POLITICA
Designaron al nuevo presidente del directorio de la obra social del personal militar
El Ministerio de Defensa oficializó mediante la resolución 311/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial la designación del General de Brigada Pablo Guillermo Plaza como nuevo presidente del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
La medida se produjo tras la renuncia del titular anterior, Sergio Maldonado, por lo que el ministro de Defensa, Carlos Presti, avanzó con el nombramiento de Plaza dentro del sistema de salud para el personal militar y civil vinculado a las fuerzas. La decisión, que tuvo lugar el 6 de mayo, se enmarcó dentro de las disposiciones del DNU N° 88/26, que creó a la obra social como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con el objetivo de brindar cobertura en todo el territorio argentino y asegurar la fiscalización estatal.
De esta manera, OSFA se configuró como un organismo con personería jurídica propia y legitimación procesal, lo que le permite actuar tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. Esta cualidad le otorga autonomía para la gestión de sus recursos y la definición de políticas internas, bajo la supervisión directa de la cartera ministerial.
El Directorio de la obra social está compuesto por cinco miembros titulares y cinco suplentes, los cuales fueron designados por el titular de Defensa. El mandato es por el período de dos años, con posibilidad de reelección por una sola vez. La normativa prevé que los suplentes puedan asumir las funciones de los titulares en caso de dimisión o ausencia justificada, garantizando así la continuidad operativa de la conducción del organismo.
Entre los requisitos exigidos para integrar el Directorio figuran condiciones de idoneidad técnica, experiencia en gestión de servicios de salud, seguridad social, administración pública y financiera, o dirección de grandes organizaciones. De este modo, se busca asegurar la capacidad de los responsables para enfrentar los desafíos de la administración de la obra social.
A principios de marzo, el Gobierno oficializó dichos nombramientos para la entidad encargada de la cobertura médica del personal militar en el país. La medida concretó la reestructuración del antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que fue dividido tras atravesar una severa crisis financiera a partir de la publicación en el Boletín Oficial.
De acuerdo con el decreto, la integración del directorio contempló dos representantes propuestos por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, uno por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, otro por el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina y un representante del personal civil de las Fuerzas Armadas o de la propia OSFA, según la futura reglamentación. La presidencia y vicepresidencia son rotativas, elegidas entre los miembros titulares y definidas por el Ministerio de Defensa.
El directorio quedó conformado por el general de brigada retirado Sergio Maldonado como presidente y el general de brigada retirado Omar Horacio Domínguez como vicepresidente. Los acompañan como titulares el capitán de navío retirado Gustavo Rubén Rivas y el comodoro retirado Juan Carlos Ruiz Pringles. Como suplentes fueron designados el coronel auditor retirado Juan José Collins, el coronel ingeniero retirado Darío Gabriel Banchio, el capitán de navío retirado Miguel Ángel Alonso y el comodoro mayor Sergio Luis Busdrago.
La OSFA y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) deberán destinar al menos el 80 % de sus recursos a prestaciones de salud, mientras que los gastos administrativos no podrán superar el 8 %. Si existiera excedente, hasta un 12 % podrá aplicarse a otras prestaciones sociales. Los aportes a la obra social se calcularán sobre todas las retribuciones remunerativas y no remunerativas, excluyendo asignaciones familiares, gastos y viáticos.
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POLITICA
Marcha Federal Universitaria, en vivo: hora, quiénes convocan y las últimas noticias hoy, 12 de mayo
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.
El acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18.
Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Las organizaciones convocantes argumentan que la situación presupuestaria de las universidades nacionales se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno.
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POLITICA
En medio de un fuerte operativo de seguridad, estudiantes y docentes universitarios marcharán a Plaza de Mayo
La cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada volverá a reunir este martes a rectores, docentes, estudiantes, gremios y organizaciones políticas en Plaza de Mayo. Mientras los organizadores esperan una convocatoria masiva, el Gobierno confirmó a TN que aplicará el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación vehicular en el centro de la Ciudad.
La movilización tendrá su acto central -con la lectura de un documento con críticas a Milei- a las 17 y se replicará en distintas ciudades del país bajo la consigna “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”. El reclamo apunta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025 y todavía sin ejecución efectiva por parte del Poder Ejecutivo.
“Ya llevamos 200 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y por eso el martes nos movilizamos en todo el país”, planteó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en la convocatoria oficial.
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que desplegarán el operativo en los principales accesos y arterias del microcentro porteño. El objetivo oficial será mantener liberada la circulación vehicular durante el desarrollo de la protesta.
La Universidad de Buenos Aires confirmó a este medio que concentrará desde las 14 en Plaza Houssay, en Córdoba y Junín, para marchar hacia Plaza de Mayo. La CGT convocó a las 15 en Diagonal Sur y Bolívar; las dos CTA se concentrarán en Diagonal Norte y San Martín; mientras que el PJ nacional y el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera Axel Kicillof, llamaron a movilizarse desde las 15.30 en Diagonal Sur y Perú, y el Frente Renovador, en avenida de Mayo y 9 de Julio.
Una protesta que vuelve a cruzar al Gobierno con las universidades
La nueva movilización llega después de meses de conflicto entre el Ejecutivo y el sistema universitario. La disputa atravesó el Congreso, derivó en fallos judiciales adversos para el Gobierno y terminó escalando hasta la Corte Suprema.
La ley de financiamiento universitario fue sancionada el 21 de agosto de 2025, vetada semanas después por Javier Milei y ratificada por el Congreso el 2 de octubre. El Gobierno suspendió luego su aplicación mediante el Decreto 759/2025 con el argumento de que la norma afectaba el equilibrio fiscal, pese a que la propia ley habilitaba adecuaciones presupuestarias.
El 23 de diciembre de 2025, la Justicia ordenó aplicar la norma y el Ejecutivo decidió apelar. En febrero de este año, además, envió al Congreso un proyecto para modificarla.
“No hay alternativa a una marcha: reclamás, dialogás, vas al Congreso, conseguís que se vote una ley, el Gobierno la veta; conseguís una mayoría muy difícil para rechazar el veto; conseguís dos fallos judiciales y el Gobierno sigue sin cumplir la ley. La única alternativa que queda es que la gente se movilice en todo el país”, dijo a TN Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.
Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto universitario sufrió un ajuste de 32,5% en términos reales entre 2023 y 2025 y la caída llegó al 41,6% si se toma el presupuesto vigente de 2026 respecto de 2023. El mismo informe señala que los salarios docentes y no docentes perdieron 34,2% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 hasta abril de este año.
Gremios y oposición confirmaron su participación
La marcha volverá a mostrar una convocatoria amplia alrededor del reclamo universitario. La CGT, las dos CTA, ATE, Conadu, Conadu Histórica, UOM, Aceiteros, Satsaid y gremios aeronáuticos, entre otros sectores sindicales, confirmaron su presencia. “El Gobierno quiere destruir la universidad pública y tenemos que evitarlo”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional y referente del Frente de Sindicatos Unidos.
Además de las distintas corrientes peronistas, la UCR y la izquierda también se sumarán. El reclamo por el financiamiento de las universidades públicas es tal vez el más transversal respecto de las representaciones políticas.
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