“Es un Gobierno que tiene la libido puesta en las reformas”, planteó un integrante de la mesa política para intentar graficar los desafíos que trazó el Gobierno para el mes de agosto, que inicia con una parada clave: un nuevo intento por tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas que más dificultades le generó al oficialismo.

Con la decisión de acelerar la actividad legislativa, en paralelo a la incipiente puesta en marcha del operativo reelección del presidente Javier Milei, la mesa política retomará la dinámica este martes a las 13, en un encuentro que promete ordenar la hoja de ruta diseñada para los próximos días, pasado el parate invernal del Congreso nacional.

Tras dos semanas de quietud, ese mismo martes, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, tiene planes de protagonizar una conferencia de prensa para anunciar cambios en el capítulo de extranjerización de la tierra.

Las modificaciones, que se implementarán en la versión número 16 del proyecto y reflejan la postura que terminó imponiéndose sobre la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, debieron adoptarse ante la falta de respaldos de los aliados, en particular de los gobernadores, que anticiparon sus reclamos durante la sesión en la que se aplazó el tratamiento para este jueves 6. En la administración libertaria consideran que destrabar la media sanción será la primera prueba de la nueva etapa legislativa que busca imprimir durante agosto.

En paralelo, la Cámara de Diputados se prepara para activar los primeros contactos que le permitan la sanción de la modificación en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el proyecto del semestre de la Casa Rosada. Además, servirá para medir el respaldo con el que cuenta el Poder Ejecutivo de cara al resto de las reformas que impulsa.

Asimismo, la iniciativa de Inocencia Fiscal II y el debate por el articulado final de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada también figuran entre los planes de la Cámara Baja previos al inicio de la primavera. Para eso, este martes, el titular de la Cámara, Martín Menem, convocó para las 15 a los jefes de bloques aliados y dialoguistas para intentar acordar un cronograma de trabajo conjunto.

En cualquier caso, el proyecto que el oficialismo considera prioritario sigue siendo la reforma electoral. Aun sin fecha y sin los apoyos necesarios, en las filas libertarias están abiertos a avanzar con la suspensión de las PASO, como en 2025. Con el objetivo en mente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, retomará esta semana los encuentros con los mandatarios provinciales. La primera será este lunes, con una visita exprés a la provincia de Chaco junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, los representantes del Ejecutivo participarán del Consejo Regional de Seguridad Interior (NEA). No es casual la presencia del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, en la delegación que establecerá un nuevo contacto con Leandro Zdero, gobernador de una de las provincias con las que La Libertad Avanza espera repetir la alianza rumbo a 2027.

El propio Presidente ratificó su intención de avanzar con la reforma que figura como una de las condiciones que deberán darse para consolidar la reelección en 2027. “Desde incluso antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”, planteó en una de las entrevistas que brindó el fin de semana.

En Balcarce 50 saben que el principal desafío es concretar los planes legislativos casi en paralelo al desarrollo del operativo para asegurar un segundo mandato de Milei. La tarea no es sencilla: deberán equilibrar los acuerdos en ambas cámaras y los planes electorales de las distintas provincias. Esto último abrió un debate interno porque algunos actores del espacio consideran anticipado el lanzamiento de la campaña electoral.

Pese a que el propio libertario reveló que ya definió al compañero de fórmula que lo acompañará en los próximos comicios presidenciales, desde su entorno aseguran que su obsesión está en el paquete de reformas económicas que anunció el pasado jueves en cadena nacional. “En la cabeza de Milei son más importantes las reformas estructurales que cualquier acuerdo electoral”, admitieron ante este medio.

Mientras el frente interno queda en manos de la mesa política, el Presidente se concentra en los nuevos compromisos internacionales que aspira a concretar para consolidar una alianza regional de derecha e impulsar una cumbre en la Argentina que podría celebrarse antes de fin de año. La voluntad del libertario es convertirse en el representante de Donald Trump en el continente.

Por eso, el mandatario partirá este miércoles, a las 20, a la ciudad de Quito, en Ecuador. Allí se entrevistará con su par, Daniel Noboa. Desde allí se trasladará al día siguiente a Cali para dar el presente en la ceremonia de asunción del presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella.

En los dos años y medio que lleva la gestión de Javier Milei, el ajuste llegó, no solo a la planta estatal, sino también al Congreso. Según relevó Infobae, su personal se redujo, entre 2023 y 2026, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aunque con diferencias en el tipo de contrataciones.

En conjunto, ambas cámaras pasaron de 10.275 agentes a 7.657, una disminución neta de 2.618 trabajadores, equivalente al 25% de la dotación registrada en el último año del gobierno de Alberto Fernández.

Ambas cámaras convergieron hacia una dotación similar en 2026 pese a que el Senado tiene menos de un tercio de legisladores.

Con 257 diputados, Diputados pasó de 5.281 agentes en diciembre de 2023 a 3.824 en julio de 2026, 1.457 trabajadores menos, equivalente a un ajuste del 28% en su dotación.

En tanto, el Senado – con 72 representantes de las provincias – redujo su planta de 4.994 a 3.833 agentes en tres años. Así, el recorte fue de 1.661 personas, un 23% menos.

La Cámara baja

El mayor ajuste se produjo entre el personal contratado, que cayó un 80%, al pasar de 817 a 167 agentes. Se trata de contratos de locación de servicios por un año, que pueden renovarse o no, por fuera de los recursos y las categorías presupuestarias que la Cámara asigna a cada despacho o bloque político.

También disminuyó la planta transitoria, con una baja del 39%, al pasar de 2.225 a 1.348 empleados. Está compuesta por los asesores y asistentes que designan los legisladores durante su mandato, por lo que se supone que se van del cuerpo cuando éste finaliza su período.

En contraste, la planta permanente fue el único segmento que creció: aumentó en 70 cargos, al pasar de 2.239 a 2.309 agentes, una suba del 3%. Los empleados de planta permanente, por más que hayan llegado con un legislador, conservan su puesto cuando éste termina su mandato, ya que son reasignados a otros destinos. Tienen estabilidad laboral, y el otorgamiento de categorías en planta permanente es habitual en la negociación política entre las autoridades de la Cámara y los distintos bloques.

A finales de 2024, desde la presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem, informaron que en ese primer año de La Libertad Avanza (LLA), el cuerpo había ahorrado $7.000 millones. En un video, explicó que se debió a que redujo en 900 personas la planta, eliminó “más de 70 cargos jerárquicos”, y puso a la venta 44 vehículos. Afirmó, además, que dicho monto de dinero sería devuelto al Ministerio de Economía.

Respecto de los años posteriores, ante la consulta de Infobae, fuentes de la Cámara señalaron que “en 2025 se prorrogó el Presupuesto” y “hubo un ajuste real en las partidas arriba del 12%” ya que “se enviaron menos fondos que la compensación por inflación”. Esa situación se repitió en 2026.

El 90% del gasto del cuerpo se va en sueldos del personal y de los legisladores. Hoy los diputados reciben una dieta de unos $6,1 millones por mes antes de los descuentos.

En tanto, el sueldo básico mensual bruto de julio de los empleados – sin contar antigüedad, ni adicionales por título ni el plus por función -, va de $813.000 en la categoría más baja (A-14), a $2.730.000 en la más alta (A-1).

La mayor parte del personal de la Cámara de Diputados se concentra en la actividad política. De los 3.657 agentes registrados en julio de este año, 1.434 (el 39%) están afectados a bloques políticos, convirtiéndose por amplio margen en el principal destino de la planta.

Cada diputado puede designar cuatro empleados en planta transitoria. “Después, pueden tener asignado personal de planta permanente. El resto son de los bloques”, explicaron desde la presidencia de la Cámara. Cuando un bloque pierde integrantes, algunos de sus empleados suelen reubicarse como “extra cupo”.

Menos transparencia

En el sitio oficial de la Cámara ya no se puede, como anteriormente, acceder a la descarga de datos abiertos donde figuraba el destino del despacho de cada empleado del cuerpo, tanto permanentes, como transitorios y contratados. Por este motivo, no es posible ahora identificar cuántos empleados tiene cada diputado y cada bloque político. Ahora solo figura el listado de personal, sin discriminar para qué legislador cumplen funciones o para qué bancada.

Ante la consulta de Infobae, desde la presidencia del cuerpo respondieron que “dada la dinámica legislativa y la permanente reconfiguración de los bloques, se optó por dar cumplimiento a la normativa vigente de esta manera”. Añadieron que “como hay muchos cambios de bloque, es para preservar la trayectoria profesional de cada trabajador de planta. Lo decidieron los jefes de bloque”. No precisaron por qué ya no se informa para qué diputado trabajan los empleados de planta transitoria.

Más allá de los asesores, secretarios y asistentes de los diputados, la Dirección de Comisiones tiene asignados 266 empleados; la de Servicios Generales, 229; y la de Seguridad y Control, 218 agentes. El resto de la dotación se distribuye entre áreas administrativas, técnicas y de apoyo al funcionamiento parlamentario.

Entre las dependencias con mayor cantidad de agentes se encuentran, también, la Dirección de Obras y Mantenimiento (161 empleados), la Dirección General de Recursos Humanos (132), la Dirección de Automotores (126) y la Dirección General de Informática y Sistemas (119). A ellas se suman otras áreas de soporte, como la Dirección General Administrativo Contable (71), la Dirección General de Prensa y Comunicación (69), el Jardín Materno Infantil (52) y la Dirección de Cultura, Museo y Extensión Federal (53).

Además, 90 trabajadores se encontraban con licencia por largo tratamiento, y otros 165 figuraban asignados a destinos no especificados.

El personal del Senado

En el Senado también se registró una disminución de la dotación total, aunque con un patrón diferente. Entre junio de 2023 y julio de 2026, la reducción fue de 1.161 trabajadores (23% menos), para llegar a los 3.833 agentes actuales.

Pero mientras que Diputados concentró el ajuste en el personal transitorio y contratado, preservando e incluso ampliando levemente la planta permanente, el Senado redujo personal en todas las categorías.

La planta permanente disminuyó un 27% (de 2.769 a 2.009 agentes); el personal transitorio cayó un 15% (de 1.689 a 1.434); y los contratados se redujeron un 27% (pasaron de 536 a 390).

Desde la presidencia a cargo de Victoria Villarruel señalaron a Infobae que “el ahorro de la gestión actual es de $27.000 millones, con una reducción de 1.100 personas en la planta permanente del personal”. Agregaron que “hubo retiros anticipados a la jubilación, renuncias y jubilaciones”. Del análisis de Infobae de los datos históricos y actuales publicados por la web de la Cámara alta, surge que ese recorte en la planta permanente fue inferior: 760 personas.

Los senadores cobran casi el doble que los diputados. A partir de este mes, recibirán $12.260.000 en bruto, ya que sus aumentos están “enganchados” con los de los empleados. El gremio legislativo acordó un aumento en tres tramos por los meses de junio (2,4%), julio (2,2%) y agosto (1,9%). Esto da un acumulado del 6,64% en los ingresos de los trabajadores legislativos y, por el enganche, también en la de los legisladores.

Cada senador cuenta con 7.338 módulos por mes para “gastar” entre las personas que decida nombrar en planta transitoria, cuya designación termina al finalizar el mandato. Cada módulo equivale a un monto de dinero que, hasta agosto, era de $2.784 según la última paritaria vigente. Cada senador puede distribuirlo nombrando personal con alguna de las 14 categorías salariales existentes.

El sueldo de la categoría A1, la más alta, a partir de agosto, es de $2.509.123 en bruto, mientras que la más baja (A14) fue fijada en $846.000, sin contabilizar los adicionales por antigüedad, título y función.

Pero además, pueden tener asignados en sus despachos empleados de planta permanente del Senado, “heredados” de gestiones anteriores de legisladores del mismo partido o provincia que terminaron sus mandatos. Esos empleados no le “consumen” módulos a los senadores, ya que pertenecen al personal de la Cámara y tienen estabilidad más allá de lo que dure la gestión del senador para el que prestan funciones. En muchos casos, tienen conocimiento específico del funcionamiento del cuerpo y la tarea legislativa. En muchos otros, perduran sin tareas concretas, más allá de los requisitos de presencialidad que varían según las distintas gestiones políticas, y que se endurecieron en la gestión libertaria.

Los senadores con más empleados

A diferencia de lo que sucede en Diputados, entrando a la información de cada senador es posible ver la cantidad de empleados que tiene cada uno asignados en sus despachos.

Los representantes con mayor cantidad son el formoseño José Mayans, jefe de la bancada Justicialista, y la jujeña Carolina Moisés, titular del bloque Convicción Federal, con 28 empleados cada uno. Mayans – que va por su quinto mandato consecutivo en la Cámara alta – registra 3 empleados menos que a principios de año. Moisés, en tanto, informa uno más que en febrero, cuando Infobae publicó una primera nota sobre los asesores y asistentes de cada senador.

Les siguen en el ranking de mayor cantidad de personal la tucumana Sandra Mendoza, de Convicción Federal, con 23 colaboradores; los peronistas Mariano Recalde (CABA) con 22 y María Teresa González (Formosa) con 20; y Mercedes Valenzuela, de Eco + Vamos Corrientes, también con 20 empleados asignados a su despacho.

En el extremo opuesto aparecen el entrerriano Joaquín Benegas Lynch y el porteño Agustín Monteverde, ambos de LLA, con apenas dos colaboradores cada uno.

También figuran con menor cantidad de empleados la entrerriana Romina Almeida y la salteña María Emilia Orozco, de LLA; la radical santafesina Carolina Losada; y Gerardo Zamora, del Frente Cívico por Santiago, todos con 3 empleados.

Menos acceso a los datos

En años anteriores, la base de datos de la web de Diputados permitía la descarga de datos abiertos consignando el destino del despacho de cada empleado del cuerpo. De esa forma, se podía concluir cuántos empleados tenía cada legislador y cuáles estaban asignados a los bloques políticos, comisiones u otras dependencias. Así, por ejemplo, Infobae pudo reflejarlo en esta nota de octubre de 2024. Ahora solo está el listado de personal, sin discriminar para qué legislador cumplen funciones. Solo figura “agente afectado a bloque político”.

Para hacer la comparación con 2023, Infobae recurrió a la WayBackMachine del repositorio de Archive, ya que el sitio del Congreso no informa los datos históricos de su planta.

En la web del Senado ya tampoco está accesible la información en formato abierto descargable sobre el despacho al cual está asignado cada empleado. Para consultar el personal es necesario ingresar al link de cada uno de los 72 integrantes de la Cámara alta – sin opción de descarga -. Para la elaboración de esta nota, se procedió al scraping de esa información utilizando lenguajes de programación.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

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Luego de largas negociaciones con los bloques aliados, que incluyeron cuatro postergaciones y más de 15 versiones del proyecto, el Gobierno acordó nuevas modificaciones a la Ley de Propiedad Privada, en especial a uno de sus ejes centrales, la reforma de la Ley de Tierras, para conseguir este jueves la media sanción en el Senado.

Los cambios serán presentados el martes a las 16 en la Cámara Alta en una conferencia que encabezarán la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, en calidad de titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.

“Son acuerdos que hicimos para fortalecer el texto y que todos los que acompañan puedan entenderse representados”, se limitaron a explicar desde el oficialismo.

Las principales modificaciones giran alrededor de uno de los temas que más divisiones generó en el recinto: la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Ley de Tierras: los cambios que el Gobierno acordó con sus aliados

Fuentes legislativas indicaron a TN que uno de los puntos en los que el Gobierno debió ceder fue la fijación de un límite para la venta de tierras a extranjeros que rondaría entre el 20% y el 25%. Se trata de una cifra superior a la ley vigente, que pone el techo en el 15% a nivel nacional, provincial o municipal, pero que va en contra de la premisa inicial del Ejecutivo que no quería poner límite alguno.

A su vez, los bloques dialoguistas negociaron que sean las provincias -como dueñas de sus recursos naturales, de acuerdo a la reforma constitucional de 1994-, las que tengan la facultad de autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.

También plantearon la eliminación de los límites departamentales, con el argumento de que limitan el desarrollo local. Así, solo se establecería un límite provincial y debajo de ese límite cada distrito podría dictar su propia normativa.

Las modificaciones a la norma también incluirá que el Estado nacional mantenga la responsabilidad del resguardo de las zonas de fronteras y áreas consideradas clave para la seguridad nacional; y se acordó que haya un registro de las tierras ocupadas por extranjeros tanto en las provincias como a nivel nacional.

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Con esas modificaciones, el Gobierno confía en poder poner fin a las discusiones con los bloques aliados -y dentro del propio oficialismo- para avanzar de una vez por todas con su paquete de leyes en el Senado.

Mientras el Senado debate el proyecto, la oposición y grupos autoconvocados movilizarán frente al Congreso en rechazo a la eliminación de las restricciones para la venta de tierras a extranjeros. La Casa Rosada considera la sesión clave para destrabar su agenda reformista y avanzar con su paquete de iniciativas antes de que el calendario electoral dificulte los acuerdos parlamentarios.

Senado, ley de tierras, propiedad privada