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El Gobierno levanta la guardia ante la marcha universitaria y la define como “completamente política”

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En la antesala de la nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para este martes a las 17 con la Plaza de Mayo como epicentro, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, rompieron el silencio. En dupla con su jefa directa, el funcionario definió a la convocatoria como “completamente política”.

En un diálogo llevado adelante en la sede de la calle Pellegrini de Capital Humano, ambos hablaron con un grupo de medios para dar su visión de la nueva marcha, rebatir acusaciones del sector universitario y apuntar contra los datos con los que se manejan para tomar decisiones.

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Pettovello y Álvarez anticiparon, además que piensan crear una comisión en las próximas semanas para rediseñar el nuevo criterio con el que distribuirán el presupuesto para hospitales universitarios de todo el país.

Compuesto por una partida de casi 80 mil millones de pesos que no fue ejecutada en lo que va de 2026, los funcionarios afirmaron que esa reasignación contemplará a todos los hospitales universitarios del país. Y que en la actualidad “el 95%” lo reclama la Universidad de Buenos Aires (UBA).

De hecho, de la UBA dependen seis instituciones reconocidas, como los hospitales de Clínicas, Roffo y Lanari; el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”; el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

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Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas; Roxana del Aguila, del Instituto de Oncología “Angel H. Roffo”; y Norberto Lafos, del Instituto Lanari. Todos dependientes de la UBACamila Godoy

Pettovello y Álvarez tomaron contacto con la prensa un día antes de la concentración en la que, además de la presencia del ámbito universitario, habrá una significativa presencia de partidos políticos opositores y sindicatos que cuestionan al gobierno del presidente Javier Milei.

Sobre los reclamos salariales de docentes y no docentes, otro de los focos principales de conflicto, apuntaron: “Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial”, dijo Álvarez. Tras lo que rápidamente agregó: “Pero esto, las características que tiene, está fuertemente influenciado por la política”, completó.

“O sea, no me saqué una foto yo con (el gobernador Axel,) Kicillof. Se la sacaron los rectores. No fui yo a una reunión con la CGT. O sea, si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitan que actores sociales que no tienen una relación directa, estén presentes?“, sostuvo Álvarez, a quien apodan ”El Galleguito”.

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Alejandro Álvarez, esta tarde en Capital HumanoMinisterio de Capital Humano

En la sede de Capital Humano están convencidos de ese punto y de que la mayor cantidad de datos sobre los alumnos, sus condiciones y cómo cursan, entre otros puntos que obtuvieron en el último tiempo y hasta la que antes no tenían acceso, serán centrales para la discusión que viene.

“¿Quién no quiere saber en qué se gasta el dinero? Ese es nuestro espíritu, nada más. No ir en contra de la UBA, ni en contra de ninguna universidad pública. Estamos a favor de la educación. Queremos desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber, sin saber que pasan cosas que no están bien”, dijo Pettovello en el correr de la charla.

“La gente tiene que tener información para después tomar una decisión de por qué apoya o no apoya”, agregó. “Tenemos que informarle a la sociedad en lo que estamos trabajando y de qué manera tomamos las decisiones que tomamos y por qué las tomamos. Me parece que es importante la batalla cultural”, dijo la ministra. “Queremos explicárselo para que la gente pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, completó.

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La ministra Pettovello con periodistas, este lunes en Capital HumanoMinisterio de Capital Humano

El eje central sobre que convoca la marcha de este martes es para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “La única ley que nosotros vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, marcó Álvarez. La judicialización de la ley llevó un largo derrotero, que hoy está en la Corte Suprema. También quedó trabado en el Congreso un proyecto alternativo.

Entre los puntos centrales que marcan los organizadores en el que sobresale la figura de Franco Bartolacci, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), está la advertencia que, desde 2023 hasta la actualidad, las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6%, situación que —según señaló— afecta de manera directa el funcionamiento de las universidades nacionales.

Desde Capital Humano rebaten el punto. “Ellos hacen una actualización, no es que las transferencias tomadas a peso constante aumentaron. Entonces, eso es, ajustándolo por inflación. Nosotros lo hemos admitido todo, obviamente, en relación a la inflación. Sin embargo, haciendo un enorme esfuerzo, el Estado, sobre todo el año pasado, actualizó los salarios universitarios muy por encima del promedio de todo el Estado. Y eso lo pueden ver en, en cualquier comparación”, aseguró Álvarez. Y agregó: “Es más, nuestro proyecto de ley, que ellos no quieren tratar, te establece un aumento del 12% en los salarios en tres partes”.

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En cuanto a la partida para hospitales universitarios, de casi 80 mil millones de pesos, sostienen: “Esa partida nosotros la vamos a consensuar con todas las universidades que tienen hospitales. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo se distribuía en más o menos el 70% para la UBA, y luego a Cuyo, a Córdoba y a La Rioja. El resto de los hospitales, en La Plata, el Nordeste, que es en Resistencia, Santiago del Estero, Tucumán, todos reciben cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Crear una comisión de hospitales universitarios y todos de acuerdo vamos a ver cómo se distribuye eso. Con un criterio objetivo», dijo Álvarez.

Los rectores en el Consejo Interuniversitario Nacional

Álvarez sumó: “Por ejemplo, un argumento contra esto que me decían de la UBA:´Ay, pero nosotros somos los que más enfermos atendemos´. Sí, está bien, pero yo lo tengo al rector de Chaco diciéndome: ´Yo estoy en la zona más pobre del país´. Entonces, ¿cuál es el criterio?“, preguntó. Al tiempo que coincidió con Pettovello al decir que históricamente eso se administró ”de manera arbitraria, de acuerdo a ningún parámetro, o al del lobby político».

La ministra dijo que los primeros dos años de gestión, el presupuesto estaba “reconducido”. “O sea, nosotros nos manejábamos con un presupuesto que no era nuestro. Este es el primer presupuesto nuestro y vamos a aplicar nuestro criterio. Esa partida nosotros la vamos a consensuar con todas las universidades que tienen hospitales”.

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Sobre el resto de las transferencias, y pese a los reclamos, aseguraron que “no hay un mes de atraso”.

En cuanto a los datos generales sobre los presupuestos y las diferentes universidades, aseguraron que los harán públicos en el corto plazo. “En unas semanas toda la gente va a poder acceder y saber a dónde va el dinero que todos ponemos”, explicó Pettovello. Será un sistema en el que buscarán volcar desde cantidad de alumnos, cómo se distribuyen las carreras, las universidades y los presupuestos que demandan, entre otros datos.

Pettovello y Álvarez con periodistas, este lunes, entre ellos representantes de Ministerio de Capital Humano

“Esa información hoy es pública, lo que pasa es que está en un mamotreto poco amigable, que son tablas de Excel que nadie lo trabaja como dato”, describió Pettovello: “Entonces, todo esto nosotros lo vamos a, a tomar del anuario estadístico, que va a seguir existiendo, pero esto lo que hace es simplificar la información”, agregó.

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Ante una consulta posterior de , sobre información publicada en el Boletín Oficial por un recorte en un programa de Secretaría de Educación, y la suspensión de transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, afirmaron que está “en línea con lo que hizo todo el Estado Nacional”.




partidos políticos,Cecilia Devanna,Conforme a

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Alertan por una maniobra para que una secretaria de un juez K quede al frente de la causa de la mansión atribuida a Toviggino

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En los pasillos de Comodoro Py y el Penal Económico comienza a circular un rumor que toma cada vez más fuerza: en medio del Mundial, y mientras toda la atención está puesta en Lionel Messi y los suyos, crece una maniobra para colocar a una secretaria cercana a un juez kirchnerista en una de las causas más sensibles para Claudio Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

El juez vinculado al kirchnerismo Alberto Lugones logró ubicar a su secretaria letrada en la terna para cubrir la vacante en el juzgado que tiene la causa de la mansión de Pilar.

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La noticia generó malestar entre Matías Yofe y Facundo del Gaiso, denunciantes del caso, quienes advirtieron en sus redes sociales que se trata de una nueva maniobra de “blindaje” para la AFA.

La candidata en cuestión es María Pérez Cárrega, colaboradora de Lugones en la propia Magistratura, quien pasó del puesto 12 del orden de mérito elaborado tras los exámenes de antecedentes y oposición a integrar la terna definitiva, tal como reveló el diario La Nación.

Tal como publicó Clarín, la designación llamó la atención dentro del propio ámbito judicial porque el Concurso 430, abierto en 2019 para cubrir la vacante del Juzgado Penal Económico N° 10, tuvo un desarrollo inusualmente extenso y cambiante.

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El examen escrito se realizó ese año, la primera orden de mérito fue aprobada en diciembre de 2020 y las entrevistas personales recién se concretaron en septiembre de 2022. Sin embargo, la propuesta definitiva de la Comisión de Selección recién fue aprobada en abril de este año y meses después ratificada por el plenario del Consejo.

Actualmente ese juzgado clave para la AFA está subrogado por la jueza Verónica Straccia, que ya tiene el expediente en su mano pero hasta acá se desconoce qué hizo con el caso.

La evolución del concurso es uno de los aspectos que más interrogantes genera. En la primera orden de mérito, elaborada sobre la base de los antecedentes académicos y profesionales y del examen escrito, Pérez Cárrega ocupaba el 12° lugar con 150,20 puntos. Los tres primeros puestos correspondían a Ignacio Labadens, María Juliana Márquez y Matías Alejandro Latino, mientras que otros ocho postulantes también la precedían.

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Sin embargo, luego de las entrevistas personales realizadas ante la Comisión de Selección, la situación cambió de manera significativa. El consejero Diego Barroetaveña, encargado de elaborar el informe sobre esa etapa del concurso, sostuvo que Pérez Cárrega había demostrado “un perfil integral y actualizado”, con especial capacitación en perspectiva de género y ética pública, y concluyó que su desempeño justificaba modificar el orden de mérito originalmente establecido. Barroetaveña renunció a la comisión de Etica de la AFA a principios de año.

En ese mismo dictamen señaló que, si bien los concursantes Esteban Horacio Murano, Rodolfo Rodrigo Florez, Mariano Carlos Madiedo, Mabel Elena Castelnuovo, Ramiro Velasco, Eduardo Emilio Botello y Santiago Roldán habían tenido un desempeño correcto y demostrado idoneidad durante las entrevistas, Pérez Cárrega exhibió «un conocimiento más acabado de los temas por los que fue preguntada», circunstancia que —según el informe— justificaba reevaluar el orden de mérito.

Con ese fundamento, Barroetaveña propuso que el listado definitivo quedara integrado por Ignacio Labadens, María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.

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El informe fue posteriormente aprobado por la Comisión de Selección con los votos de Alberto Lugones, Vanesa Siley, Santiago Viola, Hugo Galderisi y María Vázquez, y luego ratificado por el plenario del Consejo de la Magistratura.

Desde el punto de vista político, Lugones es el líder de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la más cercana al peronismo. Y Lugones, en particular, vota en sintonía con la estrategia judicial de Cristina Kirchner.

El expediente revela además otro dato que resulta relevante. Al momento de elaborarse el dictamen, Labadens integraba simultáneamente varias ternas correspondientes a otros concursos que ya habían sido remitidas al Poder Ejecutivo. Por ese motivo, Barroetaveña recomendó aplicar el artículo 48 del Reglamento de Concursos y disponer que Pérez Cárrega integrara la lista complementaria.

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Semanas después, el 25 de junio, el Poder Ejecutivo designó a Labadens como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 mediante el Decreto 506 firmado por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Poco después, el Decreto 588 oficializó la terna correspondiente al Juzgado Penal Económico N° 10, integrada por María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.

Entonces, de ocupar el puesto 12 pasó a integrar la nómina definitiva de candidatos para uno de los juzgados con mayor sensibilidad política del fuero, justamente el que deberá resolver buena parte de las investigaciones patrimoniales que involucran a la conducción de la AFA.

Claudio Tapia, AFA

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La Justicia citó a Facundo Leal, el extitular de Arsat y el Orsna que cayó con drogas y millones de dólares

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Facundo Leal, el expresidente de la empresa estatal Arsat y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), fue convocado hoy al Juzgado Federal N°2 de San Isidro para declarar en la causa en las que es investigado por presuntos sobornos.

Leal, que está detenido hace dos meses, cayó con drogas y millones de dólares en su poder. La Justicia le dictó la prisión preventiva, sin posibilidad de beneficiarse con la domiciliaria, en la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por presuntas maniobras de corrupción durante su paso por la empresa estatal de satélites Arsat.

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Leal fue titular de ARSAT y del Orsna durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, y está detenido hace dos meses en el penal de Ezeiza.

La justicia allanó sus viviendas en la Capital Federal y en Mendoza, lugares en los que encontró e incautó US$ 2.000.000 —sin un origen que pudiera ser explicado—, drogas sintéticas, ketamina y cocaína, además de equipos de vigilancia y seguimiento de personas y vehículos.

Leal se enfrenta a acusaciones de recibir retornos a cambio de adjudicar servicios en forma directa a una operadora privada. Será hoy indagado por el magistrado Lino Mirabelli, a cargo del juzgado de San Isidro. Hasta ahora no tuvo una postura colaborativa y hasta se negó a entregar la contraseña de su celular.

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A puro festejo y fumando un habano: se conoció un video de Insaurralde viendo el triunfo de la Selección en la casa de un empresario

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Luego de la difusión de las imágenes en las que Jesica Cirio muestra fajos de dólares guardados en un vestidor, se filtraron imágenes en redes sociales de Martín Insaurralde en una reunión con amigos en una casa en Puerto Madero mientras alentaban a la Selección argentina.

Se trata de la reaparición del exintendente de Lomas de Zamora, que está imputado en una causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

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El video difundido en redes sociales fue captado durante el partido de la Selección argentina del sábado ante Suiza y muestra a Insaurralde celebrando y fumando un habano rodeado de conocidos.

El encuentro se realizó en la casa de Rodrigo Fernández Prieto, empresario de la construcción y expareja de la modelo Floppy Tesouro. En las imágenes, difundidas por el periodista Gustavo Méndez, se observa al exjefe de Gabinete bonaerense junto al anfitrión y a Juan Napoli, banquero y excandidato a senador de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023.

La grabación representa una de las primeras apariciones de Insaurralde desde que salieron a la luz las imágenes de los dólares y la Justicia profundizó las medidas para determinar el origen y el destino del dinero.

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Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto cuando eran pareja

La Justicia busca determinar de quién eran los dólares del vestidor

El fiscal federal Sergio Mola sostiene como hipótesis que los dólares mostrados por Cirio pertenecían a la expareja y analiza incorporarlos a la acusación por presunto enriquecimiento ilícito.

Los investigadores estiman que el efectivo observado en los videos podría alcanzar los US$10 millones, aunque la cifra todavía deberá ser establecida mediante las pericias y las medidas de prueba incorporadas al expediente.

La fiscalía busca reconstruir el origen de esos fondos y si fueron gastados o invertidos y si pudieron haber sido ocultados mediante supuestos testaferros.

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Leé también: La niñera de la hija de Jesica Cirio declaró que nunca vio el vestidor donde se habrían filmado los fajos de dólares

En ese contexto, Mola pidió analizar llamadas, contactos y movimientos de los teléfonos de Insaurralde, Cirio y otras personas investigadas.

El objetivo es determinar si existieron comunicaciones vinculadas con el traslado o el posible ocultamiento del dinero. La causa está a cargo del juez federal Luis Armella. Insaurralde y Cirio continúan imputados, pero hasta el momento no fueron condenados por los hechos investigados

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Martín Insaurralde, Jesica Cirio, Selección argentina

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