Francia tiene al fin eutanasia y suicidio asistido. Tras un proceso legislativo complejo, iniciado antes de la disolución del Parlamento y reanudado hace un año y medio, los parlamentarios aprobaron el miércoles a la tarde el proyecto de ley por 291 votos a favor y 241 en contra el miércoles por la tarde. Ya sea que represente una nueva libertad o una ruptura antropológica, esta votación histórica marca un punto de inflexión crucial en la historia del país.

La promesa de Emmanuel Macron de un nuevo «modelo francés», para la atención al final de la vida, que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido, finalmente se ha hecho realidad.

Esta votación es coherente con votaciones anteriores en la Asamblea Nacional, ya que es la cuarta vez que esta reforma es aprobada por los miembros de la cámara baja, quienes en su mayoría apoyan este cambio social.

«En 2022, me comprometí a abrir este camino con el pueblo francés. Con seriedad, con humildad y con pleno respeto a nuestra democracia, hemos honrado este compromiso», declaró Macron tras la votación.

Si bien dedicó unas palabras a «todos los que participaron en esta reflexión colectiva», el presidente de la República también expresó su gratitud a quienes se habían puesto en contacto con él personalmente y habían compartido sus historias, sus dudas, sus convicciones y sus esperanzas.

«Sus testimonios han enriquecido profundamente este texto», concluyó, agradeciendo finalmente a «todos los miembros del Parlamento que hicieron posible un debate constructivo y respetuoso».

En cuarta y última votación, la Asamblea Nacional ratificó la ley que crea el derecho al suicidio asistido y, en ciertos casos, a la eutanasia, el miércoles 15 de julio por la noche. Una reforma social trascendental e histórica.

Un largo proceso ha llegado a su fin. El texto prevé, por primera vez en Francia, la autorización del suicidio asistido, o incluso la eutanasia, con una serie de condiciones.

Tras la votación, Macron, en un mensaje publicado en X, agradeció a «todos los parlamentarios que facilitaron un debate constructivo y respetuoso» y, en términos más generales, «felicitó a todos los que participaron en esta reflexión colectiva: los ciudadanos de la Convención Ciudadana, los profesionales sanitarios y las asociaciones. El trabajo del Comité Consultivo Nacional de Ética guió nuestras deliberaciones. Quisiera agradecerles nuevamente». Este nuevo derecho estaría reservado para pacientes adultos con una enfermedad incurable y potencialmente mortal que puedan expresar sus deseos «libremente y con pleno conocimiento de los hechos» DIJO.

En el derecho a la muerte asistida, la nueva ley establece pasos sobre cuidados al final de la vida.

Un médico verificaría su elegibilidad, luego un procedimiento colegiado evaluaría los criterios, antes de que el médico tome la decisión final de forma unilateral. El paciente podría negarse en cualquier momento y administrarse la sustancia letal él mismo, excepto cuando esté «»físicamente incapacitado para hacerlo», en cuyo caso un médico o enfermero podría administrársela.

Francia se unirá así al reducido grupo de naciones que han otorgado este derecho, desde Bélgica hasta los Países Bajos, incluyendo Suiza, Canadá y Uruguay.

La reforma fue impulsada por el Presidente de la República en 2022 con la convocatoria de una asamblea ciudadana, que votó en febrero de 2023 a favor de establecer la «asistencia activa para morir». El proceso parlamentario ha enfrentado numerosas dificultades, y los partidarios de la legislación celebran con alivio la votación final.

Un proyecto de ley del gobierno, paralizado por la disolución del parlamento en 2024, fue sucedido por dos proyectos de ley parlamentarios: uno sobre cuidados paliativos y otro sobre el derecho a la muerte asistida.

«Siento que he cumplido con mi deber», dijo Olivier Falorni, incansable defensor de una ley sobre cuidados al final de la vida.

Estos proyectos de ley avanzaron a pesar de las reservas, e incluso la hostilidad personal, hacia la muerte asistida expresadas por tres primeros ministros sucesivos: Michel Barnier, François Bayrou y Sébastien Lecornu.

Haciéndose eco de varias figuras destacadas de la derecha, como Bruno Retailleau, el Senado rechazó la muerte asistida en tres ocasiones. Sin embargo, el gobierno decidió otorgar la decisión final a la Asamblea Nacional, como le corresponde.

Ante la persistente oposición, especialmente de la derecha, Sébastien Lecornu anunció que, de aprobarse el proyecto de ley, lo remitiría al Consejo Constitucional. Esta decisión se tomó «en consulta con el Presidente de la República», aseguró la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, , negando cualquier desacuerdo entre ambos jefes del poder ejecutivo.

En una decisión que podría alcanzarse antes del 15 de agosto, el Consejo Constitucional deberá determinar si ciertas cláusulas, como el período mínimo de reflexión de dos días concedido a los pacientes tras la aprobación médica de la eutanasia, son compatibles con los «principios de libertad individual y dignidad humana», según la oficina del Primer Ministro.

El proceso legislativo de este texto, que rompe con la prohibición de quitar la vida, no estuvo exento de dificultades. Inicialmente presentado al Parlamento como proyecto de ley del gobierno, quedó relegado por la disolución del Parlamento en 2024.

Posteriormente, el tema resurgió a través de dos proyectos de ley presentados por diputados: uno sobre cuidados paliativos, que fue aprobado por abrumadora mayoría, y otro sobre la muerte asistida, mucho más controvertido y que generó acalorados debates. En una medida sumamente inusual, el proyecto de ley fue rechazado tres veces en el Senado. En una comisión conjunta, los diputados y senadores no lograron llegar a un acuerdo.

Tras mostrarse inicialmente cauto y expresar su inquietud ante este giro, Emmanuel Macron decidió llevar el proceso hasta su conclusión. Y mientras su primer ministro, Sébastien Lecornu, abogaba discretamente por un aplazamiento, el presidente prefirió apoyar a su ministro de Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous, para asegurar una votación antes del verano.

La decisión final recayó en la Asamblea Nacional, tal como lo permite la Constitución. “El Presidente indicó que se había comprometido con el pueblo francés, que se había llevado a cabo un proceso de consulta sin precedentes y que ahora debía culminar”, explica una fuente habitual del Presidente.

Incluso en el Palacio Borbón, donde funciona la Asamblea Nacional, a medida que el proyecto de ley se examinaba sucesivamente, muchos diputados inicialmente convencidos de la necesidad de extender este nuevo derecho cambiaron de opinión, considerando que el proyecto iba demasiado lejos.

“A medida que avanzaban los debates, observé a quienes apoyaban el proyecto de ley y su deseo de extenderlo a los menores, por ejemplo. Eso empezó a hacerme dudar…”, declaró recientemente el diputado de Reagrupación Nacional, Théo Bernhardt.

Un número significativo de legisladores ha llegado a la misma conclusión. Basta con comparar las votaciones durante las distintas lecturas para comprobar que los debates no lograron convencer: de una diferencia de 106 votos en mayo de 2025, a tan solo 63 la semana pasada durante la tercera lectura del proyecto de ley.

El miércoles por la tarde, varios parlamentarios expresaron sus dudas durante sus intervenciones en la Cámara.

«¿Por qué apresurar la muerte, arrebatar la vida antes de tiempo?», preguntó Christophe Bentz, diputado de la Reagrupación Nacional, argumentando que la sociedad «no tiene derecho a renunciar a la protección de los más vulnerables, que serán las primeras víctimas» de esta ley. Esto ocurrió apenas unos minutos después de que su compañero de la UDR (Unión de Demócratas e Independientes), Olivier Fayssat, comparara la eutanasia con la ejecución.

Para conmemorar este solemne momento, no fue la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, quien habló, sino su colega Camille Galliard-Minier, ministra de Autonomía y Personas con Discapacidad. En particular, elogió el respeto a la «pluralidad de convicciones», tras cuatro años de debate y se hizo eco de las palabras de Emmanuel Macron para defender «una ley de solidaridad».

Fue un discurso directo, muy alejado del lirismo que a menudo ha acompañado a la legislación social en el pasado. «Claramente, el gobierno no está del todo conforme con el texto», admitió un miembro del poder ejecutivo durante el discurso.

Ahora basta esperar que decide el Consejo Constitucional, el máximo organismo de la república.