La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a realizar en un plazo máximo de seis meses las obras necesarias para garantizar la calidad y potabilidad del agua de red en la ciudad de Bragado, afectada por las altas concentraciones de arsénico.

El máximo tribunal rechazó el recurso de la empresa que alegaba que se trataba de una intromisión en la autonomía provincial.

La demanda fue impulsada en 2013 por un grupo de vecinos preocupados por el nivel de arsénico en el agua de la zona.

Pruebas técnicas e informes de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la UBA confirmaron niveles de arsénico de hasta 0,07 mg/l en el agua de Bragado, lo que supera los límites permitidos.

Por eso los vecinos plantearon una acción de amparo para obligar a la provincia a realizar trabajos necesarios para mejorar la calidad del agua de acuerdo con los valores guía establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el Código Alimentario Argentino y otros organismos internacionales.

Además, demandaron a la Provincia de Buenos Aires, responsable sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para efectuar el suministro de agua a la población de Bragado. Y reclamaron declarar la inconstitucionalidad de una resolución (N° 34/2012 y N° 50/2012 de la Secretaría de Políticas, Regulación y Pesca, y del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca) que permitió una excepción en el Código Alimentario para consumir el agua con esos valores de arsénico.

En 2021, el juzgado de Garantías del Joven 1 de Mercedes ordenó a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. que dentro del plazo de ciento ochenta (180) días comenzara a realizar las obras necesarias que aseguren la calidad y potabilidad del agua de red de uso domiciliario en Bragado. Y mandó a que los valores máximos no debían exceder la composición microbiológica y físico-química del agua de consumo humano, en especial respecto del contenido de arsénico.

No podía superar el umbral de 0,01 mg/l, nitratos, flúor, y sólidos disueltos, la normativa vigente.

El juzgado instó a trabajar en un proyecto para garantizar la sanidad del agua para la población del municipio de Bragado.

La empresa apeló y la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín rechazó la presentación y ratificó la orden para que ABSA comience las obras que aseguraran la mejora en la calidad y potabilidad del agua. Siempre con la idea de que el nivel arsénico no podía ser superior a 0,01 mg/l.

Contra esa decisión, ABSA planteó un recurso extraordinario que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que confirmó en todos sus términos la decisión.

Pero la empresa provincial buscó la revisión de la Corte Suprema de la Nación, diciendo que la sentencia vulneraba la autonomía provincial regulatoria y que se le reclamaba un parámetro de calidad de agua que la ley no exige.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron la presentación inadmisible y dejaron firme la decisión.

Tres semanas después de la desvinculación de una docena de trabajadores y los anuncios de cambios para aumentar la seguridad de la residencia oficial de Olivos, el sitio donde vive el presidente Javier Milei funciona bajo su nuevo paradigma, en un proceso dinámico, que aún no termina.

El 17 de septiembre, en un comunicado emitido por Balcarce 50, se consignó que la Casa Militar, fundada en 1909 para la seguridad de los mandatarios y los lugares que habitan, tendría a su cargo “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos”. Son más de 30 hectáreas, en un rectángulo delimitado por las calles Villate, la Avenida Maipú, Hipólito Yrigoyen y Antonio Malaver.

Desde entonces se llevaron y llevan adelante, según pudo saber , los procesos de “reorganización e integración” del lugar bajo la órbita del organismo. Los cambios se vienen haciendo de manera gradual con foco en “la continuidad operativa y la seguridad” del lugar, afirmaron en la Casa Rosada.

En una entrevista brindada por el mandatario a LN+, Milei indicó que la residencia “opera hoy como una base militar”. Allí aludió: “Tengo algunos enemigos pesados en el mundo”, en referencia a su alineación geopolítica. Y completó: “Hay determinadas cuestiones que tienen cuestiones de seguridad mucho más profundas que en las condiciones en que estaba la quinta”.

El primer cambio se registró con la salida del administrador de la quinta presidencial, Osvaldo Javier Sosa, cuñado de María Belén Agudiez, hasta poco antes una persona cercana a Karina Milei.

Agudiez tenía a su cargo la subsecretaría de Planificación, encargada de la administración de Olivos y de las demás residencias oficiales. Tres días después del desplazamiento de Sosa, Agudiez dejó el gobierno. Ambos quedaron alcanzados por una denuncia sobre posibles desmanejos alrededor de compras -por ejemplo de carne- en la residencia.

El oficialismo, por su parte, advirtió también sobre posibles “filtraciones” a los medios, con señalamientos a los desplazados. El control de Olivos quedó en manos del coronel Fernando Tereso, quien secunda al brigadier Sebastián Ibáñez en la Casa Militar. El organismo, a su vez, está bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, con Karina Milei a la cabeza.

A esa entidad pertenecen ahora los empleados que trabajan en la residencia, sean civiles como militares. Hasta los cambios, la Casa Militar se encargaba de una parte de la seguridad y solo tenía personal civil ubicado en los ingresos, para registrar las visitas.

La seguridad está “en cambio constante”, dijo una de las voces consultadas por . Las adecuaciones implementadas responden, principalmente, a una actualización de los protocolos de gestión interna y coordinación operativa, para agilizar los procesos diarios y “fortalecer las medidas de seguridad”, apuntaron las fuentes consultadas.

Desde que la Casa Militar se hizo cargo del manejo de la residencia oficial se subió el número de efectivos que trabajan puertas adentro, tanto por la mayor demanda de los nuevos protocolos de seguridad, como por el personal civil del organismo que se ubicó para el manejo de las distintas áreas, según reconstruyeron fuentes oficiales. El número de empleados totales permanece bajo un fuerte hermetismo.

El esquema mixto donde convive personal civil y militar de la Casa Militar trabaja de forma coordinada según las necesidades específicas de cada área, según indicaron las fuentes. Buscan así “optimizar“ las tareas técnicas, logísticas y de resguardo institucional alrededor de Olivos.

Las tareas de mantenimiento general y servicios dentro de la quinta son desempeñadas por equipos multidisciplinarios, que siempre también integrados por personal civil y militar especializado. Por ejemplo, el encargado de cocinar es un militar, según confirmaron fuentes al tanto.

Cambios y reubicaciones

Los primeros cambios en Olivos se conocieron el jueves 17 por la tarde e incluyeron 12 desplazamientos, una parte de los cuales luego fueron reubicados en otras dependencias, por fuera de Olivos. Entre quienes fueron echados sin chances de reubicación estuvo Sosa, el hasta entonces intendente del lugar.

Los intendentes o administradores de Olivos siempre son designados por los gobiernos de turno, que suelen poner personas de extrema confianza. Rara vez se cambiaron a lo largo de una gestión, pero con Sosa esa tradición voló por el aire.