Luego de haber participado en la reunión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores del Norte, el mandatario salteño, Gustavo Sáenz, cuestionó al Gobierno por no brindarles apoyo en cuestiones financieras y de infraestructura. “La lealtad es una avenida de ida y de vuelta, y yo siento que venimos siempre y nunca vuelven para allá”, apuntó y advirtió: “La paciencia se va acabando”.

El encuentro se llevó adelante este miercoles, tan solo horas después de que sea enviado al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Además, del mandatario salteño participaron Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Durante más de dos horas, Santilli les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones que hizo la administración libertaria para el año que viene. También escuchó los reclamos de las provincias.

De esta manera, al evaluar la relación entre el Poder Ejecutivo y las provincias, Sáenz afirmó que existe una “falta de consideración y de reciprocidad”. Incluso, para con aquellas jurisdicciones que acompañaron iniciativas oficiales en el Congreso.

“La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y esta falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos”, cuestionó el mandatario al remarcar que, al igual que Nación, cada una de las provincias también tiene los mismos problemas.

Durante una breve entrevista con A24, Sáenz apuntó: “No estamos pidiendo nada”, en referencia a los fondos nacionales para obras públicas. Luego de que el Gobierno fijara como máxima mantener el déficit fiscal equilibrado, el jefe del Estado de Salta explicó que tuvieron que buscar financiamiento internacional.

A pesar de esto, el gobernador criticó la falta de respuesta por parte de Nación, que presentaría una demora en otorgar las autorizaciones para continuar con los proyectos planificados por la provincia.

En este sentido, explicó que pidió autorización y garantía soberana nacional para refinanciar una deuda tomada durante la gestión anterior. Así, precisó que la provincia tenía un compromiso original de 640 millones de dólares y que ya canceló cerca de 500 millones.

Según relató, el ministro de Economía, Luis Caputo, le recomendó avanzar con la refinanciación por la baja del riesgo país y de las tasas de interés. Sin embargo, señaló que para concretar la operación requiere el aval nacional.

“Para eso necesitamos la autorización y la garantía soberana de Nación”, dijo Sáenz. De la misma forma, agregó que esa herramienta también es necesaria para obtener financiamiento internacional destinado a obras viales en territorio salteño.

Pese a que recordó que el mantenimiento y obras referidas a las rutas nacionales deberían estar a cargo del Ejecutivo central, indicó que la provincia resolvió asumir las tareas con fondos externos. “Son endeudamientos que tienen que ver con obras fundamentales para Salta”, planteó sobre los frenos que encontró.

Por otro lado, Sáenz vinculó sus reclamos con el comportamiento de referentes oficialistas en las legislaturas provinciales. En línea con esto, afirmó que sectores que respaldan al presidente Javier Milei en Salta, Tucumán y otros distritos votan en contra de las iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las provincias.

“Cuando nos necesitan, hablan con nosotros todos los días, a toda hora y en todo momento”, cuestionó el gobernador, tras plantear que los mandatarios provinciales acompañaron leyes nacionales, pero no reciben el mismo respaldo para resolver necesidades de índole local.

Por este motivo, afirmó que la relación con el Gobierno debe tener una lógica de reciprocidad. “Yo siempre dije que la lealtad es una avenida de ida y vuelta, y yo siento que venimos siempre y nunca vuelven para allá”, expresó.

En la misma sintonía del reclamo, sostuvo que en encuentros anteriores hubo compromisos que no se concretaron y pidió que los acuerdos alcanzados con funcionarios nacionales se cumplan antes de abrir nuevas discusiones.

Por otro lado, el mandatario salteño diferenció los reclamos financieros de la posición que adoptará frente a la ley de emergencia en discapacidad. Así, confirmó que no acompañará esa iniciativa al considerar que los sectores más vulnerables requieren asistencia estatal.

“El equilibrio fiscal que tanto se defiende también vaya acompañado de un equilibrio social”, afirmó. Por esto, sostuvo que las personas con discapacidad no pueden ser tratadas como “una planilla Excel” y admitió que pueden existir irregularidades, aunque señaló que deben detectarse a través de auditorías.

A pesar de esto, el gobernador pidió controles para verificar las prestaciones y beneficios. Asimismo, insistió en que ese proceso no debe derivar en la desatención de quienes tienen una discapacidad acreditada.

Durante la entrevista, Sáenz también se refirió al escenario político y económico. Si bien señaló que una parte de la sociedad rechaza un regreso al pasado, remarcó que tampoco está conforme con el presente. Además, consideró que el debate público no puede reducirse a una confrontación entre Milei y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A su entender, la falta de institucionalidad, confianza y previsibilidad afecta la llegada de inversiones y frena el impacto de la estabilidad macroeconómica en la actividad cotidiana. Mencionó el consumo, las exportaciones y la inversión como sectores que todavía no despegan.

Incluso, cuestionó los planteos de dirigentes que prometen revertir normas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) si llegan al poder. “Tienen que ser política de Estado independientemente”, sostuvo.

Finalmente, Sáenz comparó el nivel del riesgo país argentino con el de naciones vecinas y señaló que, pese a una macroeconomía que describió como estabilizada, Argentina se ubica —según sus dichos— entre 450 y 500 puntos, por encima de países como Uruguay y Chile.

la diputada nacional,Myriam Bregman,Nicolás Del Caño,Axel Kicillof,Conforme a

Con uno de los focos puestos en su política de reequipar a las Fuerzas Armadas, el Gobierno incluyó en su proyecto de Presupuesto 2027 una habilitación para tomar créditos por hasta US$3500 millones destinados a la compra de submarinos y fragatas para la Armada Argentina.

La decisión quedó estipulada en la planilla anexa al artículo 42 del proyecto, que autoriza al Ejecutivo a negociar operaciones de crédito público. Allí, se detallan dos partidas destinadas a la Armada Argentina: una por hasta US$2300 millones con un plazo mínimo de amortización de tres años para la “adquisición de tres submarinos convencionales” con destino a la Base Naval Mar del Plata y otra por hasta US$1200 millones, con el mismo plazo de amortización, para la “incorporación de dos Fragatas Multimisión” en la Base Naval Puerto Belgrano.

En el caso de ambas partidas, se trata de una habilitación, no un crédito ya asignado, por lo que si eventualmente el proyecto es aprobado en el Congreso, le tocará al Gobierno negociar el financiamiento para ese equipamiento.

La renovación de la flota es un reclamo histórico de la Armada nacional, que además perdió su capacidad submarina en 2017 con el trágico hundimiento del ARA San Juan y sus 44 tripulantes. En cuanto a los buques de combate, el país cuenta con la misma flota desde antes del conflicto por las Malvinas de 1982.

En ese contexto, en el Ministerio de Defensa aseguraron a TN que las conversaciones por el reequipamiento de submarinos están avanzadas. Otras fuentes del sector ratificaron que hubo ofertas concretas que se han trabajado a lo largo del año, entre ellas por las unidades Scorpene, de la empresa francesa Naval Group. Se trata de la misma firma que le vendió a Brasil cuatro unidades de ese tipo en el marco de su programa PROSUB, a partir de un acuerdo firmado en 2008.

En paralelo, ya con una partida con crédito asignado y ejecutable, el Presupuesto también prevé la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, por $37.616 millones, dentro del programa de mantenimiento de medios e infraestructura para el alistamiento operacional.

La política de reequipamiento del Gobierno y los fondos para la Base Naval Integrada

El anuncio para la Armada se suma a otras incorporaciones recientes en el área de Defensa promovidas por el Gobierno, que incluyeron el paquete de 24 cazas supersónicos F-16 comprado a Dinamarca. Luego de las primeras seis unidades que llegaron al país en diciembre pasado, el Gobierno espera una nueva tanda la próxima semana.

En paralelo, el Ministerio que conduce Carlos Presti avanzó con la compra de ocho vehículos blindados Stryker, que habilitó la adquisición de un lote adicional de 235 unidades. De ese grupo, entre 50 y 60 llegarán antes de fin de año. La lista también cuenta con la incorporación de los primeros ocho camiones Unimog U4000 para el Ejército, de un total de 64 previstos.

Entre las últimas novedades, el Gobierno también firmó la carta de intención para adquirir cuatro helicópteros Black Hawk bajo el sistema FMS de Estados Unidos, cuyo costo real ronda los US$38 millones, según pudo saber este medio.

“Todo este material es parte de robustecer nuestro sistema de defensa, para nuestra protección y para brindar seguridad e integridad territorial. De ninguna manera tiene vinculación con otras cuestiones de carácter internacional”, declaró Presti en diálogo con Radio Rivadavia.