POLITICA
Cuarta Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno: todos los reclamos y el mapa de la movilización


El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo, con concentración a partir de las 17 horas y discursos desde las 18.
Los reclamos principales son el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley —que refieren a la recomposición de salarios y becas—, la caída del financiamiento del sector y los salarios en caída libre, entre otros puntos.
La movilización llega en un momento de máxima tensión judicial: la semana pasada, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a llevar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efecto suspensivo sobre la cautelar que obligaba al Estado a transferir fondos al sistema universitario.
La convocatoria de hoy es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo y en otros puntos del país en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, bajo la consigna de impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión que ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.
El reclamo central no varió: exigir que el Ejecutivo cumpla la ley que el Congreso sancionó y que la Justicia respaldó en dos instancias. Las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según datos del sector. Los salarios docentes y no docentes perdieron aproximadamente el 50% de su poder adquisitivo, las becas del programa Progresar permanecen congeladas desde hace dos años en $35.000 —el valor de diciembre de 2023— y, según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios universitarios cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Se estima que el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza.

Protocolo antipiquetes
Si bien el protocolo antipiquetes (o “protocolo de orden público”) del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, se aplica a rajatabla en movilizaciones y concentraciones, en las tres marchas universitarias previas la estrategia del gobierno se centró en la contención y el vallado de puntos clave —como el Congreso o Plaza de Mayo— antes que en la prohibición total de la movilización en la calle. Junto al gobierno de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri, se dispusieron operativos para agilizar el tránsito de las columnas en los principales cruces de arterias.
La ley universitaria en los estrados
El fallo de la Sala III, firmado el 7 de mayo por los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández, concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la cautelar que ordenaba el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles.

La Cámara sostuvo que la resolución apelada “no reviste el carácter de sentencia definitiva” y que el expediente involucra la interpretación de normas federales, razón por la cual habilitó la intervención del máximo tribunal.
El efecto práctico es inmediato: mientras la Corte Suprema decida si toma el caso y qué alcance le otorga, el Estado no está obligado a transferir los fondos que reclama el sistema universitario.
El litigio tramita bajo la carátula “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”. El Gobierno argumenta que la aplicación plena de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas” y que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplirla requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado.
La Cámara, no obstante, rechazó los planteos de arbitrariedad y de gravedad institucional que invocó el Ejecutivo. Los jueces afirmaron que los argumentos del Estado “sólo traducen una mera discrepancia con las cuestiones resueltas” y que una eventual intervención de la Corte en esos términos “no tiene por objeto satisfacer o reparar un interés institucional”, sino “únicamente un interés patrimonial particular del propio Estado”. Tres de los cuatro miembros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— fueron además recusados por el sector universitario por tener cargos docentes vigentes o en licencia.

Quiénes marchan y por qué
La convocatoria reúne un arco político y social que abarca al movimiento estudiantil, los gremios docentes y no docentes, las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión Industrial de la Argentina (UOM), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la Unión Cívica Radical (UCR) y partidos del peronismo y la izquierda. La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su adhesión y acompañamiento, aunque sin movilizar el aparato sindical de manera orgánica.
Uno de los elementos que distingue a esta cuarta marcha es la expectativa de una masiva participación de ciudadanos autoconvocados, al estilo de las primeras movilizaciones, cuando miles de personas sin bandera política o gremial se sumaron al reclamo.
Ese día se pudo observar a cientos de familias con sus hijos portando cartulinas escritas a mano que hacían alusión a la “educación pública y gratuita” y a la negativa a los recortes en el sector universitario y de investigación.
Referentes de la cultura también se sumaron a la convocatoria de hoy. Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Lizy Tagliani, Dolores Fonzi, Paco Amoroso, Lorena Vega, Malena Pichot y decenas de figuras del cine, el teatro y la televisión grabaron un video institucional en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) para llamar a movilizarse. Lali Espósito también expresó su respaldo, como lo había hecho en marchas anteriores. El músico Carlos “El Indio” Solari se sumó al llamado.

Clara Chevallier, secretaria general de CONADU, fue contundente: “El Gobierno viene dando manotazos de ahogado, tratando de bloquear judicialmente una ley que fue votada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso nacional. Los sindicatos siempre tenemos en claro que la principal arena de lucha no es la judicial, sino la acción gremial. Por eso, para este martes esperamos una marcha masiva que, además de defender a la universidad, sirva para articular esas broncas que estamos viviendo de forma privada, de manera aislada”. Y agregó: “Esperamos que el 12 de mayo sea el comienzo del fin de este gobierno”.
Abril Miranda, secretaria general de la Federación Universitaria de Mar del Plata, planteó el conflicto en términos estructurales: “Reconocemos que hay una transferencia directa del ajuste hacia las universidades nacionales, que tienen enormes dificultades para garantizar el funcionamiento básico. Los estudiantes vivimos en una situación de pluriempleo y, al igual que los docentes, tenemos que sostener dos o más trabajos para poder subsistir”. Miranda también advirtió sobre la deserción estudiantil: “Cada vez más alumnos abandonan las aulas, por no poder costear gastos de transporte, materiales de estudio y demás”.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, fijó el tono de la convocatoria: “Ahora más que nunca, la manifestación del 12 tiene que ser contundente. Un país recordándole a un presidente por qué es importante cumplir con la ley. Un país recordándole a un presidente por qué la educación es importante. Un país defendiendo lo que a Argentina le hace bien”. Bartolacci también advirtió que el sistema universitario se encuentra en “el punto histórico más bajo” de financiamiento, equivalente al 0,4% del PBI, y que incluso con la aplicación de la ley seguiría en ese piso.
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, sumó su voz desde la Patagonia: “El Gobierno no cumple la ley de financiamiento y, al hacerlo, brinda un mensaje pésimo para la ciudadanía. Esperamos una convocatoria realmente masiva, tanto o igual de grande que la primera marcha”.

El Ejecutivo sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario no prevé en forma expresa las fuentes de financiamiento y que su aplicación plena afecta “la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. La Subsecretaría de Políticas Universitarias trabaja en un proyecto de ley propio que reconoce un atraso salarial del orden del 12% durante el período 2023-2026 y prevé abonarlo en cuotas. El Gobierno también intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases y a suspender las medidas de fuerza.
En paralelo, la disputa se extendió a los hospitales universitarios. La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que el Gobierno no transfirió recursos para insumos, mantenimiento y equipos de sus hospitales.
El Gobierno nacional calificó como “falsas” las denuncias de desfinanciamiento realizadas por las autoridades de la UBA respecto a sus centros de salud. A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano sostuvo que se giraron “en tiempo y forma” los fondos previstos por ley para salarios y funcionamiento. Desde la UBA, en cambio, advierten que no reciben partidas operativas desde hace cuatro meses y que la situación es crítica.
La respuesta oficial llegó luego de que los directores de los hospitales universitarios alertaran que, de no regularizarse los envíos, los centros de salud —incluido el Hospital de Clínicas— podrían dejar de atender pacientes en un plazo de 45 días. En ese marco, señalaron que la deuda acumulada ronda los 20.000 millones de pesos, correspondientes a los primeros meses del año.
Al margen de esta discusión, central para los hospitales universitarios, la UBA difundió un comunicado en el que explicó los motivos de la movilización: “Marchamos para exigir al Gobierno Nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, que fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación. Para defender las universidades públicas, la ciencia nacional y la educación. Para que el sistema universitario público argentino siga funcionando”.

El Comité Nacional de la UCR también se expresó a través de un comunicado en el que convocó a la marcha y denunció que “a casi 200 días de su aprobación, el Poder Ejecutivo sigue sin aplicar” la ley. “Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo”, afirmó Bartolacci.
El triunvirato de la CGT se expresó a través de uno de sus miembros, Cristian Jerónimo: “Vamos a adherir y a acompañar la marcha de los universitarios para repudiar, rechazar las políticas del gobierno de Milei y solidarizarnos con esta gran lucha que están dando los compañeros”. Jerónimo subrayó que “el ajuste sobre la educación pública impacta directamente sobre la formación de técnicos y profesionales, además de limitar las posibilidades de movilidad social de millones de jóvenes trabajadores”.
Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que selló un acuerdo de lucha conjunta con el Frente de Unidad Sindical Universitaria —integrado por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADUH, FAGDUT, CTERA y UDA—, sintetizó la alianza con una frase: “El salario de los trabajadores y la universidad pública se defienden en unidad”.
El mapa de la marcha
La movilización en Buenos Aires se organizará en cuatro columnas principales que convergerán en Plaza de Mayo:
- Columna del sur y La Plata: sale desde Constitución, avanza por 9 de Julio, dobla en Avenida de Mayo y llega a Plaza de Mayo.
- Columna de Ciencias Económicas, Medicina y facultades del área norte: concentra desde las 16 en Córdoba y Junín y marcha por Callao, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.
- Columna de Psicología, Filosofía y Letras y facultades del área sur: ingresa por Entre Ríos, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.
- La UTEP: concentra desde las 14 en Belgrano y Diagonal Sur.
- Autoconvocados: marchan por Rivadavia hacia Plaza de Mayo.
Otras concentraciones confirmadas en la Ciudad de Buenos Aires:
- CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.
- CONADU Histórica y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Piedras y Avenida de Mayo.
- UOM y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.
- UCR (Comité Nacional): desde las 14, en Tucumán 1660.
- Autoconvocados y otras organizaciones: desde las 14, en Avenida de Mayo y Salta.
El acto central en Plaza de Mayo está previsto para las 18 horas. Harán uso de la palabra un representante de los trabajadores no docentes, un representante del cuerpo docente, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho. La movilización se replicará en todo el país, con marchas confirmadas en las principales ciudades de las 24 provincias.
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POLITICA
Santa Fe prohibió a los cuidacoches y fijó penas de hasta 80 días de arresto

Cada vez hay más provincias que prohíben a los “trapitos”. El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó ayer la Ley 14.486, que aplica sanciones de hasta 80 días de arresto al ofrecimiento de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero u otro beneficio, incluso cuando es voluntario.
El decreto 2121, firmado también por el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, puso en vigencia la iniciativa impulsada por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas. En esa ciudad, hay 1.218 de los 1.395 cuidacoches identificados.
La promulgación llega después de años de discusión e incluso persecución policial a la actividad. Solo en 2025, según reportes de Rosario, hubo 200 detenciones vinculadas con esa actividad.
La ley incorpora al Código de Convivencia de Santa Fe como contravención la tarea de los trapitos. El régimen solo podrá aplicarse en los municipios que adhieran mediante una ordenanza propia.
La Legislatura había aprobado la norma dos semanas antes, cuando el Senado insistió con su versión original y rechazó los cambios incorporados por la Cámara de Diputados. Hubo resistencias, por ejemplo, del Arzobispado de Rosario, que a través de su obispo Eduardo Martín ya venía cuestionando la prohibición y había propuesto “regulación y ordenamiento de la actividad”.
La contravención alcanza a quienes actúen sin autorización en lugares donde una disposición municipal prohíba la actividad. La prohibición rige incluso cuando el pago sea presentado como una colaboración voluntaria.
La pena inicial será de dos a diez días de trabajo comunitario y la imposibilidad de volver al lugar donde se cometió la infracción. En caso de reincidencia, la sanción pasará a ser de 10 a 20 días de arresto.

Las penas y sus agravantes
Los mínimos y máximos se duplicarán si hubo violencia o amenazas, si la actividad se desarrolló en áreas de estacionamiento tarifado o si se aprovechó una situación de vulnerabilidad de la víctima. La misma escala se aplicará a los hechos cometidos entre las 18 y las 6, en zonas escolares, bancarias, comerciales o cercanas a edificios públicos.
La sanción agravada también abarcará las inmediaciones de espectáculos y eventos públicos masivos, dentro de un radio de hasta 20 cuadras. Ese alcance se extenderá desde dos horas antes del inicio de la actividad hasta una hora después de su finalización.
Cuando dos o más personas acuerden previamente realizar estas tareas, recibirán entre 10 y 20 días de arresto. Si se comprueba la existencia de organizadores, coordinadores o responsables, el máximo de la pena podrá multiplicarse por cuatro, es decir, puede alcanzar hasta 80 días de arresto.
El gobierno de Santa Fe deberá desarrollar políticas de prevención e inclusión junto con los gobiernos locales. Esas medidas contemplarán capacitación en oficios, intermediación laboral y acciones sobre salud mental y consumos problemáticos.
Los municipios serán responsables de aplicar las contravenciones y podrán solicitar intervención policial para apartar del espacio público a los presuntos infractores. Cada administración local deberá aprobar su adhesión para que el esquema entre en funcionamiento.
Rosario prepara su adhesión

El Concejo Municipal de Rosario realizó su cuarta mesa de trabajo sobre la situación de los cuidacoches el mismo viernes de la promulgación. En ese marco, Seisas participó del encuentro para exponer los alcances de la ley y las dificultades de su implementación en la ciudad.
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, sostuvo que la legislación provincial establece un marco al que cada municipio debe adherir y se planteó avanzar con la ordenanza que habilite su aplicación local. En el ámbito legislativo, se debatió la necesidad de distinguir los casos de extorsión de aquellos en los que existe un pedido de colaboración voluntaria.
Otros distritos y provincias ya avanzaron en medidas similares, luego de una primera etapa de regulación y registro, que no logró la simpatía de la población. Este año, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sancionó una normativa semejante, donde incorporó multas que superan los 6 millones de pesos y penas de hasta dos meses de cárcel.
A mediados de abril, el Gobierno de Córdoba promulgó también una prohibición de cuidacoches (conocidos localmente como “naranjitas”), limpiavidrios no autorizados y las carreras de picadas. La normativa establece penas de arresto de hasta seis días y nuevas figuras contravencionales para quienes ejerzan estas actividades sin permiso municipal.
Y en 2018, Mendoza aprobó tempranamente las restricciones y la ilegalidad de la actividad de “trapitos” y “limpiavidrios” en la vía pública.
POLITICA
Creían que era una coreografía en su honor, pero cinco hombres armados saltaron de un camión para matarlo: así fue el magnicidio de Anwar el-Sadat

Era uno de los hombres más custodiados del planeta. Sin embargo, cinco personas quedaron frente a él, armadas hasta los dientes, y lanzaron granadas y le dispararon hasta agotar los cargadores de los AK-47.
Ocho guardaespaldas personales, cuatro cercos de seguridad alrededor del palco principal. El presidente egipcio Anwar el-Sadat estaba bien protegido. Sabía que tenía muchos enemigos y que las decisiones que había tomado los últimos años habían enfurecido a los extremistas musulmanes de su país.
Pero ese 6 de octubre de 1981, 45 años atrás, parecía un día de tregua; era una celebración. Se conmemoraba el octavo aniversario de la Guerra de Yom Kipur. Un gran desfile militar recorría El Cairo. Tropas a paso de ganso, carros de combate, tanques, camiones, unidades especiales pasaban frente al palco presidencial. Allí sentados, saludaban y hacían la venia el presidente egipcio, el vicepresidente Hosni Mubarak, ministros, legisladores. Líderes religiosos, embajadores extranjeros, algunos militares norteamericanos. Como espectadores, más de 100.000 egipcios.
Unos paracaidistas se lanzan desde el aire y caen prolijamente en la marca asignada en el suelo. Los recibe una ovación. Caminan hacia el palco, se paran frente al presidente y lo saludan con respeto.
De pronto, una flota de aviones Mirage 5 atravesó el cielo. Los presentes levantaron sus cabezas para verlos pasar, para apreciar esa danza aérea. Fue la señal esperada, la distracción que necesitaban los atacantes. Cuando todos, público y autoridades, bajaron sus cabezas hacia lo que pasaba en el terreno, vieron que de un camión militar que justo pasaba frente al palco principal, saltaron cinco hombres. El presidente egipcio se puso de pie convencido de que se trataba de otra especie de coreografía en su honor, una muestra de respeto. En el momento en el que se aprestaba a realizar un saludo marcial, una detonación. Uno de los hombres que saltó del camión lanzó una granada hacia el palco. Después, otros dos lanzamientos, pero las granadas no explotaron. No importó. Una tormenta de balas. Vaciaron los cargadores de sus armas. El objetivo principal era Anwar El Sadat. Recibió múltiples impactos de bala. También fueron alcanzados muchos otros de los que estaban junto a él, decenas. Los disparos se dirigían hacia todos lados para disuadir o impedir una posible respuesta. En el palco había centenares de personas desparramadas en el suelo. Algunos habían caído por los proyectiles; otros hicieron cuerpo a tierra intentando preservar su vida. Había sangre, gritos, corridas. Las balas no se detenían. Ahora también disparaban otros soldados que habían quedado en el camión. El líder del ataque, el primero que había saltado del camión y el que inició el fuego contra el presidente, eufórico y con la voz deformada por el odio, gritaba: “¡Maté al faraón!”.
Parecía increíble, pero no había respuesta al ataque pese a estar rodeados de gran parte del ejército egipcio y de su arsenal. El factor sorpresa. Un minuto después comenzó el contraataque. Una figura espectral con uniforme militar y varias condecoraciones colgando de la solapa, totalmente ensangrentado, se puso de pie y comenzó a dar órdenes a las tropas oficiales para que respondieran: era el ministro de Defensa que había sido alcanzado por uno de los proyectiles. Uno de los atacantes murió y los otros cuatro fueron heridos. Los detuvieron.
Ya era tarde; el contraataque no sirvió de mucho. El traje de Anwar el Sadar se había teñido de rojo. En andas, lo sacaron acostado y agonizante del palco y en un auto con varios vehículos como custodios por delante y por detrás, salieron raudos al hospital más cercano. La caravana atravesó frenética la capital con la ilusión de salvar la vida del presidente. Una docena de médicos lo recibió en el quirófano, pero había poco que hacer. Las balas habían hecho su trabajo. Dos horas después se declaró la muerte del presidente egipcio.
Hubo diez muertos en el palco. Un obispo copto, jefes del ejército, el embajador cubano en El Cairo, algún ministro, militares extranjeros. Y más de treinta heridos, entre ellos Hosni Mubarak, el vicepresidente. Eso agregaba una nueva incertidumbre. Si no sobrevivía, ¿quién sucedería a Sadat? Interinamente, para evitar la sensación de debilidad y acefalía, asumió Sufi Abu Taleb, uno de los líderes del nuevo parlamento, que ocupó la presidencia provisoria durante ocho días.
En las tribunas, el pánico provocó corridas y avalanchas. Decenas de espectadores murieron aplastados y hubo otros que fueron atropellados por carros de combate que trataban de llegar al lugar de los ataques. El desconcierto, el dolor y el pánico se instalaron en El Cairo durante un buen tiempo.
La noticia de la muerte de Sadat corrió rápido por el mundo. Las principales agencias de noticias la difundieron a las tres horas del ataque. En Egipto la confirmación tardó bastante más. Hasta que los canales de televisión y las radios suspendieron las noticias sobre los hechos y comenzaron a pasar recitados de versículos del Corán de manera continua. En ese momento los egipcios comprendieron lo que había sucedido.
No hubo que pensar ni investigar demasiado sobre los autores del ataque. La mayoría de los habitantes egipcios y buena parte de los analistas internacionales de inmediato supieron que se trataba de un atentado que provenía de la Yihad Islámica de Egipto.
En otras ciudades del país hubo levantamientos militares que fueron sofocados con esfuerzo por las fuerzas oficialistas.
El jefe de la operación fue Khalid al-Islambuli, un oficial del ejército egipcio que encontró en el desfile el momento ideal para llevar a cabo su viejo plan de liquidar al presidente de su país.
Lo increíble es que la unidad que comandaba Islambouli no era parte de la nómina original de la celebración. Pero otra brigada se vio imposibilitada de participar y fueron llamados él y sus hombres para ocupar ese lugar.
El que fue señalado como ideólogo del magnicidio fue Abdessalam Farrag. Lo apresaron a las pocas horas. Una serie de arrestos en todo el país sembró el terror. El herido Hosni Mubarak reemplazó en el poder a Sadat; ocho días después, pasó del hospital al palacio presidencial. Gobernó con mano firme, descabezó a todos los opositores y se convirtió en un dictador que recién cayó con los alzamientos de la Primavera Egipcia en 2011.
Los asesinos declararon que habían matado al presidente debido a los Acuerdos de Camp David de 1977, que bajo la tutela de Jimmy Carter habían firmado Sadat y Beguin, presidente israelí, para resolver acuerdos limítrofes, finalizar la guerra y negociar la paz. Los extremistas egipcios lo vieron como una traición, como una enorme humillación nacional. Sadat y Beguin, a raíz de ese acuerdo, ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1978.
El primer paso público fue una visita de Sadat a Israel. Era la primera vez que un mandatario del mundo árabe visitaba Israel, con el agravante de que formalmente las dos naciones todavía se encontraban en guerra. Luego llegó Camp David. Otros jerarcas árabes criticaron a Sadat; la Liga Árabe, que tenía sede en El Cairo, decidió mudarse y expulsar a Egipto. El libio Gadafi se convirtió en líder de la región.
En esos años, Egipto se alineó con Estados Unidos y repudió a los soviéticos. Se alineó con claridad en uno de los bandos de la Guerra Fría.
Sucesor de un hombre fuerte como Nasser, en el plano interno Sadat democratizó el país. Estableció un sistema legislativo bicameral y creó diversos institutos democráticos usuales en los países europeos, pero poco frecuentes en esas tierras. Lo hizo luego de convencer a su población y de ganar un plebiscito con más del 94% de los votos y un altísimo porcentaje de participación.
Pero los pocos que se oponían comenzaron a conspirar contra él y contra la modernización del país. Hubo varios intentos de golpe de Estado. El gobierno egipcio ordenó detenciones masivas y casi todo el arco opositor fue encarcelado luego de que se estableciera el estado de excepción en el país, una especie de estado de sitio muy riguroso que hizo retroceder las libertades civiles y políticas con la excusa del estado de conmoción interior.
El atentado sorprendió, también, por este motivo. Creían que los principales focos de insurrección y de oposición habían sido controlados con estos miles de arrestos. Pero dentro del ejército egipcio crecía el malestar entre un grupo de fundamentalistas que esperaban su momento para actuar.
También creían que el cerco de seguridad que había crecido alrededor de Sadat para protegerlo era invulnerable. Nadie imaginó que cinco hombres armados quedarían parados frente a él a decenas de metros de distancia sin ninguna oposición.
23 militares y civiles apuntados como cómplices o partícipes necesarios de la conspiración fueron condenados a largas penas de prisión; la gran mayoría recibió cadena perpetua y la accesoria de trabajos forzados.
Seis meses y un día después de la muerte de Anwar el Sadat fueron ejecutados cinco hombres luego de ser sometidos a una corte marcial pública. Los cuatro atacantes directos sobrevivientes y Abdessalam Farrag como autor intelectual. Los tres civiles fueron ahorcados. Khalid al-Islambuli, por ser teniente, y un coronel fueron sometidos a un pelotón de fusilamiento. Como eran militares, fueron ejecutados por sus compañeros de armas.
El magnicidio parece un hábito familiar en la familia Islambuli. En 1995, su hermano menor atacó al entonces presidente egipcio, Hosni Mubarak. Junto a un grupo comando, emboscaron el auto y dispararon contra él. El vehículo blindado resistió y Mubarak volvió a salir vivo de un intento de asesinato por parte de la familia Islambuli.
Pocos meses después del asesinato de Anwar el Sadat, Irán rebautizó una de las calles principales de Teherán con el nombre de Khalid al-Islambuli. Durante los años siguientes, muchos grupos extremistas islámicos a lo largo de Medio Oriente fueron bautizados con el nombre del exmilitar egipcio que atacó a Sadat.
Los terroristas islámicos consideran como un mártir a Khalid al-Islambuli.
El intento de Sadat de pacificar Medio Oriente sucumbió con aquel ataque al palco presidencial que hoy cumple 45 años.
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POLITICA
Comienza el juicio político al juez federal de Rosario Gastón Salmain, acusado de cobrar coimas

El suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain comenzará a ser juzgado este martes, a partir de las 9.30, por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que deberá decidir si lo destituye bajo la acusación de recibir coimas.
El jurado decidió dejar sin efecto la citación del financista arrepentido Fernando Whpei, a raíz de los cuestionamientos planteados por los consejeros que actúan como fiscales, en lo que constituye un revés para la defensa de Salmain.
Salmain está procesado por los delitos de . incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Se lo acusa de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, a cambio de una coima de 200.000 dólares.
El empresario beneficiado, Fernando Whpei, fue quien detalló la maniobra al declarar como arrepentido en la causa donde se investiga a otro exjuez de Rosario, Marcelo Bailaque.
Como intermediario también quedó procesado un lobista judicial. En esa causa se dispuso la detención de Salmain, que no se hizo efectiva porque aún mantiene fueros como juez.
Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura votó enjuiciarlo. Además, lo acusó por haber mentido en su currículum al omitir informar, en el concurso que derivó en su nombramiento, que había sido echado del Poder Judicial en 2002, donde trabajaba como empleado del fuero de la Seguridad Social, por haber ofrecido una coima para manipular un sorteo.
En su exposición, Salmain se excusó diciendo que no lo mencionó porque no se lo preguntaron y porque se trataba de un hecho antiguo. La defensa había logrado que se citara a declarar a Whpei, pero como está procesado en la misma causa de Salmain y fue denunciado penalmente, el jurado decidió suspender su declaración.
El Consejo de la Magistratura, encabezado por el ministro de la Corte Horacio Rosatti, lo suspendió por unanimidad. Y este martes, en el tercer jury que se lleva adelante este año, Salmain comenzará a ser juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El tribunal estará conformado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.
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