ECONOMIA
Medida clave para empresas: la IGJ eliminó de un plumazo un paquete de medidas burocráticas
En un nuevo paso hacia la desregulación económica y la modernización del entramado corporativo argentino, la Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó una reforma que promete cambiar la forma en que las empresas interactúan con el Estado. A través de la Resolución General 3/2026, el organismo eliminó requisitos burocráticos, flexibilizó procedimientos y digitalizó trámites que durante años fueron señalados por empresarios, estudios jurídicos y contadores como trabas innecesarias para hacer negocios en la Argentina.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte del proceso de reforma estatal impulsado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia. Según la propia resolución, el objetivo no es «desregular por desregular», sino remover aquellas exigencias que ya no cumplían ninguna función útil de control o que generaban costos desproporcionados para las compañías.
La decisión impacta de lleno sobre la operatoria cotidiana de miles de sociedades comerciales. Desde reuniones societarias virtuales hasta la aceptación de cargos sin certificación notarial, pasando por nuevos mecanismos para renunciar a directorios bloqueados y la posibilidad de fijar domicilios electrónicos, la reforma apunta a acelerar procesos y reducir costos administrativos.
El diagnóstico de la IGJ: exceso de regulación y costos innecesarios
La resolución parte de una crítica estructural al esquema regulatorio previo. Hasta ahora, la IGJ se regía por la Resolución General 15/2024, un cuerpo normativo de 424 artículos, incluso más extenso que la propia Ley General de Sociedades, que cuenta con 369 artículos. Para el organismo, esa desproporción era el reflejo de décadas de acumulación normativa sin revisión crítica.
Según el diagnóstico oficial, ese modelo generaba fricciones operativas, encarecía trámites y terminaba funcionando como una barrera de acceso para la formalización empresarial. Por eso, la nueva RG 3/2026 derogó directamente varios artículos sin reemplazarlos por nuevas regulaciones, bajo el argumento de que ya no tenían utilidad práctica para el control estatal.
El cambio también introduce una lógica inédita en la elaboración normativa. Las reformas surgieron a partir de un proceso de Elaboración Participativa de Normas (EPN), habilitado previamente por la RG 2/2026, que permitió a cámaras empresariales, consejos profesionales y universidades acercar propuestas concretas de simplificación.
La idea, según explican desde el organismo, fue invertir el paradigma tradicional: en lugar de que la burocracia defina unilateralmente cómo deben operar las empresas, abrir la discusión a quienes usan el sistema todos los días.
Reuniones virtuales sin trabas: uno de los cambios más relevantes
Uno de los puntos más celebrados por el sector privado es la habilitación de reuniones a distancia por defecto. Hasta ahora, las asambleas o reuniones de directorio virtuales requerían previsiones estatutarias específicas o enfrentaban obstáculos burocráticos que demoraban decisiones empresariales.
Con la modificación del artículo 72, las reuniones remotas pasan a estar permitidas automáticamente, salvo que el estatuto social las prohíba expresamente. La norma exige ciertas garantías mínimas de transparencia: acceso libre de los participantes, comunicación simultánea y grabación digital de la reunión, que deberá conservarse durante cinco años.
Esa obligación, sin embargo, desaparece si el acta es firmada por todos los asistentes. En términos prácticos, la reforma consolida una dinámica que muchas empresas comenzaron a utilizar durante la pandemia, pero que todavía convivía con zonas grises regulatorias.
Fin de la certificación notarial obligatoria
Otro cambio fuerte impacta sobre las designaciones de administradores y directores. La reforma elimina la certificación notarial como regla general para aceptar cargos societarios.
A partir de ahora, la aceptación podrá surgir directamente del acta correspondiente, mediante una nota firmada digitalmente o incluso a través de la verificación del profesional dictaminante. Para empresas y estudios jurídicos, esto implica una reducción directa de tiempos y costos.
La modificación apunta a terminar con uno de los trámites más cuestionados por el sector privado: la necesidad de pasar por escribanía para validar actos societarios que, en la práctica, ya estaban documentados internamente.
Domicilio electrónico y digitalización de comunicaciones
La resolución también incorpora la posibilidad de constituir domicilio electrónico para administradores societarios, conforme al Código Civil y Comercial.
La medida busca agilizar notificaciones y adaptar la operatoria empresarial a esquemas de comunicación digital, reduciendo tiempos y formalidades presenciales.
Para especialistas en derecho corporativo, el cambio representa un paso más hacia la digitalización integral de la gestión societaria, en línea con modelos regulatorios utilizados en otros mercados.
Renuncias bloqueadas: la IGJ crea una salida
Uno de los problemas más sensibles dentro de las sociedades comerciales era el de directores o administradores que quedaban «atrapados» en sus cargos porque el órgano societario se negaba a tratar sus renuncias. Eso los mantenía expuestos a potenciales responsabilidades civiles o penales aun cuando ya no ejercían funciones efectivas.
La nueva normativa crea un mecanismo específico para destrabar esas situaciones. El administrador podrá intimar formalmente a la sociedad para que trate su renuncia en un plazo de cinco días hábiles. Si no obtiene respuesta, podrá acudir directamente a la IGJ.
En ese escenario, el organismo dará vista a la sociedad durante diez días y, si persiste el silencio o una respuesta evasiva, se considerará aceptada tácitamente la renuncia, habilitando su inscripción registral.
La medida busca resolver una problemática histórica que afectaba especialmente a sociedades con conflictos internos o directorios paralizados.
Garantías más flexibles y menos carga administrativa
La RG 3/2026 también flexibiliza el régimen de garantías que deben constituir los administradores societarios. El nuevo esquema consagra la «libertad de formas», permitiendo depósitos, seguros de caución, avales y otros mecanismos equivalentes.
Además, si la empresa cuenta con síndico, ya no será necesario que el dictaminante verifique la garantía ante la IGJ. Esa tarea quedará bajo control interno del órgano de fiscalización societaria.
En la práctica, la modificación reduce pasos administrativos y acelera las inscripciones.
Más herramientas para defenderse de la burocracia
La reforma también incorpora mecanismos específicos para que los ciudadanos y empresas puedan reaccionar frente a demoras u observaciones arbitrarias dentro del organismo.
El nuevo esquema habilita recusaciones de inspectores, revisiones jerárquicas y pedidos de pronto despacho cuando existan dilaciones injustificadas o criterios contradictorios. Incluso establece plazos concretos para responder y prevé que el silencio administrativo pueda interpretarse como denegatoria tácita, habilitando el acceso inmediato a la vía judicial.
Para el Gobierno, estas herramientas apuntan a equilibrar la relación entre el administrado y el aparato estatal.
El respaldo político y económico a la reforma
Las medidas fueron bien recibidas por distintos sectores económicos y profesionales. Uno de los funcionarios que celebró públicamente la resolución fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que las modificaciones introducen «sentido común» en la gestión societaria.
Desde el Gobierno sostienen que la reducción de exigencias formales puede mejorar el clima de negocios, disminuir costos de cumplimiento y facilitar la creación de empleo formal.
La IGJ, además, dejó abierta la consulta pública iniciada mediante la RG 2/2026, anticipando que el proceso de simplificación normativa continuará en los próximos meses.
Con esta reforma, la administración nacional busca enviar una señal clara al mercado: avanzar hacia un esquema regulatorio más liviano, digital y orientado a facilitar la actividad privada, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a mostrar desburocratización y eficiencia estatal como parte central de su programa económico.
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Mientras muchos analistas ven un avance de las nuevas marcas por sobre las tradicionales, el contraste de performance en ventas de algunos autos contra otros similares es probablemente la más clara muestra de lo cambiante e indescifrable que está el mercado automotor argentino actual.
Septiembre volvió a acercarse a las 50.000 unidades y marcó un muy buen resultado. Solo enero tuvo mejores cifras, pero “juega en otra liga”, porque siempre suma los vehículos propios más los de diciembre que se posdataron para convertirse en un auto modelo/año más nuevo.
Sin embargo, al analizar los números de un buen mes general para el sector, hay vehículos que sorprenden por sus números buenos, y otros por sus resultados inesperadamente bajos.
1. La suba de Amarok
La primera sorpresa del mercado es la pickup Volkswagen Amarok, que está despidiéndose del mercado con un nivel de patentamientos muy por encima de lo que ese mismo vehículo marcó un año atrás.
Al solo efecto de tomar un par de referencias, en septiembre de 2025 habían vendido 2.006 unidades, pero tenían el 3,8% del mercado. En junio de este año, ya con el anuncio de fin de ciclo para fines de 2026, Amarok había patentado 1.229 unidades y tenía el 2,4% del mercado.
De hecho, sus dos rivales de un año atrás, Toyota Hilux y Ford Ranger, marcaban 3.000 y 1.786 patentamientos respectivamente. En septiembre de 2026, Amarok quedó a solo 5 unidades del tercer lugar, que mantuvo la Ford Territory, con 1.970 matriculaciones, que ahora representan un 4,2% del total del mercado.
2. La baja del Tera
La segunda es una sorpresa inversa, la del Volkswagen Tera, que cayó al noveno lugar en el mes con 1.120 autos vendidos y un 2,4% del mercado. Un año atrás, en su primer mes completo en Argentina, el Tera vendió 1.025, al mes siguiente subió a 1.347 unidades y en enero de este año llegó a tener el 3,5% del mercado.
Aún así, sigue siendo el B-SUV más vendido en el acumulado del año con 11.791 unidades, ganándole al Chevrolet Tracker por 1.100 autos de diferencia, pero ya “ve por el espejo retrovisor” al gran rival del año: el Toyota Yaris Cross.
3. El sprint del Yaris Cross
Esta es la tercera sorpresa, que ya no es del mes, sino de los últimos tres meses, pero que se confirma con cada cierre de patentamientos. El Toyota Yaris Cross llegó al mercado a fines de febrero, lo que le impidió aprovechar el “Súper enero” que en algunos casos duplica las ventas de la mayoría de los modelos, y llegó también en medio de la ola de autos chinos híbridos y eléctricos, lo que podría haberle complicado la vida en su arranque en Argentina.
Sin embargo, apenas un mes después vendió 1.165 unidades con el 2,5% del mercado, que mantuvo en mayo y junio, pero desde julio en adelante aumentó sus ventas a 1.339 autos y el 3,3% de cuota, en agosto fueron 1.619 con el 3,6%, y en septiembre volvió a 1.549 unidades y el 3,3%. En conclusión, tras 9 meses de ventas pero 7 de este modelo, en el acumulado del año suma 9.032 matriculaciones está a 200 de Tracker y a 300 de Tera, y ahora sí se sube a la pelea por ser el mejor B-SUV del año.
4. La recuperación de Kardian
La cuarta sorpresa es la performance del Renault Kardian, que por primera vez en muchos meses se acercó al nivel del modelo más accesible de la marca y que se mantiene como el mejor exponente de la marca en el mercado argentino, el Renault Kwid. Fue un buen mes para ambos modelos, que quedaron en los puestos 13 y 14 con 943y 864 unidades respectivamente.
De este modo, por primera vez desde que llegó al mercado argentino en agosto de 2024, mostró el potencial que se había proyectado para competir como un B-SUV de alta demanda.
Sin embargo, el Kardian tuvo una gran recuperación porque hoy representa el 1,8% del mercado y hasta hace poco tiempo esa cuota había bajado casi a la mitad. El último mes de este modelo con una proporción similar fue abril cuando patentó 814 con un mismo valor de representatividad.
5. Baja de los referentes chinos
Por último, la quinta novedad del mes no es de un auto sino de un grupo: los vehículos chinos, que tuvieron una caída generalizada de ventas que parece explicarse por la limitación de volumen que tienen con el cupo. Si bien entre enero y marzo entraron muchas unidades, las ventas también fueron altas y en los últimos dos meses se pudo ver un descenso de patentamientos.
El mejor sigue siendo el Baic BJ30, que vendió 599 unidades y tiene una cuota del mercado del 1,3%. Está ubicado en el puesto 18, siendo que medio año atrás era el primer auto chino en ventas superando un par de veces las 700 unidades mensuales.
El otro gran ausente en la parte alta de la tabla es el BYD Atto 2, otro modelo que padeció quedarse sin stock un par de meses atrás. En septiembre vendió solo 431 autos con una cuota del 0,9%, que llegó a su pico máximo en mayo, con 736 patentamientos y el 1,8% del mercado.
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La Ley de Modernización Laboral estableció que los empleadores privados deberán realizar una contribución mensual equivalente al 1% de las remuneraciones computables en el caso de las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas
La CNV habilitó dos grandes vehículos para administrar estos recursos: Fondos Comunes de Inversión Abiertos destinados al FAL y Fideicomisos Financieros FAL
- Cada empleador puede elegir la entidad habilitada y el vehículo en el que se administrarán sus recursos.
- El régimen contempla portabilidad entre vehículos y administradores y,
- cuando una empresa no realiza la elección correspondiente, existe un mecanismo de asignación de oficio.
La regulación establece criterios de seguridad, liquidez, diversificación, transparencia y preservación del capital
- empresas y proyectos que busquen financiamiento, y
- ahorro dispuesto a financiarlos.
- Financiarse a plazos mayores.
- Emitir más obligaciones negociables.
- Estructurar proyectos de infraestructura.
- Desarrollar crédito de largo plazo.
- Reducir progresivamente la dependencia del financiamiento bancario o del capital propio.
- Los aportes ingresan todos los meses.
- Los recursos se invierten.
- Las inversiones generan rendimiento.
- Ese rendimiento se reinvierte.
- Nuevos aportes vuelven a ingresar al mes siguiente.
El FAL alinea el crecimiento del mercado de capitales con el crecimiento del empleo registrado
- Uno que recibirá recursos todos los meses.
- Uno cuyo patrimonio podrá crecer junto con el empleo formal.
- Y uno que puede ayudar a transformar ahorro argentino en financiamiento para la economía argentina.
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La economía tradicional suele trabajar con rendimientos decrecientes: incorporar una unidad adicional de capital genera un aumento de producción, pero cada vez menor
- El umbral de declive. Por debajo de determinada escala, la economía no genera suficientes recursos para sostener la acumulación de capital.
- El piso de estancamiento, una zona en la que la economía puede sobrevivir, pero todavía no tiene los incentivos suficientes para iniciar una expansión autosostenida.
- El umbral de despegue. Superado ese punto, los rendimientos crecientes hacen que la inversión genere condiciones para nuevas inversiones. ¿Y Bellman?
La mayor escala atrae proveedores y capital. Los proveedores reducen costos
- Escenario A: continuidad del programa de Milei: Simplemente imaginemos que un segundo gobierno mantiene durante varios años una combinación de equilibrio fiscal, estabilidad monetaria, desregulación, apertura, reformas pro-inversión y expansión de sectores exportadores. Si el crecimiento pasara gradualmente de 4% a 5%, luego a 6% y finalmente a 7% a medida que se acumulan inversiones y aparecen efectos de escala, Argentina podría acercarse al umbral de despegue. Si se toma el PBI de 2027 como 100, una trayectoria ilustrativa de ese tipo llevaría el índice hacia 210 unidades en 2040. Esto implica que, si se materializara esa trayectoria, la acumulación podría comenzar a generar una dinámica de rendimientos crecientes.
- Escenario B: triunfo opositor (¿Kicillof?) y regreso a la tasa histórica de crecimiento. Parte de una hipótesis diferente: un cambio de régimen económico y una evolución del PBI similar a la observada por Argentina durante los últimos 15 años. Entre 2011 y 2025, el crecimiento promedio anual del PBI argentino fue de aproximadamente 0,8%. Si esa tasa se mantuviera durante todo el período 2027-2040, y nuevamente hacemos 100 al PBI de 2027, el resultado sería muy diferente al escenario de crecimiento acelerado: en 2040 el nivel del PBI sería aproximadamente 110 unidades. Es decir, después de 13 años, la economía habría aumentado apenas alrededor de un 10% respecto del punto de partida, contra 110% en el escenario anterior.
El contraste entre el escenario A y el B es enorme. Una diferencia aparentemente pequeña en la tasa de crecimiento anual, sostenida durante muchos años, termina produciendo diferencias extraordinarias
El umbral puede ser el punto de transición hacia un proceso endógeno, donde, en una economía que lo atraviesa, el crecimiento empieza a generar las condiciones para producir más crecimiento
El énfasis permanente del presidente Milei acerca de la importancia de la inversión en capital humano podría anunciar su intención de fusionar ambos enfoques para obtener un resultado mucho más potente aún
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