El presidente Javier Milei se plantó el viernes último ante sus ministros. De manera efusiva, ratificó en el cargo a su jefe de Gabinete, protagonista de la novela política y judicial que complica al oficialismo hace dos meses. Dijo que creía en él, atacó a los periodistas y advirtió que prefería perder una elección antes que echar a un inocente. Investigado por enriquecimiento ilícito en los tribunales de Comodoro Py, el exvocero salió de la reunión con buen talante: “Me bancó 100%”, expresó en la intimidad.

En el mundillo de La Libertad Avanza (LLA) admiten que el caso Adorni comenzó a minar la imagen del Presidente o de la gestión nacional y que no logran encapsular las nuevas revelaciones de la causa. “Esto puede ser un punto de inflexión, como la foto de la fiesta en Olivos para Alberto Fernández”, resumen en un integrante del elenco oficial.

La mayoría de los encuestadores concuerdan en que el affaire Adorni profundizó el enorme desgaste que venía sufriendo el Gobierno en los últimos meses. De hecho, un informe realizado la semana pasada por el Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), refleja el alto nivel de penetración que tuvo el escándalo en torno al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete en la sociedad y el fuerte impacto político en la imagen del gobierno de Milei.

“Los resultados evidencian que el caso logró instalarse de manera masiva en la agenda pública, generando percepciones mayoritariamente negativas respecto de Adorni, así como cuestionamientos hacia el gobierno de Milei y su narrativa anticorrupción”, señalaron los especialistas.

Según la encuesta de la UBA -de 4711 casos y realizada de manera online en el AMBA-, el 97,3% siguió entre “mucho” y “algo” las novedades sobre la investigación judicial que complicó a Adorni. Siete de cada diez personas perciben que detrás del crecimiento patrimonial del exvocero del Presidente podría haber “un hecho de corrupción real y grave”. No obstante, las opiniones se dividen entre los votantes de Milei y aquellos ciudadanos que apoyaron a Sergio Massa (Unión por la Patria) en el balotaje de 2023. El 39% de los libertarios opina que las denuncias contra Adorni son una operación mediática. El 31% de los seguidores de LLA se inclina por presumir que hay hechos de corrupción, mientras que un 94% de los votantes de Massa creen que el jefe de Gabinete se enriqueció de manera ilegal.

La encuesta confeccionada por la UBA muestra números preocupantes para la Casa Rosada. Por ejemplo, el 62% señaló que considera “totalmente culpable” a Adorni, quien estaba bajo la mira de la Justicia por sus gastos en efectivo, sus viajes al exterior y la adquisición de propiedades desde que es funcionario público.

Lo alarmante para Milei es que el caso ya impacta entre sus votantes. Es que alrededor de 47% de sus votantes en el balotaje de 2023 consideró que la situación del jefe de Gabinete afectó la percepción que tienen del Presidente, quien llegó al poder enarbolando un discurso anti-casta política y la promesa de que sería implacable a la hora de enfrentar la corrupción en el Estado. En cambio, un 40% de los seguidores de Milei dijo que las revelaciones no afectaron su imagen del Gobierno.

La semana pasada, el exvocero volvió a postergar una explicación sobre los bienes y los gastos que se conocieron en la causa judicial. El miércoles, la senadora Patricia Bullrich había pedido que anticipe su declaración jurada de forma “inmediata” para terminar con el desgaste que el caso provoca al Gobierno. Pero Adorni dijo que no habla para no obstruir a la Justicia.

Del sondeo realizado por la UBA se desprende que la mayoría de la ciudadanía no está conforme con los argumentos de Adorni y que el caso afectó severamente su credibilidad. Es que el 70% de los encuestados dijo que le creía “nada” o “poco” al jefe de Gabinete. Por el contrario, un 27% respondió que le creía “mucho” o “algo”.

Además, el 58% entiende que Milei debería echar a Adorni del Gobierno, mientras que el 17,9% se inclinó por mantenerlo en su puesto y respaldarlo. Entre los encuestados también hay quienes piden que el Presidente lo corra momentáneamente del cargo hasta que se esclarezca su situación (19,5%) y los que pretenden que Milei le exija explicaciones más claras (8,6%).

Otro dato que refleja la desconfianza social: un 58% dijo que Adorni debería renunciar. Y solo el 16% apuesta a que se quede y “resista”. No obstante, el jefe de Gabinete procura seguir en la gestión. Es más: este jueves viajará a la provincia de Mendoza, donde gobierna el radical Alfredo Cornejo. El ministro coordinador participará de una actividad oficial junto a Luis Caputo (Economía) y el titular de YPF, Horacio Marín.

En las conclusiones de su informe, los encargados del OPSA aventuran que la situación judicial de Adorni por sus viajes al exterior y propiedades “podría convertirse en un caso capaz de condensar críticas sociales y erosionar sostenidamente la legitimidad política del gobierno”. Es más, remarcan que tiene similitudes con el efecto que provocó en la opinión pública la foto del festejo del cumpleaños de Fabiola Yánez en la quinta de Olivos en medio de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Desde la UBA consideraron que ambos casos tienen “dimensiones simbólicas y morales centrales del oficialismo, generan percepciones de contradicción entre discurso y conducta, y poseen una elevada capacidad de viralización mediática y emocional”.

En efecto, el sondeo del Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) exhibe un impacto en la imagen del Gobierno.

El 79,9% entiende que el caso daña “mucho” o “algo” “el principal argumento moral con el que Milei llegó al poder”, es decir, la lucha contra la casta y la corrupción. A su vez, el 62,5% opinó que affaire de Adorni afectó la imagen del gobierno, mientras que el 74,9% cree que perjudica a la administración nacional.

“Estos resultados adquieren particular relevancia porque muestran que el impacto del caso no se reduce únicamente al plano judicial o mediático, sino que comienza a erosionar un componente identitario central del oficialismo: la idea de superioridad moral frente a la ‘casta política’”, subrayaron los autores del informe.

CÓRDOBA.- Cada nuevo capítulo de la causa judicial iniciada contra el vicepresidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, se convierte en un tema de conversación dominante en los tribunales cordobeses. El último fue el pedido de la fiscalía para que se proteja a un testigo porque dijo haber sufrido presiones.

Sánchez Torres fue acusado hace un mes y medio de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción”.

Quienes promueven la investigación son los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. La semana pasada pidieron medidas protectivas para el secretario del tribunal, Francisco Juárez Rouvier, quien declaró como testigo. Es el reemplazo de la denunciante del camarista Celina Laje Anaya.

El juez Alejandro Sánchez Freytes ordenó a Sánchez Torres que evite todo tipo de contacto personal con Rouvier y notificó al Consejo de la Magistratura de la situación.

En la acusación que llevan adelante los fiscales aparece, como segundo hecho, que desde el 21 de diciembre de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2025, Sánchez Torres “habría abusado de la autoridad que investía” desplegando sobre la secretaria Laje Anaya “actos de maltrato y violencia laboral, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo”.

La acusación afirma que ese accionar apuntó a castigar a la funcionaria por haberse negado a convalidar el esquema irregular de integración de la sala.

Según los acusadores, le pidieron que convalidara una conformación de la Cámara que violaba el criterio rotativo en una causa por evasión agravada contra un exdirectivo de la cerealera Bunge.

La mujer -quien es familiar del intelectual libertario Agustín Laje-, finalmente, abandonó su puesto.

En septiembre pasado, Laje Anaya presentó una denuncia contra Sánchez Torres, Montesi y Olmedo por “abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y acoso”.

Hairabedián y Turano imputaron a fines de marzo a Sánchez Torres, a su pareja y también vocal de la Cámara, Graciela Montesi y al secretario Mario Olmedo por los hechos denunciados.

Rouviere, en su declaración, calificó como “muy autoritario” a Sánchez Torres, a la vez que mencionó una amenaza que habría hecho al colega Eduardo Ávalos (vocal de la Cámara Federal cordobesa) en el marco de la discusión por un voto. “Si no lo cambia, me lo llevo puesto a él y a vos”, habría dicho en esa ocasión. También planteó que el camarista lo llamó antes de que fuera a declarar.

En la misma declaración afirmó sentir “miedo” por el denunciado “más aun después de haber hecho esas revelaciones”. La fiscalía subrayó que el testigo “trabaja bajo la inmediata dependencia y órdenes del imputado”.