POLITICA
La Cámpora convocó a una marcha para el sábado en la puerta de la casa de Cristina Kirchner
El kirchnerismo volverá este sábado a San José 1111 con una nueva edición de “Unos mates con Cristina”, la convocatoria militante frente a la casa donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Pero detrás de la mateada, la radio abierta y las consignas, el encuentro tiene un objetivo político más amplio: consolidar dentro del peronismo la idea de que la situación judicial de la expresidenta debe convertirse en uno de los ejes ordenadores hacia 2027.
La actividad es organizada por la Casa Cristina Libre, un espacio articulado desde el universo político que rodea al Instituto Patria y a La Cámpora. En los últimos meses comenzó a multiplicar actividades y sedes bajo la lógica de sostener territorialmente la campaña contra lo que el kirchnerismo denuncia como la “proscripción” de la expresidenta y convertir esa consigna en una bandera permanente de militancia.
La estrategia empezó a aparecer con más claridad en las últimas semanas, cuando dirigentes del núcleo más cercano a Cristina y Máximo Kirchner endurecieron el discurso interno y dejaron expuesta una discusión que atraviesa al peronismo. El debate que buscan instalar es bajo qué condiciones políticas debería reconstruirse el peronismo.
La convocatoria de este sábado incluirá una clase magistral en el Instituto Patria, una movilización desde allí hasta San José 1111, el estampado de camisetas con la frase “Cristina Libre”, la pintura de un mural y una radio abierta, todo en la esquina donde se encuentra la casa de la la presidenta del Partido Justicialista. “Frente a la proscripción, respondemos con política”, plantearon los organizadores del encuentro.
La estrategia del ala dura k para ordenar al PJ
En el ala dura kirchnerista vienen insistiendo con una idea que empezó a repetirse en distintas voces del espacio. El próximo candidato peronista no debería limitarse a enfrentar a Javier Milei ni construirse tomando distancia de Cristina Kirchner y también tendría que asumir como propia la pelea política alrededor de la condena judicial contra la expresidenta.
Oscar Parrilli fue uno de los primeros en decirlo sin matices. El presidente del Instituto Patria aseguró en AM750 que el principal objetivo político del peronismo hacia 2027 debe ser revertir el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena.
Teresa García avanzó todavía más sobre esa idea. La senadora bonaerense y dirigente histórica del cristinismo sostuvo que el futuro gobierno peronista debería tener como prioridad la libertad de Cristina Kirchner.
Máximo Kirchner reforzó ese planteo durante un acto en Santa Fe. “Para nosotros, Cristina es la primera candidata porque no hay quién le gane en una interna”, afirmó. Y agregó que, si no logran “romper la proscripción”, deberán buscar un dirigente que “exprese esos intereses”.
La definición tiene impacto interno porque deja entrever la preocupación que atraviesa a ese sector del peronismo, que busca evitar que emerja un candidato presidencial con autonomía política o que utilice electoralmente el capital del kirchnerismo sin asumir como propia su agenda.
Las diferencias con Kicillof y el debate sobre el liderazgo
En paralelo, Axel Kicillof intenta construir otro eje político para la oposición. En su entorno reconocen la centralidad que mantiene Cristina Kirchner y sostienen que existe una “proscripción”, pero rechazan que toda la estrategia opositora quede subordinada a esa discusión.
Cerca del gobernador bonaerense aseguran que el debate tiene que concentrarse en “los temas que le importan a la gente”, sobre todo la economía, el empleo y la caída del poder adquisitivo.
La diferencia es política, pero también de construcción de liderazgo. En el entorno del gobernador repiten que no quieren reeditar una experiencia similar a la de Alberto Fernández, un dirigente sostenido electoralmente por Cristina Kirchner, pero sin capacidad posterior de ordenar el poder.
Por eso, dentro del kirchnerismo duro empezaron a multiplicarse las críticas hacia quienes intentan despegarse discursivamente de la exmandataria. A veces aparecen de manera directa y otras quedan insinuadas en declaraciones públicas o mensajes en redes sociales.
Eduardo Valdés apuntó en esa dirección cuando cuestionó en El Destape a quienes “no quieren nombrar a Cristina por marketing”. El diputado nacional, muy cercano al Instituto Patria, pidió además un acuerdo político entre la expresidenta y el gobernador bonaerense y defendió las PASO como mecanismo para ordenar la disputa interna. “Los liderazgos no se inventan”, afirmó.
Convertir “Cristina libre” en una bandera permanente
La estrategia del cristinismo también apunta a conectar la situación judicial de la expresidenta con otros conflictos políticos y sociales. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, es una de las dirigentes que más avanza sobre esa idea.
“La libertad de Cristina Kirchner es en sí misma un programa de gobierno”, escribió en X durante la marcha universitaria de este martes. En ese mensaje vinculó el ajuste educativo y el desfinanciamiento de las universidades con la condena judicial contra la expresidenta.
El planteo deja expuesto el intento del ala dura K de utilizar la consigna “Cristina Libre” como marco político para discutir distintos temas de la agenda pública, desde el ajuste educativo hasta el modelo económico del gobierno libertario.
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POLITICA
Los empleados bancarios recibieron un nuevo aumento para junio y tendrán otro salario inicial récord
La Asociación Bancaria acordó con cámaras empresariales un aumento de 2,9% para junio, que elevará el sueldo inicial a $2.412.128,22. Y con el plus de participación en las ganancias, de $69.727,10, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.481.855,32.
Según informó el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el entendimiento también fijó para el Día del Bancario un monto mínimo de $2.150.328,87, que estará sujeto a corrección en futuras actualizaciones.
La actualización acumula en el primer semestre del año un 16,8% sobre los sueldos de diciembre. La mejora salarial se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye adicionales convencionales y no convencionales.
De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron una importante mejora ya que se mantiene el acuerdo de otorgar un aumento atado a la inflación.
Las partes resolvieron mantener durante julio y agosto de 2026 el mismo mecanismo y alcance definido en los acuerdos salariales vigentes. También pactaron retomar la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre de 2026 para actualizar los sueldos.
En las últimas semanas, como anticipó Infobae, otros sindicatos importantes empezaron a conversar sobre nuevos aumentos en sintonía con la pauta salarial que fija el Gobierno, o se proponen hacerlo en los próximos días, aunque en algunas actividades que están rezagadas desde el punto de vista salarial exploran fórmulas para recomponer los ingresos sin estar atados a la inflación.
Un ejemplo de esto último es la fórmula que analizan empresarios y sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para aumentar los sueldos que se escape del esquema atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC), en un escenario complejo donde cerca del 60% de los trabajadores cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra que se ubica por debajo de la línea de pobreza, y hace dos años que no se pactan incrementos en la rama siderúrgica.
Ambas partes tuvieron el miércoles pasado la primera reunión oficial entre los delegados paritarios designados por la intervención judicial de la UOM y las cámaras empresariales de la actividad, en el inicio de las nuevas negociaciones salariales para los metalúrgicos.
Luego de intercambiar opiniones sobre la crisis del sector metalúrgico y el atraso salarial, surgieron algunas ideas para mejorar las remuneraciones sin tomar en cuenta el alza de la inflación, por lo que ambas partes acordaron seguir las negociaciones en estos días.
Se trata de de las paritarias más importantes del sector industrial que estaba empantanada por la renuencia de la Secretaría de Trabajo en reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor Alberto Biglieri. Finalmente, la negociación salarial se destrabó gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la potestad del interventor de “discutir acuerdos paritarios y de designar personas” para que piloteen esas tratativas.
Por su parte, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que encabeza Armando Cavalieri, mantendrá esta semana las primeras reuniones con las cámaras empresariales para acordar un aumento salarial para el trimestre julio-septiembre.
La expectativa sindical es compensar la inflación del período vencido ya que el último acuerdo paritario, con vigencia entre abril y junio, consistió en un incremento del 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio), más una suma fija no remunerativa de 20 mil pesos y una contribución empresarial para OSECAC de 28 mil pesos mensuales por trabajador.
En el sindicato mercantil admiten que será una negociación compleja con los empresarios ya que la actividad mercantil atraviesa una etapa crítica, con caída en el consumo, cierre de negocios, alza de locales vacíos y despidos y suspensiones de personal.
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POLITICA
El Consejo de la Magistratura citó a declarar a la jueza de Corrientes que investigó la desaparición de Loan Peña
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió convocar a una suerte de citación a indagatoria a la jueza federal de Goya, Corrientes, Cristina Pozzer Penzo, quien tuvo a su cargo la investigación de la desaparición de Loan Peña.
La magistrada fue denunciada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación por hostigamiento laboral y abuso de autoridad; abandono de funciones, trato indebido a colegas e intervención de su hija en el juzgado. El consejero Álvaro González (Pro) pidió citarla por el artículo 20 del reglamento (el equivalente a una indagatoria) para que dé sus explicaciones. La solicitud fue aprobada por unanimidad.
Además, en la misma reunión, la Comisión dictaminó que debe cerrarse la denuncia presentada contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por las detenciones que ordenó contra los acusados de haber arrojado excrementos a la casa del exdiputado libertario José Luis Espert. En una votación dividida, la comisión propuso cerrar el caso. Ahora el tema pasará al plenario del Consejo, que tomará la decisión final.
En la misma reunión, por pedido del bloque kirchnerista, la Comisión de Acusación resolvió postergar una definición sobre si se promueve la destitución del juez en lo civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por maltrato laboral y acoso. “Conozco el nivel de protección a Maraniello”, denunció el senador Luis Juez, que promueve enviarlo a jury.
La comisión se reunió, encabezada por su presidente, el abogado Alberto Maques, con la presencia en la sede de la calle Libertad de los diputados González Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade (del FDT) y, vía Zoom, del diputado Gonzalo Roca (LLA), del senador Juez y del abogado César Grau.
Maques dio la bienvenida y contó lo sucedido en las últimas horas en el proceso de jury contra el juez Alfredo López, después de que el Jurado de Enjuiciamiento tuvo que desalojar la sala cuando tanto él como Juez, en nombre del Consejo, pidieron la destitución del magistrado por sus expresiones antisemitas. Según detalló, el Jurado estará en condiciones de dar a conocer su veredicto después de la feria.
Luego, la comisión analizó la situación de Maraniello, denunciado por sus empleados por maltrato y abuso. Sobre él pesa incluso la acusación de una joven que renunció tras relatar que sufrió un abuso sexual.
Durante semanas, la comisión escuchó el testimonio de muchos de los denunciantes e incluso de los superiores del magistrado. Además, se cuestionó la forma en la que Maraniello manejaba el dinero del juzgado y utilizaba a los empleados del Poder Judicial para desarrollar tareas o actividades en la asociación de derecho constitucional que dirigía.
El senador Juez, que fue el consejero que llevó adelante la investigación, defendió en la comisión su dictamen contra Maraniello. “Estamos en condiciones de elevar la situación del doctor Maraniello al plenario entendiendo que hemos agotado la etapa instructoria, que se han incorporado un montón de expedientes y que es una causa que lleva la comisión un tiempo importante. Estamos en condiciones de aprobar el dictamen solicitando la destitución”, afirmó.
Sin embargo, Tailhade opinó que los testimonios oídos “no fueron suficientemente contundentes como deberían” y se quejó porque no se había hecho lugar a las medidas de prueba solicitadas por el defensor de Maraniello, Mario Laporta, que incluían pedir informes psiquiátricos a los denunciantes.
Si bien reconoció la labor del senador Juez, que desde que llegó impulsó investigaciones contra jueces (“Acá vino a hacer despelote”, dijo), el diputado kirchnerista afirmó que no podía acompañar así el dictamen contra Maraniello y pidió postergar el asunto hasta la próxima reunión, para darle una respuesta concreta a la defensa.
“Cuando rechazamos la prueba, la rechazamos con fundamentos –respondió Juez-. Sé de quién estamos hablando. Conozco el nivel de protección a Maraniello. Si no hubiéramos empujado como lo hicimos, no estaríamos en esta instancia. Si hubiesen escuchado los testimonios de las víctimas, se darían cuenta de que el maltrato está absolutamente probado. Tenemos acreditada la inconducta del doctor Maraniello”.
Juez, no obstante, aceptó la postergación, que fue acompañada por el resto de la comisión.
El último expediente de relevancia fue el de la jueza Arroyo Salgado. El diputado Roca promovió la desestimación de la denuncia en su contra por la detención de militantes kirchneristas que se habían manifestado en la casa de Espert, tras la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, y que habían arrojado excremento en el lugar.
“La detención fue absolutamente delirante. La prueba hoy indica la ratificación de la denuncia: maltrato y desinterés contra las personas detenidas. No es el momento de cerrar esta causa”, dijo Tailhade y reclamó profundizar la investigación del caso.
“Tenemos tiempo de seguir investigando –acompañó Siley-. La Cámara de San Martín le revocó toda su actuación jurisdiccional. La jueza cometió abuso de poder y eso es lo que le cuestionamos. No queremos darle punto final a este tema.”
Roca dijo que se estaba “mezclando lo político con lo jurisdiccional” e insistió con su dictamen sin demoras. Se votó a mano alzada. Siley, Tailhade y Grau solicitaron postergar el tema, pero Juez, Maques, González y el propio Roca dieron la mayoría para votar la desestimación de la denuncia, que será llevada al próximo plenario para que sea refrendada.
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En un final que se sospechaba desde hace más de una semana, la ley de propiedad privada volvió a demorarse en el Senado: la jefa libertaria, Patricia Bullrich, pidió que la sesión pasara a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, lo que se convirtió en una nueva derrota para el Gobierno en un tema ya muy manoseado y con una marcada mala praxis del oficialismo en la Cámara alta. La propuesta de la porteña recibió 65 votos a favor, tres rechazos y una abstención.
La fecha del 6 de agosto no es menor. La semana pasada, cuando se dejó fijado el encuentro de hoy -en Labor Parlamentaria-, la propia Bullrich informó que para el mes próximo quedaba un encuentro pactado. Infobae contó ese día que, en realidad, era una especie de blindaje para dar señales de “trabajo” y no anticipar el receso invernal que habrá por 15 días, pese a que se presuponía que la iniciativa sigue sin votos suficientes para avanzar. Quedó como un flojo premio consuelo.
El nuevo traspié se da en medio de un Ejecutivo que intenta dar señales de sendero controlado, lo cual suena contradictorio a la hora de revisar el día a día de la Cámara alta, con personas que dicen defender la gestión Milei y luego juegan -muy- en contra del jefe de Estado.
La situación con este proyecto es tan mala que la mayoría de bancadas dialoguistas se hartaron, lo cual genera un mal antecedente ante una eventual aprobación y definición en Diputados.
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