menem aparece como alguien con intenciones de continuar como referente de LLA, el espacio que integra desde 2021.

Alguien de estrecha cercanía a la hermana presidencial coquetea entre los elogios y la chicana respecto a la voluntad de la jefa libertaria en el Senado: “Ella nos puede dar un perfil político más conciliador. Tiene su imagen preexistente y suma un segmento de la sociedad. Si Patricia se quiere lanzar para dentro de seis años me parece espectacular. Nunca vi a nadie que se lance tanto tiempo antes y que llegue a la Presidencia”.

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Patricia Bullrich, presidenta del bloque LLA en el Senado

En el plano de lo político, quienes avizoran este conflicto de cara a un eventual segundo mandato auguran que Karina va a perder poder político porque “La Libertad Avanza va a morir como proyecto político una vez que se tenga la certidumbre de que Javier no tiene posibilidad de un segundo mandato”. “Como no le interesa seguir como político, la figura de un líder como Milei se puede difuminar y ahí va a arrancar la anarquía. Se van a sacar los ojos a partir de 2028. Esperemos que eso se postergue lo más posible”, agrega un importante legislador libertario. Son declaraciones que realizan aquellos a quienes les gusta jugar con los escenarios hipotéticos.

Volviendo al cortísimo plazo, Milei volverá a reunir a su Gabinete en la mañana de este lunes y a las 15 recibirá a los diputados y senadores nacionales de LLA para comentarles los ejes más importantes del proyecto de Ley que anunció en la cadena por Malvinas y el Presupuesto 2027.

Los operadores judiciales de la Casa Rosada estarán atentos a otro suceso de menor alcance mediático: el cierre de listas para las elecciones de representantes de la abogacía para el Consejo de la Magistratura. Karina Milei habilitó a que el oficialismo presente su propia lista, denominada Abogados por la Libertad. La liderará Luis Palomino, de estrechísima cercanía a Sebastián Pareja.

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Se trata de una cuestión que mantiene en vilo a buena parte del aparato judicial, ya que se ponen en juego cuatro de los veinte miembros del organismo que propone y remueve jueces federales y nacionales. El radicalismo se encolumnaría detrás de la lista que promueve Daniel Angelici con la perspectiva de obtener, de mínima, dos lugares. Pero el conflicto aparece entre las agrupaciones judiciales peronistas. Los sectores que responden al presidente del PJ porteño Juan Manuel Olmos, el exconsejero Diego Molea y a La Cámpora no logran ponerse de acuerdo en una lista de unidad.

Consejo de la Magistratura

En este último sector afirman que si alguno rompiera es porque tiene voluntad de dividir el voto para beneficiar a terceros ajenos al peronismo. Uno de los puntos que no permite acordar es la posición de hombres cercanos a Olmos por colocar a la cordobesa Itatí Demarchi, algo que no es visto con beneplácito por parte de Molea, quien mantiene una alianza táctica con los hombres del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. En tanto, La Cámpora tiene en mente nombres como Martín Doñate o Juan Martín Mena. Los lugares son codiciados porque el peronismo perderá un representante por los cambios de la composición que hubo en la Cámara de Diputados a partir de las últimas elecciones.

En el oficialismo nacional miran la contienda desde afuera y con tranquilidad. “La ventana de oportunidad ya pasó”, esgrimen, marcando que el Gobierno ya realizó más de 150 designaciones de jueces, fiscales y defensores desde la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia. En tanto, sigue habiendo interés por lugares vacantes en el Fuero Contencioso Administrativo, la que resuelve las causas del Estado.

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POLITICA

El Gobierno activa otra semana de alta exposición: dos proyectos clave a cargo de los Caputo y un viaje a terreno opositor

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Agosto fue de modorra. Septiembre, de ultragestión. Y la semana próxima promete mantener el ritmo. Las estrellas de la agenda serán legislativas. Los actos centrales estarán a cargo de los Caputo: la Casa Rosada presentará el martes el Presupuesto 2027 (a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo) y en la misma semana deberá quedar listo el proyecto de ley sobre Malvinas (una estrategia que conduce el asesor Santiago Caputo).

Ambas iniciativas se remitirán al Congreso e ingresarán por la Cámara de Diputados, que controla Martín Menem.

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Asimismo, el presidente Javier Milei ya tiene tres actividades en agenda: el lunes a las 10 volverá a reunir al Gabinete en Balcarce 50. Luego, a las 15, dará una charla con eje en temas económicos a senadores y diputados libertarios, que después cenarán en el local partidario de La Libertad Avanza (LLA) de San Telmo.

El viernes, Milei visitará Bahía Blanca para recorrer iniciativas aprobadas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según pudo confirmar LA NACION.

El Presidente junto a su Gabinete en el balcón de la Casa Rosada Nicolás Suárez

El Presupuesto 2027 revelará las proyecciones para el último año de administración libertaria, cuando Milei buscará reelegir.

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Las metas previstas pocas veces se cumplen rigurosamente y aparecen en un contexto de nuevas señales rojas, con la industria y la construcción negativas en julio (-5% y -4,6% respectivamente frente a junio).

Dicen fuentes al tanto que el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene guardados los números bajo siete llaves. Todavía importantes funcionarios del Ejecutivo que siguen el día a día de la tarea legislativa no vieron el detalle. Por ley, el 15 de septiembre el Gobierno debería remitirlo.

Ya está confirmado que el Presidente no irá al Congreso a presentar el Presupuesto. La defensa estará a cargo del equipo económico.

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El ministro de Economía, Luis CaputoFabián Marelli

En el último staff report, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó para 2027 en la Argentina un crecimiento de 4%, una inflación de 12,5% para el final del período, y un saldo fiscal primario en porcentaje del PBI de entre 1,4% y 1,8%. Economistas alineados con el Gobierno observan para el año próximo un panorama similar, pero con la inflación un tanto más arriba, entre 15% y 20%.

Para 2026, el FMI pronosticó para el final del período una inflación del 25%. Hasta agosto, el acumulado marcó 21,3%, en base al Indec.

La causa Malvinas

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En tándem, los equipos del estratega Santiago Caputo, con la Legal y Técnica de María Ibarzábal como punta de lanza, ultiman la ley que busca endurecer las sanciones contra las empresas que operen de manera ilegal en Malvinas. En ese proyecto también intervienen el Ministerio de Defensa, la Cancillería, la SIDE y la Procuración del Tesoro.

Santiago Caputo
Nicolás Suárez

El asesor, a quien notaban de capa caída en medio de la avanzada karinista, se mostró con otro talante estos días, apalancado por ser el ideólogo de la movida de Malvinas que reposicionó en la agenda al Presidente. “Está energizado, es otro”, comentó al pasar una fuente que lo trató.

Mientras el Gobierno se esfuerza por extender la retórica malvinera, que parecía no conmover a la plana mayor hace solo unos meses. Buscará endurecer las sanciones para las actividades ilícitas en el entorno de las islas y sumar otras ramas de negocios a las plausibles de penalidades, además de las hidrocarburíferas. También pedirá al Congreso facultades para el Consejo de Seguridad Nacional, anunciado por Milei en la cadena nacional.

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El viernes, en tanto, Milei hará un viaje local: se desplazará a Bahía Blanca. A diferencia de las dos veces anteriores que visitó la ciudad, tras temporales (uno de viento y otro de lluvia), ahora irá a conocer los proyectos RIGI aprobados.

En esa localidad -gobernada por el peronista Federico Susbielles– hay tres RIGI en marcha: uno de la compañía Fértil Pampa (de Pampa Energía), otro de Mega y otro de Transportadora Gas del Sur.

Milei en su primera visita a Bahía Blanca, con ropa militar

Así también Milei se mostrará en territorio bonaerense en los albores de la campaña electoral que, para el oficialismo y según cuentan fuentes al tanto, se activará formalmente en octubre.

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El Gobierno aprovechó esta semana para cargar contra la gestión del gobernador Axel Kicillof, que se proyecta como el principal candidato para competirle a Milei la reelección en 2027.

Con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la cabeza -quien desde hace años quiere ser gobernador-, la Casa Rosada fustigó a la gestión kicillofista tras dos violentos hechos de inseguridad en el conurbano: el crimen de un joven de 23 años asesinado por motochorros en José C. Paz; y la balacera a un policía retirado frente a su hija en las inmediaciones de un colegio en El Palomar.




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Fentanilo mortal: un informe del Gobierno revela que el potente anestésico y la morfina no tenían trazabilidad

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Un informe de auditoría del Gobierno, incorporado a la causa que investiga el juez federal Ernesto Kreplak por la muerte de 90 pacientes tras el suministro de fentanilo contaminado, reveló que el ese potente anestésico y la morfina permanecieron fuera del Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos durante nueve años, hasta septiembre de 2025.

El Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos fue creado en 2011, mediante la Disposición ANMAT N° 3683/2011, que reguló una primera etapa de implementación con un listado inicial de Ingredientes Farmacéuticos Activos alcanzados. Luego, en 2016, la Disposición N° 10.564/2016 estableció un nuevo listado de sustancias que debían incorporarse al sistema. En esa oportunidad, tampoco fueron incorporados el fentanilo y la morfina.

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En esa fechan la presidenta de la Nación era Cristina Fernández de Kirchner; el Ministerio de Salud estaba a cargo de Juan Luis Manzur y el interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) era Carlos Alberto Chiale.

El documento, que analiza el desempeño de la ANMAT, al que accedió de manera exclusiva Infobae, atribuye esa falla estructural a la falta de actualización normativa y advierte que partidas de fentanilo, propofol y dopamina elaboradas por HLB Pharma Group continúan sin ser recuperadas del mercado ni destruidas.

Según el informe de auditoría, el Propofol HLB tuvo una irregularidad puntual y particularmente grave: fue calificado directamente como un producto ”ilegítimo».

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HLB Pharma también elaboró un lote de  Propofol HLB de manera ”ilegítima

HLB Pharma Group elaboró y puso en venta el Propofol bajo un certificado que no le pertenecía: el Certificado N° 43.900 estaba registrado a nombre de otra firma, Surar Pharma S.A., y no de HLB Pharma. Es decir, que el laboratorio de Ariel García Furfaro fabricó y comercializó el anestésico usando la autorización sanitaria de otra empresa, sin contar con las debidas autorizaciones que le debía otorgar la propia ANMAT.

Se trata del lote 60000 de Propofol HLB y el informe lo describe así: “Ilegítimo. HLB PHARMA GROUP SA ha elaborado y puesto en venta un medicamento sin las debidas autorizaciones sanitarias”..

El Sistema Nacional de Trazabilidad permite identificar de manera individual cada unidad de un fármaco y seguirla a lo largo de toda la cadena de distribución, desde su elaboración hasta la entrega al paciente. Según el informe, hasta el 3 de septiembre de 2025 existían 148 Ingredientes Farmacéuticos Activos que no estaban incorporados a ese sistema.

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Un Ingrediente Farmacéutico Activo es la sustancia responsable del efecto terapéutico de un medicamento: en el fentanilo, ese ingrediente es el citrato de fentanilo; en la morfina, el sulfato de morfina. Ambos opioides fueron finalmente incorporados mediante la Disposición ANMAT N° 6223/2025, que derogó el listado anterior.

La fecha resulta significativa frente a la cronología judicial. El brote de contaminación bacteriana fue advertido por el Hospital Italiano de La Plata en los primeros días de mayo de 2025, y la ANMAT radicó la denuncia penal que dio origen a la causa el 12 de ese mes. La actualización del sistema de trazabilidad llegó recién tres meses y medio después, como respuesta al escándalo sanitario y no como una medida preventiva. “Dicha falta de actualización no permitió contar con información precisa sobre la localización de los medicamentos subestándar”, señala el informe.

El fentanilo están estrictamente regulados en otras partes del mundo desde hace tiempo

La ANMAT argumentó ante los auditores que existen otros mecanismos de control para sustancias como el fentanilo y la morfina, entre ellos un régimen específico con libros rubricados y reportes a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Los auditores rechazaron el argumento de manera expresa: “Los aspectos mencionados por el auditado (…) refieren a mecanismos regulatorios de control y registro con distinto alcance y finalidad, no configurando sistemas de trazabilidad”, sostuvo el informe.

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Cómo funciona la trazabilidad en Estados Unidos y la Unión Europea

La demora argentina contrasta con los plazos vigentes en otras jurisdicciones. En Estados Unidos, el sistema se estableció mediante la Drug Supply Chain Security Act, sancionada en 2013, con una implementación escalonada que culminó en 2023 con la trazabilidad electrónica a nivel de unidad individual para toda la cadena de distribución.

En la Unión Europea, el marco regulatorio es la Directiva de Medicamentos Falsificados, adoptada en 2011 y aplicable desde 2013, cuyo sistema de verificación mediante código de barras entró en vigor en 2019 en todos los países miembro. En ambos bloques, los plazos de cumplimiento para la trazabilidad universal de medicamentos ya están vencidos desde hace años, a diferencia de lo ocurrido con el fentanilo en la Argentina, que quedó cubierto por el sistema recién después del brote de contaminación.

Medicamentos de HLB Pharma sin recuperar

El informe vincula esa falla de trazabilidad con el estado del retiro de mercado de productos elaborados por HLB Pharma Group, la firma controlada por el grupo familiar de Ariel García Furfaro y elaboradora, junto con Laboratorios Ramallo, del fentanilo que la Justicia vincula con 90 muertes y 44 víctimas no fatales. Además de los dos lotes de fentanilo bajo custodia judicial, el informe constató que otras partidas del mismo medicamento, junto con lotes de propofol y dopamina de la misma firma, continúan sin ser recuperadas ni destruidas. Al respecto, los auditores fueron categóricos: “La totalidad de los lotes producidos por HLB Pharma no han sido recuperados a la fecha de emisión del presente informe”, señalaron en el documento, fechado en junio de 2026, y agregaron que “no se advierte que se hayan adoptado las medidas sanitarias concretas, efectivas y definitivas tendientes a la destrucción de la totalidad de los productos de la firma HLB que permanecen distribuidos en el mercado y en distintos efectores de salud”.

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Agustina Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, las dos ex funcionarias procesadas

Debilidades en el sistema informático

El informe también identificó fallas en la plataforma tecnológica que la ANMAT utiliza para gestionar los retiros de productos. Según los auditores, ese sistema “presenta falencias relevantes en cuanto a la calidad del registro y a la integración de la información”, sin controles de carga ni validaciones que garanticen el ingreso completo de datos críticos, como “la información detallada sobre las unidades recuperadas en comparación con las unidades previamente distribuidas”. Tampoco posee interoperabilidad con otros sistemas del organismo, lo que “eleva el riesgo de errores, inconsistencias y registros duplicados” y limita el seguimiento coordinado del proceso.

En sus conclusiones generales, el informe reconoce que la ANMAT adoptó diversas medidas regulatorias, sanitarias y judiciales, pero advierte que “las mismas resultan tardías en relación con la antigüedad, reiteración y criticidad de los incumplimientos observados, lo que permitió la persistencia en el tiempo de situaciones de riesgo sanitario”.

Dos ex funcionarias procesadas

La investigación que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata acumula 15 procesados. Los primeros 13 corresponden a directivos y responsables de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, entre ellos Ariel Fernando García y Diego Hernán García, imputados por adulteración de sustancias medicinales: tres permanecen detenidos, otros tres cumplen prisión domiciliaria y los siete restantes continúan en libertad.

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El 1 de septiembre, Kreplak amplió el procesamiento a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), a quienes consideró, de manera provisoria, “partícipes necesarias” del delito de adulteración de sustancias medicinales. El magistrado les impuso un embargo de 500.000 millones de pesos a cada una y la prohibición de salir del país, aunque continuarán el proceso en libertad. Según la resolución judicial, ambas ex funcionarias “no habrían adoptado a tiempo las medidas preventivas y correctivas que recomendaban los informes técnicos elaborados por áreas especializadas de control sanitario”, lo que permitió que los lotes de fentanilo contaminado siguieran producidos, distribuidos y utilizados en hospitales y clínicas de distintas provincias del país.

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