A más de un año de la condena contra la expresidenta, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti afirmó que el tribunal no analizó la constitucionalidad de la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y reclamó cubrir las dos vacantes que mantienen al máximo tribunal con tres integrantes.

El magistrado se refirió al expediente contra la expresidenta, al funcionamiento de la Corte y a los límites de los pedidos de juicio político contra magistrados. También explicó el alcance de la decisión vinculada con la Ley de Tierras.

Al ser consultado en el programa Cata de noticias, en radio Con Vos, sobre la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y las discusiones sobre su inhabilitación para ejercer cargos públicos, Lorenzetti evitó emitir opinión sobre una decisión del propio tribunal. Sin embargo, precisó cuál fue el alcance de la intervención de la Corte en ese expediente.

Según explicó, la causa llegó al máximo tribunal mediante una queja luego del rechazo de un recurso extraordinario. La Corte desestimó esa presentación por falta de fundamentación y, por ese motivo, no avanzó en una revisión de fondo.

“El tribunal oral resolvió, en el tema de Vialidad, tomó una decisión. Esa decisión después fue respaldada por la Cámara de Casación. Ahí está el doble conforme que se requiere y la Corte recibió un recurso denegado, o sea, solo una queja”, señaló Lorenzetti.

El magistrado remarcó que la decisión de la Corte se limitó a esa presentación. “En esa queja, que es un modo muy estrecho, es decir, no analizamos el fondo, la Corte lo resolvió por falta de fundamentación, es decir, no estaba bien fundado. Eso lo puede leer cualquier persona y hasta ahí llegamos”, sostuvo.

También indicó que la Corte no trató la cuestión de la inhabilitación perpetua, una pena prevista en el Código Penal que fue dispuesta junto con la condena de prisión. “En esas sentencias, lo que llega a la Corte no está planteado ese tema”, afirmó al referirse a la posibilidad de que Fernández de Kirchner compita en elecciones.

Sobre el debate jurídico alrededor de una eventual inconstitucionalidad de la sanción, agregó: “Lo que se habla es si se plantea la inconstitucionalidad o no de esa inhabilitación perpetua en relación a una pena de prisión más acotada, que no es perpetua. Ese es un tema, pero en la Corte no se trató ese tema”.

Asimismo, frente a las expresiones políticas que definen a la expresidenta como proscripta, Lorenzetti separó el plano político del jurídico. “No me parecen mal las discusiones políticas. Que cada sector tenga sus argumentos y los use y luche por lo que cree que es bueno. Eso está bien en una democracia”, planteó. Sin embargo, aclaró: “Jurídicamente es otra cuestión. Nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho, a la Constitución”.

Las vacantes en el máximo tribunal

En la misma entrevista, Lorenzetti reclamó completar la integración de la Corte. La ley fija cinco miembros, pero el tribunal funciona con tres luego de las vacantes que dejaron Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

“El presidente tiene que enviar esos pliegos, tomar esa decisión y después tiene que haber un Senado con dos tercios que lo apruebe”, dijo. Consideró que la falta de acuerdos para cubrir los cargos es un déficit que se mantuvo durante distintos gobiernos.

El ministro planteó que la actual conformación exige mayor esfuerzo para alcanzar decisiones, dado que la mayoría requerida también es de tres votos. Aclaró que su preocupación central no está en el volumen de trabajo, sino en la concentración de atribuciones.

“Tres personas que decidimos de todo es demasiado poder para tres personas y tiene que haber diversidad también”, señaló. “Yo nunca me quejo de trabajo porque siempre trabajé y los temas salen. Pero tres personas que decidimos de todo, es demasiado poder para tres personas”, agregó.

Lorenzetti consideró positiva la incorporación de mujeres a la Corte. “Dentro de esa diversidad, la diversidad de género es buena. Por supuesto que sería bueno que incorporen mujeres”, afirmó, aunque aclaró que la decisión sobre las candidaturas corresponde al Poder Ejecutivo y su aprobación al Senado.

El juez se mostró cauto ante la posibilidad de ampliar el número de integrantes del tribunal. Advirtió que una modificación de ese tipo podría generar incertidumbre sobre los criterios judiciales. “Si la Corte fija un criterio y se dicta una ley para ampliarla y después demora lo que está demorando para cumplirlo, vamos a estar un año, dos años, tres años sin saber cuál es la jurisprudencia de la Corte”, sostuvo.

La Ley de Tierras y el límite de los juicios políticos por sentencias

Sobre la decisión vinculada con la Ley de Tierras, Lorenzetti rechazó que la Corte se haya pronunciado sobre la validez de esa norma, sobre el decreto de necesidad y urgencia cuestionado o sobre la venta de recursos naturales.

Explicó que el expediente llegó al tribunal dentro de procesos colectivos que discutían medidas cautelares. En una de las causas, la Corte rechazó una presentación de excombatientes de Malvinas por falta de legitimación, al concluir que no habían acreditado una representación jurídica directa para impulsar el reclamo.

“Primero, la Corte no opinó sobre la Ley de Tierras”, afirmó. “Acá todo es precario. No estamos hablando ni de la Ley de Tierras, que no llegó a la Corte, no estamos hablando del DNU ni de una ley. Estamos hablando de una medida cautelar, que es algo muy precario, y de un DNU, que también lo es”.

El juez explicó que el tribunal resolvió primero la situación de la asociación de excombatientes. “Nosotros tenemos mucho respeto por los excombatientes de Malvinas, porque toda la sociedad los respeta. Pero en este caso dijimos que no tiene una relación directa de representación jurídica respecto a este tema. Entonces, se rechazó por falta de legitimación. Punto, ninguna otra valoración”, sostuvo.

Lorenzetti indicó que luego se trató una segunda causa, que había quedado sin resolución de fondo porque se había acumulado al primer expediente. En ese caso, él y Horacio Rosatti votaron por dictar una cautelar, con el argumento de que existía una cuestión ambiental y que la acción no había tenido tratamiento previo. Carlos Rosenkrantz mantuvo una posición distinta.

“La Corte nunca puede ser pensada como alguien que vende tierras o que está en contra de los recursos naturales, porque nosotros hemos defendido los recursos naturales siempre”, afirmó. Como antecedentes, mencionó las decisiones sobre el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Ley de Glaciares y otros fallos ambientales.

Por otra parte, Lorenzetti cuestionó los pedidos de juicio político contra jueces que se originan en desacuerdos con el contenido de sus sentencias. El planteo surgió al hablar del debate por la baja de la edad de imputabilidad y de los reclamos contra una magistrada que cuestionó una norma.

“La ley prohíbe hacer un juicio político a un juez por la sentencia”, afirmó. “Si hay otras conductas, sí, pero por la sentencia, no. Porque además la sentencia de un tribunal se apela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se apela y otro tribunal la corrige, que es lo que pasó”.

Para el ministro, utilizar el juicio político como respuesta a una decisión jurisdiccional afecta la independencia judicial y la división de poderes. “No es que cada cosa que no nos parece bien tenemos que tumbar el sistema”, sostuvo.

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Ignacio Grimaldi,Conforme a

Patricia Bullrich lanzó su plan B electoral, el PRO mostró su descontento por los agravios presidenciales en España y los aliados provinciales dieron vuelta por completo el texto de la nueva ley de discapacidad. La intransigencia de Javier Milei hace estallar la guerra interna y dispersa la disciplina partidaria. Se autonomizan las partes de un gobierno de verticalismo extremo.

El segundo round con la ley de discapacidad se vendrá en el debate del Presupuesto cuando Luis Caputo, que resistió los cambios hasta un día antes de la sesión, tenga que poner la plata. La oposición se aseguró de que en el proyecto quedaran explicitadas las partidas necesarias para hacer cumplir la ley. Ahora tienen que dejarlo plasmado en el Presupuesto. “La plata no está”, fue lo último que le dijo el ministro de Economía a la mesa política, pero se decidió avanzar igual con los cambios que pedían los aliados. La decisión fue de Karina Milei. La idea del Gobierno es quitar ese foco de conflicto para el año electoral y sobre todo, ante la visita del Papa, que eligió visitar el Cottolengo Don Orione para dar un mensaje claro sobre el drama de quienes más sufren. “Había que clausurar el tema”, sostiene un integrante de la mesa política, que dejó abierta, de todas maneras, la posibilidad de un veto o veto parcial en caso de que el Senado incorpore modificaciones que impliquen un mayor costo fiscal.

El Gobierno sostiene que el desembolso de fondos es menor que el que implicaba la emergencia. Todo dependerá de las nuevas altas de pensiones que termine otorgando el oficialismo. Es el área que se lleva la mayor parte del presupuesto. Entre los cambios que se incorporaron a último momento se incluyeron los programas 69, 70 y 71 del Ministerio de Salud con gasto específico para el área para evitar la discrecionalidad que proponía el dictamen del oficialismo, que dejaba las partidas sin identificar y solo obligaba a reasignar recursos durante el primer año. Ahora se establece que el ingreso por beneficiario no puede ser inferior en términos reales al del ejercicio anterior. Uno de los puntos centrales que se modificaron tiene que ver con quién fija los requisitos para otorgar las pensiones. La propuesta del oficialismo establecía que quedaría a cargo de la reglamentación del Poder Ejecutivo. Ahora la ley enumera esos requisitos. Le saca todo margen al Gobierno. El otro punto que usaba la Casa Rosada para recortar fondos rápidamente tenía que ver con la baja de pensiones de manera automática. Ahora se fijaron notificaciones, descargos y un plazo de 60 días. Sólo como ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se suspendieron 20.811 pensiones desde septiembre de 2024 y luego se restituyeron 20.641, el 99,2 %. Lo hacían enviando avisos de suspensión a direcciones incorrectas sin dar posibilidad de descargo. Eso ahora quedó reglamentado.

El cálculo que había hecho la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el dictamen anterior establecía un costo fiscal estimado de $598.912 millones en 2027 y de $1.209.567 millones en 2028. Según la oposición, con los cambios se suman alrededor de un billón más.

El misionero Oscar Herrera Ahuad fue quien se puso al hombro la negociación. El acuerdo se alcanzó una hora antes de la sesión. Fue clave la Iglesia. Hasta las 3 de la madrugada negoció el padre Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto a juristas que integran el Foro de Discapacidad y que presentaron el primer amparo contra el incumplimiento de la norma. Del lado del Gobierno la delegada de Martín Menem fue Laura Rodríguez Machado. Estuvieron también Oscar Zago y las actrices Valentina Bassi y Lola Berthet como articuladoras centrales de los cambios.

Las batallas de Karina

El giro abrupto del Gobierno se enmarca en la crisis interna. Karina Milei se puso al frente del tema y a la hora de la votación se apareció por el Congreso para que no quedaran dudas de quién se llevaría el rédito interno de la jugada. La guerra se remonta al 17 de abril, cuando el Ejecutivo presentó un proyecto de discapacidad muy restrictivo, de corte de pensiones, similar a lo que hace un mes apareció en el Presupuesto. Entró por el Senado. Lo había presentado el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, que responde a Santiago Caputo. Nunca se trató. Mientras Karina habilitaba una negociación para cerrar el tema, hace solo 15 días el asesor presidencial tuiteaba que el 60% de las pensiones por invalidez eran truchas y apuntaba al accionar de Martín Menem que ya había puesto en marcha la negociación. “Mientras el gobierno viene intentando dar de baja esas pensiones truchas, el Congreso insiste no solo en obstaculizar esto sino que pretenden DUPLICAR las pensiones existentes. Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra. Lógicamente, como los recursos son escasos, producto de esta cantidad de pensiones truchas, las prestaciones para aquellos que efectivamente tienen alguna discapacidad son un desastre. El tema pensiones por invalidez debe ser una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años”. Los Caputo quedaron apuntados por el resto del gabinete. Según fuentes del oficialismo, Luis Caputo insistía en que no quería gastar plata por eso mandó el presupuesto de ajuste para el área. Salud depende de Santiago, junto con la Secretaría de Legal y Técnica, que no autorizó los avances hasta el último minuto. “Finalmente se pusieron de acuerdo y se encontró una diagonal”, dice una fuente oficial sobre el devenir de la discusión interna que se tensó sobre el final. Cerca de Menem también miran con atención la relación de Santiago Caputo con los gremios, interesados, como las prepagas, en que las obras sociales no paguen más por los tratamientos, algo que habilitaba la eliminación del nomenclador. También se beneficiaba el PAMI, en manos de funcionarios cercanos al asesor presidencial.

A eso se suma el lento avance del proyecto de Defensa de la Soberanía, de autoría y defensa en soledad de Caputo, sobre todo tras la queja pública de Estados Unidos sobre las sanciones a las empresas norteamericanas que sean parte o financien proyectos en las islas Malvinas. Lo dijo en público el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. Un día antes de su llegada, Karina Milei se reunió con el embajador norteamericano, Peter Lamelas, cuando ya era un secreto a voces la posición que empezaba a manifestar la administración de Donald Trump.

El proyecto tendrá cambios. “Se están negociando, Estados Unidos pidió algo lógico”, dicen desde el karinismo. Otro pie sobre la cabeza del asesor presidencial, que esta semana desmintió que se hubiera congelado el proyecto.

El remate de la semana más activa de Karina Milei terminó con el sobreseimiento en la causa Libra para todos los investigados, incluida ella y el Presidente. Se dio después del cambio de mando que hizo la Secretaria General en el área de Justicia, al disolver el poder de su oponente interno y, vía el nuevo ministro, Juan Bautista Mahiques, cortarle a Caputo todos los resortes de influencia en el área.

Ortodoxia económica, pragmatismo político

La nueva rebeldía de Patricia Bullrich esta vez la puso en contraposición a Milei. Le habla directamente a él. La senadora esperó dos semanas para que se produjera algún tipo de cambio después de la reunión que ambos tuvieron en Olivos hace dos viernes. No pasó nada. A un conocido le dijo que no aparecen ideas en el equipo económico. Estuvo una semana y media callada, esperando. Pero nada sucedió. Le había llevado a Milei sus propuestas, que el Presidente tomó pero no aplicó.

A los videítos ahora le sumará la acción. Sólo como anécdota, en la Casa Rosada les gustó más el de Lali. Dicen que generó más debate que el tema de una banda ignota llamada Plan B. Patricia Bullrich avanzará con un proyecto en el Senado de un régimen de inversiones para medianas empresas, de entre $12 millones y $200 millones, de autoría del radical Eduardo Vischi, que propone mecanismos como devolución acelerada de Ganancias y recuperación anticipada del IVA para facilitar la amortización. ¿Se lo aprobará Luis Caputo? Todavía no avanzó el Super RIGI, trabado porque Bullrich apuntala la propuesta de los aliados de incorporar más beneficios para el compre nacional. Esas son algunas de las palancas que la senadora le dijo a Milei que tiene que mover para reactivar la economía. Otras no las quiere contar. También le habló de moderar sus formas, pero el Presidente no parece haber tomado el consejo. Esta semana le dijo dictador a Pedro Sánchez, maltrató a periodistas españoles solo por preguntar y prometió no tener piedad con quienes investigaron la causa Libra.

Milei no va a cambiar y Bullrich lo sabe. Hasta marzo jugará este juego. En las últimas horas le dijo a sus allegados que va a mantener esta tensión para sacudir el avispero. Ella tiene muy presente el devenir del último año del gobierno de Mauricio Macri. Todas las encuestas les decían que estaban a más-menos dos puntos de diferencia y perdieron por 14 puntos en las primarias. “Cuando reaccionó ya era tarde”, suele reflexionar la senadora. Entonces Macri puso IVA 0 para los alimentos, congeló el precio de los combustibles, estableció un plan de facilidades de pago para deudas impositivas y de la seguridad social, dio dos pagos extras para la Asignación Universal por Hijo y aumentó 40% las Becas Progresar, levantó el pago de aportes patronales, subió el piso para el pago del impuesto a las Ganancias, aumentó el salario mínimo y le dio un bono extra a las fuerzas armadas y de seguridad. Nada de eso entra en la cabeza de Milei. Tampoco es lo que le pide Bullrich, pero sí le dice que tiene un año para maniobrar. Milei la escucha y la abraza, no la soltará. Pero no va a tomar ninguna medida. “Esto se resuelve con tiempo”, suele contestar el Presidente. No hay ninguna intención de cambiar el programa.

Recesión

La economía volvió a arrojar malos números esta semana. Ya estamos en recesión técnica. Es sólo esperar un mes, que se confirme con el dato. En agosto la actividad económica registró una mínima suba mensual del 0,1% desestacionalizada cuando venía de una caída de 2,8% en julio. Quedó 1,7% abajo respecto de igual mes de 2025. La consultora Equilibra publicó su anticipo de actividad para septiembre con una caída de 1% interanual y un crecimiento de 0,5% sin estacionalidad. De confirmarse, el tercer trimestre caería más de 2% frente al segundo trimestre y la economía argentina acumularía dos trimestres consecutivos de contracción. La proyección de crecimiento de todo el año llegaría a apenas 1%. La consultora Sudamericana puntualiza en un dato preocupante. “Los sectores que en agosto crecieron fueron apenas 5 (de un total de 15), la menor cantidad desde septiembre de 2024 y se profundizó la tendencia de que aquellos que venían creciendo desaceleraron su ritmo mientras aquellos que mostraban caídas siguen en esa situación y sin poder recuperarse”, analizaron.

El consumo masivo tampoco remonta. Según el Indec, las ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual y 0,8% respecto a julio pasado y los autoservicios mayoristas bajaron 3,6% interanual y 1,2% mensual. Sólo los centros de compras registraron un alza, en este caso del 3,7% interanual y de 3,3% mensual. El acumulado es malo. En siete meses de 2026 se mantiene la caída de las ventas en todos los canales. Tampoco se ven perspectivas de mejoras. La encuesta de tendencia de negocios del sector para el mes de septiembre anticipó que en el próximo trimestre la situación comercial se mantendrá igual (72,1%) o empeorará (5,8%). El otro dato negativo fue el crecimiento del riesgo país. Milei lo explicó desde el contexto externo pero todas las consultoras económicas ratifican que el problema está adentro. En octubre, el riesgo país argentino acumula un alza de 97 puntos básicos y en el acumulado de 2026 la suba llega a los 143. “De este modo, parece confirmarse la hipótesis que se trata de un cambio de percepción de los inversores respecto a la capacidad del Gobierno de ejecutar su programa financiero 2027 y las dudas sobre las fuentes alternativas de financiamiento que se podrían activar en caso de seguir sin poder acceder al mercado local e internacional de capitales en moneda extranjera”, marcó el informe de Sudamericana. En tanto, 1816 planteó que en la Argentina “hay algo más”. Y apuntó a que “el mercado tiene dudas sobre la elección y el dato de EMAE que confirma la recesión técnica difícilmente ayude”. Si se mira la región, en Bolivia el riesgo país subió 87 puntos (483); en Ecuador, 78 puntos (488); en Uruguay, 13 puntos (78) y en Brasil, en pleno proceso de segunda vuelta electoral, bajó 3 puntos (171).

Frentes abiertos

El Gobierno intentó cerrar el conflicto con el área de discapacidad pero aún le queda abierto el financiamiento universitario. Será la otra gran batalla del debate que viene: el Presupuesto. En la Casa Rosada creen haber salido victoriosos de la última manifestación, opacada por los incidentes. Juega con fuego. El espejo es Europa. Hasta ahora logró que mermara la participación ciudadana pero el tema volverá a la agenda opositora con el Presupuesto.

El oficialismo tropezó además con el proyecto de morosidad. Debieron postergar el tratamiento por falta de votos. Lo salvaron los diputados por Córdoba, dos veces, en la última sesión. Casi cae el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y lograron con lo justo retirar el proyecto de endeudamiento. Pero el caso seguirá en agenda. Si bien bajó marginalmente la morosidad en bancos, pasó de 12,9% en julio a 12,8% en agosto, muchos ya pasan a la categoría de deudores “irrecuperables”, y salen de los balances. El dato preocupante es que subió la morosidad en billeteras virtuales y fintech, que alcanzó un récord del 33,9% en agosto, según datos del Banco Central.

La Casa Rosada espera cerrar el mes con anuncios de acuerdos electorales que lo habiliten a llevar al recinto la eliminación de las primarias. Los votos no están, pero no les faltan tantos. En el bloque del Senado cuentan 35 apoyos, con mucho entusiasmo. Le faltarían 2. Suman los 21 de La Libertad Avanza, entre 7 u 8 de la UCR, uno por Neuquén, y otro por Chubut, además del voto de Carlos Camau Espinola y Alejandra Vigo, después de que esta semana Martín Llaryora ratificara su voto a favor de eliminar las PASO. Están en la lista los dos senadores por Santa Cruz. Hasta ahí, con optimismo, 35. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, podría aportar un voto más. A los senadores por Catamarca y Misiones, con realineamientos al interior del peronismo, ya no los cuentan, y tampoco, por ahora, a los 3 del PRO.

Patricia Bullrich insiste en que hay que darle una alternativa a los aliados para que estén representados. Si les sacás las primarias y la lapicera la tiene Karina, es poco probable que les de lugares en las listas. De tenerlos, serán marginales, como le pasó al PRO en CABA y en PBA. También le va a pasar a ella, como aliada. El plan colectoras todavía ni se redactó, pero serviría como alternativa de contención.

Reorganización y lanzamientos

El espacio del medio va a sumar otro candidato propio. Carlos Melconian saldrá a la cancha a más tardar en noviembre. Otro presidenciable que ya está trabajando en una candidatura que junte las partes de los desencantados. Habla habitualmente con Bullrich. Fue su candidato a ministro de Economía en la campaña 2023. El lanzamiento coincide con la mayor exposición de la senadora. Para el economista, los parches que propone el ala política tampoco van a funcionar, más allá de que es poco probable que Milei los acepte. Se califica como un “outsider no virgen”, que habla con Cristina Kirchner y con Sergio Massa. No significa que se vaya a juntar electoralmente con ellos, pero lo dice para que lo vean con roce. Le gusta el coqueteo con el peronismo.

La preocupación que muestra Bullrich tiene su correlato en los movimientos del principal espacio opositor, que volvió a mostrar unidad esta semana con su nueva cumbre en la casa de La Pampa. Cada espacio se llevó lo suyo. Axel Kicillof consiguió que en el pronunciamiento final se ratificara la decisión de sostener las primarias y Sergio Massa y Máximo Kirchner, la idea de mantener la unidad. Cada uno atiende su juego mientras Cristina Kirchner espera que la ONU tome su caso. Desde el 19 de octubre y hasta el 6 de noviembre delibera el comité de derechos humanos, donde llevó su reclamo. Si no lo toma pasa a marzo y se diluyen sus chances de intentar volver a la cancha. En la Casa Rosada preferirían tener a un Kirchner en la boleta. Jugarán su campaña al temor de la vuelta al pasado.

La encuesta que tanto enojó a Milei, de la consultora Zentrix, determinó que dos tercios de los argentinos no llega a fin de mes. El Presidente ya se había expresado sobre el tema pero esta semana estalló con el dato. A su regreso de España hizo un intento por acomodar el discurso tras el fuerte rechazo que generó su literalidad, incluso en funcionarios de su equipo. Pero nadie se lo dice. Más allá de las rebeldías, sigue siendo un esquema hiper verticalista. Hay datos que desmienten incluso la segunda explicación que dio Milei, cuando habló de que le devolvió a los sectores más pobres ingresos que le quitaba la inflación. El 83,3% de la clase baja no llega al día 20 mientras en la clase media es el 51,4%. El desencanto también se ve en el votante libertario. De ellos, un 59,1% no cree que su salario le esté ganando a la inflación, contra un 31,8% que cree que sí, según ese mismo relevamiento. El problema para el Gobierno está adentro, entre sus votantes y sus aliados.

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