POLITICA
Se fracturó el PJ en Mendoza y se abrió un foco de conflicto entre el peronismo federal y La Cámpora
Mientras las distintas vertientes del peronismo nacional tratan de ordenarse y construir un nuevo programa económico, en los PJ del interior los enfrentamientos florecen y exponen la división en mitades que hay en el justicialismo. De un lado los federales, del otro el kirchnerismo. En este tiempo la síntesis es una utopía y el enfrentamiento una realidad. Pero siempre hay márgen para los acuerdos.
Por estas horas el PJ Mendoza, que preside Emir Félix, es un hervidero. “Nos estamos matando”, acepta un dirigente local ante la consulta de Infobae. La tensión se exacerbó luego de que el Tribunal de Disciplina partidario sancionara a diez dirigentes que fueron candidatos por afuera del partido en las elecciones municipales del 22 de febrero. Algunos de ellos son parte de la línea interna que lidera la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
El tribunal los inhabilitó para ser candidatos a cargos públicos en representación del PJ mendocino durante tres años y les prohibió ocupar cargos partidarios durante la misma cantidad de tiempo. La dura sanción fue aplicada sobre los candidatos que compitieron en la lista de Frente Patria, apadrinada por el cristinismo, por fuera del esquema del partido. Resolución a la que llegaron por la falta de acuerdo respecto a las candidaturas.
El cristinismo compitió con una lista paralela a la del partido en San Rafael, Rivadavia y Luján de Cuyo. En las tres, perdió. En todas, ganó el PJ local. Es decir, la división no benefició al sector K para volverse más competitivos, ni debilitó al justicialismo para hacerlo encontrar con la derrota. Solo generó más ruido y más peleas, de las que ya existen en el peronismo nacional y en el mendocino, en particular. Y, sobre todo, fracturó el espacio político en el quinto distrito electoral más importantes del país.
Lo ilógico de la pelea interna del peronismo es que atravesó una estrategia de los intendentes, que desdoblaron las elecciones municipales de la nacional y provincial, para evitar que el efecto arrastre de Javier Milei, que tenía otra espalda política a fin de año pasado, los lleve puestos a ellos. Sobre todo, teniendo en cuenta que el gobernador de la provincia, el radical Alfredo Cornejo, tiene una sociedad electoral muy potente con La Libertad Avanza (LLA).
Los diez sancionados fueron Paloma Scalco, Bruno Ceschín, Nadir Yassuf, Gisela Flores, Daniel Mazurenco, Hipólito Martínez, Facundo Martín, Mariela Herrera, Katherina Hidalgo y Sebastián Videla. Todos participaron de las elecciones de concejales departamentales que se realizaron en febrero de este año.
El caso más paradigmático es el de Scalco, que es concejal en Luján de Cuyo y, al mismo tiempo, es la vicepresidenta del PJ mendocino. En la última elección fue como candidata para el concejo deliberante de su ciudad en una lista por fuera del partido. Una muestra del nivel de agrietamiento que hay en el peronismo de la provincia y también el recuerdo de que, tiempo atrás, hubo capacidad de generar un acuerdo entre las partes para conducir el partido con una lista de unidad.
“Están pasando cosas muy graves en nuestro país y en nuestra provincia como para estar en el peronismo dando este tipo de discusiones. Podemos ver lo alejada que está la conducción de la realidad y de los problemas que tenemos los mendocinos y los argentinos”, sostuvo Scalco.
Además, agregó, en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM, que “hay un intento de dejar afuera a un sector que lo único que hace es considerar que tenemos que estar en contacto con la ciudadanía y que no podemos ser cómplices del gobierno de Milei y de Cornejo, como ellos quieren serlo”.
En diálogo con Infobae, el diputado provincial Lucas Ilardo, referente local del kirchnerismo, describió la situación con mucha crudeza. “Hay un grupo de dirigentes del PJ en Mendoza, como en todo el país, que creen que es necesario tener al kirchnerismo calladito, amordazado, invisible y sin discutir mucho”, precisó, al tiempo que remarcó: “Eso es incompatible con la esencia de nuestro espacio político. Somos rebeldes, tenemos ideas, convicción y vocación”.
Ilardo aseguró también que “frente a la incapacidad de ese grupo de dirigentes de intentar conducirnos, prefirieron separarse y expulsarnos”, en referencia a la decisión del PJ Mendoza de sancionarlos y prohibirles representar al partido, electoralmente, en los próximos tres años. “Nos expulsaron de los bloques y del PJ. Nosotros creíamos necesario estar unidos para frenar el modelo de Milei y Cornejo. Ellos eligieron esta fragmentación que dejó al peronismo en minoría”, explicó.
En el entorno de Félix son contundentes. “Nadie los echó. Se fueron ellos solos cuando decidieron competir por lista propia. El tribunal funciona y lo hace en forma institucional. Se aplicó la carta orgánica, que es lo normal. No se puede expulsar a alguien que se fue por su cuenta”, planteó un dirigente cercano al diputado nacional.
En el PJ mendocino resaltan que el kirchnerismo se queja de la misma decisión que tomó el PJ Nacional, controlado por CFK, en PJ Jujuy, con la senadora Carolina Moisés, que fue sancionada junto a 300 dirigentes por haber competido por afuera del partido y acompañado algunos proyectos del gobierno nacional.
“Son infantiles y caprichosos. El método que ellos implementan, de hago lo que quiero o me voy, ya no funciona más en el peronismo de Mendoza. Eso se terminó”, sentenció un dirigente muy cercano a Félix. En ese sentido, agregó: “Si no se dan cuenta que la sociedad le dijo basta a esas formas, a ese sistema y a ese comportamiento, entonces están en problemas”.
En el medio de toda la pelea, y tras la asunción de diputados y senadores provinciales en sus bancas nuevas, el bloque peronista se rompió en ambas cámaras. Quedaron conformados dos bloques. Uno de línea justicialista y con el respaldo de la mayoría de los intendentes, y otro del kirchnerismo, con fuerte influencia del cristinismo. En el mundo K dicen que fueron expulsados del bloque porque no quieren escuchar su voz. En el PJ aseguran que ellos quisieron imponer condiciones en la elección de autoridades y que no tienen volumen político, ni peso específico, para el nivel de exigencias que propinaron.
La tensión entre ambos sectores viene desde hace, por los menos, diez años. Con el pasar de las elecciones, la imposibilidad de volverse competitivos y las fracturas del justicialismo en todo el país, con epicentro en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner primero, y después en la provincia de Buenos Aires alrededor de la figura de Axel Kicillof, fueron detonando la posibilidad de generar una alianza sólida. El escenario nacional fue un caldo de cultivo para que se potencien las diferencias provinciales.
En el PJ mendocino recalcan que la conducción de Félix le hizo recuperar el piso histórico al peronismo en las elecciones provinciales, aunque reconocen que no ha sido suficiente para ser realmente competitivos contra el oficialismo local. Es decir, consideran que han logrado una mejor performance que el kirchnerismo y que tienen capacidad de seguir creciendo, pero que sigue sin alcanzar. Entonces, las fracturas, generan un mayor condicionamiento sobre el futuro del justicialismo en la provincia.
La interna tiene un correlato por fuera de las fronteras mendocinas, aunque sin la conflictividad que existe en la provincia. Félix es parte del armado del peronismo federal que se presentó en Parque Norte el 1 de mayo, que no tiene dirigentes cristinistas en sus filas, y que impulsa un debate profundo del plan económico de Milei, pero también del que llevó a cabo el gobierno del Frente de Todos.
Fernández Sagasti está en las filas cristinistas y milita el pedido de libertad de CFK como una bandera inexpugnable. Es parte de un esquema que pide un mayor reconocimiento del peronismo para con las gestiones de la ex presidenta, frente a lo que creen que es una falta de reconocimiento de sus gobiernos. La senadora nacional tiene peso específico en el armado de su provincia y mantiene una cuota de poder importante para negociar.
El conflicto latente en Mendoza tendrá otro capítulo en unos meses. En diciembre se vence el mandato de Emir Félix en la presidencia del PJ local, motivo por el que se proyecta realizar elecciones en octubre. Esos comicios van a derivar, inevitablemente, en tensiones internas. Como sucede también en otros PJ del país, como los de Salta y Jujuy, donde habrá elecciones el 25 de octubre. Será un mes marcado por los cambios en la conducción de los partidos provinciales. En paralelo, y hasta ese momento, el peronismo, en su conjunto, seguirá haciendo esfuerzos para encontrar un camino de encuentro para enfrentar a Milei el año que viene.
El Gobierno resolvió no escalar por ahora el conflicto con la AFA y espera una definición de la Justicia para avanzar con la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia. El Ejecutivo no evalúa por el momento solicitar fuerza pública para que los veedores ingresen a la sede de Viamonte, luego del intento frustrado de la semana pasada.
La decisión en la Casa Rosada es quedar a la espera de lo que resuelva la Justicia civil. En Balcarce 50 aseguran que la Cámara analiza la apelación presentada por la AFA contra la veeduría y que le otorgó efecto suspensivo, por lo que sostienen que no pueden avanzar con nuevos pasos operativos hasta que exista una habilitación judicial. “IGJ va a analizar bien y resolver”, expresan.
El Ministerio de Justicia —que encabeza Juan Bautista Mahiques— prefiere en esta etapa correrse de una escalada de alto voltaje institucional y reordenar la ofensiva por la vía administrativa y judicial. En el oficialismo consideran que una pulseada por el ingreso físico a la sede central del fútbol argentino, sin respaldo judicial consolidado, podría debilitar la estrategia en lugar de fortalecerla.
La veeduría fue impulsada por la Inspección General de Justicia como una intervención informativa para obtener y compulsar documentación sobre los estados contables y financieros de 2025, las operaciones con TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas y todo lo vinculado a la creación de la denominada Universidad de la AFA “UNAFA”. La propia IGJ remarcó además que la medida no implica desplazar autoridades ni intervenir en la administración ordinaria de la entidad.
El Gobierno busca en paralelo sostener abierto el frente documental. La apuesta de Nación es que el foco se traslade ahora a las respuestas formales que entreguen la AFA y la Superliga a los requerimientos que dejaron los veedores, más que a una nueva escena de confrontación en la puerta de Viamonte.
Ese plazo vence este viernes. En el caso de la AFA, los veedores fueron la semana pasada junto con inspectores de la IGJ, no pudieron ingresar y dejaron un requerimiento de información. En la Superliga, en cambio, sí fueron recibidos por abogados de la entidad, que presentaron una nota ante el Ministerio de Justicia para impugnar la veeduría, manifestaron su disconformidad con la medida y anticiparon que apelarán dentro del plazo previsto.
Leé también: El Gobierno relativiza la ofensiva de la oposición contra Adorni en Diputados y cree que no habrá quórum
La ofensiva oficial sobre la AFA y la Superliga se apoya en una estrategia más amplia de control del Ejecutivo sobre balances, contratos y estructuras administrativas. En marzo, la IGJ pidió también veedores sobre la Superliga y sostuvo que esa asociación civil siguió registrando movimientos económicos incluso después de haber quedado desplazada por la Liga Profesional, con operaciones por un valor neto de US$348 millones entre 2020 y 2024, según la propia autoridad de control.
La avanzada sobre la AFA, además, atravesó cambios internos en el área de Justicia. La designación original de los veedores se produjo antes del recambio de autoridades y quedó envuelta en tensiones dentro del oficialismo por la salida del exinspector general Daniel Vítolo y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio. En ese reordenamiento, la Casa Rosada buscó ratificar que mantendrá la estrategia de control sobre la conducción de Claudio Tapia pese al ruido interno.
En ese contexto también se dio la renuncia de Agustín Ortiz de Marco, el primer abogado designado como veedor junto al contador Miguel Pappacena. Ortiz de Marco dejó el cargo antes de asumir y obligó al oficialismo a nombrar en su reemplazo a Diego Coste, en una decisión que en Balcarce 50 leyeron como necesaria para evitar que la ofensiva administrativa quedara empantanada antes de empezar.
Ahora, la mesa chica del jefe de Estado pone la mira sobre dos cuestiones antes de volver a moverse sobre la AFA. La primera es la respuesta que deben presentar este viernes la AFA y la Superliga a los pedidos de información que dejaron los veedores. La segunda es la definición de la Justicia civil sobre la apelación que presentó la conducción de Claudio Tapia. Hasta que eso no ocurra, en el oficialismo aseguran que no avanzarán con nuevas medidas sobre la sede de Viamonte ni pedirán fuerza pública para intentar el ingreso.
Gobierno, AFA
POLITICA
Kicillof respalda un pedido clave de la Junta Electoral y prepara el terreno para desdoblar en 2027
El gobierno de la provincia de Buenos Aires recibió con los brazos abiertos la propuesta que lanzó hace casi un mes la Junta Electoral bonaerense, antes de que rote la presidencia del organismo: se trata de un anteproyecto de ley para ampliar los plazos electorales para las elecciones provinciales del año que viene. En lo formal el objetivo es que los cambios hechos a las apuradas en los comicios del año pasado queden efectivizados en una normativa firme, ante la posibilidad de que Kicillof vaya nuevamente a desenganchar las elecciones provinciales de las nacionales.
El respaldo de parte del Ejecutivo era esperable y también ancla a la discusión interna del peronismo, como se dio durante el año pasado. Ahora, para evitar sobresaltos y con un escenario incierto de si habrá elecciones Primarias o no, o si se votará con boleta única en papel los cargos provinciales —como sucederá para presidente y el resto de las candidaturas nacionales—, el organismo competente del proceso electoral provincial buscará tener un terreno ordenado.
“Nos parece interesante”, opinaron cerca de Kicillof sobre el anteproyecto que lleva la firma de la ya expresidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan, ante la consulta de Infobae. Sucede que, con el recambio de autoridades en la Corte bonaerense, quien preside también asume el control de la Junta. Desde el 19 de abril, el titular de la Corte y Junta Electoral es Sergio Torres. Que haya sido Kogan quien impulsó el anteproyecto de ley que fue remitido al Ministerio de Gobierno bonaerense tiene su propio componente. El vínculo entre la hoy ministra del máximo tribunal de Justicia bonaerense y Kicillof es conocido, bueno y fluido. Lo mismo con algunos de los ministros provinciales, como por ejemplo Carlos Bianco, con quien tuvo que coordinar el proceso electoral del año pasado cuando la provincia decidió desdoblar la elección.
Con Torres la relación es distinta. De hecho, semanas atrás el presidente de la Corte presionó fuerte para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo avancen con las coberturas de las cuatro vacantes en la Corte y juntó a las presidencias del Senado bonaerense –Verónica Magario– y de Diputados –Alejandro Dichiara– para entregarles el proyecto de ley de autarquía judicial, en otro gesto de autonomía.
La posibilidad del desdoblamiento electoral explica parte del anteproyecto que se impulsó desde la Junta Electoral, un organismo que también integran otras figuras cercanas a Kicillof como el presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Thea, ex secretario general de Gobierno bonaerense. Kicillof no descarta, como sucedió el año pasado, llevar adelante un desdoblamiento electoral y que se elija su sucesión con anticipación a la elección nacional. ¿Qué hay detrás de esa estrategia? Su proyección nacional. Los intendentes que le responden tampoco ven con malos ojos esa alternativa que en términos provinciales fue efectiva el año pasado, aunque —con los resultados puestos— sin el mismo efecto en las elecciones a diputados nacionales. Esa decisión fue y continúa siendo una de las críticas que emanan desde el kirchnerismo hacia el mandatario provincial.
El anteproyecto de la Junta Electoral propone llevar a 80 días, como mínimo, el plazo entre la presentación de alianzas y la elección primaria. Actualmente es de 60 días. También sugiere modificar la brecha entre la presentación de candidatos y los comicios. Mientras que la normativa actual establece un plazo de 50, el texto impulsado por Kogan lo amplía a 60 días.
Como sucedió el año pasado cuando Kicillof decretó el desdoblamiento electoral, la Junta Electoral sostiene los mismos argumentos para ampliar plazos. Remarca que extender los plazos para la presentación de alianzas y listas de candidatos ayuda a fortalecer la estabilidad sistémica y a fomentar coaliciones sólidas. Además, ampliar el tiempo para la presentación y oficialización de listas facilita el principio de participación y previene la exclusión de candidaturas por errores de forma, considerando el gran volumen de trabajo administrativo que implica la oficialización. El organismo también remarca que “una ampliación de los plazos permitiría, por un lado, humanizar el trabajo de los empleados de la Junta atento a su extenso volumen; pero también y centralmente, garantizar que los partidos políticos cuenten con el tiempo suficiente para ejercer su derecho de defensa y puedan competir en la contienda electoral”.
Debate legislativo con la interna como trasfondo
Más allá de que la intención del Ejecutivo va en línea con lo que promovió la Junta Electoral, la definición pasará por la Legislatura bonaerense. Esa instancia, admiten en el gobierno de Kicillof, se presenta como una complejidad. “Lo deberá decidir la Legislatura; ya sabemos cómo es”, reconocen. En el terreno legislativo, Kicillof tiene escasa injerencia.
La interna del peronismo que desanda el cristinismo, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), suma capítulos semana a semana. Actualmente, se da por la composición en las comisiones, tanto en Diputados como en el Senado, donde hay un escenario apenas un poco más ordenado con la designación de quiénes integrarán cada comisión, aunque no así qué sector la presidirá. Esa discusión sigue.
Cuando el año pasado, la Junta Electoral pidió modificar plazos, se generó una fuerte reacción interna en el oficialismo bonaerense. La postura de La Cámpora y el sector identificado con el cristinismo se caracterizó en un principio por el escepticismo y la desconfianza, lo que profundizó las tensiones con el gobernador Axel Kicillof.
El pedido partió del propio Kicillof, quien argumentó la necesidad de una mayor flexibilidad para ordenar el proceso electoral. En este contexto, los principales referentes legislativos del kirchnerismo, Facundo Tignanelli (presidente del bloque de Diputados) y Teresa García (presidenta de Senadores, hoy diputada nacional), decidieron no asistir a la reunión clave convocada por la Junta Electoral Bonaerense. Su ausencia fue interpretada por el entorno del gobernador como una señal de resistencia interna. Sin embargo, luego el peronismo se mostró uniforme para modificar la ley electoral de manera excepcional y para las elecciones del 2025.
elecciones
POLITICA
Senado: pese a las tensiones internas, LLA impulsará el debate de la reforma electoral y buscará acercar posiciones con sus aliados
El fueguino oficialista Agustín Coto recibió el visto bueno y llamó a debatir la Reforma Electoral tal como la propone la Casa Rosada: con la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento a los partidos políticos y las campañas electorales, modificaciones en la Ley de Boleta Única de Papel (BUP) y el proyecto de Ficha Limpia.
Se trata de un amplio proyecto de reforma electoral que la oposición dialoguista ya avisó que no va a acompañar en su totalidad.
Por tal motivo, los radicales liderados por Eduardo Vischi presentaron un proyecto para que las PASO sean optativas. Desde el PRO, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le hizo un guiño a la iniciativa de la UCR. Esta sería la postura de los senadores que encabeza el misionero Martin Goerling Lara.
El PRO y la UCR, junto a fuerzas provinciales, vienen conversando con la senadora Patricia Bullrich para abrir del proyecto la implementación de Ficha Limpia y tratarlo por separado en una iniciativa única, como fue el debate que naufragó el año pasado impulsado por la exdiputada macrista Silvia Lospenatto.
Pero por ahora, esos posibles acuerdos políticos entre Bullrich y los sectores dialoguistas del Congreso quedarían suspendidos mientras avanza la discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sin cambios para el Gobierno
Estas intenciones de la oposición de discutir en dos partes la Reforma Electoral contarían con el aval de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, pero no son avalados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien dio la orden de iniciar la discusión, pero sin cambios en el proyecto.
Tampoco desde la Cámara de Diputados, que encabeza Martín Menem, avalan el desdoblamiento del debate. La propuesta ya se la hicieron llegar al diputado Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada del oficialismo en la Cámara alta, y a los bloques de Provincias Unidas y el Pro, presididos por Gisela Scaglia y Cristian Ritondo, respectivamente.
El oficialismo designó a Gisell Castelnuovo como interlocutora entre las cámaras legislativas y la Casa Rosada. Paralelamente, habrá diferentes reuniones de la Mesa Política de la Casa de Gobierno que lidera el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y conforman, entre otros Karina Milei y Patricia Bullrich, donde podrían adoptar una postura unificada sobre el proyecto.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos, modificaciones a la Boleta Única de Papel (BUP) y la implementación de Ficha Limpia.
La iniciativa, compuesta por 79 artículos, también elimina la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que pasarían a ser designados de manera indirecta por el Congreso, respetando la representación proporcional de cada fuerza política.
El Gobierno sabe que cualquier modificación vinculada a leyes electorales requiere mayoría absoluta en ambas cámaras: al menos 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.
El PRO y la Neuquinidad por Ficha Limpia
Dos sectores, a los que se les podría sumar la UCR en el Senado, el Pro y la Neuquinidad, la fuerza provincial del gobernador Rolando Figueroa proponen la discusión de Ficha Limpia y presentaron proyectos al respecto.
Desde el PRO, Martín Goerling Lara presentó un régimen de inhabilitación para personas con condenas confirmadas por delitos dolosos vinculados a la administración pública.
El objetivo, según explicó, es “garantizar la probidad en la función pública y resguardar la integridad del sistema democrático”.
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El proyecto abarca delitos como fraude contra la administración pública, cohecho, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y encubrimiento, entre otros.
Por su parte, la senadora de Neuquén, Julieta Corroza, propuso modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos comunes o federales cuando exista condena confirmada en segunda instancia o consentida por falta de apelación.
La inhabilitación regiría durante todo el tiempo que dure la condena y cesaría únicamente si la sentencia fuera revocada.
reforma electoral, Karina Milei, Patricia Bullrich
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