El martes, mientras en la calle se desplegaba la movilización en defensa de la universidad pública y en la Casa Rosada se reunía la mesa política del Gobierno, avanzaba, en el Palacio de Tribunales, un trámite silencioso, pero trascendente: ingresaba formalmente a la Corte Suprema el expediente que definirá la suerte de la Ley de Financiamiento Universitario. A partir de ahora, los ministros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, pueden resolver si obligan, o no, a Javier Milei a cumplir con la ley que nutre de fondos a las casas de estudio.

El máximo tribunal debe definir sobre un amparo concedido a los rectores universitarios, confirmado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Así, la Corte tiene la última palabra sobre un tema de amplio impacto fiscal y enorme significado simbólico para la administración de Milei.

“Cualquier gobierno tiene que saber que, en la Justicia, la ley de gravedad funciona al revés: todo lo pesado sube”, dijo una experimentada fuente judicial. La clave, ahora, pasa por los tiempos. Si bien la Corte está en condiciones de resolver, no tiene plazos para hacerlo. Mientras no lo haga, el Gobierno entiende que la Ley de Financiamiento Universitario está en suspenso y no desembolsa el dinero. “Hoy nuestra principal aliada es la dilación”, reconoció un importante colaborador de la Casa Rosada.

El tema genera, por estas horas, todo tipo de especulaciones y ansiedades en distintos despachos del Gobierno, que entienden que se están poniendo en juego, como nunca, los intereses cruzados que vienen acumulando con la Justicia. “Es muy difícil determinar qué va a pasar porque todo está muy atravesado por el ruido judicial”, reconoció un importante colaborador oficial.

Nada indica que haya definiciones hoy, en la reunión de acuerdos de la Corte, aunque en el Poder Ejecutivo leerán cualquier señal de los jueces. “Yo creo que pedirán opinión a la Procuración General”, aventuró un funcionario del área judicial. El caso tiene una traba adicional: las universidades promovieron un incidente de ejecución de sentencia para acelerar la aplicación de la ley, que está pendiente de resolución en el juzgado de primera instancia.

Una paz artificial

Mientras tanto, en Comodoro Py, el caso de Manuel Adorni arroja más novedades con el alquiler en dólares que pagó en el country Indio Cua mientras remodelaba la casa propia. El jefe de Gabinete comienza a sentir aquel viejo apotegma que reza que “la condena es el proceso”. En su entorno se percibe cierto cansancio.

Este martes, cuando se volvieron a ver las caras, Karina Milei y Patricia Bullrich dieron por sobreentendido que no había más margen para seguir discutiendo el reclamo -todavía no saldado- para que Adorni explique cómo hizo su patrimonio. La ex ministra de Seguridad movió el avispero la semana pasada y el jefe de ministros anunció que adelantaría su declaración jurada. Pero, a esta altura, están claras las prioridades de Adorni: la rendición de cuentas ante la sociedad está subordinada a la estrategia que despliega su abogado en los tribunales.

Las mujeres fuertes del Gobierno no tuvieron otra opción más que montar una paz artificial. Ambas entendieron que era necesario terminar con la conflictividad interna después de varias semanas de deterioro en los vínculos en el Gobierno. Lo mismo entendió Luis Caputo, que volvió a los encuentros de mesa chica después de cierta ofuscación porque trascendió su reproche sobre el “riesgo político”, un planteo que debía mantenerse en reserva.

Es que, con los sucesos de los últimos días, ya no se pregunta qué va a hacer el Gobierno en términos de gestión sino cuánto se pelearon sus principales figuras. Por cierto, el enojo de Adorni con la periodista Cristina Pérez, ¿puede impactar negativamente en la carrera electoral de su pareja, el diputado Luis Petri? El ex ministro de Defensa, que se saludaba con Javier Milei a los saltos, trabaja para postularse a la gobernación de Mendoza.

En el oficialismo algunos vieron un quiebre, que podría notarse en el viaje a la provincia cuyana que hoy hará el ministro coordinador, donde será recibido por el gobernador Alfredo Cornejo. Petri espera que todo siga como siempre. Milei compartió en X un mensaje suyo. Y el retuiteo es el más importante de los gestos presidenciales.

Los roces por el caso Adorni profundizaron la desconfianza interna en La Libertad Avanza (LLA). “Hace tiempo que distintos actores se mueven más por sus intereses personales que por la causa grupal”, se lamentó un importante colaborador oficial. Esa descomposición de las relaciones paralizó la gestión y generó dinámicas llamativas.

Respecto a la reunión de gabinete del pasado viernes, ampliamente comentada por los editorialistas dominicales, lo más llamativo no fue que Javier Milei defendiera a ultranza a Adorni o que frenara en seco a Bullrich. Lo más novedoso, a todas luces, fue que se filtrara toda la escena de manera tan detallada. La regla número uno en LLA es hacer silenzio stampa después de los encuentros de trabajo. Basta con recordar que el mandato de Milei, allá lejos, en el verano de 2024, comenzó con el despido de un ministro, el fallecido Guillermo Ferraro, acusado falsamente por una filtración de una reunión de gabinete.

“El Presidente tiene una emocionalidad importante”, dijo Bullrich, como broche de oro, sobre el temperamento presidencial. Un eufemismo que se sumó a lo que Guillermo Francos bautizó como la “vehemencia” de Milei.

Mientras baja la espuma con Bullrich, Karina y su troupe no deponen las armas con el otro frente de batalla: el que mantienen con Santiago Caputo. Es, a esta altura, el superclásico libertario. El estratega pegó el faltazo a la mesa política del martes con aviso, por un viaje importante. Y el karinismo le mandó un mensaje con la confirmación de Sebastián Pareja como titular de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia.

Todo un símbolo: la famosa “bica de inteligencia”, que vigila los fondos reservados, para el enemigo público de los caputistas de Las Fuerzas del Cielo. Pareja sacó pecho en X. “Tengan la tranquilidad de que vamos a trabajar para defender el funcionamiento de organismos fundamentales para la seguridad nacional”, escribió.

Fue, quizás, una devolución de gentilezas por el mal trago que pasó el karinismo al inicio de esta semana cuando se conoció un informe lapidario elaborado por el equipo del interventor de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches. El escrito fue presentado en la causa -en manos de Ariel Lijo– que investiga presuntas coimas en el organismo cuando estaba conducido por Diego Spagnuolo. Detalla sobreprecios obscenos en la compra de sillas de ruedas, prótesis y otros dispositivos médicos que se pagaron 20 veces más que, por ejemplo, en PAMI.

Tiene párrafos curiosos. Por caso, cuando se objeta la compra de insumos producidos en el exterior. “La insistencia en el uso de importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero”, dice el escrito que trascendió desde el expediente judicial.

Hay una auditoría anterior sobre la ANDIS de Spagnuolo todavía más contundente, que no se conoció públicamente. En el Gobierno creen que podría recargar demasiado las tintas sobre una causa que proyecta una sombra sobre Karina Milei y los Menem. La causa comenzó con el famoso audio del “3%”. La ANDIS depende del Ministerio de Salud que responde al ala de Santiago Caputo. Como el asesor y la hermana del Presidente no se hablan, quien está intermediando en toda esta trama es Adorni.

Otra situación curiosa de los últimos días: si bien hubo ministros que aseguraron que trabajaron “en conjunto” con el Ministerio de Economía para definir qué recortes sufrirían las partidas de sus carteras, alguno se desayunó sobre la poda en su área con el Boletín Oficial del lunes.

Pese a que la motosierra pasó por lugares sensibles, como las partidas educativas o los fondos para el sistema de salud, el Gobierno reforzó los créditos destinados al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de ANSES. Y hubo fondos para la Justicia. El Consejo de la Magistratura, cuyo titular es Rosatti, obtuvo $43.500 millones para el pago de sueldos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ese organismo detalló que disminuyeron los fondos para obras de infraestructura y adquisición de equipos militares. “En sentido contrario, se asignó un crédito de $22.000 millones para la adquisición de equipos de computación en la Corte Suprema de Justicia”, dijo la OPC.

En el Poder Judicial advierten que estos fondos, en rigor, se adeudaban desde marzo para afrontar el pago de sueldos. Pero está claro que todos los reflectores del Gobierno están puestos en el máximo tribunal. A la Corte no solo llegó el conflicto universitario: el Poder Ejecutivo también presentó un recurso extraordinario ante el máximo tribunal para frenar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Por eso no resulta anecdótico que Santiago Caputo tenga cruces públicos con Rosatti en redes sociales. La pelea, dicen los que conocen al consultor, se volvió muy personal. El asesor persuadió a Javier Milei de que hoy el eje de poder en la Corte cambió, porque -a diferencia del año pasado- ahora Rosenkrantz estaría más cerca de Lorenzetti. A Karina Milei, en cambio, su equipo judicial le explica que cualquier fallo necesitará del voto unánime de los tres cortesanos, porque sino deberán convocar a conjueces.

Uno y otro bando se quieren colgar la cucarda por el fallo del juez federal de La Pampa, Juan Baric, que rechazó la cautelar que pedía suspender la Ley de Glaciares. Baric es muy cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, del riñón de Karina. Mientras sigue mandando pliegos al Senado para poblar la Justicia, la hermana del Presidente sigue aprendiendo a utilizar la botonera judicial.

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