POLITICA
Financiamiento universitario: la Corte le dio ingreso al caso, pero no tiene fecha para resolver y la UBA reclama celeridad
La Corte Suprema le dio ingreso a la causa que promovieron 59 universidades nacionales contra el Poder Ejecutivo y quedó en condiciones de resolver si deja firme la medida cautelar dictada contra el Gobierno. Los jueces, sin embargo, no tienen aún un plazo fijado para resolver.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) les pidió este martes que se expidan “a la mayor brevedad posible” y que dejen firme la cautelar que le impone al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario.
La cautelar en cuestión fue dictada por el juez de primera instancia Martín Cormick y ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Pero no está vigente porque el Gobierno presentó un recurso extraordinario y la Cámara le habilitó el camino a la Corte.
Con esta instancia abierta, Cormick frenó la implementación de su medida cautelar hasta que la Corte decida.
En este momento, las tres instancias tienen decisiones por tomar. Cormick tiene pendiente pronunciarse sobre el fondo del amparo; es decir, si le exige al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario (lo resuelto hasta ahora es sólo la cautelar). La Corte, en tanto, tiene a estudio el pedido del Gobierno para que la cautelar quede sin efecto, y la Cámara de Apelaciones recibió un planteo de las universidades para que revise la suspensión de la cautelar que dispuso Cormick.
El abogado constitucionalista Pablo Manili, que representa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), dijo a que la Cámara debe restablecer la cautelar porque la ley sostiene que una sentencia de primera instancia ratificada por la Cámara debe ejecutarse, aunque la Corte tenga a estudio un recurso extraordinario.
El artículo que citan las universidades es el 258 del Código Civil y Comercial, que dice que si una sentencia de la cámara “fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema”.
“El 258 es categórico: tienen que darle luz verde al incidente de ejecución de la cautelar”, dijo Manili a . Si la Cámara actuara como espera el abogado, la cautelar entraría en vigencia de inmediato, sin esperar una definición de la Corte Suprema.
Las universidades se quejan de la estrategia del Gobierno de demorar los trámites. Cuestionan que haya recusado a todos los jueces; incluidos los tres ministros de la Corte Suprema, que deberá tratar esas recusaciones antes de decidir sobre el destino de la cautelar.
“Es la primera vez en la historia que un gobierno litiga en contra de las universidades para no cumplir una ley”, dijo Manili.
Las universidades celebran, en cambio, la celeridad con la que la Corte le dio ingreso formal al expediente, ni bien lo recibió, con una breve resolución que dice “Autos”.
El constitucionalista Gustavo Arballo explicó en X que “Autos” es la expresión recortada del clásico “Llamamiento de autos para despacho”, que significa que el tribunal recibió la causa y está a la consideración de los ministros. Arballo advierte que esta expresión de la Corte “no necesariamente es indicio de pronta resolución”.
El camino de la ley
La Ley de Financiamiento Universitario, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto pasado. Tras el veto presidencial, ambas cámaras la sostuvieron.
En el último día del plazo para hacerlo, en octubre pasado, el Gobierno finalmente la promulgó, pero nunca la aplicó. Al igual que sucedió con la Ley de Discapacidad, el Ejecutivo argumentó que no lo haría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Fue por eso que los rectores decidieron ir a la Justicia.
El 29 de octubre de 2025, el CIN interpuso su acción de amparo contra el Estado Nacional. El 23 de diciembre de 2025, el juez Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6, que refieren a las actualizaciones salariales y de las becas, y el 29 de diciembre de 2025, el Estado apeló la medida.
El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.
El Gobierno presentó entonces su recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema y la Cámara se lo concedió. Por eso, Cormick frenó la implementación de la cautelar.
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POLITICA
Jairo Guzmán, el diputado libertario que se enfrentó a Grabois: “Si no estuviera haciendo un acting, habría que hacerle un control psicológico”
El diputado nacional Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza (LLA), habló en Infobae a las Nueve después del cruce con Juan Grabois durante el debate legislativo por Malvinas.
El legislador santacruceño pidió disculpas por la repercusión del episodio y sostuvo que el debate parlamentario debía concentrarse en la iniciativa tratada. “Creo que lo que se estaba discutiendo ayer era muchísimo más importante que tener que hablar de esto el día de hoy”, dijo.
Guzmán, que vive en Río Gallegos, vinculó el proyecto con su provincia y expresó: “El tema Malvinas afecta al más íntimo de los santacruceños”. La discusión se desarrolló en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde Myriam Bregman exponía sus críticas a la propuesta oficialista.
Durante su paso por el estudio de Infobae en Vivo, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el diputado explicó que se vio involucrado en una situación que “no está buena” y afirmó que el hecho “no deja algo bueno tampoco en la sociedad”.
La reacción de Juan Grabois
Al reconstruir el momento en que Grabois se acercó a su banca, Guzmán atribuyó una intención de exposición pública al diputado de Unión por la Patria. “Quiere aprovecharlo mediáticamente para posicionarse o busca prensa”, aseguró.
El legislador de LLA descartó que Grabois hubiera intentado concretar una agresión. “Yo mido un metro ochenta y seis. O sea, no me viene a pegar”, planteó, antes de sostener: “Hace todo un acting”.
Guzmán agregó que, si el episodio no hubiera sido una actuación, requeriría otra evaluación. “Evidentemente, si realmente no está haciendo un acting, habría que hacerle algún tipo de control psicológico, psiquiátrico al diputado”, manifestó.
Consultado sobre sus intervenciones mientras Bregman hablaba, reconoció que realizó comentarios desde su banca, aunque rechazó que eso habilitara una escalada. “Uno hace algún comentario, el otro diputado te puede responder. A mí me pasa habitualmente, pero no se justifica ante nada un grado de escalada de violencia”, afirmó.
El diputado planteó que la discusión debía centrarse en la soberanía y los recursos nacionales. “Si querés llevar una discusión de soberanía, de cuidado de nuestros recursos, a que si los militares son buenos o son malos, creo que uno puede también tener la posibilidad de hacer algún comentario”, sostuvo.
En ese marco, cuestionó las posiciones que atribuye a sectores de la oposición. “Ellos hablan mucho de violación a la soberanía argentina y hablan tanto de soberanía y defienden la violación a la soberanía del Estado de Israel”, expresó.
La decisión de no responder
Guzmán señaló que en la Cámara de Diputados ya atravesó otros intercambios tensos. “Habitualmente a mí me ha tocado vivir situaciones donde diputados se me han acercado a querer invitarme a las piñas”, denunció.
Sobre uno de esos episodios, ocurrido cuando recién había asumido, evitó identificar al legislador involucrado. “Me parece que no está bien decirlo. Creo que hay que preservar eso”, respondió ante la insistencia del panel.
El santacruceño describió aquel antecedente como una reacción surgida fuera del recinto. “En un momento este diputado pasa al lado mío, yo estaba con otro diputado en un pasillo y él se da vuelta y directamente dice: ‘¿Qué me dijeron?’. Y automáticamente quería irse a las trompadas”, contó.
Frente a las preguntas sobre el enfrentamiento con Grabois, Guzmán remarcó que no se levantó de su lugar. “Yo no hice absolutamente nada. Si yo hacía algo, podía haber terminado en una situación de violencia de otra manera”, afirmó.
El legislador explicó el criterio que adoptó ante la situación. “Decidí quedarme quieto porque creo que también le debemos eso a la sociedad”, dijo.
Guzmán sostuvo que la discusión política puede tener distintos niveles de intensidad, pero fijó un límite. “La discusión puede tener sus diferentes decibeles, pero nunca llegar a este nivel”, expresó.
También recordó un episodio anterior que, según dijo, había observado antes de asumir su banca. “Yo me acuerdo de haber visto una vez a una diputada meterle una piña a un diputado desde atrás”, señaló.
La violencia política y las redes sociales
El diputado vinculó la confrontación parlamentaria con las formas de comunicación que se expandieron en las plataformas digitales. “Las redes sociales trajeron eso: la gente se expresa de una manera mucho más abierta ahora y eso no implica que haya también un desenlace literalmente violento”, sostuvo.
Al ser consultado por los mensajes del presidente Javier Milei contra dirigentes, periodistas y otros actores públicos, Guzmán diferenció las conductas. “El presidente tiene su forma, yo tengo las mías”, respondió.
Guzmán reconoció que, antes de ingresar a la política, tenía una actitud más confrontativa. “Antes quizás sí, cuando no estaba metido en política. Yo estoy involucrado en política hace dos años y medio”, dijo.
El diputado explicó que ese cambio surgió de su experiencia dentro del Congreso. “Desde que entré a la política decidí bajar un cambio porque sé que no le hace bien a la política, a la discusión política”, afirmó.
Sobre el estilo del Presidente, el legislador sostuvo que en ocasiones comprende sus reacciones. “Muchas veces lo justifico porque hay que tener un grado de tolerancia muy grande a las situaciones que uno pasa”, declaró.
Cuando le marcaron que esa defensa podía asemejarse a una justificación de Grabois, Guzmán volvió sobre la secuencia que protagonizó. “Estaba hablando una diputada, él no estaba hablando, se para y se viene a querer pegarme una trompada en la cara. No hay ningún tipo de justificación”, expresó.
Guzmán también rechazó que se instale sin pruebas la idea de que existen consumos de drogas dentro del Congreso. “A mí no me tocó jamás ver algo parecido”, afirmó.
El diputado cuestionó que se aborde ese asunto “con una liviandad tan grande” y advirtió: “Si bien hay cosas que funcionan mal y que hay que arreglarlas, tampoco hay que boicotear los poderes de la democracia”.
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POLITICA
El giro del vínculo del Reino Unido con la gestión de Milei: de evaluar un acuerdo de libre comercio a ser “socio no confiable”
En diciembre pasado, luego de una reunión con sus pares del Mercosur y en la previa del encuentro de presidentes en Foz de Iguazú, el canciller Pablo Quirno contó ante las estrategias oficiales para “abrir mercados”, entre ellos, el Reino Unido. Solo diez meses después, en medio de la tensión bilateral y con la soberanía de las islas Malvinas en el centro del debate, el gobierno británico –que reconoció meses atrás negociaciones para un tratado de libre comercio con el Mercosur o incluso un acuerdo bilateral- planteó ayer sus dudas sobre que la Argentina fuera un “socio confiable”.
De las relaciones comerciales cordiales a la confrontación, el vínculo pasa por estos días por uno de sus peores momentos desde que comenzó el gobierno libertario, con el resurgimiento del espíritu malvinero en el mundial de fútbol y las oscilaciones del gobierno de Donald Trump en torno a Malvinas como inevitables referencias y telón de fondo.
La decisión del Gobierno de llevar al arbitraje del tribunal internacional de la Convención sobre el Derecho del Mar su denuncia contra el conglomerado británico-israelí Sea Lion, que ya trabaja en la explotación de petróleo en las islas, enojó al gobierno británico, que ayer respondió en duros términos. El proyecto Sea Lion comenzó en 2010 y el financiamiento principal (un 65%) proviene de la empresa israelí Navitas Petroleum y de la británica Rockhopper Exploration.
A través de la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, el gobierno británico afirmó que la iniciativa argentina intenta “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”, en referencia a los eventuales derechos de los habitantes de las islas.
“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, dijo Kumaran, y reconoció que respondió a la protesta argentina convocando a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza. Aguijoneó a la gestión libertaria al sostener que, con esas actitudes, pone en duda el estatus de “socio confiable” que Gran Bretaña le adjudicaba hasta hace pocos meses.
“La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos. La Argentina actúa en plena conformidad con un tratado en el que ambos Estados son partes y con el principio fundamental de solución pacífica de controversias”, le contestó Quirno hoy a través de un comunicado. Un texto en el que reiteró la “permanente disposición” del gobierno a “reanudar las negociaciones bilaterales sobre la cuestión de las islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas” y criticó la “manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las islas”.
Hasta mitad de año, y de la mano del restablecimiento de la sintonía política —complicada durante el gobierno kirchnerista—, el vínculo bilateral comercial había crecido de modo sostenido. Como ejemplo, entre noviembre de 2024 y noviembre pasado, las exportaciones de la Argentina a Gran Bretaña se incrementaron un 1,73%, mientras que las importaciones subieron un 7,37%, según el sitio especializado Oec.world. Se hablaba por entonces de un inminente viaje de Milei a Londres, mientras avanzaban las negociaciones para levantar el veto británico sobre las compras de armamento que hiciera la Argentina, y que contuvieran algún componente de origen inglés. Las negociaciones dieron como resultado la no objeción británica a la compra de 24 aviones caza F16 a Dinamarca para la Fuerza Aérea, con el aval adicional de Estados Unidos.
En julio, el clima cambió con la bandera “las Malvinas son argentinas”, enarbolada por jugadores del seleccionado nacional luego de vencer a Inglaterra en el mundial. En pleno fervor popular por la reivindicación de los derechos argentinos, y 44 años después de la guerra entre ambos países, el Gobierno pasó a hablar de Malvinas como “causa nacional” y endureció su postura en relación al proyecto Sea Lion, del cual se desconoce si fue motivo de conversación en el último encuentro mano a mano que Milei tuvo con su par israelí Benjamin Netanyahu. El propio Presidente, en cadena nacional, anunció a principios de septiembre el envío de un proyecto de ley “de defensa de la Soberanía Nacional” para sancionar a las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas, la creación de una base naval integrada en Tierra del Fuego y la creación del Consejo de Seguridad Nacional.
La discusión sorprendió a Trump, quien, en medio del conflicto con Gran Bretaña por su postura en relación a la guerra de Estados Unidos con Irán, dejó abierta la posibilidad de “revisar” el histórico apoyo norteamericano al Reino Unido en el diferendo por Malvinas. Trump pareció volver sobre sus pasos la semana pasada, cuando en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió con el flamante primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, sin menciones a un eventual cambio de posición.
Ayer, el embajador Javier Figueroa, Coordinador de Políticas Oceánicas y del Atlántico Sur de Cancillería, criticó en un seminario conjunto del gobierno porteño y la Cancilleria la explotación hideocarburifera de Reino Unido y la pesca ilegal y dijo que Argentina prepara “una política regional con países vecinos”, como Chile, Brasil y Uruguay, para frenar esa explotación de recursos.
El conflicto por Malvinas también complica el vínculo bilateral con Chile. En respuesta a declaraciones del gobierno argentino sobre la soberanía “compartida” del estrecho de Magallanes, el ministro de Defensa del vecino país, Fernando Barros Tocornal, reivindicó esta semana la soberanía británica “de hecho” sobre Malvinas, y defendió el comercio entre Chile, más específicamente desde Punta Arenas, y las islas. El gobierno argentino, por el momento, prefirió no escalar en el conflicto con el gobierno de Chile, presidido por el derechista José Antonio Kast.
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El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que Washington buscaría desescalar una eventual crisis entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas antes de evaluar cualquier otro tipo de intervención.
El funcionario de la administración de Donald Trump fue consultado por GB News sobre qué haría Estados Unidos ante un hipotético nuevo conflicto armado en el Atlántico Sur y si respaldaría militarmente a Gran Bretaña.
Waltz evitó dar una respuesta afirmativa o negativa y señaló que una definición de ese tipo corresponde directamente al mandatario estadounidense.
“Es una decisión del comandante en jefe”, afirmó el diplomático, antes de remarcar que no iba a adelantarse a una eventual determinación de Trump. Luego agregó: “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”.
El representante estadounidense destacó además las relaciones que Washington mantiene con ambos países. “Argentina es una gran amiga de Estados Unidos”, sostuvo Waltz, al tiempo que mencionó la histórica “relación especial” entre Estados Unidos y el Reino Unido.
Sobre la posibilidad de brindar algún tipo de asistencia militar, evitó avanzar: “En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al Presidente”.
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Islas Malvinas, Estados Unidos, Reino Unido, casa blanca
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