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POLITICA

El Gobierno minimizó la marcha universitaria y aseguró que estuvo impulsada por la oposición: «Quieren sacarle provecho a una causa noble»

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Pese a la magnitud de la convocatoria, el Gobierno minimizó el peso de la movilización universitaria de esta tarde y la tildó de una “marcha política” impulsada por el aparato de la oposición. Javier Milei siguió todo desde la Quinta de Olivos y retuiteó mensajes en contra de la protesta, aunque no se expresó de manera directa.

Mientras miles de personas se congregaban en la Plaza de Mayo para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en Casa Rosada insistieron en su postura de que la protesta había sido orquestada para erosionar al Gobierno.

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Así lo expresó tras la movilización el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que apuntó contra “sectores políticos que quieren instrumentar esto para sus propios fines”.

“Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes, dirigentes sindicales… cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble», insistió el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

Para el Gobierno, la marcha universitaria movilizó 135 mil personas, mientras que el titular del CIN estimó 1.500.000 en todo el país. (Foto: Juan Pablo Chaves/TN)

La estimación de la Casa Rosada y la discusión por la cantidad de docentes

En ese sentido, el Gobierno buscó minimizar la convocatoria y aseguró que solo salieron a la calle 135 mil personas. Es un número mucho menor que las más de 1.500.000 en todo el país que estimó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

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Además de hacer foco en la participación o apoyo de figuras opositoras como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la CGT, o Sergio Massa, el Gobierno buscó llevar la discusión a la eficiencia del gasto de las universidades.

El Gobierno apuntó contra la presencia de dirigentes de la oposición como Axel Kicillof en la Marcha universitaria. (Foto: X @Kicillofok)
El Gobierno apuntó contra la presencia de dirigentes de la oposición como Axel Kicillof en la Marcha universitaria. (Foto: X @Kicillofok)

En palabras de Alejandro Álvarez, el Gobierno debe administrar alrededor de 400 mil millones destinados a salarios universitarios que, según el funcionario, “se pagan para obtener un resultado que hoy no se está obteniendo”.

En diálogo con TN, el subsecretario sostuvo que las universidades presentan muy pocos graduados en relación a la cantidad de estudiantes y planteó que la problemática también gira alrededor de la cantidad de docentes por encima del monto presupuestado.

Leé también: La marcha universitaria se replicó en distintos puntos del país: cómo se vivió en cada provincia

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“Por supuesto (que los docentes deberían ganar más), pero el presupuesto es finito. Si vos tenés presupuestado 15 docentes y nombrás 25, el día que querés aumentar el sueldo es la misma plata”, afirmó.

En ese sentido, consultado sobre si “sobraban” profesionales en las casas de estudio, Álvarez dijo: “Es lo que estamos poniendo en la discusión y para eso tenemos que tener indicadores confiables. Hay cerca de 200 mil (docentes). Es una discusión que no está saldada”.

El panorama de las universidades

Actualmente, un docente universitario de la categoría más alta y con dedicación exclusiva tiene un salario básico de $1.582.283 (sin tomar antiguedad o especializaciones, ni los descuentos o aportes).

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Esa cifra se comprende dentro de un escenario en el que los salarios de las universidades nacionales perdieron el 33,7% de su poder adquisitivo en los últimos dos años. Es casi el doble que la caída registrada para el conjunto del sector público (-18,4% hasta febrero, último dato disponible), y casi 10 veces más que el rezago de los salarios del sector privado registrado.

Leé también: Los números detrás del conflicto universitario: fondos en mínimos históricos y salarios en caída

A su vez, el gasto de la administración pública nacional en el programa de Desarrollo de la Educación Superior (que explica más del 99% de las transferencias nacionales para el financiamiento universitario) cayó, entre 2023 y 2025, un 28,9% en términos reales. Para este año, de acuerdo a lo proyectado en el Presupuesto 2026, habrá caído un 41,2%, según el análisis del Área de Estudios Fiscales y de Políticas Públicas (AFISPOP) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-CONICET, en base a datos del Ministerio de Economía, INDEC y BCRA.

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Además, en un episodio más reciente, los directivos de los hospitales universitarios de la UBA denunciaron que no recibieron fondos en lo que va del 2026 y que su atención corre peligro. Desde el Gobierno aseguran que las transferencias para gastos de funcionamiento fueron ejecutadas, pero admitieron que un fondo de más de $79 mil millones no fue distribuido con el argumento de un cambio de criterio en su administración.

Marcha universitaria, Javier Milei, Gobierno

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Quirno reclamó el cese de la explotación británica y pidió negociar por Malvinas tras la advertencia de Burnham

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El canciller Pablo Quirno respondió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a las palabras del primer ministro británico, Andy Burnham, quien aseguró que el Reino Unido estaba dispuesto a defender su dominio sobre las Islas Malvinas. Frente a esto, pidió un freno a la explotación petrolera aprobada unilateralmente y llamó a reabrir las negociaciones.

“En respuesta a lo expresado por el señor Primer Ministro del Reino Unido sobre la cuestión de las Islas Malvinas, deseo recordar que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional argentino”, afirmó al inicio de su discurso.

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Tras las declaraciones de Burnham, en donde afirmó que el Reino Unido se mantendrá firme ante “cualquier amenaza” al derecho de los territorios británicos a seguir siéndolo, entre ellos las Malvinas, la Cancillería elevó un pedido a la ONU para solicitar el derecho a réplica en el recinto. Así, esta medida obligó a los representantes británicos a presentarse en la sala y escuchar la postura argentina.

En este contexto, Quirno negó que el Reino Unido tuviera derechos soberanos sobre los archipiélagos y las áreas marítimas que los rodean, debido a que se tratan de territorios argentinos bajo ocupación ilegal británica desde enero de 1833.

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Según expresó, aquella acción quebrantó la integridad territorial argentina, con el objetivo de desplazar a las autoridades y a la población nacional que se encontraban establecidas en las islas. Asimismo, indicó que la estrategia de la Corona inglesa fue sustituir a esa población “por súbditos británicos”.

“Este acto, realizado en tiempo de paz y contrario al derecho internacional de la época, nunca fue consentido por la República Argentina, que formuló protestas diplomáticas inmediatas y sostenidas hasta el presente”, apuntó el canciller al hacer referencia al histórico reclamo nacional sobre la soberanía de las islas.

En este sentido, remarcó que la controversia de soberanía entre ambos países está reconocida por las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales. Asimismo, subrayó que estos organismos instan “a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa como vía para descolonizar el territorio”.

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De acuerdo con las declaraciones a las que tuvo acceso Infobae, Quirno indicó que el Comité Especial de Descolonización volvió a pronunciarse en ese sentido en junio de este año y expresó que el Gobierno argentino mantiene su disposición a iniciar “negociaciones bilaterales sustantivas” con Londres, en línea con la resolución de la ONU.

Los representantes del Reino Unido, mientras disertaba el canciller Pablo Quirno

“Nuestro país reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias, con un multilateralismo eficaz y con un orden mundial basado en reglas”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores argentino.

De la misma manera, instó al Reino Unido a cumplir sus compromisos en materia de descolonización y cuestionó las decisiones unilaterales adoptadas mientras la controversia permanece sin resolver. Un reclamo que fue en línea con el repudio del presidente Javier Milei y el anuncio de sanciones a las empresas petroleras extranjeras (de origen británico e israelí) que planean extraer los recursos naturales de la cuenca norte de las Islas Malvinas.

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En línea con esto, Quirno recordó que la Resolución 31/49 de la Asamblea General —de cuya aprobación se cumplirán 50 años en los próximos días— exhortó a ambas partes a no introducir cambios unilaterales en la situación de las islas durante el proceso recomendado por las Naciones Unidas.

Las partes en una disputa deben abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras la disputa está pendiente de solución”, señaló el canciller, al referirse a ese principio. Tras volver a defender el derecho a reclamar por la soberanía de las islas, Quirno concluyó: “Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas”.

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El respaldo de Trump a Milei en la cumbre del Escudo de las Américas: “Tuvimos una gran victoria en la Argentina”

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Javier Milei volvió a recibir un respaldo público de Donald Trump durante la segunda reunión del Escudo de las Américas, la alianza sobre seguridad regional impulsada por la Casa Blanca. En plena cumbre realizada en la sede de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense destacó a su par argentino al recordar sus triunfos electorales.

“Tuvimos una gran victoria en la Argentina… bueno, ya hace un tiempo de eso, y por partida doble”, afirmó Trump durante su discurso ante los mandatarios de la región, mientras dirigía la mirada hacia Milei. El republicano repasaba una serie de victorias políticas de aliados latinoamericanos cuando hizo esa referencia al presidente argentino.

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El encuentro se realizó en la Room 6 de la ONU y reunió a representantes de los 15 países que integran el Escudo de las Américas, una iniciativa lanzada por Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional y reforzar la cooperación en materia de seguridad. Aunque la Casa Blanca había previsto una participación más extensa, el mandatario estadounidense permaneció unos 14 minutos en la reunión.

Los presidentes José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Luis Abinader (República Dominicana) y Javier Milei (Argentina) participaron de la cumbre del Escudo de las Américas en Nueva York este 22 de septiembre de 2026 (Foto: @OPRArgentina)

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el representante comercial, Jamieson Greer; y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, entre otros funcionarios de alto rango. La presencia de ese equipo reflejó la relevancia que la administración republicana le asigna a la estrategia hemisférica.

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ADEPA advierte sobre posibles impactos negativos para la libertad de prensa en el proyecto de ley de soberanía

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La Asociación De Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) remitirá a los miembros del Congreso un análisis jurídico del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en el que pondrá el foco en aspectos que podrían causar un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

En un comunicado, ADEPA destacó: “La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”.

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El proyecto en cuestión, enviado la semana pasada al Congreso por el Poder Ejecutivo, incorpora el artículo 225 bis al Código Penal, en el que propone castigar con prisión de 5 a 12 años (de 8 a 15 si hay coerción) a quien, financiado u ordenado por un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada”, “alterar procesos electorales” y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios.

“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables —como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral— y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones”, continúa el comunicado.

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Y concluye: “Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”.




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