POLITICA
Cuarta Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno: todos los reclamos y el mapa de la movilización
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo, con concentración a partir de las 17 horas y discursos desde las 18.
Los reclamos principales son el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley —que refieren a la recomposición de salarios y becas—, la caída del financiamiento del sector y los salarios en caída libre, entre otros puntos.
La movilización llega en un momento de máxima tensión judicial: la semana pasada, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a llevar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efecto suspensivo sobre la cautelar que obligaba al Estado a transferir fondos al sistema universitario.
La convocatoria de hoy es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo y en otros puntos del país en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, bajo la consigna de impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión que ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.
El reclamo central no varió: exigir que el Ejecutivo cumpla la ley que el Congreso sancionó y que la Justicia respaldó en dos instancias. Las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según datos del sector. Los salarios docentes y no docentes perdieron aproximadamente el 50% de su poder adquisitivo, las becas del programa Progresar permanecen congeladas desde hace dos años en $35.000 —el valor de diciembre de 2023— y, según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios universitarios cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Se estima que el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza.
Protocolo antipiquetes
Si bien el protocolo antipiquetes (o “protocolo de orden público”) del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, se aplica a rajatabla en movilizaciones y concentraciones, en las tres marchas universitarias previas la estrategia del gobierno se centró en la contención y el vallado de puntos clave —como el Congreso o Plaza de Mayo— antes que en la prohibición total de la movilización en la calle. Junto al gobierno de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri, se dispusieron operativos para agilizar el tránsito de las columnas en los principales cruces de arterias.
La ley universitaria en los estrados
El fallo de la Sala III, firmado el 7 de mayo por los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández, concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la cautelar que ordenaba el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles.
La Cámara sostuvo que la resolución apelada “no reviste el carácter de sentencia definitiva” y que el expediente involucra la interpretación de normas federales, razón por la cual habilitó la intervención del máximo tribunal.
El efecto práctico es inmediato: mientras la Corte Suprema decida si toma el caso y qué alcance le otorga, el Estado no está obligado a transferir los fondos que reclama el sistema universitario.
El litigio tramita bajo la carátula “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”. El Gobierno argumenta que la aplicación plena de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas” y que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplirla requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado.
La Cámara, no obstante, rechazó los planteos de arbitrariedad y de gravedad institucional que invocó el Ejecutivo. Los jueces afirmaron que los argumentos del Estado “sólo traducen una mera discrepancia con las cuestiones resueltas” y que una eventual intervención de la Corte en esos términos “no tiene por objeto satisfacer o reparar un interés institucional”, sino “únicamente un interés patrimonial particular del propio Estado”. Tres de los cuatro miembros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— fueron además recusados por el sector universitario por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
Quiénes marchan y por qué
La convocatoria reúne un arco político y social que abarca al movimiento estudiantil, los gremios docentes y no docentes, las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión Industrial de la Argentina (UOM), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la Unión Cívica Radical (UCR) y partidos del peronismo y la izquierda. La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su adhesión y acompañamiento, aunque sin movilizar el aparato sindical de manera orgánica.
Uno de los elementos que distingue a esta cuarta marcha es la expectativa de una masiva participación de ciudadanos autoconvocados, al estilo de las primeras movilizaciones, cuando miles de personas sin bandera política o gremial se sumaron al reclamo.
Ese día se pudo observar a cientos de familias con sus hijos portando cartulinas escritas a mano que hacían alusión a la “educación pública y gratuita” y a la negativa a los recortes en el sector universitario y de investigación.
Referentes de la cultura también se sumaron a la convocatoria de hoy. Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Lizy Tagliani, Dolores Fonzi, Paco Amoroso, Lorena Vega, Malena Pichot y decenas de figuras del cine, el teatro y la televisión grabaron un video institucional en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) para llamar a movilizarse. Lali Espósito también expresó su respaldo, como lo había hecho en marchas anteriores. El músico Carlos “El Indio” Solari se sumó al llamado.
Clara Chevallier, secretaria general de CONADU, fue contundente: “El Gobierno viene dando manotazos de ahogado, tratando de bloquear judicialmente una ley que fue votada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso nacional. Los sindicatos siempre tenemos en claro que la principal arena de lucha no es la judicial, sino la acción gremial. Por eso, para este martes esperamos una marcha masiva que, además de defender a la universidad, sirva para articular esas broncas que estamos viviendo de forma privada, de manera aislada”. Y agregó: “Esperamos que el 12 de mayo sea el comienzo del fin de este gobierno”.
Abril Miranda, secretaria general de la Federación Universitaria de Mar del Plata, planteó el conflicto en términos estructurales: “Reconocemos que hay una transferencia directa del ajuste hacia las universidades nacionales, que tienen enormes dificultades para garantizar el funcionamiento básico. Los estudiantes vivimos en una situación de pluriempleo y, al igual que los docentes, tenemos que sostener dos o más trabajos para poder subsistir”. Miranda también advirtió sobre la deserción estudiantil: “Cada vez más alumnos abandonan las aulas, por no poder costear gastos de transporte, materiales de estudio y demás”.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, fijó el tono de la convocatoria: “Ahora más que nunca, la manifestación del 12 tiene que ser contundente. Un país recordándole a un presidente por qué es importante cumplir con la ley. Un país recordándole a un presidente por qué la educación es importante. Un país defendiendo lo que a Argentina le hace bien”. Bartolacci también advirtió que el sistema universitario se encuentra en “el punto histórico más bajo” de financiamiento, equivalente al 0,4% del PBI, y que incluso con la aplicación de la ley seguiría en ese piso.
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, sumó su voz desde la Patagonia: “El Gobierno no cumple la ley de financiamiento y, al hacerlo, brinda un mensaje pésimo para la ciudadanía. Esperamos una convocatoria realmente masiva, tanto o igual de grande que la primera marcha”.
El Ejecutivo sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario no prevé en forma expresa las fuentes de financiamiento y que su aplicación plena afecta “la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. La Subsecretaría de Políticas Universitarias trabaja en un proyecto de ley propio que reconoce un atraso salarial del orden del 12% durante el período 2023-2026 y prevé abonarlo en cuotas. El Gobierno también intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases y a suspender las medidas de fuerza.
En paralelo, la disputa se extendió a los hospitales universitarios. La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que el Gobierno no transfirió recursos para insumos, mantenimiento y equipos de sus hospitales.
El Gobierno nacional calificó como “falsas” las denuncias de desfinanciamiento realizadas por las autoridades de la UBA respecto a sus centros de salud. A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano sostuvo que se giraron “en tiempo y forma” los fondos previstos por ley para salarios y funcionamiento. Desde la UBA, en cambio, advierten que no reciben partidas operativas desde hace cuatro meses y que la situación es crítica.
La respuesta oficial llegó luego de que los directores de los hospitales universitarios alertaran que, de no regularizarse los envíos, los centros de salud —incluido el Hospital de Clínicas— podrían dejar de atender pacientes en un plazo de 45 días. En ese marco, señalaron que la deuda acumulada ronda los 20.000 millones de pesos, correspondientes a los primeros meses del año.
Al margen de esta discusión, central para los hospitales universitarios, la UBA difundió un comunicado en el que explicó los motivos de la movilización: “Marchamos para exigir al Gobierno Nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, que fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación. Para defender las universidades públicas, la ciencia nacional y la educación. Para que el sistema universitario público argentino siga funcionando”.
El Comité Nacional de la UCR también se expresó a través de un comunicado en el que convocó a la marcha y denunció que “a casi 200 días de su aprobación, el Poder Ejecutivo sigue sin aplicar” la ley. “Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo”, afirmó Bartolacci.
El triunvirato de la CGT se expresó a través de uno de sus miembros, Cristian Jerónimo: “Vamos a adherir y a acompañar la marcha de los universitarios para repudiar, rechazar las políticas del gobierno de Milei y solidarizarnos con esta gran lucha que están dando los compañeros”. Jerónimo subrayó que “el ajuste sobre la educación pública impacta directamente sobre la formación de técnicos y profesionales, además de limitar las posibilidades de movilidad social de millones de jóvenes trabajadores”.
Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que selló un acuerdo de lucha conjunta con el Frente de Unidad Sindical Universitaria —integrado por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADUH, FAGDUT, CTERA y UDA—, sintetizó la alianza con una frase: “El salario de los trabajadores y la universidad pública se defienden en unidad”.
El mapa de la marcha
La movilización en Buenos Aires se organizará en cuatro columnas principales que convergerán en Plaza de Mayo:
- Columna del sur y La Plata: sale desde Constitución, avanza por 9 de Julio, dobla en Avenida de Mayo y llega a Plaza de Mayo.
- Columna de Ciencias Económicas, Medicina y facultades del área norte: concentra desde las 16 en Córdoba y Junín y marcha por Callao, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.
- Columna de Psicología, Filosofía y Letras y facultades del área sur: ingresa por Entre Ríos, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.
- La UTEP: concentra desde las 14 en Belgrano y Diagonal Sur.
- Autoconvocados: marchan por Rivadavia hacia Plaza de Mayo.
Otras concentraciones confirmadas en la Ciudad de Buenos Aires:
- CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.
- CONADU Histórica y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Piedras y Avenida de Mayo.
- UOM y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.
- UCR (Comité Nacional): desde las 14, en Tucumán 1660.
- Autoconvocados y otras organizaciones: desde las 14, en Avenida de Mayo y Salta.
El acto central en Plaza de Mayo está previsto para las 18 horas. Harán uso de la palabra un representante de los trabajadores no docentes, un representante del cuerpo docente, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho. La movilización se replicará en todo el país, con marchas confirmadas en las principales ciudades de las 24 provincias.
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POLITICA
Patricia Bullrich se diferenció de Javier y Karina Milei: “Mi compromiso es con este proyecto, pero también con mis principios»
Patricia Bullrich confirmó este lunes no apoyará el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, la candidata para el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, cuyo nombre fue vetado por el gobierno por ser familiar de un periodista.
En un largo posteo en X, la senadora explicó los motivos de su decisión: “Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”.
La senadora remarcó que es parte de este proyecto y “apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden».
La senadora destacó que le comunicó su decisión a Milei y que no afecta su relación con el gobierno, ya que “en una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”.
“El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio. Sigo empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso”, concluyó la exministra.
En las últimas horas, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Milei enviaron al Senado un pedido para retirar el pliego de Michelli. La postulación ya había reunido nueve firmas en la Comisión de Acuerdos, de un total de 17 miembros, y se encontraba lista para dictamen, pero el oficialismo se niega a avanzar con ella.
La objeción central es por el parentesco de Michelli con Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación que investigó, entre otros temas, el caso Libra y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El retiro del pliego de Michelli deberá ahora ser convalidado en el recinto del Senado con mayoría simple.
La sesión para tratar los pliegos enviados por Mahiques y el retiro de Michelli está prevista para el próximo jueves 4 de junio.
De esta manera, Bullrich vuelve a desmarcarse de algunos lineamientos del gobierno, como cuando pidió que Adorni muestre su declaración jurada, en medio del avance de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
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“¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla“, cuestionó Bullrich semanas atrás.
Y agregó: “Si él dijo que él tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana».
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POLITICA
Senado: Patricia Bullrich se desmarca del Gobierno y se niega a votar el retiro del pliego de Michelli
La jefa del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich (Capital), anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” y que votará en contra del retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata cuya postulación Javier Milei impugna por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, escribió Bullrich en la red social X, despegándose de la decisión del Gobierno, que el martes de la semana pasada pidió el retiro del pliego que nomina a Michelli como vocal del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.
“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, agregó la senadora en su posteo en la red social.
La postura de Bullrich amenaza con abrir una crisis en el oficialismo, ya que es un un hecho inédito que una jefa de bloque parlamentario anuncie públicamente que votará en contra de la orden emanada por el Gobierno que la puso al frente de la bancada oficialista.
Mucho más cuando la orden de vetar a Michelli fue dictada por la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei.
Esta no es la primera vez que Bullrich se pone en contra de los intereses políticos de Karina Milei. Hace menos de un mes tuvo un fuerte cortocircuito con la jefa de La Libertad Avanza al pedirle, de manera pública, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presentara “cuanto antes” su declaración jurada de bienes para terminar con la polémica en torno al patrimonio del funcionario.
“Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden. Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión”, agregó Bullrich en su pronunciamiento en la red social X.
En prevención de las críticas que podría recibir, la jefa de la bancada oficialista en el Senado sostuvo que “el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio” y que sigue “empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso”.
“Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida”, concluyó la senadora.
La postura de Bullrich podría acelerar los tiempos en el Senado, sobre todo porque la nominación de Michelli cuenta con las firmas necesarias para obtener dictamen, pero el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto (LLA-La Rioja), se niega a presentar el documento.
La objeción que le podría costar la postulación de Michelli, y que había firmado el propio Milei a mediados de marzo último, es ser la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de que trabajó en investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones.
Esa postura de Pagotto va en contra de todas las normas reglamentarias y de la voluntad de los legisladores que le dieron su visto bueno a la candidata.
Pagotto es riojano y llegó al Senado en 2023 de la mano de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.
El legislador tiene línea directa con Karina Milei, que fue quien pidió nombrarlo al frente de Acuerdos, y se suele jactar en privado de tener libertad de acción para desmarcarse de las órdenes de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.
Hasta ahora, el enojo de los senadores por la no presentación del dictamen se mantiene en privado. El miércoles, a las 11, está prevista una reunión de Labor Parlamentaria en la que se decidirá el temario de la sesión del próximo jueves.
En esa sesión debería votarse el retiro del pliego de Michelli pedido por el Poder Ejecutivo. La postura de Bullrich abre un fuerte interrogante sobre si el Poder Ejecutivo tendrá la mayoría para terminar de vetar la posturlación de la candidata.
La nota pidiendo el retiro de la postulación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue puesto en ese sitial por la hermana presidencial, y del jefe del Estado, Javier Milei.
Preocupación de los abogados
Más temprano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “suma preocupación” por la solicitud por parte del Poder Ejecutivo Nacional para retirar del Senado el pliego de Michelli, candidateada originalmente para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.
El pliego de Michelli fue enviado al Senado por el Ministerio de Justicia, pero el Gobierno decidió bloquearlo cuando advirtió que Michelli es cuñada del periodista Alconada Mon, que investigó y publicó casos de corrupción ligados a la administración mileísta.
Los abogados del Colegio de la Ciudad dijeron que el pliego ya tendría dictamen favorable de la comisión correspondiente del Senado. “Debe destacarse que el pliego en cuestión cumplió todas las instancias previstas por el proceso de selección de magistrados, resultando aprobado en cada una de ellas”, destacaron los letrados.
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POLITICA
Crisis en la obra social de Camioneros: hay recortes en remedios y empresas de la esposa de Moyano en la mira
La obra social de Camioneros dejó de aplicar descuentos en medicamentos incluso para tratamientos crónicos, según las quejas de los afiliados, en un cuadro de deterioro creciente de la entidad que se suma a una deuda con prestadores de al menos $32.400 millones y a pedidos formales de intervención ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) por presuntas irregularidades y fallas en la atención.
Esa solicitud la hizo en abril pasado la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública), a raíz de que la obra social atiende a 190 mil afiliados y arrastra problemas de administración de recursos y deficiencias prestacionales. En su presentación, sostuvo que la deuda en las seccionales del interior ascendía a $32.400 millones a febrero de 2026 y que, si se computa la provincia de Buenos Aires, llegaría a $60.000 millones.
Sin embargo, la SSS nunca le dio una respuesta oficial a Ocaña sobre su pedido, algo que la ex ministra de Salud atribuyó a cuestiones políticas: “Es que para el Gobierno la casta sindical no se toca”, sostuvo.
Ahora, la legisladora porteña anticipó a Infobae que pedirá a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sobre las 6 empresas de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, una de las cuales se encarga del gerenciamiento de la obra social, porque “nada de su patrimonio se vio afectado, mientras que las prestaciones médicas hoy son casi nulas”.
La profunda crisis del sistema de salud de Camioneros se va agravando pese a que todos los meses recibe una multimillonaria suma de dinero de las cámaras empresariales pactada en las paritarias como contribución para la obra social: desde marzo pasado, al sindicato le llegan mensualmente 4750 millones de pesos, ya que recibe $25 mil por trabajador cada 30 días en un universo de 190 mil afiliados.
Pese a eso, según el diario Clarín, hace dos semanas varias farmacias dejaron de vender con descuento a afiliados de la obra social de Camioneros por deudas impagas. La última alternativa era Farma Social, en la esquina de Brasil y Santiago del Estero, a 200 metros de la sede sindical de Hugo Moyano, pero en los últimos días también dejó de entregar productos con cobertura.
A quienes se acercaron con recetas para comprar medicamentos, sondas, leches medicamentosas para bebés y pañales, les informaron que no había stock. La opción que les ofrecieron, de acuerdo con el diario, fue pagar el 100% del valor y luego solicitar reintegro, una salida que muchos afiliados dijeron no poder afrontar.
“Es fin de mes, no tengo un peso y hasta el cuarto día hábil de junio no cobro. No sé qué quieren que hagamos. Pasaron un límite, es la medicación de los chicos”, dijo un afiliado que pidió reserva de identidad a Clarín. Ese trabajador contó que cobra alrededor de $2 millones con horas extra y que le descuentan unos $30.000 de mutual, $60.000 de obra social y $70.000 de cuota sindical.
Otro trabajador, que gana $1,5 millón, relató que en la farmacia le dijeron que no tenían lo recetado “porque la droguería no les entregó, pero la droguería no les entrega porque la obra social no les paga”.
Los descuentos para los afiliados variaban según la rama del gremio y si además aportaban a la mutual sindical. La cobertura iba del 50% en medicamentos, por la suma del 40% fijado por el Programa Médico Obligatorio y un 10% adicional para quienes tributaban a la mutual, hasta el 90% para afiliados de la rama recolección de residuos que también aportaban a esa entidad.
La situación actual implica que afiliados que antes accedían a esos porcentajes ya no consiguen los remedios con rebaja en las farmacias que seguían atendiendo a la obra social. Según Clarín, los reclamos de afiliados aparecen en la página web del gremio, aunque luego son borrados por el administrador del sitio.
En mayo pasado, Hugo Moyano convocó de urgencia a un plenario sindical para analizar la crisis de la obra social y allí defendió su gestión y atribuyó las críticas sobre el manejo de la salud de los afiliados a “mentiras y estupideces” de los medios. “Cuando veo algunas críticas, pienso en los problemas que sufrimos en la economía argentina y en cómo seguimos administrando. Todas estas estupideces que salen en la prensa no hay que darle mucha importancia porque el 99% son mentiras. Son cosas que inventan para perjudicar a los dirigentes”, señaló.
El deterioro financiero de la obra social de Camioneros no es nuevo. A fines del año pasado, no pudo pagar en tiempo y forma los salarios del personal profesional de sus sanatorios, y eso derivó en protestas.
Esas medidas de fuerza se registraron en clínicas de Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y en el Sanatorio Antártida, en el barrio porteño de Caballito. En el caso del Sanatorio 15 de Diciembre III, ubicado en Laprida 4211, en Villa Martelli, los empleados arrastraban un retraso prolongado en el cobro de salarios, mientras que en otras clínicas se había abonado la mitad del sueldo.
La crisis de la obra social de Camioneros lleva al menos cuatro años y el déficit financiero fue el detonante de una pelea entre Hugo Moyano y su hijo Pablo Moyano.
Moyano controla dos obras sociales, una corresponde a la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y otra a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que atiende al resto del país. Según un informe contable oficial, esta última adeudaba a sus prestadores $26.617 millones a agosto pasado y en febrero de 2026 la deuda acumulada era de $32.400.693,39.
En ese contexto, también circulan versiones sobre la venta del Sanatorio Antártida y sobre una posible operación inmobiliaria para desprenderse de un predio de 10 hectáreas en Escobar perteneciente a la mutual, como parte de una búsqueda urgente de liquidez.
Liliana Zulet es apuntada en el conflicto porque es la dueña de IARAI, la empresa que gerencia OSCHOCA. Ella es la fundadora de esa compañía y Valeria Salerno, hija de un matrimonio anterior de Zulet, integra el directorio.
En su presentación ante la Superintendencia de Servicios de Salud, Ocaña afirmó que OSCHOCA debería ser “un modelo de prestaciones para la Argentina”, pero describió otro cuadro: “Obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica. Aquí no hay efecto derrame; los cuantiosos fondos que manejan no se vuelcan a prestaciones de calidad y mejoras del servicio de salud. Actúan como una especie de ‘caja chica’ que de chica no tienen nada para Hugo Moyano”.
La legisladora porteña recordó denuncias iniciadas en 2006 y actuaciones judiciales sobre un presunto desvío de fondos de OSCHOCA hacia empresas vinculadas al entorno familiar de Moyano, en especial IARAI S.A. También citó que la Unidad de Información Financiera denunció en 2013 maniobras de triangulación de dinero entre la obra social y firmas como IARAI S.A., ACONRA S.A. y Dixey S.A., y vinculó esas operaciones con la supuesta sustracción de más de $570 millones.
La presentación de Ocaña añadió que los subsidios del sistema de salud recibidos por OSCHOCA crecieron de $334 millones en diciembre de 2014 a $776 millones a fines de 2016, sin que la situación financiera mejorara. Entre los balances de 2017 y 2022, la obra social registró capital de trabajo, patrimonio neto y resultado operativo en negativo, mientras la cantidad de beneficiarios pasó de 205.964 a 191.813.
La legisladora de Confianza Pública fundamentó el pedido de intervención en el artículo 27 inciso 3° de la ley 23.660, que faculta a la autoridad sanitaria a intervenir obras sociales ante deficiencias graves en su funcionamiento administrativo o prestacional.
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