POLITICA
Cuarta Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno: todos los reclamos y el mapa de la movilización
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo, con concentración a partir de las 17 horas y discursos desde las 18.
Los reclamos principales son el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley —que refieren a la recomposición de salarios y becas—, la caída del financiamiento del sector y los salarios en caída libre, entre otros puntos.
La movilización llega en un momento de máxima tensión judicial: la semana pasada, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a llevar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efecto suspensivo sobre la cautelar que obligaba al Estado a transferir fondos al sistema universitario.
La convocatoria de hoy es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo y en otros puntos del país en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, bajo la consigna de impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión que ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.
El reclamo central no varió: exigir que el Ejecutivo cumpla la ley que el Congreso sancionó y que la Justicia respaldó en dos instancias. Las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según datos del sector. Los salarios docentes y no docentes perdieron aproximadamente el 50% de su poder adquisitivo, las becas del programa Progresar permanecen congeladas desde hace dos años en $35.000 —el valor de diciembre de 2023— y, según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios universitarios cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Se estima que el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza.
Protocolo antipiquetes
Si bien el protocolo antipiquetes (o “protocolo de orden público”) del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, se aplica a rajatabla en movilizaciones y concentraciones, en las tres marchas universitarias previas la estrategia del gobierno se centró en la contención y el vallado de puntos clave —como el Congreso o Plaza de Mayo— antes que en la prohibición total de la movilización en la calle. Junto al gobierno de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri, se dispusieron operativos para agilizar el tránsito de las columnas en los principales cruces de arterias.
La ley universitaria en los estrados
El fallo de la Sala III, firmado el 7 de mayo por los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández, concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la cautelar que ordenaba el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles.
La Cámara sostuvo que la resolución apelada “no reviste el carácter de sentencia definitiva” y que el expediente involucra la interpretación de normas federales, razón por la cual habilitó la intervención del máximo tribunal.
El efecto práctico es inmediato: mientras la Corte Suprema decida si toma el caso y qué alcance le otorga, el Estado no está obligado a transferir los fondos que reclama el sistema universitario.
El litigio tramita bajo la carátula “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”. El Gobierno argumenta que la aplicación plena de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas” y que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplirla requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado.
La Cámara, no obstante, rechazó los planteos de arbitrariedad y de gravedad institucional que invocó el Ejecutivo. Los jueces afirmaron que los argumentos del Estado “sólo traducen una mera discrepancia con las cuestiones resueltas” y que una eventual intervención de la Corte en esos términos “no tiene por objeto satisfacer o reparar un interés institucional”, sino “únicamente un interés patrimonial particular del propio Estado”. Tres de los cuatro miembros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— fueron además recusados por el sector universitario por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
Quiénes marchan y por qué
La convocatoria reúne un arco político y social que abarca al movimiento estudiantil, los gremios docentes y no docentes, las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión Industrial de la Argentina (UOM), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la Unión Cívica Radical (UCR) y partidos del peronismo y la izquierda. La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su adhesión y acompañamiento, aunque sin movilizar el aparato sindical de manera orgánica.
Uno de los elementos que distingue a esta cuarta marcha es la expectativa de una masiva participación de ciudadanos autoconvocados, al estilo de las primeras movilizaciones, cuando miles de personas sin bandera política o gremial se sumaron al reclamo.
Ese día se pudo observar a cientos de familias con sus hijos portando cartulinas escritas a mano que hacían alusión a la “educación pública y gratuita” y a la negativa a los recortes en el sector universitario y de investigación.
Referentes de la cultura también se sumaron a la convocatoria de hoy. Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Lizy Tagliani, Dolores Fonzi, Paco Amoroso, Lorena Vega, Malena Pichot y decenas de figuras del cine, el teatro y la televisión grabaron un video institucional en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) para llamar a movilizarse. Lali Espósito también expresó su respaldo, como lo había hecho en marchas anteriores. El músico Carlos “El Indio” Solari se sumó al llamado.
Clara Chevallier, secretaria general de CONADU, fue contundente: “El Gobierno viene dando manotazos de ahogado, tratando de bloquear judicialmente una ley que fue votada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso nacional. Los sindicatos siempre tenemos en claro que la principal arena de lucha no es la judicial, sino la acción gremial. Por eso, para este martes esperamos una marcha masiva que, además de defender a la universidad, sirva para articular esas broncas que estamos viviendo de forma privada, de manera aislada”. Y agregó: “Esperamos que el 12 de mayo sea el comienzo del fin de este gobierno”.
Abril Miranda, secretaria general de la Federación Universitaria de Mar del Plata, planteó el conflicto en términos estructurales: “Reconocemos que hay una transferencia directa del ajuste hacia las universidades nacionales, que tienen enormes dificultades para garantizar el funcionamiento básico. Los estudiantes vivimos en una situación de pluriempleo y, al igual que los docentes, tenemos que sostener dos o más trabajos para poder subsistir”. Miranda también advirtió sobre la deserción estudiantil: “Cada vez más alumnos abandonan las aulas, por no poder costear gastos de transporte, materiales de estudio y demás”.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, fijó el tono de la convocatoria: “Ahora más que nunca, la manifestación del 12 tiene que ser contundente. Un país recordándole a un presidente por qué es importante cumplir con la ley. Un país recordándole a un presidente por qué la educación es importante. Un país defendiendo lo que a Argentina le hace bien”. Bartolacci también advirtió que el sistema universitario se encuentra en “el punto histórico más bajo” de financiamiento, equivalente al 0,4% del PBI, y que incluso con la aplicación de la ley seguiría en ese piso.
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, sumó su voz desde la Patagonia: “El Gobierno no cumple la ley de financiamiento y, al hacerlo, brinda un mensaje pésimo para la ciudadanía. Esperamos una convocatoria realmente masiva, tanto o igual de grande que la primera marcha”.
El Ejecutivo sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario no prevé en forma expresa las fuentes de financiamiento y que su aplicación plena afecta “la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. La Subsecretaría de Políticas Universitarias trabaja en un proyecto de ley propio que reconoce un atraso salarial del orden del 12% durante el período 2023-2026 y prevé abonarlo en cuotas. El Gobierno también intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases y a suspender las medidas de fuerza.
En paralelo, la disputa se extendió a los hospitales universitarios. La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que el Gobierno no transfirió recursos para insumos, mantenimiento y equipos de sus hospitales.
El Gobierno nacional calificó como “falsas” las denuncias de desfinanciamiento realizadas por las autoridades de la UBA respecto a sus centros de salud. A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano sostuvo que se giraron “en tiempo y forma” los fondos previstos por ley para salarios y funcionamiento. Desde la UBA, en cambio, advierten que no reciben partidas operativas desde hace cuatro meses y que la situación es crítica.
La respuesta oficial llegó luego de que los directores de los hospitales universitarios alertaran que, de no regularizarse los envíos, los centros de salud —incluido el Hospital de Clínicas— podrían dejar de atender pacientes en un plazo de 45 días. En ese marco, señalaron que la deuda acumulada ronda los 20.000 millones de pesos, correspondientes a los primeros meses del año.
Al margen de esta discusión, central para los hospitales universitarios, la UBA difundió un comunicado en el que explicó los motivos de la movilización: “Marchamos para exigir al Gobierno Nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, que fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación. Para defender las universidades públicas, la ciencia nacional y la educación. Para que el sistema universitario público argentino siga funcionando”.
El Comité Nacional de la UCR también se expresó a través de un comunicado en el que convocó a la marcha y denunció que “a casi 200 días de su aprobación, el Poder Ejecutivo sigue sin aplicar” la ley. “Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo”, afirmó Bartolacci.
El triunvirato de la CGT se expresó a través de uno de sus miembros, Cristian Jerónimo: “Vamos a adherir y a acompañar la marcha de los universitarios para repudiar, rechazar las políticas del gobierno de Milei y solidarizarnos con esta gran lucha que están dando los compañeros”. Jerónimo subrayó que “el ajuste sobre la educación pública impacta directamente sobre la formación de técnicos y profesionales, además de limitar las posibilidades de movilidad social de millones de jóvenes trabajadores”.
Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que selló un acuerdo de lucha conjunta con el Frente de Unidad Sindical Universitaria —integrado por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADUH, FAGDUT, CTERA y UDA—, sintetizó la alianza con una frase: “El salario de los trabajadores y la universidad pública se defienden en unidad”.
El mapa de la marcha
La movilización en Buenos Aires se organizará en cuatro columnas principales que convergerán en Plaza de Mayo:
- Columna del sur y La Plata: sale desde Constitución, avanza por 9 de Julio, dobla en Avenida de Mayo y llega a Plaza de Mayo.
- Columna de Ciencias Económicas, Medicina y facultades del área norte: concentra desde las 16 en Córdoba y Junín y marcha por Callao, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.
- Columna de Psicología, Filosofía y Letras y facultades del área sur: ingresa por Entre Ríos, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.
- La UTEP: concentra desde las 14 en Belgrano y Diagonal Sur.
- Autoconvocados: marchan por Rivadavia hacia Plaza de Mayo.
Otras concentraciones confirmadas en la Ciudad de Buenos Aires:
- CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.
- CONADU Histórica y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Piedras y Avenida de Mayo.
- UOM y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.
- UCR (Comité Nacional): desde las 14, en Tucumán 1660.
- Autoconvocados y otras organizaciones: desde las 14, en Avenida de Mayo y Salta.
El acto central en Plaza de Mayo está previsto para las 18 horas. Harán uso de la palabra un representante de los trabajadores no docentes, un representante del cuerpo docente, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho. La movilización se replicará en todo el país, con marchas confirmadas en las principales ciudades de las 24 provincias.
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POLITICA
Un funcionario de Lula da Silva cruzó a Javier Milei por su respaldo a Flavio Bolsonaro: “Es el presidente más rechazado de América Latina”
El anuncio del viaje de Javier Milei a Brasil a fines de julio para respaldar a Flavio Bolsonaro generó una nueva tensión diplomática con el gobierno de Lula da Silva. Un funcionario del presidente brasileño calificó al mandatario argentino de “imbécil” y dejó en evidencia el deterioro de la relación entre ambos gobiernos.
“¡Gran noticia! Javier Milei anunció que vendrá a Brasil para participar en la campaña de Flavio Bolsonaro», ironizó en sus redes sociales el secretario General de la Presidencia de Lula, Guilherme Boulos, quien luego aseguró que el mandatario “es el presidente más rechazado de América Latina”.
“Elevó la jornada de trabajo a 12 horas por día y quiere legalizar el tráfico de órganos humanos. Va a quitar votos al Bolsonarinho”, sostuvo el funcionario del Planalto. “¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?“, sostuvo.
El posteo, publicado el viernes en X, es una reacción al viaje de Milei previsto para el próximo 25 de julio con destino a San Pablo para participar de la unción de Flavio Bolsonaro como el representante de la oposición en las elecciones de octubre.
Luego, irá a Brasilia para reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro, inhabilitado para competir tras su condena por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva en 2022.
“Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro”, había manifestado Milei dos semanas atrás cuando recibió al candidato en la Quinta de Olivos. La sumatoria de gestos para con la oposición profundizó aún más la relación con el Planalto con el que la Casa Rosada se limita a mantener lazos formales.
En contraste, el Presidente busca entablar alianzas estratégicas con los entrantes gobiernos de Perú y Colombia, más alineados con las políticas y el discurso de su gestión.
En ese sentido, Milei confirmó que el 28 de julio viajará a Lima para participar de la asunción de Keiko Fujimori, a quien felicitó por su triunfo y ubicó dentro del bloque de países que, según su lectura, decidieron “plantarse frente al socialismo y trabajar por la libertad”.
Después hará lo propio en Colombia, donde tiene previsto asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto. El mandatario argentino ya había celebrado esa victoria con un mensaje de fuerte tono ideológico al presentarla como un avance contra el narcotráfico, el crimen organizado y los gobiernos de izquierda en la región.
Leé también: El Gobierno busca acelerar un acuerdo para financiar la Base Naval Integrada de Ushuaia antes de las elecciones en Estados Unidos
Luego, aprovechará para visitar a Daniel Noboa en Ecuador, otro aliado regional con el que el Gobierno tiene acuerdos pendientes dentro de una agenda bilateral que combina seguridad, comercio, cooperación institucional y alineamiento internacional.
Así, el Gobierno de Milei polariza aún más el escenario regional y sigue de cerca las próximas elecciones en Brasil, con miras a que uno de los principales socios comerciales de la Argentina vuelva a compartir una misma sintonía ideológica con la Casa Rosada.
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En un intento por ordenar el complejo escenario de la infraestructura nacional, el oficialismo incluyó en su agenda prioritaria en el Senado para lo que resta del año un proyecto de ley que busca establecer un Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública que permitiría darle un cierre definitivo a contratos de obras públicas que, en algunos casos, arrastran una parálisis que ronda los veinte años.
La idea es destrabar la parálisis administrativa mediante el pago de una suma final y definitiva, la que será calculada en base a parámetros objetivos, a cambio de la renuncia a cualquier acción judicial vigente o futura contra el Estado. El régimen, en principio, tendrá una duración de 24 meses.
La propuesta es impulsada por el senador libertario Enzo Fullone (Río Negro) y también lleva la firma de la jefa de bloque, Patricia Bullrich (Capital), y de Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), entre otros miembros de la bancada oficialista.
Según confirmó Bullrich a , la iniciativa cuenta con la luz verde de la Casa Rosada para su tratamiento legislativo este año como parte de lo que sería una suerte de agenda legislativa de segunda generación que se discutiría de manera paralela a proyectos como la reforma electoral y las modificaciones a la ley de zonas frías, entre otras iniciativas calificadas como prioridad por la Casa Rosada.
La idea es empezar a discutirlo en comisiones una vez que se avance con el debate de una reforma a la ley de biocombustibles, proyecto que comenzó a discutirse en comisión en la primera semana de junio, pero quedó congelado por la extensa crisis que terminó con la eyección de Manuel Adorni del Gobierno.
Fullone, que fue directivo de Vialidad Nacional en Río Negro, fundamenta su proyecto en un escenario crítico, en lo que califica como un “sistema bloqueado” por contratos que permanecen abiertos administrativamente sin haber logrado nunca la recepción definitiva.
“Esta es una realidad extendida en todo el país”, sostuvo Fullone, quien destacó que el problema va más allá de las obras paralizadas. “Hay contratos que permanecen abiertos administrativamente, son contratos que no cuentan con recepción definitiva ni cierre formal, aunque en muchos casos las obras estén terminadas, en uso o hayan sido ejecutadas hace varios años”, explicó el senador.
Según los fundamentos del proyecto, existen al menos 57 obras públicas nacionales en estado de neutralización, y sólo en el caso de la provincia de Río Negro afecta a arterias emblemáticas y estratégicas como las rutas 22, 23 y 151, cuyos trabajos se iniciaron entre 2009 y 2021 y hoy afectan la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo regional.
El corazón del proyecto es el establecimiento de un sistema de “concesiones recíprocas” entre las empresas contratistas y el Estado Nacional para, así, poder ponerle punto final de mutuo acuerdo a los vínculos contractuales.
Para las empresas, el incentivo principal sería la condonación de multas generadas durante la parálisis y la liberación de garantías (pólizas de caución y fondos de reparo) una vez aceptado lo efectivamente ejecutado.
Además, las empresas se verán beneficiadas con una salida sin sanciones en el Registro de Constructores, siempre que no haya mediado dolo o culpa grave en las causas que llevaron a la paralización de la obra.
Por su parte, el Estado conseguiría de parte de los contratistas una renuncia expresa a cualquier reclamo por el lucro cesante por la parte no ejecutada de la obra, al tiempo que deberán aceptar el carácter de “cierre administrativo total”. Esto implica una renuncia recíproca a cualquier acción judicial o administrativa posterior, eliminando así el riesgo de futuros litigios cuyos costos terminan recayendo sobre el erario público.
“Certificación de cierre”
Uno de los puntos clave para la operatividad del sistema es la creación de una “certificación de cierre”. A través de esta figura, el Estado reconocerá a las empresas una suma fija y final por gastos de mantenimiento de obrador, acopios y vigilancia, lo que extingue cualquier pretensión por mayores costos administrativos.
Ese pago se realizará en base a un informe técnico previo que deberá elaborar la autoridad de aplicación, la cual el proyecto deja a elección del Poder Ejecutivo.
Ese informe deberá tomar en cuenta el grado de avance físico y financiero de la obra al momento de la parálisis, el tiempo transcurrido desde que se detuvieron los trabajos, las causales que llevaron a la neutralización de la obra o a la falta de recepción definitiva y la evaluación de conveniencia para el interés público.
Desde el bloque oficialista sostienen que esta medida es una “propuesta concreta para abordar un problema que la Argentina viene arrastrando desde hace más de veinte años”.
Según explicó Fullone, el objetivo final es no solo sanear el balance del Estado, sino también permitir que los emplazamientos actuales puedan ser intervenidos mediante nuevas modalidades de contratación con proyectos actualizados, mitigando así los riesgos actuales para quienes transitan las rutas nacionales.
Gustavo Ybarra,Obra pública,Conforme a,Obra pública,,Tras impedir su demolición. La joya arquitectónica de la avenida Alvear que mantendrá su identidad con una renovación clave,,Lo que viene. Los caminos rurales, eternos olvidados del debate público argentino,,Apertura de sobres. Avanza la licitación vial más grande del año con el regreso por los peajes de Cristóbal López y varios imputados en Cuadernos
POLITICA
El Gobierno apunta a que el debate parlamentario domine la agenda de la segunda mitad del año
A dos semanas de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, en medio de un escándalo político y judicial que se estiró por cuatro meses y generó un fuerte empantanamiento del oficialismo, en la Casa Rosada sienten que lograron dar “vuelta de página”. Y de cara a lo que viene en el próximo semestre, apuntan a una estrategia en la que la discusión parlamentaria domine la agenda pública.
Dentro de esa discusión, el mayor caudal de temas tendrá que ver con la agenda fundamentalmente económica, con eje en las reformas en ese área que busca el oficialismo. Mientras que, en paralelo, estará la reforma electoral con el objetivo de que no haya PASO en 2027 y los anuncios de las distintas carteras.
“El gran debate publico del Gobierno se va a dar en el Parlamento”, sintetizan desde el corazón del oficialismo. “Los cambios se tienen que dar allí”, agregan en línea con lo que buscan ser: “el Gobierno más reformista de la historia”. Esa es también la línea que se busca dejar bien claro en materia de comunicación: que los cambios que se tienen que dar, deben ser desde el Poder Legislativo.
Por lo pronto, en el Gobierno están aliviados y convencidos de que “ya se reactivó” el control de la agenda y la comunicación de la gestión, que habían perdido desde el comienzo del escándalo de Adorni. Y que, pese a los diferentes intentos por retomarlo, el drenaje de información desde los tribunales de Comodoro Py, en los que Adorni es investigado por presunto enriquecimiento y posibles dádivas, impidió hacerlo. Lo mismo frente a la presión en el Parlamento, en el que la oposición buscaba la interpelación.
En el oficialismo apuntan a que esos primeros pasos de cambios en materia de comunicación se dieron, primero, con los nombramientos del vocero Adrián Ravier y de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa. A eso sumaron poco después: “La salida de Manuel y la llegada del Colo”, en referencia a Diego Santilli, en la Jefatura de Gabinete.
En Comunicación, mientras que Ravier se enfoca en lo político, Fernández ocupa una plaza en la mesa política para dar su visión técnica de qué y cómo se debe comunicar.
Con el cambio de Santilli por Adorni creen que se dio “la primera vuelta de pagina en lo político y reactivó la agenda”, según definen en Balcarce 50. “Reactivamos la gestión en la opinión pública y en los medios”. El alivio es extendido en las filas libertarias.
En esa reactivación y los cambios que se buscan en el Congreso tiene un rol clave la búsqueda de avanzar con el proyecto de modificación de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), que fue el tema de la última reunión de Gabinete.
La maquinaria comunicacional en especial para los proyectos económicos incluye las conferencias de Ravier, la voz del titular del Palacio de Hacienda, Luis Toto Caputo, “para los mercados”, y entrevistas del propio Milei hablando sobre el tema.
Por estas horas hasta se piensa en una posible cadena para transmitir todos los detalles de los cambios en la carta orgánica del BCRA, en lo que consideran una de las principales directrices del proyecto económico de la administración libertaria. Y cuyo texto final estaría listo en las próximas semanas, según dejan saber desde el Ejecutivo.
“El gobierno tiene para adelante tres grandes líneas de trabajo”, agregan. El grueso de lo que viene está dado por todas las reforma grande a nivel económico con los cambios en la carta orgánica del BCRA y la posible ley de shut down, al estilo de lo que sucede en Estados Unidos.
A eso suman el próximo debate parlamentario con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y también que la próxima semana se buscará incorporar modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal, tras intercambios de consultadas con Colegios de contadores, según detallan fuentes al tanto del tema. Luego también será tiempo de la discusión parlamentaria en sesión por por Súper RIGI, que ya se giró a Senadores.
“Eso va a dominar la agenda de las próximas cuatro semanas”, apuntan en Balcarce 50. A la par de esa agenda económica estará la política, que estará encabezada por Santilli, con el respaldo de Karina Milei. Estará apuntada a las reformas políticas y electorales. Con un lugar central en el intercambio y discusión con los gobernadores.
Sobre ese último punto, en el que el apoyo de los mandatarios provinciales es central para la aprobación en el Congreso, de cara a eliminar las PASO, en Casa Rosada advierten un dato clave en materia de apoyos: “Para el presidente es tan o más importante el apoyo en el tema económico, que en lo político”, dicen sobre el aval que esperan tener de los mandatarios provinciales en lo que tiene que ver con los proyectos económicos como el de los cambios en la carta orgánica del BCRA.
Eso, para el Gobierno, es una suerte de directriz sobre lo que viene, para impedir la emisión económica para auxiliar al Tesoro. En cuanto a lo que se espera más allá de esos puntos fundamentales a nivel económico y político, el Gobierno también apunta a otros temas que involucran a la cartera de Federico Sturzenegger, con proyectos de futuro, que tiene que ver con la ley de sociedades autónomas, el mundo de la Inteligencia Artificial (IA), al igual que el Súper RIGI.
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En paralelo a eso, la idea es que también siga habiendo trabajo “interministerial”, como el que se da alrededor de la asistencia a Venezuela, desde que sufrió el doble terremoto dos semanas atrás y Argentina envió ayuda, en un trabajo que incluyó a Defensa, Seguridad, Salud, Capital Humano y Relaciones Exteriores.
También se esperan, para los próximos días, anuncios vinculados al área de Salud, que estará informando obras en el Hospital Pedro Garrahan; en el área de Educación, ya hay satisfacción por los resultados que se comunicaron de las pruebas Aprender, una de las primeras comunicaciones de esta nueva etapa.
En el área de Relaciones Exteriores apuntan a que se viene de concretar, los viajes que en las siguientes semanas hará el presidente, con agenda oficial en Perú, Ecuador y Colombia, además de Brasil.
También se comunicarán novedades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con “medidas preventivas para temas vinculados al posible efecto climático de ”El niño». Y habrá anuncios en cuanto a prepagas para las fuerzas de seguridad.
Con la nueva organización comunicacional con Ravier como vocero y Fernández en el área de Comunicación y Prensa, está idea de sumar, además de conferencias todos los martes, otras que sean por “temáticas” y por regiones.
“Este es un gobierno que, por definición, no corta cintas”, dijo un hombre del Gobierno en relación a lo que viene y distinguiéndose de sus predecesores. Si no que, insistió, está fundamentalmente más orientado “al paquete de reformas”. Para eso recuerdan que el mandatario cerró su última reunión de Gabinete, este jueves 9 de julio: “Sigamos haciendo el gobierno más reformista“.
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