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Se fracturó el PJ en Mendoza y se abrió un foco de conflicto entre el peronismo federal y La Cámpora

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Mientras las distintas vertientes del peronismo nacional tratan de ordenarse y construir un nuevo programa económico, en los PJ del interior los enfrentamientos florecen y exponen la división en mitades que hay en el justicialismo. De un lado los federales, del otro el kirchnerismo. En este tiempo la síntesis es una utopía y el enfrentamiento una realidad. Pero siempre hay márgen para los acuerdos.

Por estas horas el PJ Mendoza, que preside Emir Félix, es un hervidero. “Nos estamos matando”, acepta un dirigente local ante la consulta de Infobae. La tensión se exacerbó luego de que el Tribunal de Disciplina partidario sancionara a diez dirigentes que fueron candidatos por afuera del partido en las elecciones municipales del 22 de febrero. Algunos de ellos son parte de la línea interna que lidera la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

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El tribunal los inhabilitó para ser candidatos a cargos públicos en representación del PJ mendocino durante tres años y les prohibió ocupar cargos partidarios durante la misma cantidad de tiempo. La dura sanción fue aplicada sobre los candidatos que compitieron en la lista de Frente Patria, apadrinada por el cristinismo, por fuera del esquema del partido. Resolución a la que llegaron por la falta de acuerdo respecto a las candidaturas.

El cristinismo compitió con una lista paralela a la del partido en San Rafael, Rivadavia y Luján de Cuyo. En las tres, perdió. En todas, ganó el PJ local. Es decir, la división no benefició al sector K para volverse más competitivos, ni debilitó al justicialismo para hacerlo encontrar con la derrota. Solo generó más ruido y más peleas, de las que ya existen en el peronismo nacional y en el mendocino, en particular. Y, sobre todo, fracturó el espacio político en el quinto distrito electoral más importantes del país.

El presidente del PJ Mendoza y actual diputado nacional, Emir Félix

Lo ilógico de la pelea interna del peronismo es que atravesó una estrategia de los intendentes, que desdoblaron las elecciones municipales de la nacional y provincial, para evitar que el efecto arrastre de Javier Milei, que tenía otra espalda política a fin de año pasado, los lleve puestos a ellos. Sobre todo, teniendo en cuenta que el gobernador de la provincia, el radical Alfredo Cornejo, tiene una sociedad electoral muy potente con La Libertad Avanza (LLA).

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Los diez sancionados fueron Paloma Scalco, Bruno Ceschín, Nadir Yassuf, Gisela Flores, Daniel Mazurenco, Hipólito Martínez, Facundo Martín, Mariela Herrera, Katherina Hidalgo y Sebastián Videla. Todos participaron de las elecciones de concejales departamentales que se realizaron en febrero de este año.

El caso más paradigmático es el de Scalco, que es concejal en Luján de Cuyo y, al mismo tiempo, es la vicepresidenta del PJ mendocino. En la última elección fue como candidata para el concejo deliberante de su ciudad en una lista por fuera del partido. Una muestra del nivel de agrietamiento que hay en el peronismo de la provincia y también el recuerdo de que, tiempo atrás, hubo capacidad de generar un acuerdo entre las partes para conducir el partido con una lista de unidad.

“Están pasando cosas muy graves en nuestro país y en nuestra provincia como para estar en el peronismo dando este tipo de discusiones. Podemos ver lo alejada que está la conducción de la realidad y de los problemas que tenemos los mendocinos y los argentinos”, sostuvo Scalco.

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Anabel Fernández Sagasti sigue teniendo influencia en el peronismo mendocino. Los dirigentes sancionados son parte de su espacio político en la provincia (Comunicación Institucional Senado)

Además, agregó, en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM, que “hay un intento de dejar afuera a un sector que lo único que hace es considerar que tenemos que estar en contacto con la ciudadanía y que no podemos ser cómplices del gobierno de Milei y de Cornejo, como ellos quieren serlo”.

En diálogo con Infobae, el diputado provincial Lucas Ilardo, referente local del kirchnerismo, describió la situación con mucha crudeza. “Hay un grupo de dirigentes del PJ en Mendoza, como en todo el país, que creen que es necesario tener al kirchnerismo calladito, amordazado, invisible y sin discutir mucho”, precisó, al tiempo que remarcó: “Eso es incompatible con la esencia de nuestro espacio político. Somos rebeldes, tenemos ideas, convicción y vocación”.

Ilardo aseguró también que “frente a la incapacidad de ese grupo de dirigentes de intentar conducirnos, prefirieron separarse y expulsarnos”, en referencia a la decisión del PJ Mendoza de sancionarlos y prohibirles representar al partido, electoralmente, en los próximos tres años. “Nos expulsaron de los bloques y del PJ. Nosotros creíamos necesario estar unidos para frenar el modelo de Milei y Cornejo. Ellos eligieron esta fragmentación que dejó al peronismo en minoría”, explicó.

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En el entorno de Félix son contundentes. “Nadie los echó. Se fueron ellos solos cuando decidieron competir por lista propia. El tribunal funciona y lo hace en forma institucional. Se aplicó la carta orgánica, que es lo normal. No se puede expulsar a alguien que se fue por su cuenta”, planteó un dirigente cercano al diputado nacional.

En el PJ mendocino resaltan que el kirchnerismo se queja de la misma decisión que tomó el PJ Nacional, controlado por CFK, en PJ Jujuy, con la senadora Carolina Moisés, que fue sancionada junto a 300 dirigentes por haber competido por afuera del partido y acompañado algunos proyectos del gobierno nacional.

El PJ Mendoza está desalineado del PJ Nacional, que conduce Cristina Kirchner

“Son infantiles y caprichosos. El método que ellos implementan, de hago lo que quiero o me voy, ya no funciona más en el peronismo de Mendoza. Eso se terminó”, sentenció un dirigente muy cercano a Félix. En ese sentido, agregó: “Si no se dan cuenta que la sociedad le dijo basta a esas formas, a ese sistema y a ese comportamiento, entonces están en problemas”.

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En el medio de toda la pelea, y tras la asunción de diputados y senadores provinciales en sus bancas nuevas, el bloque peronista se rompió en ambas cámaras. Quedaron conformados dos bloques. Uno de línea justicialista y con el respaldo de la mayoría de los intendentes, y otro del kirchnerismo, con fuerte influencia del cristinismo. En el mundo K dicen que fueron expulsados del bloque porque no quieren escuchar su voz. En el PJ aseguran que ellos quisieron imponer condiciones en la elección de autoridades y que no tienen volumen político, ni peso específico, para el nivel de exigencias que propinaron.

La tensión entre ambos sectores viene desde hace, por los menos, diez años. Con el pasar de las elecciones, la imposibilidad de volverse competitivos y las fracturas del justicialismo en todo el país, con epicentro en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner primero, y después en la provincia de Buenos Aires alrededor de la figura de Axel Kicillof, fueron detonando la posibilidad de generar una alianza sólida. El escenario nacional fue un caldo de cultivo para que se potencien las diferencias provinciales.

En el PJ mendocino recalcan que la conducción de Félix le hizo recuperar el piso histórico al peronismo en las elecciones provinciales, aunque reconocen que no ha sido suficiente para ser realmente competitivos contra el oficialismo local. Es decir, consideran que han logrado una mejor performance que el kirchnerismo y que tienen capacidad de seguir creciendo, pero que sigue sin alcanzar. Entonces, las fracturas, generan un mayor condicionamiento sobre el futuro del justicialismo en la provincia.

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El foco de conflicto en Mendoza está vinculado a diferencias entre La Cámpora y el PJ federal (Fotografía: Adrián Escandar)

La interna tiene un correlato por fuera de las fronteras mendocinas, aunque sin la conflictividad que existe en la provincia. Félix es parte del armado del peronismo federal que se presentó en Parque Norte el 1 de mayo, que no tiene dirigentes cristinistas en sus filas, y que impulsa un debate profundo del plan económico de Milei, pero también del que llevó a cabo el gobierno del Frente de Todos.

Fernández Sagasti está en las filas cristinistas y milita el pedido de libertad de CFK como una bandera inexpugnable. Es parte de un esquema que pide un mayor reconocimiento del peronismo para con las gestiones de la ex presidenta, frente a lo que creen que es una falta de reconocimiento de sus gobiernos. La senadora nacional tiene peso específico en el armado de su provincia y mantiene una cuota de poder importante para negociar.

El conflicto latente en Mendoza tendrá otro capítulo en unos meses. En diciembre se vence el mandato de Emir Félix en la presidencia del PJ local, motivo por el que se proyecta realizar elecciones en octubre. Esos comicios van a derivar, inevitablemente, en tensiones internas. Como sucede también en otros PJ del país, como los de Salta y Jujuy, donde habrá elecciones el 25 de octubre. Será un mes marcado por los cambios en la conducción de los partidos provinciales. En paralelo, y hasta ese momento, el peronismo, en su conjunto, seguirá haciendo esfuerzos para encontrar un camino de encuentro para enfrentar a Milei el año que viene.

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Giro en la causa AFA: volverán a revisar qué juez debe investigar la compra de la mansión de Pilar

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La Cámara Federal de Casación Penal volverá a revisar todo lo actuado en la causa que investiga la compra de una mansión en Pilar vinculada al tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y decidirá qué juez continuará al frente del expediente.

Con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, Casación resolvió así hacerse cargo del conflicto de competencia que arrastra la causa desde su inicio.

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Los jueces admitieron la queja presentada por la defensa de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados como presuntos testaferros de Toviggino, y quienes aparecen como dueños de la propiedad.

La defensa, representada por el abogado Mariano Morán, sostiene que el traslado del expediente vulnera la garantía constitucional del juez natural, al modificar el tribunal que debe entender en el caso sin que medie una sentencia firme. Tras el rechazo de su recurso de casación, interpuso directamente un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora será debatido en audiencia pública.

Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino en la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA (Foto: X/@AFA)

Días atrás, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, envió a la Justicia porteña el expediente. Concretamente, a la jueza en lo Penal Económico N.° 10, Verónica Straccia, tras la decisión de la Cámara en lo Penal Económico que ratificó que es esta última quien debe continuar con la investigación.

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Pantano y Conte figuran como dueños de Real Central S.R.L., la empresa que aparece como propietaria de un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar. En distintos allanamientos realizados en la propiedad fueron encontrados 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto. Una tasación valuó el predio en 20 millones de dólares.

Según los investigadores, ni Pantano ni Conte tienen un perfil patrimonial acorde con la adquisición del inmueble. La hipótesis de la pesquisa sostiene que ambos habrían actuado como testaferros del tesorero de la AFA.

El recorrido judicial de la causa

La causa atravesó durante siete meses una disputa de competencia entre distintos tribunales. El expediente se inició en el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se dispusieron las primeras medidas de prueba y se ordenaron los allanamientos en la quinta. Luego pasó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, que entonces estaba a cargo de Marcelo Aguinsky.

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Posteriormente, a raíz de un planteo de inhibitoria presentado por Pantano ante el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones derivó el expediente al juzgado de González Charbay. Esa decisión fue anulada el 15 de mayo por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

Finalmente, el 12 de junio, la Cámara en lo Penal Económico resolvió que la causa debía quedar en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, actualmente a cargo de Straccia.

Leer más: El Gobierno advierte a los hinchas que no podrán llevar banderas de Malvinas a la semifinal entre Argentina e Inglaterra

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La defensa de Pantano y Conte intentó recurrir esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero la Cámara en lo Penal Económico rechazó el planteo. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio entendieron que la resolución sobre la competencia no constituía una sentencia definitiva ni impedía la continuación del proceso.

Ahora, Casación aceptó el planteo y se abre un nuevo capítulo en la causa.

AFA, Chiqui Tapia, casación penal

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Polémica en el Consejo de la Magistratura: un juez le abrió la puerta a la reelección del camarista Barroetaveña

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El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Valerio Lavié Pico hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el juez Diego Gustavo Barroetaveña y ordenó al Consejo de la Magistratura de la Nación que se abstenga de adoptar medidas que limiten o afecten la posibilidad de que el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal se presente a la reelección como consejero en representación del estamento de jueces para el período 2026-2030.

La resolución tiene un alcance acotado: no reconoce un derecho a la reelección sino que preserva la posibilidad de participar en el proceso electoral mientras se resuelva la cuestión de fondo en esta causa.

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El juez Barroetaveña planteó al juzgado una acción declarativa de certeza para que le diga si puede o no plantear su candidatura. Ese es el fondo del caso y por ahora, el juzgado solo resolvió una medida cautelar.

El debate surge porque la ley original del Consejo de la Magistratura de 1998 establecía que los miembros durarían cuatro años en sus cargos “pudiendo ser reelegidos por una vez en forma consecutiva”.

Ese texto fue reemplazado en 2006 por la ley 26.080, que introdujo la restricción de que solo podrían ser reelectos “con intervalo de un período”. La ley del kirchnerismo posterior mantuvo esa restricción.

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Pero la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la nueva ley y ordenó que vuelva a tener vigor la vieja norma hasta que el Congreso dictara una nueva ley orgánica. El Congreso nunca lo hizo.

Barroetaveña entiende que, al darle nueva vida a la vieja norma, no solo se modifica la integración del Consejo de la Magistratura con 20 miembros, sino que se renueva la posibilidad de la reelección.

Los que se oponen argumentan que el fallo de la Corte que le dio nueva vida a la vieja ley solo se refiere a la integración del tribunal y a que el presidente de la Corte sea el titular del Consejo de la Magistratura, y que nada dice sobre la reelección de los consejeros.

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Lavié Pico no resolvió el fondo, pero consideró que el planteo tiene apariencia de verosimilitud para sostener una cautelar. Entendió que el cronograma electoral, con vencimiento de mandatos el 18 de noviembre y plazos que se proyectan hacia mediados de agosto, configura un peligro en la demora.

El juez sostuvo que la medida no afecta el interés público ni interfiere en el proceso electoral. La cautelar que dictó Lavié Pico rige hasta que recaiga sentencia definitiva o se cumpla un plazo máximo de seis meses, que es el que tienen las medidas cautelares contra el Estado.

La movida de Barroetaveña para ser reelecto no fue recibida en silencio. Su candidatura provocó disensos en la lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la agrupación que bajo la conducción del juez Andrés Basso viene ganando las elecciones del estamento judicial con hegemonía.

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El kirchnerismo también se opuso. Los consejeros Vanesa Siley y Mariano Recalde, junto al diputado Rodolfo Tahilade, enviaron una nota a la secretaría jurídica del Consejo señalando que Barroetaveña “pretende forzar” la ley y que su intención “no tiene sustento normativo”, contradice a la Corte y “violenta” las reglas de alternancia.

El Colegio de Abogados de la Ciudad, que fue el autor de la demanda en la Corte para darle vida a la vieja ley del Consejo, se opuso a la reelección de Barroetaveña, pues argumentó que le están haciendo decir a la Corte lo que no dijo.

La asociación civil Será Justicia, integrada entre otros por María Eugenia Talerico, Raúl Aguirre Saravia y Guillermo Lipera, se presentó como amicus curiae ante Lavié Pico para pedir el rechazo tanto de la demanda como de la cautelar, argumentando que admitir la interpretación de Barroetaveña abriría un precedente para la permanencia sucesiva en cargos de enorme relevancia institucional. De la mano de Barroetaveña aspira a la reelección la consejera jueza Agustina Díaz Cordero.

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También se opuso a la reelección la ONG Fores, preocupada por la transparencia judicial. Ricardo Lorenzetti, por su parte, está en desacuerdo con la posibilidad de la reelección y Carlos Rosenkrantz no se pronunció. La Corte tendrá que hablar si el asunto sube a sus estrados antes de fin de año.

El juez Lavié Pico delimitó qué hace y qué no hace la cautelar que dictó. Aclaró que no reconoce un derecho de Barroetaveña a ser reelecto ni a integrar una lista. Solo ordena al Consejo que no lo excluya anticipadamente del proceso electoral. Si el espacio del estamento judicial que aglutina la lista correspondiente no lo incluye en su nómina, la cautelar no lo ampara: la integración de una lista depende de las decisiones internas de ese sector.

Lo que la medida impide es que el organismo adopte una decisión institucional que cierre de antemano esa posibilidad antes de que la cuestión jurídica de fondo sea debatida y resuelta. El fallo, sin embargo, tiene un efecto político inmediato: habilita a Barroetaveña a seguir en la negociación interna del estamento judicial con aval judicial provisorio.

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El reglamento del Consejo exige conformar listas con cinco candidatos titulares y sus respectivos suplentes, respetando paridad de género, representación territorial y rangos funcionales, lo que hace que el armado sea un proceso que demanda semanas.

El margen para registrar candidaturas, computando hacia atrás desde el vencimiento de mandatos del 18 de noviembre, se agotará en pocas semanas.




Hernán Cappiello,Conforme a

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El Gobierno busca potenciar la actividad legislativa: el semáforo de las reformas prioritarias para Milei

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“No podemos tener el Congreso paralizado por el tema”, se quejó semanas atrás un funcionario ante Infobae. El jefe de Gabinete seguía siendo Manuel Adorni y la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito complejizaba los planes del Gobierno. Tras su carta de renuncia, la administración libertaria parece haber retomado la iniciativa legislativa y advierte que la segunda etapa del año estará marcada por la actividad en el Congreso de la Nación.

Fue el propio Poder Ejecutivo el que fijó las claves y estableció que la hoja de ruta estará compuesta por la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. A la tríada, se suma además la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la que trabajan el Presidente junto a Santiago Bausili y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

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“La idea es intensificar la agenda legislativa para lo que resta del año”, afirmó un integrante del reducido círculo ante este medio.

Una muestra de esa decisión fueron las dos reuniones con diputados y senadores que convocó el presidente Javier Milei en las últimas dos semanas. En sintonía, la mesa política comenzó a reunirse semanalmente, una nueva dinámica establecida tras el reacomodamiento del Gabinete.

El presidente Javier Milei encabezó una reunión con legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada

Para la tarea, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acomodó las piezas y conformó un nuevo equipo con el que buscará impulsar la sanción de la mayor cantidad de proyectos enviados y de dar curso al “año más reformista de la historia” como anunció Milei en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.

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Hasta ahora, el único proyecto que tiene fecha es el de Propiedad Privada, que podría tratarse el próximo jueves en la Cámara de Senadores si el oficialismo logra el quórum necesario para dar por iniciado el debate. También es el que genera mayor expectativa en las filas libertarias.

“No nos sobran los votos pero creemos que la sacamos el jueves”, planteó un integrante de la mesa política ante este medio. “Patricia (Bullrich) está semi confiada”, completó otro.

En segundo término, también se muestran expectantes ante las modificaciones que la administración libertaria aspira a implementar en la Ley de Inocencia Fiscal. “No veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. “Debería ser la más fácil de aprobar”, coincidió un legislador ante este medio.

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La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Lo cierto es que el Gobierno debió postergar dos veces su tratamiento en el Senado por diversos motivos. Primero, en el marco de la sesión en la que se trató el pliego de María Verónica Michelli. La segunda, a raíz de los intentos de la senadora Patricia Bullrich por desarticular el tratamiento por la interpelación a Adorni que buscaba la oposición.

La situación es distinta respecto de los otros dos proyectos en carpeta y en el oficialismo lo saben. “Zonas Frías y Reforma Electoral es más complejo”, alertó un diputado libertario. Con algunos metros de distancia, en uno de los despachos de Balcarce 50, coincidieron en el planteo. “Zonas Frías está fría y la Reforma Electoral se está masajeando”, graficó un funcionario para revelar el estado de situación legislativa.

Una importante voz con acceso al despacho presidencial sostuvo que la reforma electoral solo se aprobará si La Libertad Avanza habilita la posibilidad de trazar un “acuerdo global” con los gobernadores que involucre además conversaciones de tinte electoral. Una alternativa de ese tipo se baraja en el campamento libertario que se muestra permeable a encadenar las necesidades.

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“Los dos temas están para salir. Estamos en un buen momento del gobierno y en una buena relación con los aliados. Todos entienden la racionalidad en la modificación de zonas frías y del apoyo que hay en la reforma política, particularmente la eliminación del espacio, pero bueno, hay que terminar de generar las alianzas para que salgan los proyectos”, planteó un legislador ante este medio.

Mauricio Macri y Javier Milei (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el diseño de las modificaciones del sistema electoral, incluso la propuesta de “colectoras” como alternativa, abre debate en torno al apoyo de los aliados. El PRO parece haber advertido que no tiene planes de acompañar la eliminación o suspensión de las primarias, lo que generó el malestar en los alfiles libertarios que detectan una movida del titular de la fuerza, Mauricio Macri, para sumar poder en las potenciales conversaciones electorales.

“No tienen nada. Cuando Macri andaba con la lengua afuera, hablaba de la necesidad de eliminar las PASO. Ahora parece que se olvidó”, sostuvo un funcionario con visible malestar. El libertario hace referencia a las expresiones del exmandatario en 2017, en el marco de las elecciones legislativas, cuando en declaraciones al Canal 9 de Salta rechazó el mecanismo. “No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, no me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad”, sostuvo en aquel entonces.

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