POLITICA
Cuarta Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno: todos los reclamos y el mapa de la movilización
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo, con concentración a partir de las 17 horas y discursos desde las 18.
Los reclamos principales son el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley —que refieren a la recomposición de salarios y becas—, la caída del financiamiento del sector y los salarios en caída libre, entre otros puntos.
La movilización llega en un momento de máxima tensión judicial: la semana pasada, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a llevar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efecto suspensivo sobre la cautelar que obligaba al Estado a transferir fondos al sistema universitario.
La convocatoria de hoy es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo y en otros puntos del país en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, bajo la consigna de impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión que ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.
El reclamo central no varió: exigir que el Ejecutivo cumpla la ley que el Congreso sancionó y que la Justicia respaldó en dos instancias. Las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según datos del sector. Los salarios docentes y no docentes perdieron aproximadamente el 50% de su poder adquisitivo, las becas del programa Progresar permanecen congeladas desde hace dos años en $35.000 —el valor de diciembre de 2023— y, según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios universitarios cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Se estima que el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza.
Protocolo antipiquetes
Si bien el protocolo antipiquetes (o “protocolo de orden público”) del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, se aplica a rajatabla en movilizaciones y concentraciones, en las tres marchas universitarias previas la estrategia del gobierno se centró en la contención y el vallado de puntos clave —como el Congreso o Plaza de Mayo— antes que en la prohibición total de la movilización en la calle. Junto al gobierno de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri, se dispusieron operativos para agilizar el tránsito de las columnas en los principales cruces de arterias.
La ley universitaria en los estrados
El fallo de la Sala III, firmado el 7 de mayo por los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández, concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la cautelar que ordenaba el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles.
La Cámara sostuvo que la resolución apelada “no reviste el carácter de sentencia definitiva” y que el expediente involucra la interpretación de normas federales, razón por la cual habilitó la intervención del máximo tribunal.
El efecto práctico es inmediato: mientras la Corte Suprema decida si toma el caso y qué alcance le otorga, el Estado no está obligado a transferir los fondos que reclama el sistema universitario.
El litigio tramita bajo la carátula “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”. El Gobierno argumenta que la aplicación plena de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas” y que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplirla requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado.
La Cámara, no obstante, rechazó los planteos de arbitrariedad y de gravedad institucional que invocó el Ejecutivo. Los jueces afirmaron que los argumentos del Estado “sólo traducen una mera discrepancia con las cuestiones resueltas” y que una eventual intervención de la Corte en esos términos “no tiene por objeto satisfacer o reparar un interés institucional”, sino “únicamente un interés patrimonial particular del propio Estado”. Tres de los cuatro miembros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— fueron además recusados por el sector universitario por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
Quiénes marchan y por qué
La convocatoria reúne un arco político y social que abarca al movimiento estudiantil, los gremios docentes y no docentes, las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión Industrial de la Argentina (UOM), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la Unión Cívica Radical (UCR) y partidos del peronismo y la izquierda. La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su adhesión y acompañamiento, aunque sin movilizar el aparato sindical de manera orgánica.
Uno de los elementos que distingue a esta cuarta marcha es la expectativa de una masiva participación de ciudadanos autoconvocados, al estilo de las primeras movilizaciones, cuando miles de personas sin bandera política o gremial se sumaron al reclamo.
Ese día se pudo observar a cientos de familias con sus hijos portando cartulinas escritas a mano que hacían alusión a la “educación pública y gratuita” y a la negativa a los recortes en el sector universitario y de investigación.
Referentes de la cultura también se sumaron a la convocatoria de hoy. Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Lizy Tagliani, Dolores Fonzi, Paco Amoroso, Lorena Vega, Malena Pichot y decenas de figuras del cine, el teatro y la televisión grabaron un video institucional en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) para llamar a movilizarse. Lali Espósito también expresó su respaldo, como lo había hecho en marchas anteriores. El músico Carlos “El Indio” Solari se sumó al llamado.
Clara Chevallier, secretaria general de CONADU, fue contundente: “El Gobierno viene dando manotazos de ahogado, tratando de bloquear judicialmente una ley que fue votada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso nacional. Los sindicatos siempre tenemos en claro que la principal arena de lucha no es la judicial, sino la acción gremial. Por eso, para este martes esperamos una marcha masiva que, además de defender a la universidad, sirva para articular esas broncas que estamos viviendo de forma privada, de manera aislada”. Y agregó: “Esperamos que el 12 de mayo sea el comienzo del fin de este gobierno”.
Abril Miranda, secretaria general de la Federación Universitaria de Mar del Plata, planteó el conflicto en términos estructurales: “Reconocemos que hay una transferencia directa del ajuste hacia las universidades nacionales, que tienen enormes dificultades para garantizar el funcionamiento básico. Los estudiantes vivimos en una situación de pluriempleo y, al igual que los docentes, tenemos que sostener dos o más trabajos para poder subsistir”. Miranda también advirtió sobre la deserción estudiantil: “Cada vez más alumnos abandonan las aulas, por no poder costear gastos de transporte, materiales de estudio y demás”.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, fijó el tono de la convocatoria: “Ahora más que nunca, la manifestación del 12 tiene que ser contundente. Un país recordándole a un presidente por qué es importante cumplir con la ley. Un país recordándole a un presidente por qué la educación es importante. Un país defendiendo lo que a Argentina le hace bien”. Bartolacci también advirtió que el sistema universitario se encuentra en “el punto histórico más bajo” de financiamiento, equivalente al 0,4% del PBI, y que incluso con la aplicación de la ley seguiría en ese piso.
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, sumó su voz desde la Patagonia: “El Gobierno no cumple la ley de financiamiento y, al hacerlo, brinda un mensaje pésimo para la ciudadanía. Esperamos una convocatoria realmente masiva, tanto o igual de grande que la primera marcha”.
El Ejecutivo sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario no prevé en forma expresa las fuentes de financiamiento y que su aplicación plena afecta “la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. La Subsecretaría de Políticas Universitarias trabaja en un proyecto de ley propio que reconoce un atraso salarial del orden del 12% durante el período 2023-2026 y prevé abonarlo en cuotas. El Gobierno también intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases y a suspender las medidas de fuerza.
En paralelo, la disputa se extendió a los hospitales universitarios. La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que el Gobierno no transfirió recursos para insumos, mantenimiento y equipos de sus hospitales.
El Gobierno nacional calificó como “falsas” las denuncias de desfinanciamiento realizadas por las autoridades de la UBA respecto a sus centros de salud. A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano sostuvo que se giraron “en tiempo y forma” los fondos previstos por ley para salarios y funcionamiento. Desde la UBA, en cambio, advierten que no reciben partidas operativas desde hace cuatro meses y que la situación es crítica.
La respuesta oficial llegó luego de que los directores de los hospitales universitarios alertaran que, de no regularizarse los envíos, los centros de salud —incluido el Hospital de Clínicas— podrían dejar de atender pacientes en un plazo de 45 días. En ese marco, señalaron que la deuda acumulada ronda los 20.000 millones de pesos, correspondientes a los primeros meses del año.
Al margen de esta discusión, central para los hospitales universitarios, la UBA difundió un comunicado en el que explicó los motivos de la movilización: “Marchamos para exigir al Gobierno Nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, que fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación. Para defender las universidades públicas, la ciencia nacional y la educación. Para que el sistema universitario público argentino siga funcionando”.
El Comité Nacional de la UCR también se expresó a través de un comunicado en el que convocó a la marcha y denunció que “a casi 200 días de su aprobación, el Poder Ejecutivo sigue sin aplicar” la ley. “Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo”, afirmó Bartolacci.
El triunvirato de la CGT se expresó a través de uno de sus miembros, Cristian Jerónimo: “Vamos a adherir y a acompañar la marcha de los universitarios para repudiar, rechazar las políticas del gobierno de Milei y solidarizarnos con esta gran lucha que están dando los compañeros”. Jerónimo subrayó que “el ajuste sobre la educación pública impacta directamente sobre la formación de técnicos y profesionales, además de limitar las posibilidades de movilidad social de millones de jóvenes trabajadores”.
Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que selló un acuerdo de lucha conjunta con el Frente de Unidad Sindical Universitaria —integrado por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADUH, FAGDUT, CTERA y UDA—, sintetizó la alianza con una frase: “El salario de los trabajadores y la universidad pública se defienden en unidad”.
El mapa de la marcha
La movilización en Buenos Aires se organizará en cuatro columnas principales que convergerán en Plaza de Mayo:
- Columna del sur y La Plata: sale desde Constitución, avanza por 9 de Julio, dobla en Avenida de Mayo y llega a Plaza de Mayo.
- Columna de Ciencias Económicas, Medicina y facultades del área norte: concentra desde las 16 en Córdoba y Junín y marcha por Callao, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.
- Columna de Psicología, Filosofía y Letras y facultades del área sur: ingresa por Entre Ríos, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.
- La UTEP: concentra desde las 14 en Belgrano y Diagonal Sur.
- Autoconvocados: marchan por Rivadavia hacia Plaza de Mayo.
Otras concentraciones confirmadas en la Ciudad de Buenos Aires:
- CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.
- CONADU Histórica y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Piedras y Avenida de Mayo.
- UOM y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.
- UCR (Comité Nacional): desde las 14, en Tucumán 1660.
- Autoconvocados y otras organizaciones: desde las 14, en Avenida de Mayo y Salta.
El acto central en Plaza de Mayo está previsto para las 18 horas. Harán uso de la palabra un representante de los trabajadores no docentes, un representante del cuerpo docente, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho. La movilización se replicará en todo el país, con marchas confirmadas en las principales ciudades de las 24 provincias.
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POLITICA
El Gobierno reúne a la mesa política y Bullrich volverá a verse con Adorni después de haberlo cuestionado por su declaración jurada
El Gobierno convocó para este martes a otra reunión de mesa política de La Libertad Avanza, en un escenario atravesado por la situación judicial de Manuel Adorni y la necesidad de retomar la iniciativa política. El encuentro se realizará a las 16 en Casa Rosada.
Participarán Karina Milei, el jefe de Gabinete, el asesor Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y los ministros Luis Caputo y Diego Santilli. También estará Patricia Bullrich. Será la primera vez que se vea con Adorni después de haberle pedido que presente su declaración jurada de bienes para aclarar su situación judicial.
El oficialismo busca concentrarse en la agenda parlamentaria y acelerar una serie de proyectos que considera prioritarios para correr el eje de Adorni. El oficialismo espera que el Congreso empiece a debatir el proyecto de super-RIGI, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía para incentivar inversiones en sectores que actualmente no tienen desarrollo en la Argentina.
Además, en Diputados, LLA intentará avanzar este martes con el dictamen para la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una discusión que quedó trabada por cuestionamientos de laboratorios locales.
Si consigue destrabar ese debate, el oficialismo planea llevar al recinto la próxima semana otros proyectos, entre ellos la Ley Hojarasca y la modificación del régimen de Zonas Frías, que propone recortar subsidios al gas en determinadas regiones del país.
La agenda legislativa también estará atravesada por la ofensiva opositora contra Adorni. Sectores de la oposición impulsan para este jueves una sesión en Diputados para avanzar con una interpelación al jefe de Gabinete por su situación judicial y analizar una eventual moción de censura.
La reunión en Casa Rosada estará atravesada por la causa Adorni. Este lunes, el juez federal Ariel Lijo solicitó información sobre contratos entre la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti —esposa de Adorni— y empresas contratistas del Estado. La medida forma parte de una investigación iniciada tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano para determinar si existieron irregularidades en adjudicaciones vinculadas con la compañía de coaching.
En paralelo, continúa abierta la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario. Días atrás, Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA de Adorni y su esposa para avanzar sobre movimientos patrimoniales vinculados con la compra y remodelación de una propiedad en Exaltación de la Cruz.
Pese al avance de las investigaciones, Javier Milei volvió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete. “No voy a ejecutar gente honesta”, afirmó el Presidente en una entrevista televisiva, donde sostuvo además que Adorni tiene “todo en regla”.
Las negociaciones abiertas en el Senado
En paralelo, el Senado mantiene una agenda propia con proyectos impulsados por el oficialismo. LLA busca concretar las audiencias para designar jueces y fiscales federales, además de intentar conseguir dictamen para el proyecto de Propiedad Privada.
La cámara alta también podría sesionar esta semana para tratar la autorización de pago de US$171 millones a fondos que litigaban contra la Argentina por la deuda en default de 2001, junto con iniciativas vinculadas con regularización de la tenencia de armas, prórrogas judiciales y pliegos diplomáticos.
Con ese escenario, el Gobierno intenta recuperar margen político en el Congreso para intentar sacar de agenda las investigaciones judiciales que enfrenta Adorni.
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POLITICA
El Gobierno cuestiona la marcha universitaria y la vincula a intereses opositores: “Es claramente política”
El Gobierno define a la Marcha Federal Universitaria de esta tarde como “claramente política” e insistirá en su tarea de transparentar los gastos de las universidades.
En una rueda de prensa convocada en el Ministerio de Capital Humano este lunes, la titular de la cartera, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, tomaron la palabra en nombre del Gobierno y vincularon la protesta a intereses de la oposición.
“Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política“, afirmó Álvarez. Para reforzar su punto, el funcionario cuestionó la foto de rectores peronistas con el gobernador bonaerense Axel Kicillof o la adhesión de la CGT a la marcha.
“Si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitás que actores sociales que no tienen una relación directa estén presentes? No, en las convocatorias te das cuenta de que es claramente política“, insistió.
“Es importante la batalla cultural para que la gente entienda que nosotros no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades. Queremos explicárselo a la gente para que pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, enfatizó la ministra Sandra Pettovello en otro pasaje de la conversación.
En ese sentido, con el objetivo de “desmitificar el monstruo sagrado” de la universidad pública, la titular de la cartera de Capital Humano puso el foco en la necesidad de esclarecer en qué se gasta el dinero público.
La Ley de Financiamiento y el conflicto por los fondos
El reclamo central de la marcha prevista para este martes es que el Gobierno ejecute la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso el año pasado. La norma incluye entre sus puntos principales una actualización salarial acorde a la inflación del periodo 2024 y 2025.
Sin embargo, la Casa Rosada argumentó que el proyecto no establecía de dónde disponer los fondos y, por lo tanto, infringía la Ley de Administración Financiera. Esto es rechazado por las universidades, las cuales presentaron un amparo y luego de dos fallos en su favor, aguardan una resolución por parte de la Corte Suprema.
En ese contexto, el subsecretario de Políticas Universitarias aseguró que la única ley que el Gobierno va a cumplir es la Ley de Presupuesto y que la ley vigente —cuyo costo estiman en 1,2 billones de pesos— quedó abstracta tras la sanción de la ley de leyes.
“Si ellos creen que es abstracta, ¿por qué en el Presupuesto plantearon un capítulo para derogar la Ley de Financiamiento universitario?. Y así todo, no consiguieron los votos”, planteó en diálogo con TN el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.
Sin embargo, el funcionario a cargo de la política universitaria aseguró que el Gobierno tiene su atención en la discusión parlamentaria y no en la magnitud de una movilización. “Cómo sería un sistema institucional que funcione por la cantidad de bombos que llevo a una marcha. Está bien como protesta, pero no representa un parámetro”, insistió.
En paralelo, el Gobierno libra otra discusión con las universidades, pero por los fondos sin ejecutar destinados a hospitales universitarios. Luego de un cruce público con la Universidad de Buenos Aires, Álvarez anticipó a este medio que luego de la marcha se realizará una convocatoria para definir la distribución de los más de $79 mil millones que reclaman las instituciones.
Leé también: El Gobierno convocará a los rectores de los hospitales universitarios para rediseñar la distribución de fondos
Por su parte, el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, advirtió una caída del 45,6% desde fines de 2023 hasta la fecha en las transferencias que el Gobierno envía a las universidades. “Estamos a la mitad de nuestras capacidades”, aseguró el rector, que también reclamó una convocatoria a representantes gremiales, autoridades universitarias y a toda la comunidad para discutir cómo aplicar el contenido de la ley.
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El Ministerio de Defensa oficializó mediante la resolución 311/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial la designación del General de Brigada Pablo Guillermo Plaza como nuevo presidente del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
La medida se produjo tras la renuncia del titular anterior, Sergio Maldonado, por lo que el ministro de Defensa, Carlos Presti, avanzó con el nombramiento de Plaza dentro del sistema de salud para el personal militar y civil vinculado a las fuerzas. La decisión, que tuvo lugar el 6 de mayo, se enmarcó dentro de las disposiciones del DNU N° 88/26, que creó a la obra social como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con el objetivo de brindar cobertura en todo el territorio argentino y asegurar la fiscalización estatal.
De esta manera, OSFA se configuró como un organismo con personería jurídica propia y legitimación procesal, lo que le permite actuar tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. Esta cualidad le otorga autonomía para la gestión de sus recursos y la definición de políticas internas, bajo la supervisión directa de la cartera ministerial.
El Directorio de la obra social está compuesto por cinco miembros titulares y cinco suplentes, los cuales fueron designados por el titular de Defensa. El mandato es por el período de dos años, con posibilidad de reelección por una sola vez. La normativa prevé que los suplentes puedan asumir las funciones de los titulares en caso de dimisión o ausencia justificada, garantizando así la continuidad operativa de la conducción del organismo.
Entre los requisitos exigidos para integrar el Directorio figuran condiciones de idoneidad técnica, experiencia en gestión de servicios de salud, seguridad social, administración pública y financiera, o dirección de grandes organizaciones. De este modo, se busca asegurar la capacidad de los responsables para enfrentar los desafíos de la administración de la obra social.
A principios de marzo, el Gobierno oficializó dichos nombramientos para la entidad encargada de la cobertura médica del personal militar en el país. La medida concretó la reestructuración del antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que fue dividido tras atravesar una severa crisis financiera a partir de la publicación en el Boletín Oficial.
De acuerdo con el decreto, la integración del directorio contempló dos representantes propuestos por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, uno por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, otro por el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina y un representante del personal civil de las Fuerzas Armadas o de la propia OSFA, según la futura reglamentación. La presidencia y vicepresidencia son rotativas, elegidas entre los miembros titulares y definidas por el Ministerio de Defensa.
El directorio quedó conformado por el general de brigada retirado Sergio Maldonado como presidente y el general de brigada retirado Omar Horacio Domínguez como vicepresidente. Los acompañan como titulares el capitán de navío retirado Gustavo Rubén Rivas y el comodoro retirado Juan Carlos Ruiz Pringles. Como suplentes fueron designados el coronel auditor retirado Juan José Collins, el coronel ingeniero retirado Darío Gabriel Banchio, el capitán de navío retirado Miguel Ángel Alonso y el comodoro mayor Sergio Luis Busdrago.
La OSFA y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) deberán destinar al menos el 80 % de sus recursos a prestaciones de salud, mientras que los gastos administrativos no podrán superar el 8 %. Si existiera excedente, hasta un 12 % podrá aplicarse a otras prestaciones sociales. Los aportes a la obra social se calcularán sobre todas las retribuciones remunerativas y no remunerativas, excluyendo asignaciones familiares, gastos y viáticos.
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